INDICE GENERAL
Indice del Capítulo I - El poder degradado - Palabras
Preliminares - Secretos de Palacio - Los amigos de Aylwin - El viaje de "Torito"
- Las primeras batallas de Aylwin - Cuánto tarda en escribir un juez - La vara con que
mides - El peso del Informe Rettig - Las rabietas de Correa - El delfín de Krauss - El
astuto Lionel Beraud - Cereceda y la querella de los membrillos - Los misterios de la
Tercera Sala - El descarriado Jordán - El corto reinado del sagaz Aburto
Indice del Capítulo II - La era Rosende - En la facultad de
Derecho - Tiempo de perpetuar - Vientos de cambio - El año de Jaime del Valle - El debut
del Decano - La disidencia judicial - Cuando el magistrado decide hacer justicia - La
visión crítica de los académicos - Las causas económicas - El apogeo del fiscal Torres
- Una crítica a la justicia militar - La "ley caramelo"
Indice del Capítulo III - De la Real Audiencia al golpe de
Estado - El queso y la balanza de la justicia - La justicia en la Colonia - Fin de la
Real Audiencia - Justicia republicana - Una "acusación constitucional" -
Politización, decadencia y corrupción - Manu militari - Décadas de olvido - La huelga
"larga" - Justicia "popular" - La Corte Suprema en la antesala del
golpe
Indice del Capítulo IV - Los ritos del poder - Un microbús
del Ejército - La rutina ceremonial - Primer Aniversario - La hora de la razzia - La
increíble historia del juez Acuña - Un curco quedó en la Historia
Indice del Capítulo V - Docudrama en cinco actos: Justicia
y Derechos humanos - Consejos de Guerra: el primer renuncio - Cinco mil recursos de amparo
- Secuestro en la cárcel - Las visitas de Eyzaguirre - Historia alucinante en Villa
México
Indice del Capítulo VI - La hora de la reforma - La obra de
Soledad - Jordán, presidente - La fuerza de la costumbre - Nueva corte, viejas prácticas
- Los pobres y los poderosos - Idea de la Justicia
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Capítulo VI
La hora de la reforma
La obra de Soledad
Está llegando la hora de la reforma. Tras un siglo de debates, fue
finalmente el gobierno de Eduardo Frei –quien paradójicamente es un ingeniero y no
un abogado–, el que logró obtener el consenso necesario para practicar reformas
profundas al Poder Judicial.
Probablemente los efectos de las modificaciones se sentirán realmente
sólo en un par de generaciones más. Aún está por verse si el uso y la tradición no le
doblarán la mano a los cambios que prevé la ley. Ciertamente, en el futuro habrá que
pulir imperfecciones. Pero nadie puede negar que la reforma es lo más cerca que se ha
llegado de una verdadera modernización de este poder del Estado, que, ahora sí,
dispondrá de herramientas suficientes para desempeñarse como tal.
Importante parte del proceso es el recambio en la Corte Suprema. Como
dijo el ministro Osvaldo Faúndez con voz quejumbrosa, el día que el máximo tribunal
decidió traspasar a la justicia ordinaria el llamado caso de la "Operación
Albania": "Esta es otra Corte Suprema".
Los factores que contribuyeron a que esto fuera posible son muchos,
pero pueden mencionarse al menos tres:
Primero, la personalidad de la ministra de Justicia Soledad Alvear. La
abogada, militante decé, llegó a la cartera sin que nadie apostara mucho por ella. Los
ministros de la Corte Suprema y muchos dirigentes de la Concertación la recibieron con
reservas porque era mujer, una abogada civilista con escasa presencia como litigadora en
los pasillos de la corte, reconocible sobre todo por ser la esposa de un político
importante.
Su nombramiento fue interpretado por algunos como reflejo de la poca
importancia que Frei le otorgaba al Ministerio de Justicia, pues el nuevo mandatario no
estaba empeñado en hacer de los derechos humanos un tema central de su gobierno, ni
tenía la intención de enfrentarse con ese poder del Estado.
Sin embargo, a poco andar se demostró que Soledad Alvear no había
llegado a las oficinas de calle Morandé sólo para dedicarse a firmar oficios y dedicar
el resto de su tiempo al bordado.
Bien asesorada por académicos que venían estudiando el tema de la
reforma judicial desde hacía tiempo, tomó la decisión de convertirse en impulsora del
cambio. A los antiguos temas de discusión, agregó otros emergentes y de amplia
aceptación, como la violencia intrafamilar y la protección de los menores.
Ella logró lo que no se pensaba que un gobierno de la Concertación
podría hacer. Sus herramientas no fueron el duro enfrentamiento, ni el debate estéril.
Su labor con los ministros de la Corte Suprema fue más bien una campaña de seducción,
incorporándolos, entre otras movidas, a los ritos del poder.
Las simples invitaciones, por ejemplo, al presidente de la Corte
–en sus comienzos, Marcos Aburto– a participar junto al resto de las autoridades
de la Nación en una ceremonia oficial cualquiera o a viajar en la comitiva presidencial
en algunas de la tantas giras de Frei, hicieron por ella lo que la fuerza de la razón no
hizo por Cumplido.
Al asumir su puesto, ella dijo que haría la reforma "con" la
Corte Suprema y no "contra" ella. El nuevo contingente de siete integrantes
designados por Aylwin y la cooptación de otros nombrados por Pinochet –como Roberto
Dávila y Hernán Alvarez– aportaron lo suyo.
El segundo elemento, sin el cual el primero no habría sido posible,
fue el respaldo del diario El Mercurio. Como se ha señalado ya en estas páginas, lo que
el influyente matutino ha dicho sobre el Poder Judicial ha influido en todas las épocas
en el destino de ese poder del Estado. Soy de los periodistas que recuerda que en los
tribunales había magistrados para quienes diarios como La Epoca, simplemente no
existían; sólo contaba El Mercurio, y lo que éste dijera o dejara de decir, era para
ellos esencial.
El matutino, hay que reconocerlo, impulsaba algunos cambios ya desde el
régimen militar, pero se trataba de reformas mínimas, que no tocaban la cabeza de este
poder del Estado: la Corte Suprema. Ésta, en efecto, fue siempre defendida por el diario,
en consonancia con las antiguas autoridades del régimen militar, con el argumento, frente
a los ataques opositores, del necesario respeto a su independencia y autonomía, postura
que mantuvo incluso durante la acusación constitucional contra Hernán Cereceda Bravo.
El cambio se produjo tras el secuestro de Cristián Edwards, que puso a
su padre, el influyente dueño del periódico, en las manos del Poder Judicial real. Buen
conocedor de otros sistemas, como el estadounidense, Agustín Edwards se sumó sin
reservas a las voces que se alzaban clamando por la reforma. Y como consecuencia del
plagio, creó la Fundación Paz Ciudadana, conducida por una mujer, Pía Figueroa. El
énfasis principal fue producir las reformas necesarias para asegurar el castigo de los
delitos, detener la criminalidad y, en resumen, favorecer un clima de tranquilidad
ciudadana que permita el libre desarrollo económico. El aumento de las penas y las
limitaciones al otorgamiento de la libertad provisional, por ejemplo, han sido temas
centrales para esta organización.
