MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de Jorge Carvajal Muñoz* el 14 de septiembre de 1999

*Gran Maestro de la Gran Logia de Chile

Fundamentos de la presencia de la Masonería en esta Mesa de Diálogo

Creo que los integrantes de esta entidad, formada a iniciativa del Sr. Ministro de Defensa Nacional, están enterados de que la Masonería no es un partido político ni una secta religiosa. Su naturaleza es iniciática y filosófica, regida por principios inspirados en el laicismo, la libertad y la justicia, y que son consustanciales con la democracia. El recuerdo de esta definición institucional nos parece oportuno, como referente de nuestra presencia en esta Mesa de Diálogo nacional.

La Masonería está presente en la contingencia abarcadora de la vida del ser humano, como actor social, a través de sus integrantes, los que, por imperativo de principios, aman a su patria, respetan a la autoridad legítima del país y actúan sin otra línea de acción común que aquella que deriva de la observancia de sus principios fundamentales. Y precisamente por respeto a las diferentes ideas políticas y religiosas de sus miembros, prescinde como Orden, en cuanto le es posible, de declaraciones o intervenciones públicas; pero no elude su responsabilidad institucional frente a los hechos trascendentes que afectan la dignidad del ser humano, centro de sus preocupaciones más preponderantes.

La Masonería desde sus primeros tiempos en Chile, ha estado fuertemente ligada, mediante la acción individual y personal de sus hombres, a los hechos políticos del país. En sus filas han coexistido, también, armoniosamente, miembros destacados de las Fuerzas Armadas y de Orden, junto con representantes calificados de una civilidad ideológicamente plural. Los fundadores de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, fueron principalmente masones y un número importante de sus Generales, Comandantes en Jefe o Directores Generales también lo han sido.

Como defensora de la dignidad del hombre, la Francmasonería adhiere sin reservas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya conceptualización desde el siglo XVIII y hasta los documentos contemporáneos de orden universal ha tenido en los masones sus mejores autores. Su vigencia constituye hoy un patrimonio de la humanidad, que no puede ser vulnerado en nombre de legislaciones nacionales ni circunstancias de ninguna naturaleza. Creemos que los principios contenidos en esa Declaración deben ser internalizados en la conciencia individual y colectiva de los chilenos.

No debe olvidarse que los Derechos Humanos son numerosos y se les agrupa en tres generaciones. Además de los comúnmente identificados como tales, por ej., el derecho a la vida y las libertades y garantías personales, también están los de tipo socioeconómico, social y cultural, y los llamados derechos de los pueblos.

La violación de cualquiera de ellos nos hiere y nos duele, como debería ocurrir con cualquier chileno culto, que posea noción y conciencia clara de ellos. La Masonería y los masones han sido perseguidos y anatematizados por el solo hecho de practicar la libertad de conciencia y la tolerancia, lo que ocurre aún en el presente. La miseria y el hambre, las inequidades culturales y educacionales nos deberían conmover tanto como la carencia de democracia, la tortura y las ejecuciones por razones ideológicas.

El rol de la Mesa de Diálogo

Sin embargo, entendemos y estamos de acuerdo en que el ámbito de esta Mesa de Diálogo es el referido a los Derechos Humanos de primera generación.

Reconocemos en la Mesa de Diálogo un esfuerzo notable e inédito en los últimos tiempos de la historia de Chile para buscar elementos de conciliación y de paz social, efectuado no sin reservas por todas las instituciones representadas en ella.

La Gran Logia de Chile aprecia en todo su alto valor moral y ejemplarizador la irrenunciable tarea de buscar la verdad, como medio indispensable para que haya justicia y se obtenga la ansiada reconciliación de los chilenos.

Es un hecho que, durante la anterior administración, nuestro país vivió una situación crítica en la que muchos de los valores más caros de la democracia sufrieron grave deterioro. La integridad, la seguridad y la dignidad de muchas personas fueron seriamente afectadas, creando condiciones de injusticia que el Estado, por razones humanitarias, tiene la obligación de reparar, y de precaver en el futuro.

La propia Masonería no es ajena a estos sufrimientos y amarguras. El Presidente Salvador Allende Gossens fue un destacado masón; la Orden reclamó su cadáver para darle sepultura y le fue negado. También lo fueron distinguido oficiales como los Generales Carlos Ominami Daza y Alberto Bachelet Martínez, y otros que sufrieron el rigor de Dawson como el ex Ministro Benjamín Teplizky. Algunos fueron privados de la nacionalidad. Masón era nuestro hermano Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada señorita Pamela Pereira, que forma parte de esta mesa.

