MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de Roberto Garretón el 24 de septiembre de 1999

"Los mayores crímenes de la humanidad se han cometido en nombre de la Patria"
Winston Churchill

I.- INTRODUCCION

Agradezco al señor Ministro la oportunidad que nos ha ofrecido de poder debatir en esta mesa sobre los luctuosos acontecimientos que marcaron los últimos 27 años de este siglo, y cuyas consecuencias, lamentablemente, seguirán influyendo sustancialmente nuestra convivencia por al menos todo el próximo siglo.

Quiero confesar aquí que la decisión de participar en esta mesa ha sido, sin duda, la más difícil de mi vida, aún más que la adoptada en septiembre de 1973 de dedicar toda mi acción profesional a la defensa de las víctimas de la dictadura, asumiendo los riesgos personales y familiares que importaba intervenir en la materia más sensible de un sistema que veía a todo disidente como un enemigo de guerra, que debía sufrir las consecuencias de tal. La misma opción tuvieron todos mis compañeros del ex Comité de Cooperación para la Paz en Chile, la Vicaría de la Solidaridad, el FASIC, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el CODEPU y tantas otras. La misma opción tuvieron José Manuel Parada y Patricio Sobarzo, y la pagaron con sus vidas. Otros, algunos de los cuales están en esta Mesa, la pagaron con el exilio, la cárcel, la amenaza, el hostigamiento, el descrédito. No teníamos otra alternativa ética. Ahora, en cambio, asistimos invitados por un Gobierno que no ha demostrado ni interés ni compromiso alguno con los derechos humanos, ni con las víctimas de sus violaciones, ni con la justicia, ni con el esclarecimiento histórico de lo que ocurrió y sin saber a ciencia cierta el destino de nuestros debates. Vengo -lo reconozco- sin ninguna esperanza, cuando veo que hace 13 días el principal actor de todos los hechos que discutimos insiste en que los ellos son "consecuencias de la guerra" .

Un punto previo que ha aparecido en intervenciones precedentes, es el objetivo de esta mesa. El Ministro nos ha dicho que el tema son "los derechos humanos", genéricamente, y específicamente, lo referente a verdad, justicia, reparación, perdón y revisión. No obstante, y particularmente el ex Ministro Gonzalo Vial ha reducido el tema a "ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor número de detenidos desaparecidos que sea posible". Desde hace cinco años vengo protestando por un cierto reduccionismo del tema de las violaciones de los derechos humanos al problema de encontrar restos de desaparecidos supuestamente fallecidos en manos de sus captores. El tema es muchísimo mayor: durante la dictadura hubo asesinatos individuales y colectivos por motivos políticos, cárceles secretas, campos de concentración, centros de tortura y exterminio, exilios forzosos, deportaciones, y muchísimo más. Todo esto quedaría fuera de lo que el ex Ministro Vial llama "tema primordial", quedando también excluida la situación de aquellos desaparecidos cuyos restos fueron encontrados contra la voluntad de los responsables, como ocurrió en Lonquén, Yumbel, Pisagua, Peldehue, los enterrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y otros. A mi juicio, el tema de los derechos humanos es político, jurídico y moral y en caso alguno arqueológico ni funerario. Si el tema se redujera a encontrar restos, mi participación no tendría sentido, pues yo obviamente no tengo información alguna, y sólo podría cooperar con la Mesa aportando los nombres de las personas que, a mi juicio, poseen la información en cada caso.

II.- OBJETIVOS DE LA MESA

Respecto de los objetivos propuestos por el Ministro invitante me detendré en los de verdad y justicia, por una parte, y revisión por la otra.

A) La verdad y la justicia

El tema de la verdad debemos, a mi juicio, enfocarlo en su real sentido, es decir, "conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente".

En tal sentido, el adverso de "la verdad" no es ni puede ser "la justicia", entendiéndose, como se ha insinuado, que "si hay verdad no hay justicia", o que "la verdad es sustituto de la justicia".

No puedo compartir este juicio.

El antónimo de la verdad es, única y exclusivamente, la mentira y, lo que es lo mismo, la verdad a medias. Y me temo que los niveles de mentira respecto de las violaciones de los derechos humanos son los más altos de toda nuestra historia patria.

