MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de Jaime Castillo Velasco el 7 de septiembre de 1999

Verdad, Justicia y Paz

Creo que nuestra tarea se centra en la búsqueda de verdad, justicia y paz social.

1.- La Verdad

Cabe decir que hoy se ha establecido una buena parte de la verdad sobre lo ocurrido antes y después del 11 de septiembre de 1973.

Es innegable que hubo un duro conflicto político y social durante el Gobierno de la Unidad Popular. También lo es que, dentro del período militar se establecía un régimen autoritario que suspendía la Constitución vigente y se trazó una tarea histórica definida como recuperación de las tradiciones patrias. La razón profunda que se tuvo en vista fue que el país, bajo la Unidad Popular, se encaminaba hacia un régimen comunista soviético y que, por tanto, era imperiosa la intervención de las Fuerzas Armadas. Se produjo el golpe del 11 de septiembre de 1973 y se instaló de inmediato un orden dependiente de las Fuerzas Armadas y con imposibilidad de cualquier expresión política. Los partidos fueron suprimidos y entraron a regir, por la vía de decretos leyes, el estado de sitio y el de guerra. Se creó, también por decreto ley, la Dirección de Inteligencia Nacional, que incluía artículos secretos y concedía una amplia facultad a su Director para investigar y tomar medidas de protección al Gobierno

Anteriormente, la Corte Suprema había decidido que no tenía intervención cuando operaban el estado de sitio y el de guerra y, por tanto, el Gobierno y la DINA actuaron sin limitaciones en cuanto a la búsqueda de ciudadanos considerados como peligrosos. Se conoce suficientemente la labor drástica de los Tribunales de Guerra.

Más tarde se promulgaron decretos leyes para expulsar del país o impedir el regreso de los que se hallaban fuera. Sabemos también que, en dicho período, se cometieron atentados contra la vida de personas muy conocidas y que tales hechos no fueron sancionados dentro del país. El Gobierno se limitó a manifestar su inocencia, pero no hubo mayor preocupación. Un decreto ley de amnistía, de 1978, dejó estampada la inculpabilidad de los actores de delitos, con lo cual quedó impedida la sanción para quienes actuaban bajo las órdenes del Gobierno y cometían delitos. Se sabe que también intervinieron los organismos internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas y de América sin que el Gobierno reconociera un sistema de violación de los derechos humanos, a pesar de las condenaciones recibidas.

Hoy en día, bajo dos Gobiernos democráticos, se ha podido avanzar mucho más. El trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue reconocido por casi todos como un aporte sustancial, pero recibió la negativa de parte de las autoridades militares de la época. Ellas mantuvieron que no hubo una política de violaciones a los derechos humanos, sino una guerra del país contra movimientos políticos violentistas.

Mas, de hecho, los Tribunales de Justicia han ido poco a poco aceptando las investigaciones. Hay procesos, aquí en Chile y también en el extranjero, en que se han ventilado causas por atentados contra personalidades de la época, como Bernardo Leighton, Carlos Prats, Orlando Letelier, los profesores degollados, el sindicalista Tucapel Jiménez y otros.

Se está también discutiendo la validez jurídica decreto ley sobre amnistía. Además, un Tribunal conoce de un número importante de querellas basadas en los mismos motivos. Sin duda, se abre la puerta para que la investigación histórica y judicial sea más amplia.

2.- Aclaraciones necesarias

Conviene, ahora, señalar puntos de vista que se han hecho valer durante toda esa discusión, pero que, en mi juicio, no debieran ser atendidos.

a.- Uno de ellos es sostener que se vivió en Chile, como se dijo antes, una etapa de guerra, a partir de la caída del Gobierno Allende. El señor Pinochet, ya como gobernante o después, ha dicho en varias oportunidades, que esa guerra fue de aquellas llamadas "sucias", donde es imposible operar dentro de la ley.

Rechazamos esa interpretación.

Es verdad, como dijimos, que el Gobierno de la Unidad Popular vivió un conflicto muy grave. Por una parte, mantuvo la Constitución y las formas democráticas, pero, por la otra, permitió un ambiente incrementado por grupos que profesaban la vía violenta y que anunciaban una revolución.

Nadie, sin embargo, puede decir hoy que esa situación era imposible de solucionar por una vía política democrática. Las Fuerzas Armadas, a mi juicio, interpretaron a su favor las opiniones de un extremismo político-social y creyeron que les estaba justificado intervenir.

