30 de abril de 1999      TOMADO DE PUNTO FINAL -CHILE

Cualesquiera sean los resultados de los recursos procesales interpuestos -incluso uno de inaplicabilidad presentado por el abogado Hernán Montealegre, a nombre de la editorial Planeta- en defensa de la libertad de expresión, lo concreto es que el daño ya está hecho. La imagen del país debilitada por el caso Pinochet ha sufrido deterioro adicional. La incautación de "El libro negro de la justicia chilena", de la periodista Alejandra Matus dura ya un mes. Sigue el proceso contra ella que instruye el ministro Rafael Huerta de la Corte de Apelaciones de Santiago por infracción al artículo 6 (b) de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este ministro sumariante procedió a requerimiento del ex presidente de la Corte Suprema y actual magistrado de este tribunal, Servando Jordán, que se sintió ofendido por el libro y se amparó en la Ley de Seguridad que configura como atentado contra el "orden público" supuestas ofensas a altos funcionarios, magistrados, parlamentarios y jefes de las FF.AA.

Una vez más la libertad de expresión ha sufrido un duro golpe. Ahora las cosas parecen haberse pasado de la raya. El repudio se ha extendido por todas partes con amplia resonancia en el extranjero. La autora, que reside en Estados Unidos, tuvo amplia cobertura en CNN y ha recibido apoyo de organizaciones internacionales de periodistas. En Chile, escritores, colegios profesionales, periodistas y estudiantes manifestaron su protesta e indignación. Parlamentarios de todos los sectores pidieron el levantamiento de la incautación y la derogación de las normas pertinentes de la Ley de Seguridad del Estado. Un grupo de parlamentarios llevó hasta la Corte Suprema una gran tijera que depositó en la secretaría del tribunal. El gobierno y hasta el presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, coincidieron en la necesidad de modificaciones legales.

Entretanto el libro ha circulado en copias clandestinas y apareció en Internet. Párrafos seleccionados fueron publicados por el vespertino "La Hora" antes de la incautación. Se supone que están en venta miles de ejemplares en ediciones "piratas".

¿LIBERTAD DE EXPRESION?

No es el primer choque que Servando Jordán ha tenido con la prensa. Cuatro periodistas antes de Alejandra Matus sufrieron sus iras: Fernando Paulsen y José Ale de "La Tercera" y Rafael Gumucio y Paula Coddou que publicaron en la revista "Cosas" comentarios humorísticos sobre las actuaciones del juez. Incluso el magistrado se querelló contra "El Mercurio" que reprodujo en la página editorial los comentarios de Paulsen y Ale. Hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago falló contra Jordán reivindicando la libertad de opinión editorial de los medios.

Sin embargo, no es Servando Jordán la "bestia negra" de esta historia. La libertad de expresión en Chile vive permanente zozobra. Varios libros han sufrido percances definitivos. "Los negocios de Fra Fra" de María Irene Soto, relativo a la vida empresarial y política del senador Francisco Javier Errázuriz, continúa prohibido por los tribunales. Igual suerte sufrió "Impunidad diplomática" de Francisco Martorell. Incluso un oficial de la Armada, Humberto Palamara, que intentó publicar "Etica e inteligencia militar", sufrió la requisición de su obra y un proceso que terminó en condena refrendada por la Corte Suprema.

No es tampoco la Ley de Seguridad del Estado la única cortapisa a la libertad de expresión. Lo son también la Ley de Abusos de Publicidad, el Código de Justicia Militar y hasta la legislación penal ordinaria. A ello se suman la censura cinematográfica, la autocensura y la concentración de los medios de prensa.

A mediados de 1990 más de 30 juicios afectaban a 26 periodistas ante tribunales militares. En 1991 se entregó competencia a la justicia ordinaria derogando la norma anterior, pero no cesaron los procesos, que en el caso de la justicia militar -que también procesó a Alejandra Matus- llegaron hasta acusaciones por "sedición impropia".

En el estudio de Human Rights Watch, "Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile" (LOM Ediciones, 1998), se sostiene: "Las restricciones actuales forman parte de una tradición autoritaria largamente asentada que alcanzó su apogeo bajo el gobierno militar. Aunque ese gobierno llevó las restricciones a la libertad de expresión hasta límites extremos, su origen no se remonta ciertamente al golpe militar de 1973 y de hecho habían coexistido durante décadas con las instituciones militares antes del mismo".

