MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de José Zalaquett el 24 de septiembre de 1999

I. Las preguntas iniciales: objetivos y metodología de esta mesa de diálogo
II. La división entre chilenos y el quebrantamiento de las bases éticas de nuestra convivencia.
III. La reconstrucción moral.

I. LAS PREGUNTAS INICIALES: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE ESTA MESA DE DIÁLOGO

1. Pienso que esta mesa debe proponerse dos objetivos principales:

a) Contribuir a establecer la verdad respecto de las más graves violaciones de derechos humanos del pasado, en lo que aún no ha sido esclarecida; esto es, principalmente, la verdad sobre la suerte y paradero de más de 900 detenidos desaparecidos.

b) Contribuir a que las responsabilidades sobre violaciones de derechos humanos y sobre otros hechos relacionados con el quiebre de nuestra convivencia, sean debidamente reconocidas y asumidas por las personas, sectores, institutos armados y partidos políticos que corresponda.

Si pudiéramos avanzar hacia el primero de esos objetivos, ya se justificaría nuestro trabajo, aunque el segundo, esto es, el reconocimiento de distintas responsabilidades, es también esencial para la tarea de refundación ética en que todos debiéramos estar empeñados y para enseñanza de futuras generaciones.

2. Como metodología, me parece que debiéramos observar los siguientes criterios:

a) Comenzar por concentrarnos en la verdad sobre los detenidos desaparecidos, por las razones que expuso Gonzalo Vial. Nuestra contribución debería estar encaminada a obtener que quienes pueden entregar información relevante a la justicia, lo hagan; y a formular recomendaciones sobre medidas que puedan hacer más eficaz la labor de la justicia en esta materia.

En el cumplimiento de este fin no podemos atribuirnos funciones que son propias de los tribunales, hacia los cuales debemos canalizar toda información que pudiera llegarnos espontáneamente.

b) En nuestro trabajo debiéramos tener en cuenta lo que ya se ha hecho. Existe un recuento completo de víctimas fatales del período 1973-1990, así como de hechos y circunstancias relevantes. Ello consta en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, complementado por el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de 1996. Ninguno de los aproximadamente 3.200 casos contenidos en esos informes ha sido desmentido, después de transcurridos muchos años.

Esos textos, sin embargo, no han sido muy difundidos. Si no los tenemos presentes, existe el riesgo de darlos por sabidos, olvidarlos y volver a recorrer un camino que ya está avanzado.

Dichos informes formulan asimismo algunas recomendaciones que pueden ser relevantes para los propósitos de nuestro trabajo.

c) En nuestro diálogo debemos hacer el mayor esfuerzo por entender los puntos de vista de nuestros interlocutores. Para ello es crucial que logremos hablar entre nosotros no sólo con franqueza sino con rigor. En el pasado han abundado negaciones y distorsiones sobre el tema de los derechos humanos que constituyen un agravio a la conciencia moral y al sentido común de la opinión pública. Esta actitud va siendo superada, pero aún queda camino por recorrer.

En lo que resta de mi intervención me referiré a los puntos enunciados en el discurso inicial del Sr. Ministro de Defensa, esto es: verdad, justicia, reparación, perdón y reconciliación. Antes, buscaré situar el problema de los derechos humanos en relación con lo que se ha llamado el quiebre de nuestra convivencia nacional, sin por ello establecer vinculaciones que justifiquen en ninguna medida tales violaciones o que condicionen la resolución de los problemas pendientes de derechos humanos.

II. LA DIVISIÓN ENTRE LOS CHILENOS Y EL QUEBRANTAMIENTO DE LAS BASES ETICAS DE NUESTRA CONVIVENCIA.

1. El problema de los desaparecidos debe ser abordado sin condicionantes. No obstante, hay otros temas relevantes para la reconstrucción moral de nuestra convivencia.

Se ha dicho que establecer la suerte y paradero de los desaparecidos debiera ser el único objetivo de esta mesa. Es razonable temer que las referencias al período anterior al golpe militar se transformen en un intento de justificar lo injustificable. Comparto esa aprensión. Sin embargo, creo que, tomando precauciones contra ese riesgo, no pueden dejar de preocuparnos otros temas relevantes.

Ello es así porque nos encontramos, como país, empeñados en un esfuerzo de refundación moral, luego de un quebrantamiento de las bases éticas de nuestra convivencia. El problema de los detenidos desaparecidos representa la forma más extrema y atroz de quiebre moral. Merece ser tratado por sí mismo y sin condicionantes. Pero no excluye otros problemas relevantes.

