José Manuel fue asesinado porque era comunista y trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad. Creían que su pertenencia a este organismo le permitía acceder a información confidencial. El juicio concluyó en 1995. Detuvieron a siete miembros del cuerpo de carabineros. Tres de ellos fueron condenados a cadena perpetua, pero los asesinos intelectuales, los que dieron la orden, andan sueltos. Yo he disfrutado el privilegio de saber quiénes asesinaron a mi marido.

Pocas personas en este país han tenido esa suerte. No ha habido una decisión política para poner fin a la impunidad. Da vergüenza lo que ha ocurrido. Las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos se han convertido en los parias de la sociedad.

Mi padre está desaparecido desde diciembre de 1976. Fue el secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad. El oportunismo político ha impedido que se cumpliesen las promesas. Este país es cada día más antidemocrático. Hay una gran responsabilidad de los políticos de la Concertación. Han inculcado la idea de que hay que evitar las presiones a los militares para no poner en peligro la transición hacia la democracia. No puedo dejar de pensar en la gente que murió. A nadie le importa lo que pasó.

Pinochet consiguió cambiar la conducta social de Chile. Su habilidad, el continuismo político y económico y la inmovilización de los sectores populares han permitido esta situación. Mis dos hijos mayores, Javiera y Camilo, de 23 y 22 años, respectivamente, no quieren volver a Chile porque les duele mucho lo que aquí ocurre y se sienten defraudados”.