INDICE GENERAL
Indice del Capítulo I - El poder degradado - - Secretos de
Palacio - Los amigos de Aylwin - El viaje de "Torito" - Las primeras batallas de
Aylwin - Cuánto tarda en escribir un juez - La vara con que mides - El peso del Informe
Rettig - Las rabietas de Correa - El delfín de Krauss - El astuto Lionel Beraud -
Cereceda y la querella de los membrillos - Los misterios de la Tercera Sala - El
descarriado Jordán - El corto reinado del sagaz Aburto
Indice del Capítulo II - La era Rosende - En la facultad de
Derecho - Tiempo de perpetuar - Vientos de cambio - El año de Jaime del Valle - El debut
del Decano - La disidencia judicial - Cuando el magistrado decide hacer justicia - La
visión crítica de los académicos - Las causas económicas - El apogeo del fiscal Torres
- Una crítica a la justicia militar - La "ley caramelo"
Indice del Capítulo III - De la Real Audiencia al golpe de
Estado - El queso y la balanza de la justicia - La justicia en la Colonia - Fin de la
Real Audiencia - Justicia republicana - Una "acusación constitucional" -
Politización, decadencia y corrupción - Manu militari - Décadas de olvido - La huelga
"larga" - Justicia "popular" - La Corte Suprema en la antesala del
golpe
Indice del Capítulo IV - Los ritos del poder - Un microbús
del Ejército - La rutina ceremonial - Primer Aniversario - La hora de la razzia - La
increíble historia del juez Acuña - Un curco quedó en la Historia
Indice del Capítulo V - Docudrama en cinco actos: Justicia
y Derechos humanos - Consejos de Guerra: el primer renuncio - Cinco mil recursos de amparo
- Secuestro en la cárcel - Las visitas de Eyzaguirre - Historia alucinante en Villa
México
Indice del Capítulo VI - La hora de la reforma - La obra de
Soledad - Jordán, presidente - La fuerza de la costumbre - Nueva corte, viejas prácticas
- Los pobres y los poderosos - Idea de la Justicia
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Capítulo V
Docudrama en cinco actos: Justicia y Derechos humanos
Consejos de Guerra: el primer renuncio
11 de septiembre de 1973. Roberto Garretón Garretón, Roberto, joven
abogado, trabajaba en la Empresa de Obras Sanitarias, EMOS. Simpatizante
demócratacristiano, no era un partidario de la Unidad Popular, pero el golpe de Estado lo
violentó. Algunos de sus colegas desaparecieron. Familiares suyos fueron arrestados.
Quería hacer algo, pero no sabía exactamente qué ni por dónde
empezar.
Comenzó por leer la prensa de un modo distinto, intentando seguir la
huella de lo que pasaba con los prisioneros. Puso especial atención a los Consejos de
Guerra. Se compró un Código de Justicia Militar. En cuanto pudo, fue a los tribunales,
en Bandera. Allí se encontró un día con Andrés Aylwin Aylwin, Andrés.
–Tenemos que hacer algo, Andrés. En el Código dice que si los
acusados en los Consejos de Guerra no tienen abogados, cualquier militar asumirá su
defensa... Yo creo que nosotros podríamos hacerlo mejor 1.
Aylwin ya estaba en contacto con personeros de la Iglesia que crearían
el Comité Pro-Paz, pero no se lo confió a Garretón. Sólo se despidió diciéndole que
lo llamaría si sabía de algo.
Por esos mismos días Garretón vio en la oficina destinada a los
abogados en el Palacio de los Tribunales un letrero que decía: "Se necesitan
abogados para asumir defensas en Consejos de Guerra". Lo había instalado un abogado
de apellido GuarelloGuarello, conocido por sus posturas políticas de derecha, quien
ofrecía sus servicios pese a la oposición de sus colegas de oficina.
Antes de que Garretón tomara alguno de los casos de Guarello, Aylwin
lo llamó por teléfono:
–Se formó un organismo para el asunto que te preocupaba. He dado
tu nombre... Tienes que hablar con Andrés RabeauRabeau, Andrés.
El abogado se fue al despacho del ex magistrado y una hora más tarde
estaba asumiendo su primera defensa.