Y concluye de manera categórica: "En la actualidad, la libertad de expresión e información está limitada en Chile hasta un nivel posiblemente incomparable con cualquier otra sociedad democrática del hemisferio occidental". (Subrayado de PF).

EL LIBRO CUESTIONADO

Muy pocos han leído hasta ahora "El libro negro de la justicia chilena", incautado por Investigaciones y que, previsiblemente, se encuentra en sus bodegas. En la portada sobre fondo negro, las letras amarillas del título aparecen sobre un dibujo de Hernán Vidal (Hervi) que representa los tres monos clásicos: el que no oye, el que no ve, el que no habla. El formato de 14 por 23 centímetros, contiene 349 páginas de las cuales 6 conforman un índice onomástico con más de 400 nombres mencionados en el texto. Jordán ocupa allí amplio espacio, pero no es el único abundantemente mencionado. Cientos de referencias y notas sustentan la investigación y cuatro páginas contienen la relación de las fuentes consultadas.

Luego de un trabajo de seis años, el libro es -como lo han reconocido académicos y abogados que tuvieron oportunidad de leerlo- el trabajo más serio que se ha hecho sobre el funcionamiento de un poder del Estado, centrado especialmente en los años de dictadura y de transición a la democracia, etapa en la cual como nunca antes la judicatura chilena mostró debilidades, cobardía y falta de preparación. Otras investigaciones deberían conducir a una evaluación más completa, pero es claro que no podrá haber sentencia absolutoria para la justicia chilena. Aunque los diferentes capítulos pueden leerse en forma separada, tienen un orden lógico. El libro comienza con descripciones de comportamientos y personalidades de magistrados sobre el telón de fondo del intento de reforma del Poder Judicial del presidente Patricio Aylwin, condenado al fracaso, precisamente por la oposición de los magistrados con apoyo de la derecha. Notorios actos indecorosos, vicios judiciales, nepotismo y arbitrariedades emergen ligados a personas, ministros de carne y hueso, representativos de un Poder Judicial maleable a las exigencias del poder. Muchos de ellos fueron nombrados por Hugo Rosende, ministro de Justicia de Pinochet, que manejó a su amaño al Poder Judicial y preparó una Corte Suprema que siguiera siendo fiel a la dictadura, aún en un régimen democrático. Un vistazo histórico que retrocede hasta la Real Audiencia entrega raíces y claves de interpretación de lo que vino después. Lo demuestra una terrible relación de la impasible tolerancia -muchas veces complicidad- con que la Corte Suprema toleró abusos, torturas y asesinatos, incluyendo episodios tenebrosos como el fusilamiento en Pisagua del abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, que había dirigido una investigación por tráfico de drogas en que aparecía involucrado el juez Mario Acuña, de Iquique, convertido después en fiscal militar y agente determinante en el asesinato de Cabezas. Finalmente, el libro se refiere a la reforma del Poder Judicial que ha puesto en marcha el gobierno de Eduardo Frei, que enfrenta enormes obstáculos.

Por eso no son los relatos punzantes o las denuncias valerosas de corrupción, comportamientos desordenados o viciosos la médula de libro, aunque ellos se ejemplifican en magistrados como Servando Jordán, Marcial García Pica, comprometido con las actividades del narcotraficante Mario Silva Leiva, "el Cabro Carrera", Luis Correa Bulo, Arnaldo Toro, Hernán Cereceda o en otros, curiosamente mencionados por el hijo de Manuel Contreras como asiduos visitantes de su padre, cuando éste era jefe de la DINA. El tema de fondo de "El libro negro de la justicia chilena" es la subordinación de los jueces, como estamento institucional, al poder del dinero, a las ideas conservadoras y a la fuerza de los militares. La corrupción asoma por todas partes porque los jueces han estado siempre al margen del control ciudadano. Han sido intocables e incluso no han aceptado la crítica pública, como lo demuestra lo sucedido ahora con el libro de Alejandra Matus. Rodeada por un muro de falsa solemnidad y temor reverencial, la Corte Suprema ha desarrollado hábitos profundamente reaccionarios y antidemocráticos. Más allá de aspectos personales "El libro negro de la justicia chilena" es un cuestionamiento a fondo de la institucionalidad imperante, que aporta nuevos enfoques a una discusión nacional indispensable.

