MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de Elizabeth Lira el 14 de septiembre de 1999

La "familia chilena" y las violaciones de derechos humanos

Los líderes políticos desde el siglo pasado se referían a la sociedad chilena como si fuera una familia. Hasta nuestros días sigue siendo una metáfora de la unidad nacional. Más de una vez la referencia a "Chile, país de hermanos" ha sido casi un exorcismo ante la violencia política y la irreductibilidad de las posiciones enfrentadas. No obstante, esta metáfora esconde también las dificultades y resistencias para asumir la necesidad de repensar las formas de convivencia hacia el fin del siglo, cuando esta sociedad tiene ya una compleja diversidad, que no sin dificultades cabe dentro del concepto de "familia".

Sin embargo, precisamente en nombre del bien común de la nación chilena se cometieron violaciones contra los derechos humanos de cientos de miles de personas en el pasado reciente, lo que ha cuestionado seriamente la noción de unidad nacional. Posteriormente se han hecho diversos llamados a la reconciliación política poniendo en evidencia que hay obstáculos insolubles para alcanzar la paz social, que se mantienen hasta ahora. Situaciones como el padecimiento de torturas, la ejecución, la detención y desaparición de personas, el exilio y otras formas de persecución generaron sufrimiento y miedo. Este sufrimiento y este miedo han atravesado a la sociedad, afectando la convivencia social y constituyendo la marca de la ruptura y de la tragedia, poniendo en evidencia viejos problemas de la sociedad chilena de carácter institucional y político. Su conflictividad se ha manifestado con fiereza en discursos antagónicos, reflejando visiones y utopías muy diferentes así como éticas políticas que llegan a ser incompatibles.

El logro de la paz social ha de iniciarse con el reconocimiento de la existencia de estas diferentes visiones en una sociedad diversa y plural. Esto implica aproximarse al pasado reciente con una actitud abierta a escuchar otras historias y otras memorias, aceptando su diversidad y sus implicaciones para la convivencia y para la política. Lo que divide a la sociedad, sin embargo, es la existencia de las violaciones de los derechos de las personas, las que han sido negadas sistemáticamente contradiciendo la experiencia de los miles que las sufrieron. Esto abre un amplio rango de desacuerdos. Existen desacuerdos sobre los hechos mismos y sus significados, sobre sus implicancias y responsabilidades políticas y sobre sus consecuencias. Los desacuerdos son tan básicos como diferir sobre los hechos efectivamente sucedidos así como sobre su interpretación y su justificación. No sorprende entonces que tampoco podamos reconocer y aceptar las diferencias de sensibilidades y la emocionalidad que esos hechos generan y que existan profundas diferencias sobre los juicios políticos que estos hechos merecen, lo que constituye una de sus dimensiones más críticas.

Estos problemas que se constituyen en obstáculos de la paz social son los que, a mi juicio, debe abordar esta mesa de diálogo sin eludir ninguna de sus implicancias. Intentando desentrañar los factores que los han hecho posibles y las medidas que serían necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir nunca más en Chile, sea cual sea la complejidad y conflictividad de otras situaciones políticas en el futuro.

Los problemas

Después de más de 20 años de haber atendido personas que fueron objeto de represión política puedo decir que la tortura fue una práctica sistemática en el país, ejercida contra los detenidos políticos en los recintos secretos de detención. Que esta situación afectó a miles de personas y que posiblemente fue la penosa y aterradora antesala de la muerte para muchos detenidos desaparecidos. A estas alturas, para la sociedad chilena, la verdad tiene que significar el reconocimiento de este hecho. Existió un sistema organizado para detener, torturar y eventualmente desaparecer a personas como fue demostrado en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Es responsabilidad de esta mesa, entre otras cosas, asumir esta verdad incontrovertible y actuar en consecuencia para que estos hechos no puedan repetirse nunca más en Chile.