Los siempre entrecerrados ojos azules de Garretón y su sonrisa
irónica se enfrentarían a militares investidos de jueces en más de cien Consejos de
Guerra, sintiendo la amenaza permanente de convertirse en víctima de los mismos procesos
en que él intentaba actuar como defensor.
Lo primero era buscar a los aprehendidos en alguno de los varios
centros de detención masiva que operaban en el país. En esos días cortos, la mayoría
había caído por violación del "toque de queda".
En Santiago, los abogados iniciaban la procesión en las cárceles y
seguían con el Estadio Nacional y el Estado Chile, tratando de obtener algún documento
que reconociera la detención. Luego, se involucraban en una exasperante lucha para que a
los prisioneros se les iniciara alguna forma de juicio y terminar así con las torturas,
que formaban parte de la etapa de "investigación". En las condiciones de
desamparo total en que se hallaban los presos, lograr la convocatoria a un Consejo de
Guerra era considerada un éxito para los abogados que se unieron al Comité Pro-Paz. Al
menos podrían defenderlos.
"Teníamos que averiguar qué fiscal tenía al prisionero de una
lista que había en los estadios. Te decían: ‘Lo tiene Barría’, o Sánchez, o
Pomar. Ibas donde Barría y te informaban que el fiscal atendería a los abogados sólo
una vez al mes. Y el día que te citaban, el fiscal no iba. Quedabas pendiente para el mes
siguiente" 2.
Cuando por fin el fiscal emitía el pronunciamiento de primera
instancia, se formaba el Consejo de Guerra, en que los defensores podían ensayar sus
defensas. Tras la sentencia, el Juez Militar (que coincidía normalmente con el jefe de la
Zona en Estado de Emergencia respectiva), dada su aprobación final.
Había dos tipos de Consejo: los comunes y los "Vip" (very
important persons). En los primeros, el Consejo lo integraban normalmente siete Oficiales
de Reserva Asimilados al Servicio Activo (los "Orasa"), provenientes en general
de la Fuerza Aérea o Carabineros, con escaso conocimiento jurídico y muchas veces con
precario nivel educacional.
"Los Orasa siempre condenaban. Ellos trataban de dar una imagen de
dureza y de justicia al mismo tiempo. Si se daban cuenta de que el acusado no tenía nada
que ver con nada -que así era siempre- le rebajaban la pena. Nosotros debíamos
alegrarnos en medio de la brutalidad que significaba que gente inocente fuera condenada a
varios años de presidio …¡por hacer nada! 3".
En los Consejos "Vip", oficiales en servicio activo
reemplazaban a los "Orasas". Tal fue el caso del Consejo convocado para juzgar
al comandante Fernando Reveco ValenzuelaReveco Valenzuela, Fernando, el más importante
que realizó el Ejército. En aquél tiempo se estableció tácitamente que cada rama
juzgaría a sus "infiltrados": el Ejército a los militares, la Fuerza Aérea a
los aviadores. En cuanto a los opositores, había otro tipo de distribución: la Fuerza
Aérea tomaba los casos de los grupos considerados armados (MIR, VOP y las brigadas Elmo
Catalán y Ramona Parra). La Armada se quedaba con los altos jerarcas de la Unidad
Popular.
El 11 de septiembre, el mayor Reveco Valenzuela, FernandoReveco estaba
en Calama. Era el delegado del jefe de zona en Estado de Emergencia en Chuquicamata. Por
órdenes de sus superiores, tomó el control del estratégico mineral e incautó armas
entre la población. Más tarde, presidiría el Consejo de Guerra en contra del ex gerente
general de Chuquicamata, David Silberman Silberman, David.
El 2 de Octubre Reveco Valenzuela, Fernando Reveco fue detenido
sorpresivamente. Sin que nadie lo supiera en Calama, fue trasladado a Santiago. En la
pequeña y desértica ciudad se afirmaba que el mayor estaba muerto. Que lo habían tirado
desde un helicóptero.
Los cargos en su contra habían surgido de un proceso que tramitaba en
Santiago el fiscal de Aviación general Orlando Gutiérrez Gutiérrez, Orlando, en contra
del capitán de bandada Jaime DonosoDonoso, Jaime. En parte de su testimonio, Donoso dijo
que otro oficial -Raúl VergaraVergara, Raúl- le había comentado su participación en
una comida, en 1969, en que un mayor de Ejército de apellido Reveco se habría
pronunciado como "marxista".