En otro extremo aparece operando un elemento que permitió aunar
voluntades: grupos de académicos concentrados en el Centro de Promoción Universitaria y
en la Universidad Diego Portales, que promovían cambios para asegurar el respeto a los
derechos de los procesados, impotentes frente al poder inquisitivo del sistema judicial
chileno; y dotar a la Corte Suprema de los hombres y facultades necesarias para que se
comportara como un verdadero poder del Estado, capaz de controlar los excesos del
Ejecutivo y de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Uno y otro objetivo confluían en la necesidad de hacer unos mismos
cambios. La Fundación atrajo a los especialistas de la Diego Portales. Soledad Alvear
integró a la Fundación y al CPU como parte de sus organismos asesores.
Fue así como se produjo el consenso.
En 1997, el año en que la ministra logró la aprobación de la
mayoría de las reformas planteadas por el Ejecutivo, El Mercurio escribió un editorial
que puede calificarse de revolucionario, porque llamaba a derribar la vieja
institucionalidad judicial:
"La profunda desadaptación del sistema judicial a las
características actuales de la sociedad chilena parece estar haciéndose evidente a un
grado quizás incómodo, pero que no se puede soslayar. La sorprendente estabilidad
institucional que esta potestad normativa exhibe a lo largo de la historia dejó hace
mucho tiempo de ser un rasgo positivo que, en general, aquélla representa para las
organizaciones. Por el contrario, y no obstante las causas y responsabilidades históricas
que explican este fenómeno, la inercia y retraimiento en que se ha sumido la judicatura
arriesgan el peligro de acentuar las disfunciones del Estado. Hace más de un siglo que
Andrés Bello advertía sobre este riesgo, e indicaba que respecto de los tribunales
urgía, ‘usar el hacha’ a fin de adecuarlos funcional e institucionalmente a la
marcha de la sociedad.
"(…) El retraimiento corporativo, la obsesión porque sus
deficiencias sólo se deben a un problema de recursos y el pretexto de que la solución de
su crisis es una responsabilidad ajena sólo contribuyen a que la metáfora de Bello cobre
urgente actualidad" 1.
Un tercer factor muy importante –en el que confluyeron las
voluntades del Ejecutivo, Paz Ciudadana y los fondos estadounidenses que patrocinaban los
proyectos del CPU– fueron los requerimientos de los inversionistas extranjeros. La
Corte Suprema, así como estaba a comienzos de los ´90, era incapaz de otorgar
certidumbre jurídica a nadie, pues sus fallos variaban de sala a sala, de ministro a
ministro. Incluso un mismo magistrado podía opinar un día "A" y al siguiente
"B", sin expresión de fundamento. Además, el Poder Judicial como tal era
incapaz, salvo excepciones, de analizar y resolver con alguna solvencia los conflictos
económicos que se ponían en su conocimiento.
Los grandes conglomerados favorecieron la vía del arbitraje (jueces
pagados por las partes), pero, por más que renunciaran de antemano, como ocurrió en
muchos casos, a recurrir a la Corte Suprema en última instancia, necesitaban de la
opinión del tribunal superior de Chile.
Los empresarios hicieron en verdad por los cambios lo que no lograron
hacer años de crítica por la actitud del Poder Judicial frente al tema de los derechos
humanos.
Al fondo del escenario aparecían los ciudadanos, quejándose de la
falta de atención y de la incomprensión de la Justicia por sus problemas; por algo en
cada encuesta de opinión ubicaban al Poder Judicial como la menos respetada de las
instituciones públicas.
La sospecha de la corrupción en el máximo tribunal terminó por
convencer a los más recalcitrantes opositores de la reforma. Entre ellos, antiguos
partidarios del régimen militar que veían como los jueces suyos se acomodaban a las
nuevas circunstancias, traicionando lealtades que se creían eternas.
Por lo demás, los tribunales habían ya decretado amnistías o
traspasado a la justicia militar la mayor parte de los juicios por los derechos humanos y
Frei no parecía interesado en modificar esa realidad.
En resumen: Soledad Alvear logró así, desde el inicio de la nueva
administración, que se terminara la tramitación de proyectos iniciados bajo el gobierno
de Patricio Aylwin; patrocinó y consiguió la aprobación de otros que ella había
resucitado, y produjo el milagro que parecía un sueño imposible a comienzos de los
’90: la reforma del proceso penal, que dejará de ser escrito para transformarse,
como en todos los países modernos, en oral, y la creación del Ministerio Público, que
separará la función del investigador de la de quien juzga.
Hacia 1998, la secretaria de Estado había conseguido la aprobación
para limitar el recurso de queja y favorecer el de casación; crear un departamento de
recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, una Comisión de
Control Etico en la Corte Suprema para recibir denuncias e iniciar procesos
administrativos; transformar las corporaciones de asistencia judicial en Defensoría
Pública; crear los tribunales de familia, y modernizar el sistema penitenciario.
La ministra consiguió también una profunda reforma de la Corte
Suprema (acicateada en especial por el caso Jordán): se aumentó el número de sus
integrantes, se permitió el ingreso de abogados externos al cargo de ministro, se
especializaron las salas, y lo que tal vez es más importante, un recambio casi total de
sus miembros. Se abandonó una disposición transitoria de la Constitución y se puso como
límite para ejercer la función, la edad de 75 años.
El proceso no ha sido fácil.
El gobierno de Frei ha enfrentado, en el ámbito de la Justicia, por lo
menos cuatro desafíos importantes, que siembran dudas sobre la real efectividad de las
reformas conquistadas: La acusación contra Servando Jordán; la actuación del aparato
judicial en el caso de Colonia Dignidad; la pervivencia de algunas viejas prácticas
viciadas, y notorias deficiencias en el sistema de nombramientos.
Jordán, presidente
Recuerdo el día en que se hizo el sorteo de la sala que atendería las
apelaciones a la sentencia en el caso Letelier. Servando Jordán estaba de presidente
subrogante y quiso hacer un gesto de transparencia, aceptando la petición de los
querellantes para que el sorteo fuera público. Los abogados de las partes y los
periodistas nos congregamos en el amplio despacho del presidente. El secretario de la
Corte, Carlos Meneses puso unos papelitos con los números de las salas (de la primera a
la cuarta) en una bolsita de terciopelo rojo, como las que se usan para las colectas.
Se había decidido que la sala escogida estaría compuesta sólo por
ministros titulares.
El azar definiría. Los dos primeros números se fueron "al
agua". Fabiola Letelier, la escogida para sacar el tercero, metió la mano a la
bolsita y tomó un papelito. Carlos Meneses leyó en voz alta: la cuarta sala. Desconozco
los pensamientos que pasaron por la cabeza de Jordán, pero recuerdo con nitidez la cara
que puso. Estaba pálido, descompuesto. La Cuarta Sala era la suya y, por añadidura, la
presidía. No tenía escapatoria. Tarde o temprano tendría que participar en esa
decisión y tal vez presentía que eso, para bien o para mal, iba a cambiar su futuro.
En 1995 llegó su hora. En la intimidad de su conciencia están
registradas las presiones que debe haber recibido. En el juicio por el asesinato de
Letelier optó por condenar. Cuando se conoció el fallo, un alto oficial del Ejército
habló de traición, apuntando a Jordán.
Pero, aunque se ganó enemigos en el bando que antes lo apoyaba, el
gesto le permitió acercarse a los políticos de la Concertación, y cuando finalmente
Contreras y su subalterno, el brigadier Pedro Espinoza, fueron recluidos en el penal de
Punta Peuco, se sintió seguro. Se acercaba 1996, Marcos Aburto dejaría la presidencia y
Jordán planeaba reemplazarlo. Sabía de las reservas que algunos de sus camaradas tenían
en su contra. Tendría que hacer campaña. Pero si sus colegas respetaban la tradición,
lo nombrarían a él.