Encontrarse en un recinto secreto y ser torturado, constituye una situación límite. Sin poder defenderse, maniatado y vendado, enfrentando una amenaza radical a su integridad física y psíquica. El contexto interpersonal de la tortura se caracteriza por la degradación y deshumanización máxima de una relación entre personas. Los que golpean, aplican electricidad, hieren, cuelgan, insultan, asfixian, son también seres humanos. El torturador ha necesitado destruir una parte de lo humano en sí mismo, para poder destruir a su semejante. Sin embargo, casi nunca existía algo personal en esta relación y sus protagonistas eran perfectamente desconocidos entre sí. Constituían una representación dramática del conflicto social y sus resultados serían, por lo mismo, catastrofales. Esta experiencia fue negada regularmente por las autoridades. El destino de los recursos de amparo es una confirmación de la numerosidad así como de la indefensión de los detenidos y da cuenta de la dificultad de la mayor parte de los chilenos que no eran las víctimas o sus familiares para formarse un juicio sobre lo que sucedía.

Algunos ejemplos permiten ilustrar el problema que señalo. Uno de ellos es la situación que afectó a Marta Ugarte. El 12 de septiembre de 1976 fue encontrado el cadáver de una mujer en la playa de Los Molles. Los diarios de la época entregaron informaciones sensacionalistas, sobre dicho hallazgo hasta el momento en que el cadáver fue identificado, después de lo cual no se volvió a informar sobre el caso1. Marta Ugarte tenía 42 años, había sido detenida el 9 de agosto por agentes de la DINA. El 10 de agosto, sus hermanas presentaron un recurso de amparo, que fue rechazado el 11 de septiembre, siendo confirmado este rechazo por la Corte Suprema con fecha 16 de septiembre. Era dirigente del Partido Comunista. Fue vista por testigos en La Torre de Villa Grimaldi. Su detención no fue nunca reconocida por las autoridades de la época. Las dos autopsias que se le realizaron revelaron traumatismos múltiples y un maltrato de tal magnitud que le produjera la muerte antes de caer en el mar. La Comisión de Verdad y Reconciliación llegó a la convicción que Marta Ugarte "fue detenida y hecha desaparecer forzosamente por agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos, lo que se confirma por el hecho de que fortuitamente haya aparecido su cadáver que sus captores intentaron ocultar arrojándolo al mar"2. Hay aquí una verdad que nos falta. ¿Qué ocurrió con ella desde el momento de su detención hasta su muerte? ¿Quiénes la detuvieron? ¿Quiénes la torturaron? ¿Quiénes la asesinaron? ¿Quiénes la arrojaron al mar? ¿Cuantos otros fueron arrojados con ella y sus cuerpos se hundieron en el mar? ¿quiénes supieron de esta operación? ¿por qué no se realizó una investigación acerca de como fue posible que el cadáver de esa mujer, que había sido detenida previamente, apareciera en la playa de Los Molles? ¿puede un caso como éste, en el que han de haber intervenido varias personas, calificarse como "un exceso" individual?

La situación de Michelle Peña Herreros nos conduce a otras preguntas. Fue detenida el 20 de junio de 1975, era militante del Partido Socialista y se encontraba en su octavo mes de embarazo. De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación habría sido vista hasta el mes de julio de 1975 en La Torre de Villa Grimaldi. "Desde esa fecha no se ha sabido nada de ella. La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron sus derechos humanos"3. ¿Quiénes la detuvieron?¿Quiénes la torturaron?¿habrá nacido su hijo o hija? Si nació ¿donde está? Si murió con su madre, ¿Cómo murió? ¿quiénes supieron y callaron? ¿Puede calificarse la desaparición de una mujer en estado avanzado de gravidez como "un exceso"? ¿Pueden sus familiares resignarse a ignorar las respuestas a estas preguntas tan esenciales? ¿Pueden los familiares, al cabo de los años, aceptar como "un hecho consumado" su desaparición sin que nadie responda por ello, no obstante haber sido detenida por agentes del Estado, en recintos que las autoridades destinaron para este tipo de prisioneros?