Esta mesa debería establecer las acciones que permitan el debido esclarecimiento de los hechos, en forma que elimine toda sombra de duda acerca de personas o instituciones que, al no conocerse la verdad, pudieren aparecer ante la opinión pública injustamente involucradas en ellos.

El rompimiento de la institucionalidad, con todas sus secuelas que nos han dolido y nos duelen, obedeció sin duda a causas variadas de gran complejidad, cuyo análisis no nos permite la extensión de esta exposición ni es el objetivo de ella.

Quien desconozca que Chile vivió un estado de anormalidad social y política y que esta misma confusión social dio paso a la intervención militar y al inmediato y breve enfrentamiento, en que las Fuerzas Armadas tomaron el control absoluto del país; quien no reconozca la existencia de excesos -al margen de cualquiera consideración sobre su razón, si es que alguna razón cabe-, la responsabilidad directa o indirecta de los hechos, del número de muertos, simplemente obstaculizaría cualquier afán de llegar a conclusiones positivas que justifiquen la finalidad de este diálogo, particularmente la esperanza de conocer dónde están sepultados los cadáveres de tantos centenares de compatriotas.

Para la Masonería y sus miembros, estas preocupaciones no son nuevas y tampoco es nueva su actitud de apoyo a las tentativas de entendimiento y reconciliación de la sociedad chilena.

Miramos con el mayor respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Y cuando ellas, junto con sostener la irresponsabilidad institucional en los graves hechos acontecidos, no desconocen que tales hechos pueden corresponder a las actuaciones individuales que sobrepasaron los marcos de la doctrina, de la disciplina o la conducta militar, observamos que hay una voluntad y una disposición al conocimiento de la verdad, ya para proporcionar información o para la reconstitución de antecedentes documentales que permitan saber el destino de los detenidos desaparecidos. Por eso requerimos su máxima colaboración, a fin de retomar su tradicional prestigio histórico como instituciones permanentes de la nación, hoy tan cuestionado.

Estimamos pertinente la propuesta de que en esta mesa debe conversarse de todos los hechos incluidos los ocurridos antes del 11 de septiembre de 1973 y no sólo de esa fecha para adelante; las causas que dieron origen a lo que pasó en Chile en esa época están allí, latentes y deber ser conocidas por toda la sociedad, para establecer la verdad no es conveniente echar sobre ellas un manto de olvido. Cualquiera violación a los derechos humanos que no haya sido investigada debe serlo mediante el uso de los procedimientos que se establezcan de acuerdo al ordenamiento propio de un Estado de Derecho.

Debemos creer que las instituciones armadas carecen, hoy, de mayor información. Sin embargo, resulta explícito que, en número mayoritario, tales violaciones fueron cometidas por miembros o colaboradores de ellas. Cabe preguntarse, ¿las instituciones armadas han perdido, jurídicamente o de hecho, toda relación y condición de mando superior sobre las personas que cometieron tales violaciones?, ¿estos se emanciparon de toda subordinación a la institución que pertenecieron, si hoy no pertenecen a ella, a la que sirvieron por orden superior o por propia iniciativa? Igual pregunta cabe hacerse respecto de los que colaboraron en esos hechos y que no son miembros de ellas. Pero, volviendo a las interrogaciones que nos hacíamos, ¿carecen de toda autoridad ante los que fueron sus subordinados y colaboradores? En la actualidad, ¿no pertenece a los respectivos cuerpos militares ningún partícipe de aquellos hechos y de aquella época?

Las posturas, hasta ahora irreconciliables, entre las partes directamente involucradas, por la dureza e inflexibilidad con que se habían planteado, mantuvo en punto muerto todo posible entendimiento. En este sentido, no nos parece correcto que se exculpe de modo absoluto a la civilidad afectada mayormente con las muertes, torturas y secuestros en la responsabilidad que le cabe en el desencadenamiento de los hechos que llevaron al país a la ruptura de la democracia. Y mucho menos nos parece aceptable que se niegue la participación de los agentes del Estado y de los particulares que estuvieron a su servicio, en las muertes, torturas y desaparecimientos.

"Hay, dice un pensador español, un pasado vivo y activo en lo presente". En nuestro caso, es este pasado cercano el que mortifica lo presente, lo que distancia y divide nuestra sociedad y el que va pervirtiendo las jóvenes generaciones con un germen de odiosidades que no hemos sepultado. Y ello será precisamente la agraviante realidad que les dejemos como herencia espiritual, si no somos capaces de llegar a la conciliación que buscamos.