La falta de verdad tiene en esta materia dos dimensiones, ambas funestas si es cierto que queremos construir una nación sana. La primera es la mentira del "caso a caso". Para justificar -digo bien: para "justificar", y no para explicar- los crímenes más atroces el recurso a la mentira ha sido habitual. Y esto debe ser aclarado ante la opinión pública de Chile y el extranjero. El uso sistemático de la mentira es, a mi juicio, el más relevante de todos los elementos para discernir las nuevas explicaciones sobre los derechos humanos, en el sentido de que se trataría de "excesos individuales" y no una política de Estado, a lo que me referiré más adelante, y que me temo que sea percibida por la población como una nueva alteración de la verdad. La segunda dimensión es la falsificación del contexto histórico durante la dictadura, objeto de una caricaturización alejada de la realidad.

En el caso a caso los "murió al fugarse" ; "se suicidó" ; "Fue asesinado por el Partido Comunista" ; "fue asesinado por una pugna interna del Partido Comunista"; "fue asesinado por la KGB"; "fue un enfrentamiento"; "murieron al asaltar un regimiento"; "los desaparecidos no existen, nunca nacieron, son una combinación de nombres supuestos"; "murió en un accidente"; "los supuestos desaparecidos abandonaron el país a pie"; etc. se han demostrado siempre como una coartada mil veces demostrada.

Para hacer estas afirmaciones, desde luego, se contaba con todos los medios necesarios: políticos civiles inescrupulosos en ejercicio de funciones ministeriales o diplomáticas que por una parte inventaban las justificaciones, y por la otra, aplicaban la censura a todo intento de decir la verdad; periodistas corruptos que utilizaban los únicos medios permitidos para practicar el engaño; abogados que obtenían testimonios bajo tortura para tratar de probar la falsedad; etc.

¿Puede la sociedad chilena seguir viviendo con semejantes falsedades? ¿no es de la más estricta necesidad que sobre cada uno de estos hechos se sepa lo que realmente ocurrió? Si los hechos ocurrieron como las autoridades de la época lo dijeron y, en consecuencia, ningún delito se cometió, ¿qué sentido tiene una ley de amnistía en 1978 o que hoy día tengamos que recurrir a "los elementos de contexto" para explicar hechos presentados como lícitos?

En la descripción de la situación general también se faltó a la verdad. Las expresiones "guerra", por una parte"; y , por la otra, "a un paso de la guerra", "cuasi guerra civil", "guerra civil larvada", que en el hecho indican "no guerra" -en una materia tan delicada no caben las ambigüedades- no han podido jamás sustentarse en hechos, y menos en el derecho, y muchísimos menos aún, justificar hechos atroces que ninguna confrontación -internacional o sin carácter internacional- permite. Invito a nuestros partícipes representantes de las Fuerzas Armadas a que nos expliquen, con el mayor rigor jurídico que la importancia teórica, histórica, penal y moral de la discusión exige, cuál fue el marco jurídico de lo que se ha llamado "el conflicto", "la guerra" o la "guerra civil larvada", y, particularmente, la vigencia o no del artículo 3 común de las Cuatro Convenciones de 1949, vigentes en Chile desde abril de 1952.

Carácter institucional y sistemático de las violaciones de los derechos humanos

Sostengo que las violaciones de derechos humanos en Chile fueron institucionales, sistemáticas, graves y masivas. Por sistemáticas entiendo la creación de toda una estructura del Estado para imponer una política económica, social, cultural, moral que no es aceptada por la población, para lo que se hace indispensable "eliminar" por el exilio, la cárcel, la censura, la muerte o la tortura de los que disienten. Por institucional entiendo el carácter comprensivo de todo el Estado y sus instituciones formales (los tres poderes del Estado, Contraloría, Fuerzas Armadas), o informales (prensa controlada, por ejemplo) con la política sistemática de violación de derechos humanos.

De la masividad y la gravedad no creo del caso hablar en esta ocasión. Al menos en eso, creo, puede haber consenso.