La Aviación envió un oficio con el dato al comandante en jefe del
Ejército, general Augusto Pinochet Pinochet, Augusto, y ese mismo día el oficial fue
arrestado en Calama 4. El mayor fue detenido, inusualmente, por la Fuerza Aérea y
torturado en la Academia de Guerra, en Santiago.
Un fiscal de Ejército se trasladó a Calama y comenzó a interrogar a
civiles y subalternos del oficial que trataban de demostrar su filiación
"marxista". Como lo creían muerto, no ahorraron detalles.
En Santiago, Reveco era trasladado al Regimiento Blindado Nº 2, donde
se le permitió tener una radio, un aparato de televisión y recibir visitas de su esposa.
Un año después, el fiscal dio por agotada la investigación. En el
expediente, los testigos entregaron antecedentes sobre el comportamiento social del
acusado e interpretaron sus supuestas motivaciones ocultas para dar buen trato a los
prisioneros o demorar allanamientos.
En el legajo quedó impreso el interés del fiscal por aclarar su
actuación en una comida realizada en honor del "pronunciamiento militar", en el
Rotary Club de Calama, la noche del 26 de septiembre de 1973. Según los testigos, un
subteniente de apellido Lapostol Lapostol defendió al Gobierno de la Unidad Popular y
Reveco, en señal de respaldo, le habría ofrecido un vaso de vino.
Otro aspecto de la investigación fue la conducta del comandante en el
caso Silberman. Los testigos lo acusaban de no haberlo perseguido, pues éste se entregó
en forma voluntaria el 15 de septiembre, y por haberle dado una pena muy baja en el
Consejo de Guerra.
En su defensa, Reveco decía que en la reunión en que participó en
1969 –y que dio origen al proceso en su contra– se analizaron las preocupaciones
de las Fuerzas Armadas que culminaron con el Tacnazo ese mismo año y que nunca se
declaró marxista.
Sobre la comida en el Rotary Club, cuatro años más tarde, dijo que
sus únicas palabras en esa ceremonia fueron para agradecer la manifestación y que sólo
después de que el presidente del Rotary insultara a su subalterno, el subteniente
Lapostol, por haber comentado que no se debería "hacer leña del árbol
caído", optó por retirarse, como un gesto de respeto al militar. Vino no le
ofreció, replicó irónico, "porque se había terminado".
Acerca de Silberman, David Silberman, afirmó que la condena a 16 años
de presidio en su contra por "traición a la patria", fue justa y resuelta por
"unanimidad" en el Consejo de Guerra.
Admitió haber sido "allendista" en los primeros años del
gobierno de la Unidad Popular, pero negó tener ideología marxista. El fiscal, de vuelta
en Santiago, dictaminó que Reveco había cometido el delito de "incumplimiento de
deberes militares".
Garretón, Roberto Garretón, su abogado, fue citado entonces al Salón
de Actos del Ministerio de Defensa, en Zenteno con Alameda, donde está hoy el Edificio de
las Fuerzas Armadas. Un guardia lo revisó al ingresar al edificio. Pacientemente,
desmontó su pluma fuente y escrutó el estuche en que guardaba sus lentes de contacto.
Dentro, numeroso personal armado custodiaba en la sala en que se oirían los alegatos en
favor de 22 personas que estaban siendo acusadas en un mismo Consejo de Guerra.
Un soldado se acercó a Garretón y le dijo:
–Tiene que pasarme el texto de su defensa... para la censura.
Momentos más tarde se lo devolvió tarjado. No obstante, quedó
material suficiente para que Garretón arremetiera contra la forma en que se acusó a su
defendido. Hizo notar que el fiscal daba valor probatorio a testimonios de "civiles
fanatizados, resentidos con las autoridades militares por no haber empleado más rigor en
contra de los personeros del antiguo régimen", quienes nada sabían sobre las
órdenes militares impartidas a Reveco, ni tenían autoridad para opinar sobre la forma en
que las había cumplido.
Garretón defendió el profesionalismo con que el oficial desarrolló
las tareas que se le encomendaron el 11 de septiembre, según el reconocimiento que
habían hecho sus propios superiores, aunque nunca se les permitió declarar en la causa.