Como manifestó la autora en carta enviada desde Buenos Aires al presidente del Colegio de Periodistas, Jorge Donoso, "la decisión de incautar el libro ha destapado otros debates pendientes. Lo ha convertido en bandera de la libertad de expresión. Y no puedo entristecerme por ello. Menos aún, si creo como creo, que ganaremos y que dentro de poco los periodistas tendrán una limitación menos para ejercer su función. Pero me gustaría que cuando las cosas se calmen y la gente pueda comprar el libro en librería, yo sea sólo una más de muchos periodistas ejerciendo su labor con libertad y los lectores de esta obra puedan reflexionar sobre lo que dicen sus páginas. Entonces, este mal rato cobrará sentido".

HISTORIA BLANCA

DEL LIBRO NEGRO

PF conversó con Carlos Orellana, editor jefe de Planeta, que participó en la gestación de "El libro negro de la justicia chilena".

¿La incautación del libro fue una sorpresa para ustedes?

"Sí y no. Fue un riesgo calculado, pero la sorpresa surgió de la rapidez de la reacción, casi simultánea con la aparición del libro. Se esperaba algo así -en primer lugar por la propia autora- pero que eso ocurriría a las dos o tres semanas, debido a la lentitud con que funcionan los tribunales. También se esperaba una querella, digamos, normal: injurias,calumnias, abusos de publicidad, que dan origen a procesos lentos, de destino incierto. El golpe de la Ley de Seguridad Interior del Estado fue fulminante".

¿Una absoluta sorpresa?

"Tanto que ni siquiera supimos cómo reaccionar en los primeros momentos. Ni siquiera tomamos nota de la orden de incautación que exhibieron los detectives y de la que no dejaron copia. Entregamos, pues, toda la existencia: mil 80 ejemplares. El resto había sido enviado por el servicio de novedades de la editorial a librerías de Santiago y de algunas provincias. Varias alcanzaron a ponerlo en vitrina. Cuando se supo de la incautación hubo una verdadera estampida de compradores. En la mañana en varias librerías se vendieron 100 o más ejemplares. Otros libreros los guardaron. En definitiva la incautación en librerías no fue eficaz".

¿Es parecido este caso al del libro "Impunidad diplomática" de Francisco Martorell?

"Se trata de algo muy diferente. 'Impunidad diplomática' fue editado por Planeta-Buenos Aires y nosotros distribuimos fotocopias con bastante anticipación para motivar informaciones y publicaciones de partes del libro. Naturalmente algunas fotocopias llegaron a conocimiento de los afectados. Iniciaron procesos que no fueron por la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque no se trataba de autoridades, procesos por injurias, calumnias, abusos de publicidad y cargos semejantes, lograron que se dictara una orden judicial prohibiendo la internación del libro. Pero con todo el autor sufrió una fuerte persecución y debió pasar años de exilio en Buenos Aires. Esto ocurrió en 1993".

Pero estos ejemplos - y otros libros que han circulado sin problemas- indican que ustedes han perfilado una línea hacia el periodismo de investigación.

"Efectivamente, y que va más allá porque se extiende a ensayos y otro tipo de trabajos sobre temas candentes. No es esta, por cierto, una característica exclusiva o particularmente original. Planeta-Buenos Aires se ha hecho famosa como la publicación de libros de denuncia. Horacio Verbitsky es autor emblemático de la editorial argentina. Escribió un libro sobre la justicia que causó revuelo. Y hace un par de años 'Robo para la corona' que constituyó una denuncia corrosiva sobre la corrupción y enriquecimientos generados en torno a los procesos privatizadores. Alicia Cerrutti publicó 'El jefe' -un libro sobre el presidente Menem- inimaginable en Chile, una verdadera requisitoria que no deja nada sin escudriñar de la vida privada y pública del mandatario. Verbistky ha solidarizado públicamente con Alejandra Matus a la cual visitó en Buenos Aires.