El concepto de guerra fue introducido por los decretos leyes dictados al asumir el Gobierno de la Junta Militar. Se declaró pues la guerra a los dirigentes, seguidores de la Unidad Popular y más tarde a otros. En un principio, ellos no supieron ni pudieron hacer otra cosa que huir para salvar la vida. Más tarde, y desde el exterior, algunos comenzaron a revivir como grupos violentistas y a ejecutar actos de terror contra el Gobierno militar. No puedo justificar esa conducta por cuanto constituye delito y perjudicó el trabajo por la democracia. Mas, llevando las cosas al extremo lógico, los grupos a los cuales se había declarado la guerra pueden también decir que sus actos son de guerra y autojustificarse de la misma manera como sus adversarios.

En todo caso, se podría incluso aceptar la opinión de algunos para los cuales la intervención militar era indispensable, dada la realidad. Pero, este hecho tenía que limitarse a salvar la Constitución, real o supuestamente infringida por el Gobierno de Allende y, por tanto, proponer una emergencia de corto plazo. Se prometió que ese era el objetivo, pero no se cumplió. Por el contrario, se trazó una nueva filosofía, dentro de una visión autoritaria, que, en la práctica, no parecía tener tiempo. La Carta de 1980, aprobada en un plebiscito discutible, auguraba una etapa permanente, ya que su parte transitoria daba muy poca cabida a fuerzas políticas externas al régimen. La victoria de éstas, en dos actos electorales, fue una sorpresa enorme para los gobernantes.

Lo importante es que de acuerdo con la legislación internacional, un Estado no puede entrar en una guerra sucia. Significaría violar los derechos de las personas. La Convención de Ginebra establece normas sobre el trato a los prisioneros. Al crear organismos secretos y poderosos, el régimen militar violó los derechos elementales de sus ciudadanos.

Lo anterior no significa desechar la observación que nos hiciera aquí el General Salgado en el sentido de que todo periodo histórico debe ser visto con relación al pasado inmediato. Ello no excusa la circunstancia de que, en el nuevo Gobierno, existan hechos nuevos de despotismo.

b.- Asimismo, nos parece inaceptable que las autoridades de ayer digan que no conocen los hechos de violación de derechos humanos. Es curioso comprobar que tal fue su actitud. El Tribunal civil, que conoció el caso de asesinato de don Orlando Letelier, envió oficios a los cuatro ex miembros de la Junta Militar para pedir su testimonio. Todos ellos declararon que nada sabían.

Más, parece imposible, por ejemplo, que el Jefe del Estado, en estrecho nexo con el Director de la DINA, no recibiese ni pidiera información sobre tales asuntos. Evidentísimamente iban a repercutir sobre su persona y su Gobierno: tanto si fuese verdad o no lo que allí había sido tramado.

El silencio oficial no es aquí válido.

c.- Por último, también carece de validez, creemos, decir que no hay actualmente información relativa a estas materias.

Los antecedentes han de estar en registros por cuanto se trata de hechos correspondientes a los órganos del Estado. La DINA o la CNI no podrían actuar si careciesen de ellos. Hemos visto como datos secretos del Gobierno de Paraguay, con anterioridad, y hoy el de Estados Unidos y de los regímenes comunistas han sido puestos a la luz. Si aquí, en Chile, no hay nada, habría una duda más sobre la forma como actuaban dichas instituciones y, por lo mismo, el Gobierno.

Es, por cierto, explicable que las autoridades de hoy desconozcan datos de carácter más o menos individual, sin perjuicio de saber también bastante al respecto, pero hay una cosa que no pueden desconocer: el sistema político-policial que condujo a cometer hechos como, por ejemplo, el de los detenidos desaparecidos.

3.- La Justicia

Hablemos ahora sobre la justicia como reivindicación ineludible de una sociedad afectada por delitos.

a.- Los hechos delictuosos cometidos por personeros del Gobierno, establecido en 1973, deben ser examinados por los Tribunales de Justicia. Se sabe que el decreto ley de amnistía tendió a impedir ésa. Sabemos que se ha progresado en ese aspecto, pero aún no es suficiente. Es lo que hoy por hoy mantiene en una pesada tensión la vida del país.