Jamás imaginé que me iban a quemar ni siquiera cuando me echaron la gasolina por encima. Pensé: ‘Cuando llegue a casa me ducharé’. Sufrí quemaduras horrorosas en el 65% de mi cuerpo. Sigo traumatizada. Cuando mi hija de cinco años me pregunta qué fue lo que me pasó, yo le respondo que me quemé. ‘¿Cómo, mamá?’. Tengo sueños y sufro depresiones angustiosas. He necesitado dos años de psicoterapia.

Los tribunales siempre respaldaron a los militares. El informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, de febrero de 1991, no se pronunció sobre mi caso y el de Rodrigo.

El juicio penal finalizó el pasado diciembre. Tres jueces de la Corte Suprema, entre ellos el general Fernando Torres Silva, auditor general del Ejército y favorito de Pinochet, votaron por cuasi delito y otros tres por homicidio premeditado. En caso de empate, la jurisdicción chilena favorece al reo. El responsable de la patrulla militar, el teniente Pedro Fernández Dittus, pasó un año y unos meses en la cárcel. Hoy está libre y jubilado de las fuerzas armadas por problemas de salud. Tiene 44 años. En agosto de 1997, un cabo se puso en contacto con un canal de televisión para explicar lo que ocurrió aquel día. Me llamaron para participar en el programa. No se celebró la entrevista.

En el juicio civil, la juez acogió la demanda de indemnización de 350 millones de pesos (unos 100 millones de pesetas). El dinero nunca va a reparar el dolor de los últimos 11 años. Siento una gran desconfianza de la justicia y de las instituciones públicas.

Las víctimas de la dictadura hemos sido marginadas del proyecto político. Conocí a mi marido en 1990. Trabajaba en el departamento de comercio exterior del Banco de Chile desde hacía 12 años. Fue despedido a los 15 días de aparecer su nombre relacionado conmigo. Desde entonces ejerce trabajos esporádicos por debajo de su categoría laboral”.