Necesitaba vencer vetos que todavía pesaban sobre su persona, por sus
antecedentes personales y porque, después de todo, había llegado a la Corte gracias al
nombramiento de AugustoPinochet. Gracias al fallo, sin embargo, encontró un aliado en el
ex ministro del Interior Enrique Krauss. Por otra parte, su amigo, el ministro Luis Correa
Bulo, lo promovió entre los políticos de la Concertación y en el interior de la Corte.
El mensaje era que Jordán, un incomprendido de su tiempo, era la mejor opción. Los otros
candidatos eran malos oponentes: Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez, quienes, aparte de ser
menos antiguos, eran pinochetistas y antirreformistas.
Jordán había condenado a Contreras y sería un partidario de las
reformas, eran parte de los argumentos a su favor.
También lo respaldaba la tradición. Si los ministros,
independientemente de sus creencias políticas, seguían apoyando al más antiguo para la
presidencia, aseguraban la rotación y su lugar en la lista para ocupar algún día ese
puesto.
Entre los abogados, algunas firmas influyentes lo patrocinaron. Entre
ellos, Darío Calderón, el dueño de la cadena de multitiendas Hites, que organizó
comidas para difundir el mismo slogan: Jordán es el mejor posible.
La contienda se presagiaba difícil. Los ministros de la Corte sabían
que Jordán no era la persona indicada para asumir el cargo. Para algunos que lo conocían
bien, reformistas o no, escogerlo significaba pasar por alto demasiadas circunstancias. Su
figura arriesgaría el decoro que debe exigírsele al presidente del máximo tribunal. Los
ponía en cuestionamiento a todos. Marcos Libedinsky, Hernán Alvarezy Mario Garrido, se
oponían con firmeza.
Para otros, no quedaba más que cerrar los ojos y votar por él. Un
Zurita o un Faúndez entorpecería el proceso de cambios en el sistema judicial, ya por
demasiado tiempo postergado. Con un poco de presión, Jordán sabría comportarse.
Sólo unos pocos, como Correa Bulo, lo apoyaron con sincero entusiasmo
y devoción.
Llegó el día de la votación. Por primera vez, en vez de expresar su
voluntad a mano alzada, los magistrados concordaron en realizar la votación con un
sistema de cédula para garantizar el secreto de su pronunciamiento.
El primer resultado fue: Zurita, ocho votos; Jordán, siete; Faúndez,
uno. Ganaba Zurita, pero sin la mayoría más uno que necesitaba. En segunda vuelta, el
voto de Faúndez se sumó a Jordán y alguien de los que respaldaba a Zurita cambió de
opinión. El nuevo resultado fue: Jordán, nueve; Zurita, siete.
La división y la amplia resistencia a Jordán en esta elección fue la
prueba de que los propios ministros de la Suprema, aunque callaran, conocían mejor su
comportamiento que lo que el más informado de los abogados pudiera presumir.
Para algunos de fuera de la Corte, la elección de Jordán, en enero de
1996, fue la constatación más dramática de la degradación del Poder Judicial. Jordán
conduciría la institución designada para hacer justicia, pese a la certeza que tenían
algunos de sus pares y funcionarios de los dos gobiernos de la Concertación de que el
magistrado llevaba una vida personal y como magistrado "absolutamente impropia"
2. En un gesto absolutamente insólito, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio
Urrejola, comentó que era "lamentable" el resultado de la elección.
A Jordán nada parecía importarle. Asumió su nuevo cargo y se
convirtió en un hombre nuevo; llegaba temprano; se iba tarde; moderó su comportamiento,
especialmente en el consumo del alcohol. Y comenzó una campaña agresiva en defensa de su
ministerio.
Al parecer no se daba cuenta de lo débil que era su posición.
Después de inaugurar el año judicial, en marzo de 1997, El Mercurio
publicó un artículo criticando su mensaje. El matutino recordaba que un año antes por
nueve votos contra ocho, la Corte Suprema había respaldado un paquete de reformas
enviados por Soledad Alvear al Congreso, y que Jordán no se había referido a ello en su
discurso. Tampoco había recordado las presiones ejercidas en contra de algunos jueces,
como Alfredo Pfeiffer, por la investigación del asesinato del senador Jaime Guzmán; o
Roberto Contreras, en el caso del presunto tráfico de drogas; o los ministros que
amnistiaron el caso Soria, con la consecuente presentación de una acusación
constitucional en su contra.
El Mercurio citaba la opinión de un militar, el auditor general del
Ejército, Fernando Torres, lamentado las omisiones y afirmando que "las presiones,
especialmente de sectores políticos, fueron constantes en 1996" 3.
El 8 de marzo apareció en las páginas del matutino una carta
aclaratoria de Servando Jordán, protestando por la forma en que se había tratado su
mensaje. Era una larga comunicación, excesiva por su insistencia en aclarar una cita
suya, irrelevante dentro del contexto. Veía mala fe en la forma en que se había tomado
la frase en que sostenía que "los magistrados no son seres impregnados de santidad
que administran justicia, en la soledad de las alturas" 4.
Un mes después, el 9 de abril, Jordán volvió a escribir al diario.
Se quejaba por detalles, imprecisiones que, a su modo de ver, contenía un artículo.
Tratándose de El Mercurio, se fijaba hasta en los signos de puntuación.
Dentro del tribunal, Jordán se sentía más cómodo. En marzo de 1997,
por 16 votos contra uno, sus pares lo eligieron para integrar el Tribunal Constitucional.
Lo interpretó como una señal de respaldo. Y lo apreció, además, porque le permitía
aumentar significativamente sus ingresos.
Algunas crónicas periodísticas aparecidas a mediados del año, en que
se abundaba sobre sus ingresos y sus propiedades, no lo inquietaron mayormente.
Sus verdaderos problemas comenzaron con el proceso por lavado de dinero
iniciado por el CDE en contra de Mario Silva Leiva. El juicio se extendió más tarde,
como se sabe, a dos actuarios que habían otorgado la libertad a la procesada por
falsificación de pasaporte en la misma causa, Rita Romero, y al fiscal de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica. Este había intentado intervenir en favor
de la libertad de uno de los encausados, por encargo del "Cabro Carrera".
Olvidándose de que el mundo lo observaba y en un acto temerario
dictado por un exceso de confianza en sí mismo, Jordán absolvió públicamente al fiscal
y a los funcionarios, interrogó a éstos irregularmente, pasando por sobre la jueza que
tramitaba el proceso, y demostró conocer los antecedentes de un sumario que se suponía
secreto.
No se había dado cuenta el ministro que 1997 era un año de críticas
al Poder Judicial y a la Corte Suprema, y que éstas provenían de un sector antes ajeno a
ellas: la Derecha.
En medio de la crisis se fue de vacaciones. Los ministros Luis Correa y
Eleodoro Ortiz fueron a su casa en el Melocotón para convencerlo de que reasumiera, pues
la UDI estaba planteando que siguiera vacacionando hasta que el caso del "Cabro
Carrera" se aclarara completamente.
En una discreta mesa del bar del Hotel Carrera, su eterno enemigo, el
ex ministro Hernán Cereceda Bravo, se reunía con el auditor Torres para conversar sobre
el tema.
