No menos inquietantes para un civil -o, si quieren, para este civil- son ciertos pronunciamientos político partidistas de algunos militares en retiro: siempre están en una línea de derecha, si no de ultra derecha, e incluso atacan a partidos y a actores políticos concretos de centro y de izquierda. Estas intervenciones partidistas inquietan, porque sugieren el riesgo de que -después de todos estos años del término del llamado "gobierno militar"- las fuerzas armadas en servicio activo continúen abanderizadas ideológicamente, y abanderizadas en una sola línea. Es lo que ha llevado a algunos a hablar del "partido militar".

Si las fuerzas armadas se identifican con un gobierno, específico, se politizan aunque sea involuntariamente. Entre 1973 y 1989 gobernaron personas, no instituciones: las instituciones no gobiernan. Y esto no es una consideración secundaria: de ella se desprende que no hubo responsabilidad institucional ni en los actos de gobierno de ese período ni en los errores o crímenes que entonces pudieron someterse por individuos concretos. Las fuerzas armadas creen, y es lógico, que las responsabilidades son personales: por eso sería erróneo que -a la vez y en cuanto tales- se sintieran en el deber de identificarse con el "gobierno militar" y menos con quienes desde él incurrieron en abusos.

El espíritu de cuerpo no debería extenderse a los actos civiles que hayan ejecutado algunos militares, y los actos de gobierno son por definición civiles. La fijación de tipos de cambio o tasas de interés, o las medidas de fomento agropecuario, no son objetivos militares, ni son militares los especialistas en esas materias.

[Para apreciar la diferencia desde otro punto de vista: sus juicios sobre las administraciones de Manuel Montt o Pedro Aguirre Cerda no dividen a los chilenos. Es que sus gobiernos son vistos como tales y, lógicamente, sujetos a crítica. Es sano para el país que cualquier gobierno suyo lo esté. No es cuerdo cercar la historia con campos vedados].

Los civiles deberíamos poder hablar sobre el régimen 1973-1989 sin rechazos ni adhesiones absolutos, y sin que la opinión que emitamos sobre ellos sea imputable a las fuerzas armadas como institución; y los militares no tendrían que sentirse en el deber de cerrar filas a favor de actos civiles de ese régimen, sólo porque tales actos los ejecutaron militares o personal de su dependencia. No cabe identificar a las fuerzas armadas en cuanto institución con ningún gobierno ni tendencia política. Lo contrario sería atribuirles de hecho el carácter de partido militar.

II. El tema de la verdad y la verosimilitud.

Para creer algo no basta que sea verdad: debe ser verosímil ("creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad", explica el diccionario). Sin entrar en si es verdad o no, o hasta qué punto pueda serlo, la explicación de que las fuerzas armadas "no tienen información" sobre los desaparecidos no resulta verosímil para gran parte del mundo civil. Esa respuesta ni concuerda con nuestra visión de la verticalidad del mando ni con la estricta responsabilidad que se exige a un militar sobre sus actos.

Desde el comienzo de la dictadura hubo preguntas de los deudos por sus familiares detenidos, y se denunciaron delitos de servidores del régimen. Es decir, existía un problema (por lo menos el de las denuncias) y se supo. ¿Podrá ser verosímil que no se investigara, o que si se investigó no hubiera resultados? ¿Será verosímil que esto no preocupara a los altos mandos, si de veras se debió a excesos de sus mandos medios? ¿Es verosímil que torturas, secuestros y homicidios pasaran inadvertidas en un país donde no se movía una hoja sin saberlo el gobernante? Si existían denuncias tan graves, ¿por qué no se indagó para responder a ellas?

Una "falta de información" así no convence. Si ocurrió una falla tan extrema como la desaparición de sus propios archivos, uno supone que las fuerzas armadas tendrán que haber ordenado, o deberían ordenar, una investigación a fondo para determinar por qué y cómo desaparecieron, y quiénes fueron responsables, y ver modo de reconstituirlos. La mera comprobación de que no hay archivos no resulta verosímil tratándose de instituciones jerarquizadas.

Igual investigación debería emprenderse, y con mayor razón, en el tema de fondo: que pasó con las víctimas. Para ella se puede contar con ayuda de los abogados de derechos humanos, los familiares de las víctimas y otros testigos. Es una de las metas claves de esta Mesa.

III. La justificación por la guerra.

Siguiendo en la -línea de la verosimilitud: en defensa del régimen 1973-1989 se sostiene que Chile tuvo una guerra, y ella explica y justifica las bajas. La guerra, según esta versión, estalló por responsabilidad del gobierno de la Unidad Popular y sus partidarios. Esa hipótesis ("ellos empezaron") podría ser aceptable si se plantea dentro de márgenes claramente delimitados y con los alcances que de veras puedan derivar de ella. Reconocer que el gobierno de Allende sobrepasó la legalidad, como muchos creen, justificaría el golpe militar y su derrocamiento.

Aún aceptando que todo eso sea efectivo, de ningún modo justificada una de las medidas específicas posteriores al golpe. Por ejemplo, la represión que se implantó, las formas en que se llevó a cabo. Hubo gente sometida a juicio y fusilada. ¿Dónde están sus procesos? ¿Qué delitos que tuvieran pena de muerte en la ley anterior habían cometido? ¿Por qué en tantos casos no se informó a sus deudos, y sólo vino a reconocerse el hecho cuando alguien descubrió los cadáveres? En fin, si lo que se hizo era justo y correcto, ¿por qué ocultarlo?

Este es un problema que no se resuelve sin cambio de actitud. A partir de ella habría que sanear lo relativo a muertes con sentencia y hacer pública la información completa.