La institucionalidad y la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990 están siendo objeto de controversia en esta mesa, pues se sostiene que se trató de abusos particulares, que, además, estaban al margen del conocimiento de quien ejercía como Jefe del Estado.

El carácter institucional lo prueba el desarrollo de un caso tipo de desaparición de personas. Una ley dictada por el Poder Legislativo (Junta de Gobierno) crea la DINA o la CNI, y la eximen de toda rendición de cuentas de su acción, salvo ante el Ministro de Defensa o del Interior, y la dota de un presupuesto aprobado por una ley. El Ministro del Interior -civil o militar- dispone -regularmente, mediante decreto, o irregularmente, autorizando al Jefe del Servicio- a detener y llevar al detenido a un recinto clandestino de detención y tortura. El recinto mismo es secreto y el Ministro del Interior -civil a veces, militar, otras- niega su existencia o declara que no puede indicar el lugar por las consabidas "razones de seguridad"y Los jueces cierran los ojos. La prensa autorizada no informa del arresto, y, más complicidad aún, sostiene que el familiar que presentó el recurso de amparo es un marxista que actúa para desprestigiar al Gobierno militar. La persona es torturada, y los jueces otra vez cierran los ojos. Por otra parte, el decreto de arresto firmado por el Ministro del Interior es "exento de toma de razón" pues, a juicio del Contralor, la libertad de una personas se refiere a una materia "no esencial" como licencias y feriados" . La persona muere por efectos de la tortura, el cuerpo desaparece. El Ministro del Interior sostiene que nunca la persona estuvo detenida; la prensa dice que todo es un invento; el Embajador falsifica documentos para decir que la persona simplemente nunca existió; el juez dice que cumplió la ley. De la víctima nunca más se supo. Pero es un "presunto" desaparecido. El legislador, los jueces, el ministro, los aprehensores, los torturadores, los periodistas, ¿sólo cometieron un abuso particular, o más bien eran parte de un "sistema" que operaba en la forma descrita?

Convendría agregar, además, que el sistema de desaparición de personas no sólo operó durante la DINA: los últimos cinco casos ocurrieron en 1987, y con la misma ritualidad.

¿Puede considerarse "un exceso particular" que un General viaje en avión militar, vestido de uniforme, acompañado de varios militares, ingrese a un recinto militar, pida ver a presos sujetos a la custodia militar; revise las sentencias; saque del recinto a los presos; no los devuelva nunca; los mate; nunca nadie realice un sumario; los responsables siguen en las Fuerzas Armadas; ascienden; son condecorados; los militares que reclamaron del crimen son presentados como "traidores" por sus compañeros de armas? El hecho se conoce en Chile y el mundo en detalles, pero ¿cómo la teoría del "abuso particular" explica que todo el Estado -funcionarios civiles, militares, diplomáticos y la prensa parametrada- diga que es una "campaña internacional contra Chile promovida por el marxismo internacional y por malos chilenos"?.

Acompaño algunos textos de discursos del General Pinochet que demuestra que estaba al corriente de todo lo que ocurría en lo específico de derechos humanos y el rol de la DINA: "La DINA depende directamente de la Junta en su mando superior. Hasta el momento y aunque funcionaba sin estatuto orgánico, ha rendido muy buenos resultados, derivando en su acción el descubrimiento de depósitos de armas, han aparecido así como fábricas y talleres para elaborarlas en serie. Por eso termino diciéndoles que la DINA es un buen brazo ejecutivo para llevar adelante nuestros cursos de acción para la seguridad nacional" (El Mercurio, 22 junio 1974). (ANEXO Nº 4). Adjunto también una entrevista en el diario La Nación al General Ernesto Baeza, cuya palabra no creo que en esta Sala sea puesta en duda, que demuestra que el General conocía en detalle lo que ocurría en el país, en relación con el asesinato de Patricio Munita Castillo (ANEXO Nº 5). Acompaño también (ANEXO Nº 6) una Declaración pública del General Pinochet reconociendo la práctica institucional de la tortura para saber "donde están las armas".