El gobierno tomó una posición pública distante del problema, pero
encargó al ministro del Interior, Carlos Figueroa, que gestionara su renuncia antes de
que la sangre llegara al río. No tuvo éxito.
La ministra Soledad Alvear fue recibida por un pleno del más alto
tribunal, convocado especialmente a petición del Presidente Frei para tratar la
"crisis" por la que estaba atravesando ese poder del Estado. Los magistrados
oyeron a la ministra con el recogimiento de alumnos bien portados, atentos a las palabras
de la profesora jefe.
Al terminar la sesión, dieciséis de los diecisiete ministros firmaron
una declaración acogiendo buena parte de sus propuestas, pero exponiendo que muchas de
las quejas "resultan injustas, porque existen deficiencias evidentes, recargos
excesivos de causas, insuficiente número de tribunales, falta de personal y bajos
recursos presupuestarios". Parecía la postura simple de años anteriores:
necesitamos más recursos, más tribunales.
La Corte acogió la idea de crear una Comisión de Control Etico,
aunque en el futuro debería decidir si extender sus facultades hacia la supervisión de
los propios ministros de la Corte Suprema, y emitió instrucciones para que se terminara
con los alegatos de pasillo en todos los niveles. Por supuesto, también debería
colaborar el Colegio de Abogados con instrucciones a sus asociados para que se abstuvieran
de pedir audiencias destinadas a argumentar en favor de sus clientes.
La ministra se quejó más tarde por la respuesta "claramente
insuficiente" del máximo tribunal y dijo que insistiría en propuestas desechadas
por éste.
Finalmente, las quejas del CDE en contra de Jordán, por sus
intervenciones en el caso del "cabro Carrera", desembocaron en una acusación
constitucional patrocinada por el diputado de la UDI, Carlos Bombal.
Jordán reaccionó de mala manera: replicó con una amenaza encubierta
de hacer públicos antecedentes que decía tener en contra del diputado. En la discusión
posterior, resurgieron las dudas sobre su actuación en el caso de la liberación del
narcotraficante Luis Correa Ramírez, y el libelo llegó finalmente al Congreso, asumiendo
Jordán personalmente su defensa.
Sus argumentos ante la Cámara fueron, entre otros, que al pedir datos
sobre los procesos de Mario Silva Leiva, actuó de acuerdo con sus facultades y que no
podía juzgárselo por su fallo en la causa del colombiano Luis Correra Ramírez, pues el
Parlamento no tiene atribuciones para revisar las resoluciones judiciales. Como en el caso
de Hernan Cereceda Bravo, uno de los ex abogados de Colonia Dignidad, Fidel Reyes en este
caso, lo ayudó con la defensa.
En su comparecencia como testigo, la presidenta del Consejo de Defensa
del Estado, Clara Szczaranski, reveló que la agencia para el control de estupefacientes
de Estados Unidos (la DEA) le había manifestado su preocupación por la conducta de
Jordán en relación con el narcotráfico, pero que el CDE no había podido verificar la
información aportada por esa agencia.
El ministro Osvaldo Faúndez, que había sido su competidor en las
elecciones a la presidencia, defendió a Jordán con un golpe bajo. Dijo que si se le iba
a juzgar por su conducta en el caso del narcotraficante colombiano, debía enjuiciarse
también al Presidente de la República, quien otorgó el indulto a otro procesado en el
mismo caso, el contador Luis Vargas Parga.
No se han olvidado las largas semanas que llevó el debate, ni el
empate que finalmente se produjo, con lo que la acusación se consideró rechazada.
Tampoco se ha olvidado la abstención del entonces diputado y presidente del Partido
Socialista, Camilo Escalona, que definió el resultado. Fundamentó su voto diciendo que
la acusación era simplemente una revancha que se tomaba la Derecha contra Jordán por
haber éste contribuido a condenar al general Manuel Contreras.
Jordán se salvó, pero quedó agotado. En vez de acoger la sugerencia
de renunciar, que le habían dado funcionarios del gobierno y más de algún amigo, se
desgastó en su autodefensa.
Quedó seriamente resentido. La demostración más evidente fue la
querella que interpuso contra los periodistas Rafael Gumucio y Paula Coddou, por algunos
textos humorísticos aparecidos en un artículo de corte más bien frívolo en la revista
Cosas. Pidió la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Otro tanto hizo, más
recientemente, contra los periodistas José Ale y Fernando Paulsen, director de La Tercera
hasta fines de 1998. Jordán ha reaccionado como un león herido, descargando sobre la
prensa todas sus furias acumuladas.
En la intimidad de la Corte, las emprendió contra los ministros que no
lo apoyaron o que simplemente tomaron distancia durante la acusación constitucional.
Al parecer, ya no le importa lo que pueda decirse u ocurrir. Ha vuelto
a reincidir en algunas de sus antiguas malas prácticas: llegar tarde, desaparecer de
cuando en cuando... No apoya la idea de que la Comisión de Control Etico supervise
también a la Corte Suprema. En esto lo acompaña su amigo, Luis Correa, quien se ubicó,
hasta antes de su enfermedad, en una posición lejana a las propuestas de reforma que
impulsaba al comenzar los ’90.
Es un hecho notorio, que el peso de ambos en la Corte Suprema es cada
vez menor.
La fuerza de la costumbre
La Corte Suprema chilena es hoy mucho más diversa de lo que fue en el
pasado. La renovación del más alto tribunal ha traído magistrados de distintas
opiniones políticas y profesión de credos.
Históricamente los nombramientos de ministros de la Corte Suprema se
hicieron con criterio político. Durante los gobiernos democráticos, las principales
tendencias se alternaban para cubrir las vacancias. Si se escogía a uno de izquierda, en
el caso siguiente le tocaba a uno de derecha. Si el nombrado era católico, venía luego
uno masón.
Bajo el gobierno militar, como corresponde a un sistema unipartidario,
el criterio se restringió rigurosamente a la elección sólo de personas que se estimaban
incondicionales.
Durante Aylwin, el Presidente trató de promover a los jueces
meritorios que habían estado postergados y que se caracterizaron por fallos favorables a
los derechos humanos.
Mérito y apoyo a las reformas, fue el criterio de Frei. Pero surgió
un hecho nuevo: la intervención del Senado en las designaciones. Fue el producto de la
cruzada de Soledad Alvear por obtener las reformas a la Corte Suprema, empeño en el cual
tuvo que aceptar una propuesta de Renovación Nacional que incorporaba al Senado en la
ratificación de las propuestas del Ejecutivo.
El quorum que se negoció –dos tercios– le dio a la Cámara
Alta virtualmente el poder de veto sobre las decisiones del Presidente.
El nuevo sistema de designaciones funcionó bien en los primeros casos,
cuando las propuestas del Presidente comprendían dos nombres, lo que permitía acudir al
cómodo cuoteo: uno para la Derecha, otro para la Concertación. Pero tropezó con
dificultades cuando se trató de cubrir una sola vacante. Hasta ahí no más llegó el
consenso. El Senado no dio el pase para ratificar el nombramiento de Milton Juica, a quien
la Derecha no le perdona haber tratado de implicar al ex director de Carabineros y hoy
senador Rodolfo Stange en la investigación sobre el caso degollados.
Ahora habrá que "reformar la reforma", opina el ex ministro
de Justicia, Francisco Cumplido. "Cuando se establece que hay que llegar a acuerdo en
la designación de ministros (con los dos tercios del Senado), es inevitable que se haga
una valoración política de los magistrados" 5.