Por lo demás, alegó, "jamás un proceso criminal puede, dentro de un estado de
Derecho, estar dirigido a sancionar ideologías de ciudadanos. Todo el avance de la
ciencia penal y una de las grandes conquistas de los derechos humanos es haber obtenido
como consagración jurídica internacional la impunidad de los pensamientos" 5.
Pero no estaba el Consejo para aceptar tales preceptos y confirmó la
condena propuesta por el fiscal.
Desde el punto de vista del Derecho, estos tribunales especiales
cometieron un sinnúmero de abusos: configuraron delitos que no existían en las leyes y
tomaron como una licencia sin límites la norma que permite a los jueces apreciar la
prueba "en conciencia".
Los fiscales no realizaron investigaciones acuciosas y dieron pleno
valor a las confesiones obtenidas bajo amenazas y torturas. Tampoco pesquisaron aquellos
antecedentes que podrían favorecer a los inculpados. Aplicaron severas penas por hechos
no demostrados, sobre la base de una particular concepción del "bien que debemos
hacer y el mal que queremos evitar" 6. "La magia militar produjo, entonces, no
sólo muchos delitos, sino también muchos culpables" 7.
El lenguaje de las sentencias no parecía el propio de una judicatura,
sino más bien la "resultante de la repulsa y el odio hacia gobiernos, partidos y
personas, bajo un alero de patriotismo y deber. En general, entonces, no se juzgaba, sino
que se castigaba al enemigo" 8.
El Ejército informó a la Comisión Rettig que los expedientes de los
Consejos de Guerra se hallaban "totalmente quemados, por acción del fuego (sic),
producto de un atentado terrorista". Sin embargo, esa entidad pudo reconstituir parte
de la historia de más de 250 personas condenadas en este tipo de juicios, 26 de las
cuales fueron ejecutadas.
La mayor cantidad de ejecuciones y muertes de esos primeros años se
produjeron, no obstante, sin forma de juicio alguno.
Para que los Consejos pudieran constituirse, la Junta Militar dictó
varios decretos entre el 11 y el 22 de septiembre de 1973. El Número 3 declaró el Estado
de Sitio en todo el país y el 5, que el país estaba en Tiempo de Guerra. Los fallos de
los Consejos discreparon acerca de la naturaleza y duración de esta guerra. Algunos la
fijaron a partir del 11 de septiembre, otros después, y no pocos incluso antes de que
terminara el gobierno de Salvador Allende.
Aceptando la existencia de legal de la guerra –pues no aceptaban
su existencia real– las defensas de los acusados intentaron hacer valer el respeto a
los tratados internacionales, suscritos por Chile, sobre tratamiento especial y humano a
los prisioneros, pero sus argumentos no fueron jamás aceptados.
Los abusos cometidos por estos tribunales militares no pudieron ser
discutidos ante la Corte Suprema porque el máximo tribunal renunció a su facultad
fiscalizadora sobre ellos. Un ejemplo ilustrativo se dio el 13 de noviembre de 1973. Al
rechazar los recursos presentados en favor de Juan Fernando Silva RiverosSilva Riveros,
Juan Fernando, condenado en Valparaíso, el máximo tribunal se lavó las manos. Resolvió
que en Tiempo de Guerra el jefe de zona en Estado de Emergencia era la autoridad superior
de tales tribunales. Para llegar a esa conclusión, la Corte citó truncamente el mensaje
presidencial que acompañaba a la derogada ley de Organización y Atribuciones de los
Tribunales de 1875 y dio una nueva interpretación el artículo 74 del Código de Justicia
Militar 9.
Los abogados del Comité Pro-Paz no compartían la idea que la Corte
Suprema renegara de sus atribuciones y al mismo tiempo aparentara que el Estado de Derecho
operaba con normalidad, pero fracasaron en sus intentos por modificar ese criterio. Varias
veces argumentaron en sus escritos que la Corte estaba dando una interpretación mañosa
al Código de Justicia Militar, que jamás pretendió tener el alcance sugerido por el
máximo tribunal. Y que, aun si ese hubiera sido el caso, la Corte debía declarar la
inconstitucionalidad del mentado artículo, pues la Carta Magna –a cuya letra las
demás leyes obedecen– daba a la Corte Suprema la facultad de supervigilar a todos
los tribunales de la nación. "Todos", recalcaban.
