Orlando
Letelier, ex ministro de Defensa y de Asuntos Exteriores del Gobierno de Salvador Allende,
y Ronni Karpen, esposa de su ayudante, fueron asesinados el 21 de septiembre de 1976 en
Washington mediante la explosión de un coche bomba. La justicia norteamericana
consiguió reunir pruebas concluyentes contra el general Manuel Contreras, ex jefe de la
DINA. La Corte Suprema se negó a extraditarlo. Tras la dictadura, Contreras y su
principal subordinado fueron juzgados y condenados a penas de siete y seis años
decárcel, respectivamente.
Por primera vez, responsables intelectuales de las matanzas eran encarcelados. |
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Fabiola
Letelier
68 años. Hermana de Orlando Letelier. Asesinado. Estaba atendiendo un caso de
un detenido-desaparecido cuando un compañero me avisó de que Orlando había sido
asesinado en Washington. Orlando es un símbolo de las violaciones de los derechos humanos
en Chile. Fue detenido el mismo 11 de septiembre y lo mandaron a la isla de Dawson con
otros dirigentes del Gobierno de Allende. Estuvo allí un año. Once países pidieron su
liberación. Hablaba perfectamente inglés y conocía a muchos ministros y presidentes. La
presión sobre Pinochet fue muy grande. Finalmente, el alcalde de Caracas lo llevó a
Venezuela en septiembre de 1974. Salió sin documentos, como si fuera un paquete.
De regreso a Estados Unidos se convirtió en un adversario terrible para Pinochet.
Habló ante una comisión del Senado norteamericano que estableció que la CIA había
participado en el golpe. Evitó que algunos países, como Holanda, concediesen préstamos
millonarios a Chile.
El Gobierno chileno le privó de la nacionalidad justo 20 días antes de su asesinato y
el de Ronni Karpen, el 21 de septiembre de 1976. El Departamento de Justicia destinó a la
investigación, que duró dos años, más de 100 agentes. Ya en 1978, Estados Unidos
pidió la extradición de Manuel Contreras, jefe de la DINA, y de sus principales
colaboradores. Amenazaron a Chile con cortar las relaciones diplomáticas si no entregaban
a Michael Townley, agente norteamericano a las órdenes de Contreras.
Fue entregado al FBI en abril de 1978, pero la Corte Suprema denegó las extradiciones
de los chilenos en 1979. Decidí presentarme como parte en la causa de mi hermano. Durante
10 años evitamos el sobreseimiento del caso. En 1990, ya durante el gobierno
democrático, presenté una querella en la que fundamentaba que el crimen fue planificado
en Chile y llevado a cabo en Estados Unidos. El juez de la Corte Suprema Adolfo Bañados
realizó una profunda investigación y acusó a Contreras y Espinoza.
Durante el juicio, Contreras reconoció que fue director de la DINA, a la que
pertenecían 2.000 agentes y otros 50.000 confidentes. Era una estructura muy poderosa que
dependía de Pinochet. Bañados condenó a siete y seis años a Contreras y Espinoza,
penas muy bajas teniendo en cuenta que se demostró su participación, con los agravantes
de premeditación, alevosía y utilización de la función pública. En marzo de 1995, la
Corte Suprema confirmó la sentencia por unanimidad. |