En la base del Poder Judicial, una respetada jueza, Dobra Luksic,
afirma que los jueces no estaban de acuerdo con la participación del Senado. El caso
Juica "hizo más patente algo que nosotros habíamos advertido: se corre el riesgo de
que los jueces pierdan su independencia; que no se atrevan a tomar decisiones que puedan
comprometer instituciones o personajes de cierta connotación, porque están mutilándose.
Fue una triste experiencia la del ministro Juica y a nosotros nos pareció que el sistema
había fracasado, aunque se reivindicó con los nombramientos de los ministros Domingo
Yurac Soto y Rafael Huerta" 6.
La pregunta que muchos se hacen ahora es qué pasará en el futuro. Los
ministros que se atrevan a procesar a alguna autoridad del Estado tendrán que pagar con
la postergación.
Los funcionarios medios, los que no quiebran huevos, tendrán más
posibilidades de ascender que los díscolos e irreverentes como Carlos Cerda Fernandez.
Cuando el nombramiento recae en la mano de la discreción de las
autoridades del Estado es inevitable el juego de las negociaciones políticas. También
participan, a espaldas de los ciudadanos, otros sectores de influencia. Un grupo de
abogados católicos, por ejemplo, se quejó ante la ministra Alvear porque había mucho
masón entre los nuevos escogidos. Según ellos, la "aspiración masónica" es
apoderarse de la judicatura. Consideran parte de este grupo a los ministros Benquis,
Alvarez, Ortiz y Carrasco. A RobertoDávila, electo con su apoyo, lo tienen en la mira.
En países como Estados Unidos, son simplemente los ciudadanos los que
deciden votando por sus jueces en elecciones directas. Otros tienen organismos como el
fenecido Consejo Superior de la Magistratura que está conformado por representantes de
las principales instituciones del Estado y reparte en mayor número de cabezas esta
decisión.
Más allá de las comparaciones posibles, es evidente que el sistema
chileno no ha llegado a su perfección en este campo.
Como quiera que sea, los nuevos ministros y las reformas aprobadas bajo
el gobierno de Eduardo Frei dan esperanzas de un Poder Judicial mejor, más asequible,
humano, valiente y decidido que en el pasado. Un verdadero Poder del Estado.
La sola calidad humana, ética y académica de sus nuevos integrantes
marca una gran diferencia con el pasado.
Los ministros que dieron el respaldo a Roberto Dávila, electo como
nuevo presidente el 5 de enero de 1998, rompieron por primera vez la costumbre de nombrar
al más viejo.
Dávila se comprometió ante sus electores (ocho, en contra de cinco
que votaron por el más antiguo, Osvaldo Faúndezo) a apoyar las reformas al Poder
Judicial. Su "base" se siente ajena a la vieja corte y no está dispuesta a
ponerse el sayo por actos que no cometieron. Especialmente, en los casos de los derechos
humanos.
La nueva Corte está preocupada de mejorar la imagen pública y se han
establecido normas de control ético bastante severas hacia el interior. Están pasando la
escoba. Pero, al mismo tiempo, están decididos a defenderse de las críticas infundadas.
El que dispare a la bandada se arriesga a sufrir acciones penales.
Están discutiendo cuál va a ser el papel y atribuciones del Consejo
de Control Etico. ¿Tendrá facultades disciplinarias? Si sus integrantes son ministros de
la Corte Suprema, ¿podrán fiscalizar a sus pares? Algunos procuran que sean llamados a
integrarlo ex ministros de gran prestigio, pero todavía (al momento de finalizar este
capítulo) no hay acuerdo.
Las reformas traen esperanza, pero la cultura no cambia de un día para
otro. Aún el peso de prácticas históricas amenaza con torcer el espíritu de las leyes.
Ocurrió, por ejemplo, con el caso de una simple norma aprobada durante
el gobierno de Patricio Aylwin que disponía que la "relación" de los recursos
y apelaciones interpuestos ante las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema serían
públicas. Es decir, que en el momento en que el relator narrara los hechos a los
magistrados, los abogados de las partes podrían estar presentes y hacer sus comentarios.
El público también podría entrar.
Ha sucedido en la práctica, sin embargo, que por la fuerza de la
costumbre, cada vez que un abogado pide la relación pública, los magistrados solicitan
al relator que primero haga una exposición privada y luego la pública. Eso sin contar el
hecho de que las peticiones de los profesionales exigiendo este derecho no son siempre
bien recibidas y algunos se abstienen de formularla para no arriesgar un resultado
desfavorable a su cliente.
Algo similar ha sucedido con la modificación al recurso de queja. A la
Corte Suprema le ha costado entender que éste quedó como un recurso extraordinario,
destinado a corregir los abusos que puedan cometer sus subalternos y que, en caso de
aprobarse, deriva lógicamente en una sanción contra el recurrido. Es cierto que han
aumentado los números de casaciones acogidas –el recurso propio de la Corte
Suprema–, pero no han disminuido los de queja, ni el uso que se les da para modificar
resoluciones judiciales antes que para sancionar un abuso.
Un tercer caso es el horario de funcionamiento. La Corte Suprema
aceptó extender el horario de los tribunales inferiores, pero sigue oponiéndose a
aumentar las horas de trabajo en el segundo piso del Palacio de Tribunales.
Teóricamente, el tiempo libre lo ocupan los magistrados en
"estudiar" los asuntos que tienen bajo su conocimiento, pero el hecho es que
muchos lo destinan a dar clases en las universidades y es discutible si un magistrado del
más alto tribunal de la nación deba estar corriendo a las aulas dos o tres veces por
semana y corrigiendo pruebas en sus horas libres.
En su favor hay que decir que, al menos, determinaron que una sala debe
trabajar de turno en febrero, como ya ocurría en el resto del Poder Judicial.
El sistema de calificaciones (con notas de 1 a 7) tampoco ha resultado
de la manera que esperaban los propios magistrados que impulsaron el sistema. No pocos se
han sentido agraviados por calificaciones que, aunque siguen un patrón teóricamente
objetivo, todavía permiten la arbitrariedad. Un superior poco ético aún puede usar la
herramienta para estropear evaluaciones de magistrados que no sean de su agrado. O, más
comúnmente, uno que desconozca la trayectoria de sus subalternos.
Nueva Corte, viejas prácticas
Una demostración de que las reformas por sí solas no resuelven los
problemas y que mucho depende de la calidad de los magistrados, es lo ocurrido con el
ministro Germán Valenzuela Erazo, mientras se tramitaba la acusación contra Jordán.
Este es el caso.
Valenzuela se casó con Darioleta Gutiérrez Mora en 1964, bajo el
régimen de separación de bienes, cuando ella tenía 25 años y él ya andaba por los 50.
Tiempo después, el matrimonio se separó y, aunque nunca se anuló, vivían aparte.
Poco antes de morir, "Tita" Gutiérrez, que ya nada quería
saber de su ex marido, donó todos sus bienes a la Asociación de Padres de Espásticos
(Aspec). Conocía los efectos del mal por un matrimonio amigo que tenía una hija que lo
sufría. Ella misma, por años, participó en las actividades de la organización, a la
que prometió construir una sede, con la única condición de que la entidad le pusiera el
nombre de su madre.