Así lo entendió la Comisión de Verdad y Reconciliación, en su capítulo sobre el origen de la polarización política.

2. El proceso de quiebre de las bases éticas de nuestra convivencia.

Tomando pie en lo que se dice en ese capítulo del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, deseo marcar los siguientes puntos éticamente significativos:

a) La crisis previa al golpe militar tiene, sin duda, raíces que se remontan a los orígenes de este siglo o incluso más atrás, las cuales pueden ser objeto de distintas interpretaciones históricas.

b) Sin embargo, en los años sesenta surgió una situación cualitativamente distinta, desde el punto de vista de la ética política. Con anterioridad a ese período, hubo en Chile exclusiones sociales y otras graves situaciones de injusticia. También hubo crímenes y atropellos por parte de agentes del Estado. Pero a partir de los años sesenta, se formulan proyectos políticos excluyentes, apoyados en ideologías que, en aras de fines últimos, rechazaban las instituciones democráticas y justificaban el recurso a la fuerza. Esta justificación no se basaba en la ausencia de vías políticas; con todas sus imperfecciones, nuestro régimen republicano permitía impulsar distintas posiciones dentro del juego democrático. La justificación del recurso a la fuerza tenía una base ideológica.

c) El proceso de polarización política llegó al extremo de crear bandos irreconciliables, cada cual cimentado en apasionadas lealtades de grupo y en la deshumanización y descalificación radical del adversario. No todos se dejaron arrastrar por ese clima, pero la dinámica de la polarización creciente dominó la vida política. Se impuso así un criterio ideológico de justificación de las acciones políticas a partir de fines últimos, en desmedro de una ética de los medios. Muchos de los principales actores políticos transgredieron, entonces, el imperativo fundamental de ética kantiana de que la persona humana no debe jamás tomarse como instrumento o medio, sino que siempre debe considerarse como fin en sí misma. Por ello se puede decir que en ese proceso de polarización se quebrantaron las bases éticas de nuestra convivencia. El hecho de que los fines que se buscaban se sintieran como justos y necesarios no justificaba, ciertamente, los medios empleados.

d) La Unidad Popular, en la cual participé, y fuerzas políticas de izquierda ajenas a la Unidad Popular, como el MIR, no fueron las únicas responsables de la situación de polarización que la Comisión de Verdad y Reconciliación describió, pero pesa sobre ellas una elevada cuota de responsabilidad. El gobierno de la Unidad Popular se movió al borde de la legalidad o más allá de ella. Entre quienes apoyaban al gobierno de Allende había muchos que adherían al sistema democrático y no buscaban el objetivo último de una revolución armada, pero se dejaron arrastrar por la dinámica impuesta por los sectores más extremos o bien no pudieron prevalecer sobre ellos.

Por razones conceptuales que no son puramente semánticas, sostengo que no puede hablarse de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Allende, pero sí hubo abuso de autoridad y de la ley; y muchos de sus partidarios cometieron atropellos que afectaron seriamente a numerosas personas.

Por cierto que hubo estrategias de violencia en contra el gobierno de Allende incluso antes de que asumiera el poder. Ejemplo de ello es el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider. También pienso que muchos de los que más tarde se opusieron al gobierno de Allende, no lo hicieron sólo motivados sólo por una resistencia contra lo que veían como un grave peligro de entronización marxista, sino que encontraron ocasión propicia de impulsar sus convicciones ideológicas contrarias a la democracia. Se puede adjudicar también otras responsabilidades a los adversarios de Allende, pero si sostenemos que las culpas de los demás no excusan las propias, debemos comenzar por reconocer nuestras responsabilidades históricas y políticas.

e) La situación de polarización política desembocó en el golpe militar. La Comisión de Verdad y Reconciliación declaró que no le competía juzgar si el golpe fue o no justificado, ni sobre si existía o no otra salida para el conflicto que lo originó. Sobre esas materias pueden existir, legítimamente, distintas opiniones.

Agrega la Comisión que aunque no puede ni debe entenderse que la crisis que precedió al golpe militar justifique ni excuse, en ninguna medida, las violaciones de los derechos humanos, el conocimiento de esa crisis se hace indispensable para entender la gestación de esas violaciones y para prevenir que ellas se repitan.

3. Las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos como expresión extrema e injustificable de quebrantamiento de las bases éticas y legales de la convivencia en sociedad.

Consumado el golpe militar, el problema ético indiscutible es saber cómo se empleó el poder sin contrapeso que había sido adquirido por la fuerza.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas durante ese gobierno están abundantemente documentadas. Sin embargo, conviene recalcar lo siguiente:

a) Se cometieron crímenes de lesa humanidad.