Respecto del carácter sistemático de los atentados a los derechos fundamentales, importa destacar el secreto que, impuesto desde la Jefatura del Estado, rodeó toda la actividad de ese Estado. En Chile había leyes secretas; policía secreta; presupuesto con partidas secretas, cárceles secretas, vehículos sin placa, órdenes secretas, funcionarios secretos, tratados secretos, organismos secretos; juicios secretos, testigos secretos, documentos protegidos bajo el pretexto de secreto militar, etc.

Los mismos textos legales, incluso constitucionales, contienen elementos fundamentales para resolver la cuestión planteada. Las permanentes alusiones a la seguridad nacional como factor que justifica la exclusión social (artículo 8 primitivo de la Constitución de 1980; decretos leyes anteriores que permiten la restricción de derechos, como el DL 77,78, 81, etc.). Podrá sostenerse que esas normas permitían restricciones a los derechos humanos sin carácter criminal. No obstante, aunque parezca lo contrario, la diferencia es sutil: no puede sostenerse que la detención en recinto de tortura es una restricción sistemática e institucional si la víctima no muere, pero si muere pasa a ser "exceso personal". Un ejemplo conocido es el del transportista Mario Fernández López, detenido el 17 de octubre de 1984 por decreto supremo Nº 4.819 del Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa. El lugar de arresto, por toda precisión, es "dependencias de la Central Nacional de Informaciones de La Serena", que nadie formalmente conocía. Fernández fallece a raíz de las torturas al día siguiente (ANEXOS Nº 8).

Los Bandos decretados en la primera hora que constituyeron impactantes llamados a la delación y a la venganza contra todo aquel que hubiese tenido vinculación con la Unidad Popular no pueden considerarse excesos individuales. El Bando Nº 30 de la Provincia de Cautín dispuso que "cualquier acción de resistencia de parte de grupos extremistas, obliga a las Fuerzas Armadas a adoptar las más drásticas sanciones, no sólo respecto de los agresores sino que también en contra de quienes permanecen detenidos o sometidos a arresto domiciliario o vigilancia", agregando que "por cada inocente que caiga serán ajusticiados 10 elementos marxistas indeseables, de inmediato y con arreglo a las disposiciones del Código de Justicia Militar en Tiempo de Guerra" (Hernán Ramírez, Coronel, Intendente de Cautín).

Este bando sólo reconoce precedentes -al menos en el siglo XX- en la Alemania Nazi.

Violaciones de derechos humanos inéditas en nuestra historia

Se ha dicho en esta mesa que las violaciones de derechos humanos siempre han ocurrido en nuestro país. La afirmación, por ser una verdad parcial, importa -otra vez- una profunda alteración de la verdad. Se cita como ejemplo la masacre del Seguro Obrero en 1939. Yo podría citar muchos más: Santa María de Iquique, Ranquil, El Salvador.

Con todo, la diferencia es definitivamente esencial: ninguno de esos hechos, cuyos responsables reconocieron hidalgamente, fue planificado por las autoridades del Estado. Ninguno respondió a una incitación previa, traducida en la consideración de un sector social por las más altas autoridades del país como un "enemigo"(los marxistas primero, todos los demócratas después). En todos los casos el Estado a través de sus órganos pertinentes inició acciones en forma para determinar las responsabilidades: la policía, la magistratura, los ministros políticos, etc. Y si se dictó una ley de amnistía por los sucesos del Seguro Obrero, lo fue (a) por un Gobierno distinto al que incurrió en el hecho; y (b), lo más importante, luego que todas las responsabilidades estuvieron perfectamente aclaradas y los responsables condenados.

La demostración que se ha faltado a la verdad en materias sustanciales es un elemento adicional para exigir justicia. Hoy, luego de casi 30 años, avizoramos la posibilidad de justicia. Una sociedad sin justicia origina la desmoralización -en el más estricto sentido del término- pues tiende a igualar la virtud con el vicio, el mal con el bien. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos la diferencia entre el bien y el mal, si a ambos los consideramos éticamente iguales? ¿cómo les podemos enseñar democracia y el ejercicio del voto y la participación política, si responsables de lo más horrendo que hemos vivido como nación gozan de todo el respeto ciudadano? ¿si da lo mismo mentir que ser honesto?