La Corte no los oyó.
Al comenzar 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió
parcialmente un recurso de amparo en favor del menor Luis Alberto Muñoz MenaMuñoz Mena,
Luis Alberto y dispuso que antes de ser juzgado por un Consejo de Guerra, un tribunal de
menores debería determinar si actuó con discernimiento (el procedimiento se aplica en
Chile para menores entre 16 y 18 años). Posteriormente, sin embargo, la Corte Suprema
anuló el fallo opinando que ni aún las medidas de protección de los menores
"pueden prevalecer sobre las disposiciones que adopta la autoridad con ocasión de un
Estado de Sitio" 10.
Poco después, se pidió a la Suprema que determinara qué tribunal era
el encargado de pronunciarse sobre el discernimiento de otros dos asdolescentes, antes de
que fueran condenados por un Consejo de Guerra: si la Fiscalía de Aviación o el Primer
Juzgado del Crimen.
La Corte insistió en que el país se encontraba en "Estado de
Guerra" y que, por lo tanto, sólo la Fiscalía de Aviación o el Consejo de Guerra o
la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea podían resolver sobre el discernimiento de los
niños. La resolución fue respaldada por los ministros Rafael Retamal López, Luis
Maldonado Boggiano, Armando Silva Henríquez y el auditor general del Ejército, Osvaldo
Salas Torres 11.
Víctor Manuel Rivas Rivas y Osvaldo Erbetta argumentaron que no
existía en las leyes chilenas una sola disposición que conculcara a los tribunales de
menores su facultad para pronunciarse sobre los discernimientos. Ni había norma expresa
alguna que se la entregara a los tribunales militares. Pero estaban en minoría.
Más tarde, en un recurso de queja en contra de la sentencia del
Consejo de Guerra de Arica que condenó a Sergio Rubilar González, el ministro José
María Eyzaguirre fue el único en defender las facultades constitucionales de la Corte
Suprema.
Recogiendo los argumentos de los abogados del Comité Pro-Paz,
Eyzaguirre recordó que el artículo 86 de la Constitución Política reconocía a la
Corte Suprema la "superintendencia directa, correccional y económica de todos los
tribunales de la Nación" y que el artículo 74 del Código de Justicia Militar no
podía "prevalecer sobre el texto de la Carta Fundamental y, en caso de
contradicción entre uno y otro, esta Corte debe aplicar la Constitución" 12.
Eyzaguirre era ladino. Aparecía como el magistrado supremo más
ecuánime, pero sólo respaldaba estas posturas cuando tenía la certeza que aparecería
en un pronunciamiento de minoría.
La renuncia de la Corte Suprema a las facultades que le reconocía la
Constitución de 1925 es tan clara que en la Constitución de 1980 "la junta militar
debió disponer que la Corte Suprema carecería –a futuro– de competencia sobre
los tribunales militares en tiempo de Guerra" 13.
Reveco, al gual que cientos de prisioneros políticos condenados en
Consejos de Guerra quedó al poco tiempo en libertad, porque era física y jurídicamente
insostenible para las Fuerzas Armadas mantener el rol de tribunal y Gendarmería sobre una
proporción tan grande de la población.
Sin embargo, creció proporcionalmente el poder de la DINA, aumentó el
número de presos cuya detención no era reconocida oficialmente y debutaron las cárceles
clandestinas.
Hacia 1975, muchos Consejos de Guerra que dictaban sentencias
absolutorias, añadían un párrafo que dejaba a los procesados a disposición del
Ministerio del Interior. La autoridad administrativa podía requerirlos en virtud del
"Estado de Sitio" y enviarlos a los campos de concentración.
Cinco mil recursos de amparo
"¡Ayúdenme!", fue el grito angustioso que escucharon los
transeúntes que circulaban por calle Nataniel, entre Coquimbo y Atacama, el 3 de
noviembre de 1976 14. Eran aproximadamente las 11.30 de la mañana. Cuando se vio a un
hombre de aparentemente unos treinta años –aunque en realidad tenía menos–
lanzarse a las ruedas de un microbús. Antes había alcanzado a agregar en sus gritos que
los de la DINA lo venían persiguiendo. El conductor de la "Vivaceta-Matadero"
intentó frenar, pero no pudo evitar la embestida.