La práctica de desaparición sistemática de personas ha sido calificada de crimen contra la humanidad en tratados internacionales y en convenciones de nuestra región americana. Nadie que conozca el derecho internacional duda que la desaparición sistemática de personas constituía un crimen contra la humanidad aun antes de ser calificada como tal por tratados específicos, porque tal crimen viola una norma de jus cogens, esto es, una norma imperativa de derecho internacional.

En Chile, tal práctica sistemática tuvo lugar, principalmente, entre 1974 y 1977, bajo conducción de la DINA. La responsabilidad por este crimen contra la humanidad recae sobre quienes ordenaron esta política y dirigieron su ejecución.

También hay varios centenares de casos de desaparecidos durante los primeros meses del gobierno militar. Se trata, por lo general, de asesinatos seguidos de inhumaciones ilegales, que no responden a una coordinación central que tuviera por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas. En esto se diferencian de los casos de responsabilidad de la DINA, detrás de los cuales había una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente, y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas.

Todo ello está así establecido en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

b) Los efectos de las desapariciones se perpetúan en el tiempo.

Mientras permanezca la incertidumbre acerca de la suerte y paradero de los desaparecidos, se continúa infligiendo un gravísimo sufrimiento a sus familiares, además de haberse violado los derechos humanos de las propias víctimas. Estas fueron detenidas, mantenidas en secreto cautiverio, torturadas y asesinadas. Se dispuso de sus restos mortales en forma clandestina, mientras se negaban los hechos, tanto en Chile como en foros internacionales, y se orquestaban maniobras de desinformación.

c) Las desapariciones sistemáticas y otras graves violaciones no guardan relación alguna con el golpe militar ni con enfrentamientos.

Respecto de los más graves crímenes no pueden aceptarse explicaciones que ofenden la conciencia moral y el sentido común. Precisemos, más allá de toda duda lo siguiente:

•El gobierno militar había logrado completo control del país pocos días después del 11 de septiembre. El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación consigna 30 casos de uniformados muertos en 1973; todos ellos, salvo cuatro, perecieron entre el 11 y 15 de septiembre. Entre 1974 y 1976 se consignan dos muertes de uniformados en cada uno de esos años. El informe, por cierto, lamenta toda muerte en enfrentamiento y condena todo asesinato. Menciono estas cifras para destacar que después de septiembre de 1973 y hasta 1979-1980, (cuando se desarrollan acciones organizadas de insurgencia armada, impulsadas por el Partido Comunista y el MIR y aumentan marcadamente las víctimas entre los uniformados) no hubo resistencia armada organizada en contra del régimen. El endurecimiento de octubre de 1973, con la llamada Caravana de la Muerte, que asesina a presos inermes, tiene lugar en un país controlado. Las desapariciones sistemáticas llevadas adelante por la DINA y, en menor medida, por el Comando Conjunto, se concentran entre 1974 y 1977, en igual situación de control.

•La política de asesinatos y desapariciones de la DINA no responde, por tanto, al calor del combate, a excesos que serían supuestamente explicables en una situación de guerra irregular. Responde a una concepción ideológica. Esta concepción supone que es justificado matar a prisioneros inermes para provocar una intimidación generalizada que desaliente una resistencia u oposición organizada y para destruir a personas a quienes se considera irrecuperables o irredimibles. Esta noción de irredimibilidad no puede ser más contraria a los fundamentos mismos de toda concepción moral humanista o religiosa. Es la negación de la esencial dignidad y albedrío de toda persona. Es la más extrema forma de utilización de la persona humana como instrumento de una estrategia de poder. Me consta que estas prácticas horrorizaron a muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes, sin embargo, callaron o postergaron sus objeciones por un sentido de lealtad institucional.

•La política de desapariciones es también cobarde. Da el golpe y busca esconder la mano. Su finalidad es eliminar, intimidar y, al mismo tiempo, procurar evitar (fallidamente, en la práctica) los costos de imagen que supondría haber cometido abiertamente tantos crímenes.

III. LA RECONSTRUCCIÓN MORAL.

1. Período de refundación de un orden justo.

Luego de un período de ruptura de la convivencia nacional como el descrito, en el cual se han quebrantado las bases éticas e institucionales de la convivencia, las llamadas transiciones a la democracia son períodos en que se intenta una reconstrucción moral. En tales tiempos se busca refundar un orden político justo y sustentable.