Nuestra labor es colaborar con la justicia, asumiendo cada uno de nosotros la necesidad de justicia, que es justamente lo contrario de la impunidad. Debemos hacerlo con transparencia y consecuencia. Quienes dicen que los hechos producidos en Chile deben ser juzgados en Chile -lo que en derecho internacional parece ser cosa superada- no pueden al mismo tiempo criticar a los jueces chilenos porque hacen justicia, porque el balance es perverso: en definitiva se quiere, derechamente, que no haya justicia.

B) La revisión y el contexto histórico

Un aspecto agregado por el Ministro a la Agenda tentativa de la mesa es lo que llamó la revisión histórica de lo ocurrido. Yo estoy de acuerdo absolutamente en hacerla, y creo que ella comenzó al menos públicamente el mismo 11 de marzo de 1990. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, una enorme literatura de escritores y periodistas de gran autoridad moral y científica, abogados y políticos de gran nivel, instituciones de derechos humanos han hecho un aporte encomiable y sustancial para aclarar la verdad histórica sobre lo ocurrido antes y después de la imposición de la dictadura. Durante ella, la historia que se obligó a aprender por la prensa pública y la privada parametrada -reitero: única autorizada- es la de un caos que se habría vivido en el país en los últimos 3, o 9 o 20 o 30 o 50 años, del que fuimos librados en una "gesta libertaria" que restableció el estado de derecho en Chile. Cualquier opinión contraria arriesgaba severas consecuencias.

Lamentablemente, veo que pocos avances se han producido en esta revisión. La frase citada del General Pinochet al Presidente del Senado insiste en la guerra como justificación -ni siquiera como explicación- de todo lo que el pueblo chileno ha sufrido.

Desde luego, los demócratas aceptamos el desafío y estamos llanos a entrar en la discusión. No obstante, con todo lo interesante que es una revisión histórica, creo que en nada cambiará el juicio que la unanimidad de la sociedad democrática chilena tiene respecto de lo ocurrido. Y la explicación es muy simple.

En efecto, en las presentaciones hechas en esta sala se han señalado como elementos constitutivos de ese "contexto histórico" la opción por la violencia, la ideologización, la polarización, el desorden social, la confrontación bipolar a nivel mundial, la violencia sobredimensionada, la violencia desproporcionada, la confrontación clandestina, los excesos, la existencia de "un gobierno marxista que había caído en la ilegalidad a juicio de una gran mayoría de los chilenos, incluyendo los otros poderes del Estado". Muchos pueden estar de acuerdo con todo o con parte de este diagnóstico. Al menos yo lo acepto en términos generales, aunque con precisiones importantes.

Pero aún cuando todo fuese verdad, ese contexto definitivamente no explica nada, y ello por dos órdenes de razones:

Primero, una razón jurídica. Lo que el Ministro ha denominado "contexto" y los participantes han considerado "violencia", "ideologización" e, incluso, "ilegalidad", etc. es lo que en derecho se llama en su grado mínimo "desórdenes internos" para llegar en su grado máximo al "conflicto armado sin carácter internacional", pasando por diversos grados de conflictos interiores. En todos esos conflictos hay reglas a respetar, estando prohibido para las partes contendientes, incluso en los casos más graves, entre otros, "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios"; "los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos inhumanos y degradantes"; "las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados", etc. (artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, vigentes en Chile desde 1952).

En casos menos graves, la civilización ha ido incorporando en las normas internacionales de derechos humanos preceptos similares. Así, si bien en los regímenes de excepción constitucional podría aceptarse restricciones a la libertad personal (detenciones, relegaciones, por ejemplo) y a otros derechos, están en todo caso prohibidos los atentados a la vida, la tortura, las ejecuciones sin juicio y otros. La circunstancia que Chile no fuera parte de esos instrumentos entre 1973 y 1989 en nada cambia el cuadro desde el punto de vista ético. Matar siempre es un crimen, y en realidad la prohibición expresada en términos modernos en la fórmula "nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente" no agrega mucho al bíblico "no matar".

La segunda razón es de lógica. No hay ninguna razón de causa a efecto entre el "contexto" (tal como lo han definido los que han hecho alusión a él en esta mesa) y los hechos que han horrorizado y cada día horrorizan más a los chilenos y a los extranjeros que han conocido lo ocurrido en Chile.