Los masones creemos que no es posible, moralmente, traspasar a las futuras generaciones la fatalidad de nuestros desencuentros de hoy o de ayer, aunque ellos queden como un testimonio histórico ojalá irrepetible.

Los masones buscamos la verdad como un nobilísimo pretexto para entender mejor al hombre y la sociedad en que vive. Se trata por cierto de una verdad filosófica harto distinta a la verificación de hechos como las muertes, el ocultamiento de sitios de sepultación, la tortura y el exterminio como formas extremas de violación de los derechos humanos. Pero en su fin último, de establecer certidumbres, no hay diferencias entre aquella verdad y la verdad de los hechos que hoy nos preocupan por más de un cuarto de siglo.

En este caso, la verdad para nosotros no es un medio para satisfacer apetencias innobles, sino que una forma de generar las voluntades que nos lleven a una oportunidad de reconciliación.

No es nuestro papel ni el de esta mesa hacer enjuiciamientos. Ello sobrepasaría sus objetivos, según los entendemos, y sería una trasgresión al propósito buscado.

Sin embargo, no nos puede ser desconocido el hecho de que la ciudadanía tiene una certeza moral de que en el caso de los detenidos desaparecidos hay una conclusión de muerte, más allá del alcance jurídico del secuestro. No negamos, tampoco, la existencia de muertos en las filas de las Fuerzas Armadas, aunque su número en relación con la muerte de civiles no admita comparación. Pero estas muertes igualmente lamentables tienen, al menos, para las Fuerzas Armadas y para las familias afectadas, la consoladora circunstancia de haberles dado una sepultura digna, derecho que no han tenido los restos de muchas de las víctimas civiles.

No es fácil olvidar la desprotección en que vivió una parte de nuestra población civil y tampoco la impunidad de los agentes del Estado, las personas a su servicio o los simples particulares que actuaban junto a ellos, ni la peculiar actitud de los Tribunales de Justicia, que pareció constituir, en los hechos, un estímulo permanente a las violaciones de los derechos humanos. Debe recordarse la inutilidad de los recursos de amparo y aun la actitud manifiestamente polarizada de las más altas autoridades del Poder Judicial.

Los hechos de hoy muestran felizmente otra disposición en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en los partidos políticos, en el Parlamento y en la ciudadanía. Los nueve años de vida democrática, la profundización en el conocimiento de los hechos acaecidos durante el gobierno militar y fundamentalmente el interés nacional común de avanzar en democracia, nos ha permitido dar este paso esperanzador que, sin embargo, enfrenta el riesgo de que sus resultados no respondan a las expectativas creadas por el anhelo de la conciliación.

Algunas ideas acerca del cómo lograr lo que esperamos de la Mesa de Diálogo

Nosotros encontramos conveniente que si hay personas que conocen el paradero de exiliados que estarían incluidos como detenidos desaparecidos, pero que, según persistentes rumores, éstos viven en el exterior, deben entregarse sus nombres y residencia con el objeto de reducir la cantidad de ellos de la lista y además informarlo a sus familias que están convencidas de que sus parientes están muertos, como también aquellas personas que sepan de la ubicación de cadáveres de los denominados detenidos desaparecidos, den su ubicación con el fin de resolver el problema. Podría aplicarse a estas personas directamente o por extensión, si es que son autores de hechos punibles, el llamado "arrepentimiento eficaz" vigente para otro tipo de delitos o asegurar a los informantes el absoluto secreto.

Vamos a suponer que en el contexto tan definido de la propuesta global en que se inserta esta Mesa de Diálogo, se avanza en el conocimiento de los sitios en que se encuentran los cadáveres de los detenidos desaparecidos. Deberemos quedar sólo en esa instancia?, ¿significaría esta ocurrencia que otorgamos la impunidad a los responsables de esas muertes y enterramientos clandestinos? A las ideas de verdad y justicia, repugna una solución semejante. Este es, desde luego, un problema de soluciones complejas y en torno a él y a los márgenes de la justicia deberíamos abocarnos, si hay una real voluntad de avance en la finalidad que nos reúne.

Sólo esperamos que las imágenes y los odios del pasado, que suelen agredir con protagonismos indebidos los esfuerzos del entendimiento nacional, no perturben las aspiraciones expresadas en la voluntad de este encuentro inspirado en una necesidad patriótica.