Ello supone abordar el pasado de divisiones y de violaciones de los derechos humanos. Supone también establecer bases institucionales consensuadas. Ambas materias apuntan a un mismo objetivo, pero no pueden condicionarse recíprocamente, porque el tema de los derechos humanos impone algunos deberes éticos ineludibles, en tanto que los acuerdos constitucionales admiten una cierta variedad de soluciones políticas.

El modo en que una nación enfrenta los dilemas más importantes durante un período de reconstrucción moral tiene una importancia decisiva para el futuro, por la fuerza simbólica y por la amplificación histórica que cobran los eventos que tienen lugar en estos tiempos fundacionales.

2. Nuestro proceso está incompleto.

Se ha extendido en el país la convicción de que nuestro proceso de reconstrucción de un orden político justo y sustentable está incompleto; que hay graves problemas de derechos humanos no resueltos y también acuerdos institucionales básicos pendientes. (Estas materias, repito, no deben mezclarse). Por ello, se multiplican hoy en día los llamados a la paz social.

Sin embargo, no será posible alcanzar tal paz social si no se observan determinados principios.

3. Principios que deben tenerse en cuenta sobre las violaciones de derechos humanos del pasado.

El Sr. Ministro de Defensa ha sugerido que se deben considerar políticas de verdad, justicia, reparación, perdón y revisión histórica. Entendiendo el sentido de estos términos, me permito utilizarlos de modo parcialmente distinto en la enunciación de principios que sigue:

a) Objetivos de una política de derechos humanos

Dentro del propósito general de refundación de un orden justo, las políticas respecto del pasado de violaciones de los derechos humanos deben tener fundamentalmente dos objetivos: reparar los males causados, en la medida que ello sea factible, y prevenir la recurrencia de tales hechos.

Entre los distintos medios para avanzar hacia esos objetivos, los principales son las medidas de revelación de la verdad, las de justicia y las de perdón o clemencia.

b) La verdad

La verdad global sobre las más graves violaciones de los derechos humanos ha quedado establecida por los informes ya mencionados. Todavía debemos encontrar la verdad particular respecto de más de 900 casos de desaparecidos, entre otras verdades pendientes.

c) El reconocimiento de la verdad y de las responsabilidades que a cada cual caben.

No sólo es importante que la verdad sea conocida; también debe ser reconocida por el conjunto de la sociedad y por los sectores específicamente involucrados, como partidos políticos o las Fuerzas Armadas. El reconocimiento es un modo de reafirmar los valores transgredidos.

El reconocimiento de la verdad debe llevar aparejada la admisión de las responsabilidades que a cada cual caben.

Un reconocimiento de las responsabilidades de carácter legal, la más grave de las cuales es la responsabilidad penal, atañe a los individuos a quienes pueda imputársele. Tal reconocimiento es deseable, pero no puede exigirse, atendidos el principio legal de presunción de inocencia y el que prohíbe que se fuercen declaraciones autoinculpatorias.

Sin embargo, existen también responsabilidades institucionales o colectivas, que no son de carácter legal sino histórico, político o moral. Ellas se imputan con mucha frecuencia, y con razón, a sectores o instituciones determinadas o incluso a toda una nación. Tales responsabilidades no imponen sanciones legales sino la obligación moral de hacer gestos de reconocimiento, rectificar doctrinas institucionales y contribuir a la reparación de los males causados.

La Comisión de Verdad y Reconciliación consideró el problema de la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas y de Orden. Esto es, no una responsabilidad legal, sino una de carácter histórico, político o moral.

Señaló la Comisión: "Son los hombres los que forjan y hacen grandes a las instituciones y son también los hombres quienes pueden afectarlas negativamente". Agregó que en la historia patria prácticamente ninguna de las instituciones de la vida nacional (pensemos en la Presidencia de la República, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, las iglesias, la prensa, los sindicatos, las organizaciones empresariales) han estado exentas, como obra humana que son, de alguna responsabilidad moral, política o histórica por graves falencias.

La Comisión destacó el peligro de llegar a pensar que no importando cuál sea la conducta de miembros individuales de una institución, la institución misma estará siempre inmune a todo daño o desprestigio. Se correría de esta manera el peligro de caer en una actitud de complacencia que puede terminar por dañar seriamente la integridad y prestigio institucionales que se busca resguardar.

La Comisión concluyó diciendo: "El reconocimiento de las responsabilidades que a cada institución de la vida nacional caben... las enaltece, las hace mejores y les permite servir más cabalmente los elevados propósitos para los que fueron creadas".

d) Justicia.