Me pregunto, cómo la "ideologización" o la supuesta "ilegalidad del Gobierno" que terminó sus funciones en 1973 puede explicar la masacre de la Operación Albania, ocurrida 14 años más tarde; o cómo "la opción por la violencia" (probablemente, una alusión a un Congreso del Partido Socialista en 1967) podría explicar la violación de mujeres presas en Tejas Verdes, Cuatro Alamos o Villa Grimaldi; o en qué pudo influir la "polarización ideológica" en los asesinatos de Orlando Letelier, Tucapel Jiménez, General Carlos Prats o José Manuel Parada; o cómo "la confrontación bipolar a nivel mundial" puede constituir un atentado a la seguridad nacional que justifique o explique la expulsión de Chile, por ejemplo de Jaime Castillo o José Zalaquett, o la detención del propio Zalaquett o de Pamela Pereira, ambos integrantes de esta mesa.

Tan evidente es la falta de relación entre el llamado contexto con los hechos por fin sometidos a juzgamiento por los tribunales chilenos, que no conozco un solo caso en que un inculpado o procesado haya invocado ese contexto como causal ni de exculpación ni siquiera de atenuación de su responsabilidad, produciéndose el curioso efecto que el "contexto" pretende explicar unos hechos ante la opinión pública o la prensa, pero frente al tribunal se invocan consideraciones completamente diferentes: "el hecho no existió"; "la persona se suicidó", etc., para finalmente recurrir como salvavidas a la amnistía (sólo las invocan los culpables, y no los inocentes) o a la prescripción.

Creo que, aunque el contexto no influya en nada en las responsabilidades políticas o criminales por los hechos del período militar, su estudio debe continuar haciéndose como se ha estado desarrollando desde el término de la dictadura. Los crímenes ocurridos durante ésta no fueron "inevitables" como sostuviera el asesinado Senador Jaime Guzmán, concepto con el que quiso desvestirlos de todo contenido ético o político.

Desde ese punto de vista, propongo incluir en nuestros debates dos materias que según las autoridades del régimen militar debieran formar parte del contexto y que curiosamente no aparecen mencionadas por ninguno de los asistentes:

1) Plan Z: Se planteó en los días finales del Gobierno constitucional que éste preparaba un plan de exterminio masivo de opositores, que se dio en denominar "Plan Z". Su existencia nunca fue comprobada, y -es más- nunca se hizo nada por aclararlo. A pesar de haberse realizado miles de juicios ante los llamados "Consejos de Guerra", aparentemente nunca hubo ninguno tendiente a aclarar lo que debió ser -de ser efectivo- el más grave cargo contra el Gobierno de la Unidad Popular. Es verdad que en numerosos procesos se hacían referencias tangenciales al Plan Z, como un hecho dado. En centenares de procesos aparecían panfletos, siempre los mismos, que los aprehensores afirmaban haber encontrado en los domicilios allanados. Los defendidos siempre negaron el famoso plan, y, más aún, algunos se enteraron de él en el centro de detención al ser interrogados por el Fiscal, y, desde luego, declararon que un plan tan demencial habría sido rechazado por el Gobierno y por cada declarante. Pero un juicio específico para investigar justamente la elaboración, preparación, concertación de esa locura, en mi conocimiento nunca hubo. Asistí a más de cien Consejos de Guerra, y como el tema me apasionaba, cada vez que en un proceso aparecían los cuestionados panfletos consulté con el Fiscal, con el Auditor o con el Presidente del Consejo si ese era o no el juicio contra los responsables del Plan Z Siempre se me dijo que no. Finalmente, quedé con la impresión que nunca se investigó nada, lo que mantiene mi convicción de que se trató de un montaje. Pero si de contextos hablamos, bien valdría investigar al respecto.

2) Presencia de miles de guerrilleros en Chile: Desde el inicio de la dictadura se habla en forma recurrente de la presencia de guerilleros en Chile. La cifra originalmente mencionada fue de 8.000, pero con los años se ha ido ampliando a 12.000, 13.000, 15.000, 20.000 y hasta 30.000. De donde salió la cifra es todavía un misterio y nadie ha entregado ninguna prueba más creíble que sus propios dichos.