Cuando Darioleta, aquejada por una enfermedad al corazón, supo que su
momento de morir estaba cerca, redactó el testamento. Si no lo hacía, sus bienes irían
a dar a manos de su esposo. En el documento, donó a la Aspec sus dos casas en Temuco, un
departamento en la calle San Martín en Santiago, el departamento en que vivía sola,
acompañada por su empleada, y sus ahorros en dos bancos.
La mujer no tenía obligación de consultar a su esposo pues los bienes
le pertenecían por ley y no había hijos a quienes dejar la herencia.
En el testamento ella pidió ser sepultada en el Parque del Recuerdo
junto a dos espásticos que no tuvieran recursos para pagar una sepultura. Además, dejó
establecido que a su esposo sólo se le devolvieran los únicos tres bienes que él le
regaló cuando vivían juntos: un ventilador, un collar y un florero.
Valenzuela, al enterarse del testamento, interpuso una demanda en el
30° Juzgado Civil reclamando la posesión efectiva, antes de que la Aspec pudiera hacerlo
válido. El tribunal le dio la razón en tiempo récord.
Cuando estos hechos aparecieron publicados en La Epoca y en El
Mercurio, Valenzuela Erazo, respondió amenazando con presentar querellas por injurias. Se
defendió diciendo que tras el fallecimiento de su esposa, dos hermanas de ella y el
magistrado solicitaron la posesión efectiva en su calidad de "herederos
legítimos", y que posteriormente fueron demandados por la Aspec en virtud de un
testamento al que no le reconoce validez legal.
En sus cartas a los medios, Valenzuela acusó a la institución de
haber "conseguido un testamento de una persona absolutamente inhabilitada para
testar, muy gravemente enferma, cada día acercándose a la muerte: cada día recibía
menos oxígeno; y además, por este motivo, sus facultades intelectuales no estaban sanas.
Motivos de salud y de ética, repugnan cualquier testamento en esa situación
angustiosa".
Las conclusiones médicas del magistrado son, no obstante, bastante
dudosas pues su esposa sufría del corazón, no de la cabeza y, al morir, estaba todavía
bastante joven.
Que vivían separados, dice Valenzuela, era sólo obra de las
circunstancias, pues "mi señora" poseía un "departamento nuevo,
confortable, con un dormitorio en suite y walking-closet, con una hermosa vista
panorámica a la cordillera" que no había sido posible arrendar cuando vivían
juntos.
"Mi señora estaba muy grave y desahuciada, apenas recibía
oxígeno, se encontraba muy alterada y presentía su muerte. Me manifestó su deseo de que
nos fuéramos a vivir a dicho departamento. Yo le acepté, pero no se hizo un traslado
total, tanto porque yo sabía que su muerte se aproximaba, como porque yo tenía y tengo
en nuestra casa mi biblioteca con todas las obras jurídicas que uso para apoyar el
estudio de proceso" 7.
Flor de marido es alguien que admite que su mujer se vaya a vivir sola
porque "sabía que su muerte se aproximaba". La explicación no puede ser peor
como excusa.
Cuando terminamos este libro, la Aspec todavía estaba luchando por
lograr que se cumpliera la voluntad de Darioleta Gutiérrez Mora.
Germán Valenzuela Erazo tuvo que abandonar la Corte Suprema al cumplir
75 años de edad. Su comentario sobre las reformas que originaron su salida del máximo
tribunal, aspiraba a quedar como sentencia lapidaria: "El gobierno se tomó el Poder
Judicial".
Los pobres y los poderosos
Un hecho que no parece concordar con la idea de que las cosas han
cambiado en el Poder Judicial es el aciago caso de Colonia Dignidad.
En descargo de la responsabilidad de la judicatura, hay que decir que
la Colonia ha demostrado ser históricamente más poderosa no sólo que los tribunales,
sino que el propio Ejecutivo.
El Gobierno de Patricio Aylwin consiguió, después de mucho batallar,
anular la personalidad jurídica de la llamada Corporación Benefactora Dignidad. Pero las
cosas se dieron de tal modo, que la entidad cambió su razón social –hoy se llama
Villa Baviera–, y traspasó todos sus bienes a diversas sociedades anónimas. Y las
cosas siguieron exactamente iguales, como si nada hubiera pasado.
Las investigaciones realizadas por diversos órganos administrativos
del gobierno dieron lugar a decenas de procesos que poco avanzaron, hasta que bajo el
gobierno de Eduardo Frei, por el delito de abusos deshonestos contra menores, se logró
romper, en parte, la barrera de defensa política que había generado a su alrededor la
Colonia y dictar, por primera vez, una orden de aprehensión contra Paul Schaffer, el jefe
indiscutido de la Colonia.
La orden, sin embargo, no se cumplió en la forma como suelen
ejecutarse cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones populares, con allanamiento
inmediato, destrozo de bienes y arrestos masivos.
Aunque los tribunales y aun los organismos encargados del caso
disponían de las herramientas para hacerlo del modo más enérgico, enfrentarse al poder
de la Colonia y su líder hacían temer una catástrofe mayor, con toda suerte de
acusaciones contra el Estado por violaciones de derechos del inculpado y sus seguidores.
Se optó por el camino más largo, actuar con guante blando. Allanamientos avisados con
anticipación, restricción del uso de la fuerza pública al mínimo necesario.
Como resultado, el ex conscripto nazi sigue prófugo.
El ministro en visita Hernán González García mantiene la
investigación de trece procesos vinculados entre sí, por delitos como sustracción,
secuestro y abusos deshonestos de menores, ejercicio ilegal de profesión, negativa a la
entrega de menores y atentado contra la autoridad, destrucción de parte de vehículo
fiscal, usurpación de nombre y obstrucción a la justicia y negligencia médica. Además
de Schäffer, se encuentran procesados varios de sus colaboradores.
No es todo. En los tribunales que dependen de la Corte de Apelaciones
de Talca existen 27 juicios sobre anomalías tributarias, y una querella por la
desaparición de 38 personas que, en los primeros años del régimen militar, habrían
sido conducidas hasta los terrenos de la Colonia. En Santiago, diversos procesos por
fraude tributario y falsificación y otorgamiento irregular de contratos se tramitan en
diferentes juzgados del crimen.
Los hechos son abrumadores: a más de dos años de haberse dictado,
todavía está sin cumplirse la orden de detención emitida contra el líder de la entidad
germana.
Los ejemplos de arbitrariedades judiciales relacionados con el caso
Dignidad son innumerables. En 1997, por ejemplo, la Tercera Sala de la Corte Suprema
acogió un recurso de amparo presentado por el brazo derecho de Schäffer, el doctor
Hartmut Hopp(que en realidad nunca ha probado tener los títulos para ejercer la
profesión) y su esposa Dorotea Wittham, en contra del juez de Parral Jorge Norambuena.
La Sala, presidida por el hoy jubilado Lionel Beraud, anuló la orden
de detención contra el matrimonio, dictada después de que ambos viajaron a Mendoza con
uno de los niños de la Colonia, Michael, adoptado por ellos. La madre biológica del
menor había solicitado al juez Norambuena que dictara una medida de protección de la
integridad física y síquica del niño.
Lionel Beraud, acosado por la prensa, dijo que Hopp adoptó
"legítimamente" al menor y que "la mamá biológica no tiene ningún
derecho sobre él. Lo perdió".
La sala no consideró el contexto de abusos deshonestos y estilo de
vida de campo de concentración en que han sido educados los menores en la Colonia,
incluyendo al propio Hopp, que se crió al lado de su líder. Cuando la Corte acogió el
amparo, Hopp estaba procesado como encubridor de los abusos deshonestos de Schäfer, pero
"eso es otra cosa", dijo Beraud.
