Pasé 10 años fuera de Chile durante la dictadura. Decidí volver en 1986 por afecto y amor a este país. El juicio por el asesinato de mi padre estaba sobreseído desde 1979 con la categoría de homicidio por terceros no habidos. En 1990 presenté el caso ante la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Empezó una nueva vida. No conocía las leyes, ni el mundo de la judicatura. Elegí a un buen abogado, Alfonso Insunza, la mejor decisión de mi vida. Sólo existía por y para el juicio.

Me aparté de la cotidianidad de una joven. Era como si viviera en el lado oscuro. No es fácil encontrar trabajo cuando estás catalogada como persona conflictiva. Pasé tres años con custodia permanente por amenazas de muerte. Me seguían por la calle. Un día me atacaron.

Este permanente estado de alerta modificó mi vida y la de mis tres hijos. He peleado contra las instituciones armadas y contra el Estado que me debía haber amparado.

Algunos diputados se han portado bien. Pero el conglomerado de fuerzas que forman el actual Gobierno ha entorpecido las labores de investigación. Han intentado sacar del camino las piedras que molestaban en esta transición pactada con los responsables de crímenes horribles.

La postura del Gobierno chileno es hacerle la cama al Ejército con: ‘No se preocupen, nosotros vamos a protegerlos’. El Gobierno utiliza el temor y da una importancia a Pinochet que hoy no tiene. Las condiciones actuales no son aptas para que haya un nuevo golpe de Estado. Las investigaciones judiciales realizadas en España van a provocar serios conflictos al Gobierno actual. En algún momento habrá una petición formal para que declaren los responsables de los crímenes.

Los integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Supremo chileno aplicaron la ley de amnistía y sobreseyeron el caso de mi padre. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha aceptado a trámite una demanda contra el Estado chileno por no dictar justicia. En Chile somos respetados como familia porque hemos sido honestos”.