Hay serios elementos para pensar que se hicieron sinónimos los conceptos de "extranjero" o "refugiado" con "terrorista", "subversivo" o "guerrillero" quizás con el fin de justificar el golpe militar.

Lo cierto es que el propio régimen militar dio salvoconductos para abandonar el país, según un estudio aún no concluido, a unos cuatro mil extranjeros, de los cuales al menos un 20% son menores de 15 años. Del resto, hay una importante mayoría de escritores, periodistas, abogados, intelectuales. A lo mejor muchos de ellos registraban trayectorias de izquierdas y quizás fueron refugiados de las dictaduras de sus países que llegaron al "asilo contra la opresión". Pero es ilegítima la asimilación a guerrillero, subversivo o terrorista. Sin embargo, queda una duda enorme por resolver. Aún cuando fuesen subversivos, ¿qué pasó con ellos? Si legalmente abandonaron el país los titulares de salvoconductos, y algunos otros lo hicieron clandestinamente, ¿qué pasó con el resto hasta llegar a los 15.000 o a los 30.000 ¿debemos suponer que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación debiera sumar varios miles más a la lista de muertos y desaparecidos por obra de agentes del Estado?

Creo que estos dos temas deben ser incluidos en el análisis de contexto, y ver si se trata de hechos reales, o es simplemente, otra explicación para explicar lo inexplicable.

Quiero terminar con una reflexión que me inspira la alusión que hizo el General Salgado a la historia del Ejército, casi dos veces centenaria, frase en la que entiendo incluir a las demás ramas de las Fuerzas Armadas. Mi familia no es ajena a esa historia. Un tío bisabuelo, el Capitán Antonio Garretón Silva, murió defendiendo a la Patria en la batalla de Tarapacá en 1879. Mi bisabuelo el Almirante Arturo Wilson Navarrete, siendo aún Teniente, combatió junto a Prat en la Esmeralda el 21 de mayo de 1879, cayendo prisionero. Mi tío abuelo, el Comodoro Arturo Merino Benítez es reconocido como el fundador de la Fuerza Aérea de Chile. Me siento orgulloso de ellos, así como de otros que lucieron dignamente el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas. Pero ustedes me perdonarán, no puedo imaginarlos participando en los luctuosos sucesos por el que hoy están siendo procesados algunos uniformados por un número reducidísimos de crímenes, beneficiándose de todas las reglas de un debido proceso de derecho. Un delito es un delito en cualquier contexto, o no es delito. A mi juicio, y en general es la opinión del mundo entero a fines del siglo XX, los crímenes de lesa humanidad n pueden quedar impunes. Como dijera Kofi Annan el 10 de diciembre de 1998, recordando las miles de víctimas de crímenes contra la humanidad, "en la hora de la mundialización, esperamos que se mundialice la justicia".

El carácter institucional de los hechos que hoy se juzgan en tribunales chilenos y extranjeros no absuelve las responsabilidades individuales de los hechores, como lo proclamara la sentencia del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg: "los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por los hombres, no por entidades abstractas, y sólo mediante el castigo a los individuos que cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del derecho internacional".

1.- Carta del General Pinochet, de 11 de septiembre de 1999, al Presidente del Senado señor Andrés Zaldívar.

2.- Caso conocido como "caravana de le muerte".

3.- Casos Sergio Vergara Anabalón, 16 septiembre 1973; Sergio Verdugo Herrera, 21 de julio 1976; Eduardo Sporman Santibáñez, 6 agosto 1984; Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidro Hernán Salinas Martín, 1 de julio de 1986, caso que fue presentado como "suicidio colectivo" del núcleo familiar; Marcos Quezada Yáñez, 24 de junio 1989.

4.- Tucapel Jiménez, 25 de febrero de 1982.

5.- José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago Nattino, 31 de marzo 1985.

6.- Orlando Letelier. Aunque otras veces se responsabilizó a la CIA, lo que demuestra lo absurdo del cargo.