Reinalda Pereira Plaza fue detenida ante numerosos testigos el 15 de diciembre de 1976, se encontraba en su quinto mes de embarazo. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación consigna que "El Ministerio del Interior informó a la Corte de Apelaciones, que según certificado de viaje N° 354, la víctima había abandonado el territorio nacional con fecha 21 de diciembre de 1976, a pie, lo que era inverosímil dado su estado de gravidez y se acreditó era falso4. Desde la fecha de su detención, se ignora la suerte o paradero de Reinalda Pereira y la del hijo que esperaba"5. No obstante el largo proceso judicial el caso fue amnistiado en 1989, sin que se lograra saber que había ocurrido con ella. ¿Habrá nacido su hijo o hija? Si nació ¿donde está? Si murió con su madre ¿cómo murió?.

Nalvia Rosa Mena, de 20 años al momento de su detención (29 de abril de 1976), estaba embarazada de tres meses. Fue detenida con su hijo de 2 años y medio, el que fue abandonado cerca de la casa de los abuelos paternos6. Elizabeth Rekas Urra, fue detenida junto a su esposo, el 26 de mayo de 1976, estaba embarazada de 4 meses. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación consigna que "fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado, en grave violación de sus derechos humanos"7. Entre las mujeres detenidas desaparecidas que estaban embarazadas al momento de su detención se encuentra también María Cecilia Labrín Saso, asistente social, quien fue detenida el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas por agentes de la DINA, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero8. Gloria Esther Lagos Nilsson, estaba embarazada de dos meses, tenía 3 hijos, fue detenida en su domicilio por agentes de la DINA, en presencia de su hijo mayor de 10 años, el día 26 de agosto de 1974. Fue vista en Londres 38, recinto de detención de la DINA. Hasta la fecha se ignora su paradero9. Jacqueline Paulette Droully Yurich, quien fue detenida el 30 de octubre de 1974 en su hogar por agentes de la DINA, fue vista en Villa Grimaldi y 4 Alamos. Estaba embarazada de su primer hijo. Su nombre aparece en la lista de 119 chilenos que habrían muerto en supuestos enfrentamientos en otros países. Diversos testigos declararon haber estado detenidos en diversos momentos con ella y en un Informe de Amnesty International con relación al período se declara haberla visto en Cuatro Alamos en marzo de 1975. Hasta el momento se ignora su paradero y dado el tiempo que permaneció detenida de acuerdo a testigos, su hijo o hija podría haber nacido10.

Estos casos son ejemplares de las dificultades a las que estamos enfrentados y representan en mi opinión, las circunstancias personales más penosas Si estas personas habían cometido delitos debieron ser procesadas de acuerdo a las leyes vigentes. Si no habían cometido delitos ¿por qué las detuvieron? ¿ Quién dio las órdenes de hacerlas desaparecer? ¿Si esos bebés nacieron, quién atendió el parto de cada una de esas mujeres? ¿recibieron la ayuda médica correspondiente? ¿quién responde por el destino de esos bebés? En cada uno de estos casos han habido versiones opuestas de los hechos. Si estaban involucrados uniformados violaron el Código de Justicia Militar además del Código Penal. Las versiones oficiales en todos los casos han intentado desconocer la responsabilidad de las autoridades. En varios casos la investigación judicial logró demostrar la falsedad de esas versiones. En todos los casos, después del reconocimiento efectuado por el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación se ha constatado el desaparecimiento de cada una de ellas y se han identificado las circunstancias así como las responsabilidades de agentes del Estado en esos procedimientos. Se trata de crímenes en los que se han transgredido no solamente las leyes sino los límites culturales de la civilización occidental y cristiana; van más allá de la política y enturbian hasta el día de hoy las relaciones sociales. Algunos sectores de la sociedad se encuentran cruzados por lealtades que los llevan a solidarizar con quienes cometieron estos crímenes argumentando que eran el resultado de la convulsión social o de una guerra. Algunos los consideraron inevitables y por eso fue dictado un decreto- ley de amnistía. Pero justamente en nombre de esa paz que anhelamos, estos hechos no pueden ser impuestos a la sociedad chilena como "hechos consumados" ni menos a los familiares y amigos de las víctimas. Se requiere una verdad que nos falta en cada uno de los casos y alcanzar el máximo de justicia, aunque esos crímenes se encuentren amnistiados. Dicho de otra forma, el más elemental sentido de justicia implica finalizar la negación acerca de que estos crímenes nunca se cometieron y que no existe ninguna información sobre ellos. Se requiere que quiénes tienen la responsabilidad por lo ocurrido y la información acerca del destino de esas personas y de esos bebés los entreguen para cerrar una historia aterradora para las madres, hijos y parientes de esas mujeres y precisamente para la paz social tan deseada por todos nosotros.