Hay que recordar que durante la acusación constitucional que le
afectó en 1992, Lionel Beraud fue representado por uno de los abogados más estables de
la Colonia, Fernando Saenger.
Al acoger el amparo, el máximo tribunal acordó llamar severamente la
atención al juez Jorge Norambuena por haber dictado la orden de aprehensión contra Hopp.
Ya antes lo habían castigado por hablar mucho con la prensa.
Las madres de los menores abusados son pobres y poco han conseguido
para reparar el daño causado a sus hijos, pese a los empeños fuera de lo común del
ministro González García y del juez Norambuena.
Esas madres sufren una suerte parecida a la que viven los pobres en los
tribunales de la periferia capitalina. Allende los límites del centro de la capital, en
Pudahuel, por ejemplo, donde los actuarios son los jueces y los aspirantes a abogados de
las Corporaciones de Asistencia Judicial, los defensores. Donde los edificios han sido
remodelados, pero no las actitudes de sus funcionarios.
En esa zona de la periferia capitalina la vida y los bienes tienen un
precio inferior al valor que les dan los tribunales del centro, acostumbrados a tratar con
litigantes de ingresos importantes.
Hasta ahora, quien no tiene recursos para pagar a un abogado debe
recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Si ni querellante ni querellado
tienen dinero –como suele ocurrir– el que llega primero gana defensa. El otro
tiene que esperar que se le designe uno de los abogados de turno.
Los abogados de las Corporaciones son los estudiantes de Derecho que
tienen la obligación de "hacer práctica" y otorgar servicios gratis por seis
meses. Los abogados del "turno", son los recién egresados que están en una
lista para prestar el servicio por un mes.
En los tribunales de población, sólo los abogados con título reciben
un trato deferente. Los practicantes tienen que esperar a veces los seis meses que tienen
en su poder una causa para obtener apenas una resolución (que, por cierto, no será la
definitiva). Sus clientes pobres o sus familiares se presentan a veces para ver cómo
marchan sus causas. Esperan, esperan. Si tienen suerte, un oficial les extiende los libros
para que lean las resoluciones, cuyo lenguaje ellos de todas maneras no entienden.
Los aspirantes a abogados tienen que defender hasta 90 causas
simultáneamente en su paso por las corporaciones. La mayor parte del tiempo la gastan
pidiendo las libertades provisionales de los encausados por delitos comunes, que viven
años en las cárceles antes de que los tribunales resuelvan sus casos. Los visitan en la
Penitenciaría en cuartos pequeños, húmedos y fríos, color de nada, semejantes a
cualquier celda.
¿De qué influencia pueden echar mano en defensa de los pobres? Para
ellos y sus clientes no hay alegato de pasillo. A veces una cajetilla de cigarros sirve
para movilizar la voluntad de un actuario que, si no está motivado, puede botar sus
escritos a la basura o simplemente responder que se le olvidó proveerlo.
Mi madre, María Angélica Acuña, quien abandonó una vida de
profesora básica para estudiar Derecho, asumió en 1997, durante su práctica en la
Corporación de Asistencia Judicial, la defensa en los tribunales de Pudahuel, del caso de
Guillermo Hernández 8. Hernández había sido el cuidador de un predio por 15 años.
Vivía en una casita de madera, que fue ampliando en la medida de sus posibilidades. De un
día para otro, el terreno se vendió y el nuevo dueño lo notificó del término del
contrato. Como Hernández se demoraba en marcharse, el propietario presentó una demanda;
el tribunal aprobó una orden de desalojo y el dueño concurrió a notificarla en persona,
acompañado por un receptor judicial. Auxiliados por una retroexcavadora, simplemente
destruyeron los tres dormitorios, el living, el baño y la cocina, y todas las
pertenencias de Hernández para obligarlo a marcharse.
La abogada presentó una querella por daños, pues el desalojo no
autoriza a destruir bienes muebles. El caso ha pasado de un aspirante a otro y ha cumplido
dos años en los tribunales, sin que todavía se dicte un auto de procesamiento en contra
de los infractores.
En el mismo tribunal, Juana Mardones busca la reparación por las
lesiones que le provocó un carabinero. La mujer estaba parada en una esquina de su
población, junto a otros vecinos, cuando alguien del grupo le gritó "tiro
loco" al policía que pasaba frente a ellos. El carabinero, que también era un
vecino del sector, sacó su pistola y disparó. Juana sufrió lesiones graves en una mano.
El proceso se demoró tres años antes de que se dictara un auto de procesamiento contra
el autor. El policía está prófugo.
Rosa Espinoza ha recurrido a los mismos tribunales porque su hijo de
siete años fue atropellado y muerto por un chofer de micro en 1992. La sentencia
definitiva tuvo que esperarla hasta 1997.
El chofer fue condenado y se estableció que debía pagar un millón de
pesos a la mujer, por la pérdida de su hijo. El ministro de la Corte Suprema Lionel
Beraud obtuvo 40 millones del fisco por la operación errónea de su cadera. Rosa, sin
embargo, no ha recibido la insignificante indemnización, pues el chofer no tiene bienes
con qué pagarle.
Patricia Inostroza, en otra causa, se querelló contra el autor de la
violación de su hija. El tribunal condenó al autor y ordenó el pago de un millón 800
mil pesos, de los cuales el ofensor no ha podido responder.
El juez, en ese mundo, es una figura inaccesible. Como un notario,
invisible en su despacho, firma papeles todo el día. Atiborrado de expedientes, le es
físicamente imposible resolver por sí mismo todos los juicios que llegan a su tribunal.
La justicia de los pobres está, de verdad, en manos de esos funcionarios no letrados
–los actuarios, los oficiales– no menos ignorantes que quienes llegan a sus
mesones pidiendo auxilio.
Idea de la Justicia
En las aulas de las escuelas de Leyes, los alumnos estudian a Hans
Kensel. El teórico dice que el Derecho es el ordenamiento de la conducta humana. El
comportamiento recíproco de los hombres en la sociedad, afirma, es lo que hace surgir la
norma que los obliga a pagar sus deudas y a abstenerse de matar.
"La autoridad jurídica exige una determinada conducta humana
sólo porque –con razón o sin ella– la considera valiosa para la comunidad
jurídica de los hombres", explica.
Los estudiantes, entonces, aprenden lo mismo que parece sentido común
en las calles: Que "lo justo" es lo deseado por la mayoría, e
"injusto" lo que se opone a esa voluntad.
Los Estados democráticos modernos han llegado al convencimiento de
que, además, existen derechos fundamentales del hombre que no pueden ser cuestionados.
Las naciones que adscriben a tales principios –Chile, entre ellos– se han
declarado obligadas a respetarlos. Así, los tribunales de justicia tienen tanto la
obligación de sancionar los delitos, como la responsabilidad de defender la vida, la
integridad física, la libre expresión de ideas y todos los demás derechos reconocidos a
sus ciudadanos.
Qué lejanos han estado nuestros tribunales, en especial durante las
últimas dos décadas, de tales conceptos.
En otros tiempos, en las monarquías, la legitimidad del sistema
judicial estaba dada por la adecuación del pronunciamiento del juez a la voluntad del
Rey, quien reunía a un mismo tiempo las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.