La justicia respecto de las violaciones de derechos humanos del pasado tiene al menos tres dimensiones. Una de ellas es la reivindicación de la dignidad y el buen nombre de las víctimas, y se obtiene a través de medidas simbólicas y conmemorativas. Otra dimensión es la reparativa, esto es, el otorgamiento de pensiones, indemnizaciones y otros beneficios.

La tercera connotación, el castigo judicial de los culpables, es lo que generalmente se entiende por justicia.

e) Medidas de perdón o clemencia.

Doctrinas religiosas y postulados humanistas se inclinan por la superioridad moral del perdón sobre el castigo.

Sin embargo, sobre la base de esas mismas concepciones es necesario distinguir, por una parte, el perdón individual del ofendido hacia el ofensor, que pertenece al plano íntimo de la conciencia de cada cual, y bien puede otorgarse sin condiciones; y, por otra parte, las medidas sociales o comunitarias de clemencia o perdón, como el indulto y la amnistía. Estas últimas tienen por objeto restaurar o reforzar el orden moral quebrantado. Por ende, el perdón es posible en la medida en que contribuye a reafirmar la validez de las normas éticas violadas, porque se han reconocido responsabilidades, se ha formulando un propósito de rectificación y se ha contribuido a hacer reparaciones.

Tomando pie en tales conceptos milenarios, puede decirse que las medidas sociales de clemencia o perdón, como el indulto y la amnistía, son legítimas en la medida que sirven a los propósitos éticos de reconstruir un orden político justo. No es legítima una amnistía encaminada a encubrir la verdad o que se adopta sin que medie un reconocimiento o propósito expreso de no recaer en tales conductas, porque ello tiende a validar las conductas criminales.

Desde el punto de vista de las normas internacionales que establecen la obligación de juzgar crímenes contra la humanidad, tampoco son legítimas las medidas de clemencia que imponen un manto de completa impunidad sobre tales conductas.

f) Reconciliación.

Tal como el concepto de perdón, al cual está indudablemente ligada, la reconciliación se puede tomar en un sentido individual o comunitario.

Desde la perspectiva judeo-cristiana, reconciliación denota la reconstitución o recreación de un pacto o vínculo que se ha roto. En ese sentido, se acerca a la noción de perdón social o comunitario mencionada más arriba, pero también se aproxima a la idea política de un nuevo contrato social.

Para la psicología individual y social, lo que se ha dado en llamar reconciliación puede relacionarse con el concepto de reparación posterior a un trauma o duelo, que permita a los individuos y a la sociedad revivir el pasado doloroso desde un ambiente protegido y poder mirar al ofensor en su integridad, con sus aspectos positivos y negativos.

A diferencia de medidas como justicia o verdad, que hasta cierto punto son cuantificables, la reconciliación nacional es un norte hacia el cual apuntar. Se puede decir que es un objetivo más bien intangible, que se ve afectado, favorable o desfavorablemente, por las políticas adoptadas, pero no depende enteramente de ellas.

4. Los problemas pendientes

Las políticas de derechos humanos de los últimos nueve años y las actuaciones de los tribunales han obtenido algunos logros significativos en relación a los principios antes enunciados: se ha establecido la verdad global; esta verdad ha sido ampliamente reconocida por sectores políticos y sociales; se han adoptado medidas de reparación simbólica así como pensiones y otros beneficios; se ha hecho justicia o se está en vías de hacerla respecto de casos no cubiertos por la amnistía de 1978.

Subsisten, sin embargo, a la luz de los principios enunciados, dos graves obstáculos para la reconciliación:

a) El cumplimiento del imperativo moral de entregar a los familiares de más de 900 detenidos desaparecidos sus restos mortales o, en todo caso, de dar cuenta veraz y cabal de su suerte.

b) El necesario reconocimiento de responsabilidades por parte de distintos sectores e instituciones de la sociedad chilena, como un modo de reafirmar los principios de ética política que fueron transgredidos y para enseñanza de futuras generaciones. La falta de reconocimientos distorsiona la memoria histórica y dificulta la posibilidad de mirar el pasado de modo más integral, lo cual es base indispensable para avanzar en un proceso de reconciliación. En lo que atañe a las instituciones armadas, la falta de reconocimiento de sus responsabilidades institucionales tiende a perpetuar la doctrina implícita de que es lícito en ciertas situaciones matar prisioneros inermes.

Por estas razones, he sugerido que esta mesa se concentre en esos dos temas. Si consiguiéramos avanzar o formular proposiciones significativas para la remoción de esos obstáculos, habremos dado un paso más hacia la refundación de las bases éticas de nuestra convivencia y hacia la reconciliación que todos anhelamos.