Una ruta, para avanzar, podría ser el ofrecer a través de las iglesias, instituciones filosóficas o cualquier organización con bases éticas y morales la colaboración para recibir este tipo de antecedentes, porque podría haber personas que tengan antecedentes que no sean ni católicas ni evangélicas o que estén confundidas y no sepan a quién acudir ni con quienes hablar. Entonces hay que ofrecer un abanico de personas que puedan recibir estos antecedentes y que se les entregue la más completa seguridad de protección a sus revelaciones o confidencias.

Parece razonable confiar en que el esclarecimiento de los hechos implicaría por sí solo una sanción moral para sus autores y una posibilidad cierta de perdón que restablezca la convivencia nacional. Sin embargo, también se ha de considerar que las conclusiones e informaciones que se obtengan de la Mesa de Diálogo en relación con la violación de los derechos humanos deben pasar íntegramente y sin excepciones a los Tribunales de la República, para que se establezcan las responsabilidades pertinentes y se haga justicia, con total independencia de la persona o conjunto de personas que sean afectadas o involucradas. Las atribuciones y facultades que competen al Poder Judicial en esta materia son insoslayables ya que de otra forma se estaría atropellando el Estado de Derecho y vulnerando el avance democrático que con tanto esfuerzo se ha venido consolidando en el país.

La Verdad y Justicia son necesarios nortes para lograr cerrar las heridas existentes que dividen profundamente a los chilenos y obtener una lenta pero efectiva reconciliación. El perdón es esencialmente subjetivo y será cada persona, familia u organización afectada la que deberá tomar una decisión a ese respecto, ya que no es posible imponer un perdón por decreto, por muy loables que sean sus propósitos. Nosotros sólo podríamos pedir de ellas una actitud de grandeza y nobleza de alma.

Sobre la base de estas consideraciones, el problema en lo práctico debería tener tres instancias:

-La primera es la que se está viviendo en la Mesa de Diálogo y corresponde al rompimiento de la incomunicación y la demostración a todo el país que sí se puede conversar y que hay cosas comunes que se pueden hacer, empezando por aquello que nos une como son nuestra historia y tradición, sin postergar las posibles soluciones.

-La segunda es lo que en definitiva se busca: las bases sobre las cuales se debe sustentar una reconciliación verdadera, y son la verdad, la justicia y el perdón.

-Y tercera, una propuesta concreta de solución que requiere de un trámite legislativo, y eventualmente de un plebiscito, cuya filosofía ha de ser el equilibrio en las responsabilidades y también en los beneficios con penas y procedimientos aceptables:

1º Proponer las bases de una ley especial que considere normas sobre las penas haciendo que sus beneficios alcancen a los ya condenados y a los por condenar, haga aplicable por el juez la atenuante de cooperación eficaz sin que pueda ser revisada en segunda instancia, garantice a los procesados la libertad provisional y, además, contemple la responsabilidad del Estado para la reparación civil a los familiares de las víctimas, fijando reglas especiales que garanticen su eficacia y rapidez.

2º Designar a un Ministro en Visita, ojalá de la Corte Suprema o quien ésta decida, con amplias facultades para investigar todos los delitos de esta índole hasta 1990, con atribuciones para designar Ministros adjuntos donde sea necesario, pudiendo ingresar a recintos de todo tipo, fijándose un plazo perentorio para presentar querellas (podría ser de seis meses) y para que este juez falle en definitiva (no más de dos años). En el procedimiento, entre otras cosas, deberá limitarse el recurso de apelación sólo a los autos de procesamiento, libertad provisional y la sentencia definitiva, disponiendo urgencia para su vista.

En esta hora, los chilenos debemos confiar y atenernos a los mecanismos del derecho y la acción de los Tribunales de Justicia, que simbolizan la evolución de la sociedad hacia una paz real. Debemos mirar hacia el futuro, y advertir cuán necesario es cada uno para el otro, que el hombre es lo más valioso que hay sobre la tierra, y que éste es un espacio común para todos, gracias a lo cual, nuestras expectativas son hoy mejores. Debemos colaborar para que se establezca y se asuma la verdad, con toda su inigualable fuerza moral, pero debemos comprender, al mismo tiempo, que establecerla requiere serenidad y tiempo, pues ella no nace de la imposición de un grupo, por fuerte que él sea circunstancialmente, sino de hechos objetivos y de la conciencia colectiva en torno a ellos.

Sólo un sincero reconocimiento de la calidad de chilenos de cada uno de nosotros hacia nuestros compatriotas, de que en este territorio somos y debemos ser iguales en dignidad y derechos, y que unidos podemos superar nuestros problemas con la misma fuerza que hemos enfrentado inmensas catástrofes naturales, hará del nuestro un país de hermanos, y por ende, un país reconciliado.