IV. El tema de la plena incorporación.

Actualmente, muchos civiles tenemos la percepción de que las fuerzas armadas aún no terminan de incorporarse en plenitud a la vida normal del país. Permanecen en una especie de gueto, marginadas hasta cierto punto por la posición que han adoptado en el debate, y también por efecto del rechazo o recelo con que las miran algunos sectores. El que subsista una situación así no es sano para los chilenos, que deberíamos sentirlas como nuestras.

Por muy buena voluntad que se tenga -y lo que aquí nos reúne es un encuentro de buenas voluntades-, no parece posible llegar a esa incorporación en plenitud mientras en el mundo militar se siga considerando que el levantamiento de setiembre de 1973 y la represión posterior forman parte de una gesta equiparable a guerras como la de la Independencia o la del Pacífico.

En el terreno de las actitudes, es fundamental preguntarse si esta guerra de chilenos contra chilenos no es algo trágico, que debería dolernos a todos.

Por su naturaleza institucional, moral y patriótica, las fuerzas armadas están al servicio del país entero, y -sin que esto implique reproche-, un conflicto interno no puede equipararse nunca a uno internacional. Después de combatir contra España, Bolivia, Perú, pudimos volver muy naturalmente a ser un país porque se trataba de enemigos externos. Cuando se ha sentido enemigos a algunos compatriotas, como por desgracia sucede en ciertos momentos de la historia, para que la guerra termine de veras no basta con dejar de disparar sobre esos compatriotas. Hay que incorporarlos y hay que incorporarse.

La hipótesis de la guerra se ha llevado entre nosotros a un extremo irreal. Darle, además, carácter de epopeya significa que de la historia que es nuestra, que debería pertenecernos a todos, se excluye a quienes piensan distinto: un muro más alrededor del gueto, una frontera artificial entre chilenos.

Aquí hace falta un cambio de espíritu y de lenguaje en las fuerzas armadas. No puede sostenerse como doctrina militar que tales o cuales ideas políticas son malas, sin entender que al hacerlo se toma una bandera política. No es razonable situar el triunfo del 11 de septiembre de 1973 en el mismo nivel que las victorias obtenidas contra enemigos externos. Modificar esta actitud, y hacer expreso el cambio, compete en lo básico a las fuerzas armadas, pero una vez iniciado un movimiento en esa dirección, los civiles tendremos importantes tareas que cumplir en la dirección del reencuentro.

La llamada guerra civil de 1891 es un ejemplo que debiera enseñarnos. Con todo lo sangrienta que fue, no tuvo el efecto que están ejerciendo sobre nosotros el golpe de 1973 y el régimen que se implantó tras él. No hubo feriados para celebrar la derrota de una parte de los chilenos -o sea, una parte de Chile-, ni la Armada trató de identificarse con la patria y estigmatizar al ejército que defendió a Balmaceda. El país volvió a constituirse en comunidad a un plazo muy breve, si se considera la profundidad del conflicto.

No soy historiador, pero creo que una diferencia clave está en que entonces ninguna de las dos banderas que dividieron a Chile intentó constituirse en una especie de entidad intocable, por encima de cualquier debate, ni trató a sus ex adversarios como suele tratarse a enemigos extranjeros.

V. Los desaparecidos se nos desaparecieron a todos.

Es una de las diferencias entre una guerra externa y una interna. El problema de los detenidos desaparecidos no atañe sólo a sus familiares. Es el país el que los perdió y el que debe encontrarlos. Es cierto que nunca vamos a sentir en carne propia el dolor de una viuda, unos hijos, un padre cuyo deudo no aparece vivo ni muerto. Nunca vamos a sentir en carne propia la angustia de no saber qué desear a estas alturas: si que aparezca -quizá torturado, destruido, distinto-, o que haya muerto y dejado de sufrir. No lo sentiremos en carne propia, pero ciertamente podemos solidarizar con quienes sí lo sienten y son hermanos nuestros.

Los muertos y los desaparecidos no caen en la definición abstracta y deshumanizada de el enemigo. Mirarlos reconociendo que son seres humanos y compatriotas nuestros sería una actitud de auténtico patriotismo. Esto supone un cambio de actitud en algunas personas. El debería conducir a un cambio de lenguaje y también a actos nuevos. Una cosa es justificar el golpe por el desorden que hubo durante el gobierno de la Unidad Popular -desorden al cual contribuimos de una manera u otra prácticamente todos los chilenos de entonces-, y otra es seguir empleando hoy día expresiones de partidismo político beligerante, que tienden a mantener vivo un ánimo de guerra civil; o sea, que dividen en forma grave al país.

La tarea mayor y más ardua corresponde aquí a las fuerzas armadas. Primero, el cambio de actitud: eran compatriotas. Segundo, no solidarizar incondicionalmente -y por ningún motivo institucionalmente- con aquellos de sus compañeros de armas que actuaron en la dictadura, ni sentir que cuando los tribunales los llaman a declarar o los someten a juicio, se está actuando contra las fuerzas armadas. De esto se desprende algo que nos compete por igual a todos: reconocer que los actos atribuibles a algunos militares que actuaron en el período 1973-1989 no comprometen a perpetuidad a todos los militares. Reconocerlo y actuar en consecuencia.

Una vez más: insistir en que la dictadura fue "gobierno militar" -e identificarla con la Institución de las fuerzas armadas cierra las puertas a un juicio ecuánime de los hechos. Se puede y se debe reconocer que si alguien tendría que pedir perdón por los abusos serían quienes los cometieron. Y si alguien debería perdonar, si puede, son quienes los sufrieron. Los abusos no son imputables a las fuerzas armadas en cuanto tales si, en las actitudes y en los actos, reconocemos que el de 1973-1989 fue un gobierno de personas, no de la institución militar.