7.- La Rinconada de Maipú, 19 de noviembre 1975; Vega Monumental de Concepción (23 de agosto de 1984); Operación Albania (15 y 16 junio de 1987); respuesta del Gobierno de Chile a las Naciones unidas en 1975, que fue acompañada de documentos falsificados por el Embajador de Chile para tratar de sustentar la afirmación; otros

8.- Regimiento Tucapel de Temuco, octubre 5 de 1973.

9.- Explicación del Gobierno de Chile a las Naciones Unidas, al que se acompañaron documentos falsificados para demostrar la justificación.

10.- Carmelo Soria, 16 de julio 1976.

11.- Dirigentes del Partido Comunista secuestrados en noviembre y diciembre de 1976. Se demostró que habían sido detenidos; que los documentos de viajes habían sido adulterados, que nunca salieron de Chile.

12.-El 18 de marzo de 1975 el Coronel Director de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, Manuel Contreras, informa a la Corte de Apelaciones de Santiago que "debo nuevamente reiterar mi posición en el sentido de que debo cumplir estrictamente las órdenes del Sr. Presidente de la República, en el sentido de informar a US., que toda información de detenidos debe ser proporcionada a los Tribunales de Justicia, cualquiera que ellos fueren, por el Sr. Ministro del Interior, o por el Servicio Nacional de Detenidos SENDET. Si las autoridades competentes le han informado no haber detenido a la persona buscada, esa es la información".

Para satisfacer al Coronel, la Corte Suprema instruyó a las Cortes de Apelaciones de abstenerse de consultarle sobre detenidos en los recursos de amparo, con expresa violación del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. (ANEXOS Nº 1)

13.- Respecto de la Central Nacional de Informaciones, el Ministro del Interior Sergio Fernández, por Circular de 25 mayo de 1978, prohibió a ese servicio dar respuestas a los tribunales en los recursos de amparo. (ANEXOS Nº 2)

14.- Lo mismo para los decretos de expulsión del país, de relegación, etc. El despropósito es obra primero del Contralor Héctor Humeres (noviembre 1973), y luego del Contralor Sergio Fernández (enero 1978), y constituye un auténtico abuso del derecho.

15.- El Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Diez Urzúa, presentó los documentos que se acompañan en el ANEXOS Nº 3, indicando que los cuerpos de las personas por las que se reclamaba habían ingresado al Instituto Médico Legal al morir en enfrentamientos, documento resultaron ser falsos. Presentó otros para tratar de demostrar que 153 detenidos nunca habían existido, para lo cual cambiaba una letra del nombre o el apellido de modo que figurase una persona inexistente (por ejemplo, para probar que Máximo Antonio Gedda Ortiz nunca existió acompañó documentos que prueban que Marco Antonio Cedda Ortiz no tiene existencia legal).

16.-Tanto la Constitución de 1925 como el Decreto Ley 3.464 que aprobó el actual texto constitucional disponen que nadie puede ser detenido, arrestado o preso "sino en su casa o en lugares públicos destinados al efecto".

17.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado, para dar la imagen de país respetuoso de los derechos humanos en 1975, pero el instrumento no se publicó en el Diario Oficial sino hasta 1989, por razones nunca aclaradas, de modo que los habitantes del país nunca pudieron invocar sus disposiciones.

18.- El General Pinochet instruyó a todos los servicios públicos, e incluso a la prensa, que toda la actividad de la DINA debía ser secreta. Esto ocurrió el 5 de enero de 1974, es decir mucho tiempo antes de su creación oficial. Militares, jueces y autoridades civiles, así como la prensa servil -única autorizada- cumplieron rigurosamente la orden. ANEXO Nº 7.

19.- Una recopilación y análisis de los Bandos de la Junta Militar y de sus delegados regionales en "Por la fuerza sin la razón", de Manuel Antonio, Carmen y Roberto Garretón Merino. Editorial Lom, septiembre 1998. ANEXO Nº 9)

20.- Caso de las Fosas Adreatinas en Roma, en 1944.

21.- Ver artículos 15 de la Convención Europea para la Salvaguardia de los derechos humanos y Libertades Fundamentales; artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

22.- El Mercurio, 10 de marzo de 1991, concepto que repitió más tarde en el Senado.