Como contrapartida, durante la Ilustración francesa surgió la
doctrina que separó los tres poderes del Estado, pero, para el juez, en un primer
momento, sólo se cambió la figura del Rey por la letra de la ley. MontesquieuMontesquieu
lo definía así: "Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el
instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar
ni la fuerza ni el rigor de las leyes (…) De los tres poderes de que hemos hablado,
el de juzgar es, en cierto modo, nulo".
Esa es, al parecer, la concepción que dominó en el sistema chileno
hasta hoy. En un país situado en el extremo sur del mundo, arrinconado entre la
cordillera y el mar, ha habido un Poder Judicial nulo, cuando la mayoría de las
sociedades civilizadas le han dado ya una nueva significación a la judicatura.
La explicación que han dado los tribunales sobre su proceder durante
el gobierno militar tuvo su fundamento en esta doctrina. "Sólo aplicamos la
ley".
Según el abogado y profesor Jorge Correa Sutil, ex secretario
ejecutivo de la Comisión Verdad y Reconciliación, en las actitudes de nuestro poder
judicial ha imperado una cultura "explícita" y otra "implícita". Una
cosa es lo que se ha dicho y otra, lo que se ha hecho. Se ha dicho que se respetaba la
ley, cuando lo que se hacía en realidad era resolver según lo que se consideraba bueno,
conveniente. Bajo el gobierno militar, lo bueno no era responder al clamor de las
víctimas, sino adecuarse a la voluntad del Poder político, aunque fuera ejercido por el
poder de las armas.
El nuevo presidente del tribunal, Roberto Dávila, hizo un
reconocimiento explícito de este modelo de comportamiento en una conferencia con
corresponsales extranjeros en 1998. Cuando le preguntaron por la sumisión del máximo
tribunal a la voluntad de las autoridades militares, Dávila dijo con meridiana claridad:
"A la Corte Suprema no le quedaba, en ese momento, otro camino que
esa posición. Si la Corte Suprema, conociendo a los ministros de ese entonces, hubieran
adoptado otra forma de actuar, me atrevería a pensar que la Corte Suprema habría sido
clausurada". Ergo, se impuso la obediencia.
El propio caso de Dávila es una prueba viviente de que, en nuevas
condiciones, las opiniones de los jueces cambian. Antes de 1990, él estuvo por aplicar la
ley de Amnistía; al asumir como presidente en 1998, declaró que ahora pensaba distinto.
Entonces, ¿hicieron justicia los magistrados bajo el gobierno militar
o se adecuaron a las condiciones del poder imperante? Del mismo modo cabe preguntarse por
los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un
empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una
parte en un juicio.
En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan
que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes
involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el Poder político se sienta
tentado de imponer sus opiniones.
Un caso ilustrativo es –y no podía no serlo– el de
AugustoPinochet. Al comienzo de los gobiernos de Aylwin y Frei el predicamento fue no
empujar los juicios que lo pudieran involucrar. Frei fue incluso explícito y pidió al
Consejo de Defensa del Estado que diera por cerrado el expediente relacionado con el
sonado caso de los cheques del hijo mayor del general. "Razones de Estado",
declaró sin ambigüedad. Cuando, en cambio, estalló el conflicto por el arresto en
Londres y la petición española de extradición, la postura es exactamente la contraria.
Ahora se trata de dar seguridades al mundo de que el General puede ser juzgado en Chile.
Podemos aceptar que en una democracia la opinión del Presidente y del
Parlamento representan la voluntad soberana, pues han sido elegidos democráticamente, y
que al seguir sus deseos los jueces no hacen otra cosa que atender el clamor de las
mayorías. Pero a mayor concentración y secreto en las decisiones que tienen que ver con
la judicatura, mayor posibilidad de arbitrariedad, de que los escogidos para llenar
vacantes o ascender se sientan obligados a retribuir los favores de los demás poderes,
sin una justificación racional.
El éxito de las reformas al Poder Judicial dependerá entonces, en
gran medida, de la personalidad del juez. Desde el más encumbrado al más humilde.
El derecho moderno reconoce que el legislador es incapaz de predefinir
todos los posibles conflictos jurídicos. La función del juez es hoy en día
inevitablemente volutiva. Su poder radica precisamente en la facultad de interpretar la
Constitución y las leyes, con el fin de "hacer" justicia. Es ese poder el que,
férreamente asido por los magistrados en países como España, Italia, Inglaterra,
Estados Unidos –y varios latinoamericanos que han dejado atrás la herencia
colonial–, ha permitido a muchos pueblos enfrentar, sin disgregarse, el cáncer de la
corrupción, aunque éste haya amenazado con hacer caer, a un mismo tiempo, a los poderes
Legislativo y Ejecutivo.
En un sistema democrático (aquél en que las decisiones públicas son
tomadas por el pueblo, en que la determinación de lo que resulta deseable para el pueblo
sólo puede ser lícitamente tomado por este mismo y en que los gobernantes son libremente
elegidos por los ciudadanos en forma periódica) el juez es aquél que conoce y resuelve
los conflictos sociales.
El fallecido ministro José Cánovas decía en sus memorias que
"al administrar justicia, los jueces son los llamados a velar por la vigencia del
derecho, poniendo el límite exacto al ejercicio del poder por parte de las autoridades
(…) Vale decir, imponerles el llamado ‘principio de Legalidad’, que no
puede ser otro que el determinado por la voluntad soberana".
Hay magistrados que entienden que para cumplir su función deben
aislarse del mundo. Desprecian la opinión de los legos que los rodean y se sienten
seguros en su escrupuloso conocimiento de la formalidad judicial. Se consideran puros e
independientes. Sin embargo, según el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Carlos Cerda Fernández, en su obra Iuris Dictio, no hay nada peor que el juez que cree
estar por encima de los ciudadanos. "No se mezcla, ni se ensucia: ‘allá
ellos... el lumpen...’". Para hacer justicia no se necesita recluir al
magistrado en una torre de marfil. Precisamente –afirma– entre los males que
aquejan al juez actual está la tendencia al aislamiento social.
Concuerdo plenamente con esta afirmación suya:
"No es juez el que da las espaldas al clamor social concerniente a
la justicia. Tampoco lo es el que se jacta de estar por sobre lo que la población le
demanda. Menos aún quien, consciente de la falta de asentimiento ciudadano de su labor,
se oculta o ampara en el poder del solo imperio".
El juez moderno, democrático, –dice Cerda– debe estar
inserto en la comunidad histórica. Y agrega:
"El juez es un calibrador del sentido jurídico de su época.
(...) La justicia chilena debe ofrendarse sin restricciones a la crítica de la opinión
pública. Y sus jueces, disponerse a la refrendación de su desempeño por parte de la
comunidad".
Esa idea ha sido una de las motivaciones profundas de este libro.
Ya en 1966, el magistrado Rubén Galecio escribía sobre el "juez
en la crisis" diciendo que el magistrado debe estar compenetrado del devenir social
de su época, pero alerta para mantener su independencia. Ni en la torre de marfil,
incontaminado, ni arribista en la competencia por el prestigio social.
Una cierta apostura, cultura y carácter se hacen necesarios en el
magistrado moderno, pues debe enfrentar el juicio de la sociedad y el propio.
"Si el concepto de juez es una idea-símbolo, también es una
idea-fuerza, es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la
delincuencia y el abuso. Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con
inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más
imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho" .
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(Notas de pagina todavia no estan disponibles) Fin del capitulo 6 |