Trauma y paz social

Al final del siglo, miedos y desconfianzas han cruzado la vida social. Hemos terminado encerrados en este territorio, enfrascados en las deudas recíprocas de nuestras respectivas visiones políticas, sin poder prescindir unos de otros ni tampoco contar unos con otros. En esta vinculación ineludible, sin embargo, son los crímenes los que nos dividen y nos separan inexorablemente. Hemos tenido escasa verdad policial sobre estos crímenes y una verdad social que ha puesto en evidencia las graves limitaciones que ha tenido la Justicia. La verdad y la justicia son valores esenciales de la democratización y de la demanda ética existente en la sociedad chilena haciendo cada vez más difícil imaginar la paz social sin asumir esta demanda ética. Sin embargo, las estrategias para lograr la paz han sido diversas. Una de las formas comunes entre nosotros ha sido la evitación de los conflictos diluyendo las responsabilidades y arguyendo que tal estrategia sería beneficiosa para alcanzar dicha paz. Esta actitud favorece la imposición de los "hechos consumados" a la vez que se argumenta repetidamente que sería muy riesgoso "revolver el pasado" y "reabrir viejas heridas". Complementariamente, la política de "hechos consumados" implica asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes. En este esquema, más allá de las intenciones, se ha subordinado el valor de la justicia en función de la estabilidad política y la gobernabilidad momentánea. Así la impunidad es evaluada como un factor clave, excluyendo la ética y las sensibilidades de muchos sectores. Este modelo, implementado desde los orígenes de la nación chilena resulta cada vez más insuficiente y es resistido, con razón, por diversos sectores. La búsqueda de la paz social requiere ir más allá del pragmatismo inmediato y asumir sus implicaciones éticas, políticas e históricas, justamente en función del futuro.

El pasado que necesitamos enfrentar no solamente ha sido doloroso para muchos chilenos, sino ha sido también un pasado traumático. Esto significa que miles de personas estuvieron expuestas a situaciones de riesgo directo de muerte colapsando transitoriamente sus recursos psíquicos. Por ello, aunque pasen muchos años, el recuerdo se mantiene en la memoria como si el acontecimiento hubiese ocurrido recién ayer. Esta cualidad de la memoria traumatizada afecta a miles de personas que vivieron directamente estas experiencias y ha influido en la vida familiar de todos ellos. La conflictividad se mantiene viva y resurge con frecuencia en la vida social como si no pudiéramos salir del circuito de una memoria traumática que vuelve sobre sus huellas desde los lugares más dispares. Esta situación ha afectado el presente de todos nosotros, aunque para muchos estas experiencias no hayan tenido relación directa con sus vidas y para otros sea un tema agobiante, cuya significación es muy diversa e incluso quisieran que fuera irrelevante. Algunos han pretendido eliminar el problema descalificando la subjetividad de las víctimas. Sin embargo, las víctimas han sido los portavoces de la parte excluida de la historia y de la sociedad chilena.