En la calzada quedó tendido el cuerpo del ex regidor comunista por
Concepción, Carlos Contreras Maluje. Le sangraba la cabeza, pero estaba consciente. En
pocos segundos, los curiosos rodearon al herido.
El capitán de la 12ª Comisaría de Carabineros de San Miguel
(identificado en el expediente judicial sólo por sus iniciales: C.N.B.V.) pasaba
casualmente por esa esquina en un jeep institucional. Vio la muchedumbre y el cuerpo del
peatón atropellado. Se acercó.
–Soy Carlos Contreras Maluje…, por favor ¡ayúdenme!…
Los de la DINA me estaban torturando… me escapé… traté de suicidarme...
–era la súplica del hombre tendido en el suelo.
Mientras el capitán volvía al jeep para pedir una ambulancia y
comunicarse con sus superiores, de un Fiat 125 celeste bajaron cuatro civiles. Mostraron
tarjetas de la DINA y señalando al caído dijeron que lo venían siguiendo. Al verlos
éste, se removió desesperado y reanudó sus gritos:
–¡No dejen que me lleven de nuevo!... ¡Son de la DINA! ¡Por
favor!, –imploró, dirigiéndose al público–, avisen a mis familiares, la
Farmacia Maluje de Concepción... ¡Carabineros!... ¡Ayúdenme, por favor! ¡La Farmacia
Maluje! 15.
El público congregado miraba al herido y escuchaba sus ruegos entre
atónito y temeroso; nada hicieron ni podrían haber hecho cuando los agentes lo subieron
al Fiat. "¡Soy Carlos Contreras" y la insistencia en que se avisara a la
Farmacia Maluje de Concepción fue lo último que se escuchó.
"Los civiles del Fiat 125 recogieron al herido y lo subieron a la
fuerza al auto. Digo a la fuerza porque el lesionado gritaba que no se lo llevaran y que
lo dejaran morir tranquilo 16", declaró luego ante los tribunales el conductor del
microbús, Luis Rojas Reyes.
"Llegó el automóvil patente EG-388, Fiat 125 color celeste,
bajándose las personas que dijeron ser de DINA, tomaron al individuo y lo subieron
violentamente al vehículo, llevándoselo del lugar 17", escribió el capitán de
carabineros en el Libro de Novedades de su Comisaría.
"Un vehículo Fiat 125 (...) se detuvo a prestar cooperación,
desde el cual bajaron cuatro personas que subieron al lesionado a dicho vehículo,
retirándose del lugar, ignorándose todo antecedente de su paradero, debido a que no
concurrrió a ningún Centro Asistencial... Se hace presente que en este procedimiento
intervino personal de DINA", menciona el parte Número 41, que la Sexta Comisaría de
Carabineros envió al Segundo Juzgado Militar de Santiago, dando cuenta de los hechos 18.
El mayor R.A.M.G., ayudante del Segundo Jefe de la Prefectura General,
contó que él había recibido la llamada del capitán. "Como en el lugar se
encontraba bastante gente, testigos oculares, un lesionado y habría actuado personal de
la DINA, se le dio instrucciones de que trasladara al inculpado a la Comisaría del
sector, y se diera cuenta a los Juzgados Militares 19".
El "inculpado" era el chofer de la micro, quien fue detenido
y luego puesto en libertad provisional bajo el cargo de lesiones "al parecer, menos
graves en atropello".
Carabineros entendía que si personal de la DINA se hacía cargo de un
"procedimiento" le correspondía retirarse. Así lo hizo el capitán que
presenció los hechos, y que le dijo al chofer que no se "preocupara".
El capitán recibió después instrucciones de no mencionar a la DINA
cuando redactara el parte dirigido a los tribunales.
Anónimos transeúntes cumplieron el deseo de Contreras Maluje. Unos
llevaron el nombre a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada a un costado de la Catedral,
en la Plaza de Armas. Otros llamaron a su familia en Concepción.
Inmediatamente, la Vicaría presentó ante la Corte de Apelaciones de
Santiago un recurso de amparo en su favor y agregó más tarde declaraciones de los
testigos y de los propios carabineros. Su familia estaba esperanzada en que, con tanta
información disponible, los tribunales podrían encontrarlo y rescatarlo con vida.