Con esos ejemplos, en Chile intentamos algo parecido. Con diferencias porque no hay entre los periodistas entrenamiento por así decirlo, en materia de investigación. Salvo durante la dictadura que se produjo en el campo específico de los derechos humanos. Pero el tema fue quedando un poco de lado por falta de receptividad pública. Surgieron otros temas y tratamos de abordarlos, como la ecología, la crisis moral, 'Los hijos de Pinochet', reportaje periodístico sobre la clase política y empresarial emergente de la dictadura, 'La crónica de la transición' de Rafael Otano, 'La cofradía blindada", de Dauno Tótoro, y las cartas abiertas a distintos personajes públicos que han aparecido en los últimos meses".

En esa línea se inscribió entonces la investigación acerca de la justicia...

"Fue un problema que tuvimos presente desde un principio, diría que por lo menos desde 1993. Nos costó bastante encontrar autor en un verdadero peregrinaje pirandelliano. Hasta que conseguimos a Alejandra Matus que se demoró un buen tiempo, por la complejidad del tema, su experiencia limitada al principio y el trabajo que debió cumplir en torno al caso Letelier que, junto a Francisco Artaza les significó el Premio Ortega y Gasset y la publicación en España de su excelente reportaje 'Crimen con castigo'. La etapa final del 'Libro negro' la realizó la autora en Estados Unidos, lo que dio más tranquilidad y una distancia conveniente. Contó con la ayuda desde Chile de dos notables periodistas jóvenes, Marcela Ramos y Juan Andrés Guzmán, autores de la investigación sobre el caso del conscripto Pedro Soto Tapia".

El resultado ha sido bastante notable.

"Así creo. Pienso que se apreciará mejor cuando pase la efervescencia y el escándalo porque el libro va mucho más allá, es un cuestionamiento a fondo del funcionamiento de un poder del Estado, que en muchos aspectos no cumple con su deber".

La prohibición de circulación del libro se califica como un atentado a la libertad de expresión...

"Efectivamente lo es, aunque no lo sé exactamente al tenor de la letra de la ley porque no soy abogado".

Pero al mismo tiempo el problema es más complejo y tiene que ver con la manera como se entiende la democracia en Chile.

"Yo creo que de eso se trata. Me remito a la exposición que hizo el abogado Roberto Garretón en el acto de presentación del libro. Señaló que en Chile la calidad de la justicia que tenemos y la forma en que los medios encaran esa realidad tiene que ver con algo tan esencial como si existe o no democracia. Mientras haya un Poder Judicial con las características del que tenemos y existan las dificultades que impiden a los medios hablar de ellas, podrá decirse que nuestra democracia es profundamente imperfecta. Y sostener incluso que no existe democracia.

El problema es ese y hay que correr riesgos para abrir brechas aunque sean pequeñas. El escritor Carlos Franz, que vino a solidarizar con la autora y la editorial nos decía que debíamos mantenernos firmes. Esa es la manera, opinó, que se abra un canal de expresión que se da en los libros y no en otros medios. Y habrá escritores que pensarán que llegó la hora de escribir libros para decir cosas que se ocultan o se niegan.

También lo dijo Patricia Verdugo en un acto en la Universidad Diego Portales. Un alumno preguntó ¿qué podemos hacer? ¿por qué ocurren estas cosas en Chile? Ella respondió: el problema no es sólo de la libertad de expresión ni menos de Servando Jordán, ni siquiera de la justicia ni de Pinochet. El problema de fondo es la transición que vivimos. Llegó la hora -dijo- que los jóvenes examinen qué transición estamos viviendo, qué nos ofreció y qué esperamos de ella, hacia dónde vamos. Hoy se trata de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero el problema es mucho más amplio".

¿Eso es también lo que usted piensa?

"No sólo yo. Sin ánimo de expresiones grandilocuentes, eso es lo que ha estado detrás de nuestra actuación, que es modesta y que tampoco pretende cambiar el mundo. Pensamos que debemos ser consecuentes con un mínimo de ideales que permitan abrir ventanas y que circule la libertad. Creo que se han forjado condiciones para que la gente salte la barrera de ciertas timideces, silencios y temores"

ROBERTO ORTIZ

 
El Libro Negro de la Justicia Chilena