Repensando el futuro

Para pensar el futuro tenemos que hacernos cargo del pasado. Cada uno en su lugar y en su jerarquía. Cada cual con la verdad. No solamente su verdad particular sino toda la verdad posible sobre una historia que compartimos y nos concierne. El problema más urgente es el legado de los asuntos pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los pasos que se requieren para asumir el problema sin reducirlo únicamente a la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, sino atender al sentido de la demanda ética de la sociedad que clama por verdad y justicia. Por ello se necesita reflexionar sobre los factores que han facilitado la legitimidad de los horrores que lamentamos. Tendríamos que ser capaces de pensar, por ejemplo, que actuar en nombre de principios morales, religiosos o ideológicos para secuestrar, torturar o asesinar personas hace referencia en primer lugar a mecanismos conscientes utilizados para defender determinados intereses políticos de grupos dentro de la sociedad. Estas modalidades estimulan, refuerzan y legitiman (dentro de la ideología propia) las respuestas simétricas. Estas respuestas son la versión moderna del "ojo por ojo y diente por diente", que no consiste en la venganza específica con nombre y apellido sino en la legitimación de cobrarse esa venganza con cualquiera, como si fuera un derecho surgido del daño experimentado. Por otra parte, la violencia suele inscribirse en escaladas crecientes que terminan con el aniquilamiento material o simbólico del enemigo. Las definiciones acerca de quién es el enemigo, cuales son las razones para aniquilarlo y en nombre de quién o de cuales valores se hace varía según sean los contextos y los actores. Es más fácil lograr mayores grados de adhesión para estas definiciones si se apela a las convicciones y los valores de las personas y se justifica el hecho de herir a otros y esa agresión se sustenta en argumentos que hacen referencia a los valores permanentes de la sociedad. Es más fácil, además, si nadie se detiene a pensar en el sufrimiento y en los efectos de estos sufrimientos sobre las personas concretas. Cuando las personas se borran, se difuminan, se transforman en categorías, la persecución y la muerte son hechos posibles. Sin embargo cuando la sociedad, la gente, puede saber acerca del sufrimiento de otros, puede identificarse con esos otros, puede reconocerlos como semejantes, puede controlar también su propia conducta destructiva y puede considerar que una relación de esa naturaleza destruye su propia posibilidad de vivir en paz.

Por otra parte, si los grupos y personas que se identifican en los diferentes sectores políticos como responsables o victimarios insisten en su propia verdad y en la moralidad de sus actos ¿cómo se puede llegar resolver esta deuda? ¿O surge, más bien, la histórica resignación ante los "hechos consumados"? ¿es acaso que la paz social se sustenta sobre "el miedo de unos y la prudencia de otros" ante la impunidad porque parece ser que no hay condiciones culturales para una resistencia abierta y una discusión, no solamente sobre las diferentes visiones o los diferentes sufrimientos, sino sobre los fundamentos éticos de las opciones políticas? . El mayor desafío es desarrollar un conocimiento eficaz sobre el pasado que permita, tanto a los vencedores del momento como a los vencidos, leer las dimensiones extremas como parte de un proceso histórico político común, en el cual bajo una aparente irrelevancia, se incubaba lo más brutal, aterrador y extraordinario.

Estos antagonismos tuvieron como desenlace la ruptura trágica de la sociedad. El desafío actual en cuanto proceso implica, que sin legitimar el proyecto político de los vencedores ni las medidas represivas implementadas ni las violaciones de derechos humanos, se hace indispensable tomar en consideración- desde ambos lados- la percepción que "el otro" tiene sobre la realidad y considerar, por tanto, la subjetividad a la que esta percepción da lugar. Esto podría permitir tal vez llegar a un acuerdo como sociedad para que esto que hemos vivido no vuelva a repetirse. Que tanto civiles como militares se comprometan en el pleno respeto del derecho a la vida, que eso sea garantizado mediante cambios institucionales, legales y sociales que efectivamente impidan que cualquier gobierno pueda volver a recurrir a esos métodos, para que ningún oficial de las Fuerzas Armadas y de Orden, obedezca órdenes que contradigan su conciencia, la ley natural y el código militar y penal del país. Para que ningún ministro de la Corte Suprema o de otro tribunal se niegue a investigar que ha ocurrido y por qué se presenta un recurso de amparo. Si hay chilenos que violen las leyes, que se les aplique el juicio y el castigo que la constitución y la ley prescriben, garantizando el debido proceso según la ley y las garantías constitucionales.

Me parece que ha de ser tarea de esta mesa hacer proposiciones específicas para que esta situación que hemos vivido no vuelva a repetirse. Dentro del espíritu de un diálogo de veras, tenemos que conversar sobre medidas concretas para saber la verdad, alcanzar la máxima justicia que sea posible en los casos de los detenidos desaparecidos y comprometernos como sociedad, con alguna esperanza, para que la unidad nacional sea el resultado de la verdad y la justicia que es necesario alcanzar y que tenemos que hacer posible.