La Corte de Apelaciones envió oficios a los centros asistenciales y
éstos informaron que no había ingresado ninguna persona identificada con ese nombre.
Tampoco el Servicio Médico Legal había recibido su cadáver.
Casi tres meses más tarde, el 30 de enero de 1977, la Quinta Sala de
la Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Marcos Libedinsky, Adolfo Bañados y
José Cánovas, pidió a la sección "patentes" de la Municipalidad de Las
Condes, que identificara al propietario del Fiat celeste. La respuesta fue que le
pertenecía a: "Fisco de Chile, Fach, Estado mayor General, Dirección de
Inteligencia".
El 31 de enero la Sala, en votación dividida, acogió el amparo.
"En consecuencia, se declara que el señor Ministro del Interior, a fin de
restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del amparado, deberá
disponer su inmediata libertad" 20.
El voto de mayoría, emitido por Bañados y Libedinsky, se sustentó en
el Acta Constitucional Nº 3 de septiembre de 1976, dictada por la propia Junta de
Gobierno, asegurando a todas las personas el derecho a la libertad personal y la garantía
de que nadie podría "ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público
expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma
legal" 21.
El fallo expresó que aunque la DINA negaba la detención, "debe
aceptarse, asimismo, que ella se llevó a efecto sin orden competente de autoridad
alguna".
José Cánovas votó por rechazar el recurso y enviar los antecedentes
a la justicia militar.
El Ministerio del Interior rehusó dar cumplimiento a la orden de la
Corte.
El ministro subrogante, Enrique Montero Marx, envió una arrogante
comunicación manifestando que "oportunamente (...) esta Secretaría de Estado
informó a Usía Ilustrísima que no tenía antecedentes de la persona investigada, ni
tenía conocimiento fidedigno de que hubiera sido arrestado por algún determinado
organismo de seguridad y que no habría pronunciado ni mantenido pendiente resolución
alguna que lo afectara".
Como la DINA le decía que no lo tenía en su poder y su deber era dar
fe de sus asertos "especialmente si su dependencia es en forma directa, del
Presidente de la República", el ministro concluía que el fallo es "imposible
de cumplir", salvo que el tribunal le indique "el lugar preciso" en que
Contreras Maluje se halla 22.
El flagrante desacato del Ejecutivo motivó una reunión del pleno de
ministros del tribunal de alzada capitalino, que resolvió informar a la Corte Suprema
"para los fines que procedan".
Pero antes de que la Corte manifestara su parecer, el general Pinochet,
Augusto Pinochet, usó un método indirecto para difundir su opinión. Dirigió un oficio
al juez Militar de Santiago, que había recibido el parte policial, sugiriendo que la
detención pudo ser practicada por "elementos subversivos". El general afirmaba
haber "comprobado fehacientemente", en su calidad de Presidente de la
República, que ningún órgano bajo su dependencia había practicado la detención, de lo
cual se derivaba la "absoluta imposibilidad jurídica y de hecho" de cumplir el
mandato judicial.
"El Jefe de Estado que suscribe reitera a Usía su decidido
propósito de llegar -ya sea por la vía de los Tribunales de su jurisdicción o a través
de la justicia ordinaria- a un amplio esclarecimiento de los hechos investigados (…)
que, sin que en su comisión haya mediado decisión, intención, ni intervención Suprema,
pueden comprometer el prestigio del Gobierno, de sus instituciones fundamentales y que, en
definitiva, afectan gravemente la seguridad interior, ya que preocupa al infrascrito que
pudiera esta detención arbitraria haber sido premeditadamente efectuada por elementos
subversivos" 23.
La Corte Suprema no respaldó a sus subordinados, ni dio completa
razón al Ejecutivo. En abril de 1977, declaró que los magistrados no habían agotado
todas las diligencias destinadas a identificar el organismo que "eventualmente detuvo
al amparado, que pudo ser cualquiera de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de
Investigaciones" 24 y les ordenó continuar las pesquisas.
Los familiares de Contreras se desesperaban, en tanto, viendo que el
tiempo pasaba y nada sabían de él.
En sus nuevas diligencias, los magistrados averiguaron que el Fiat
usado en la operación estuvo el día y a la hora de los hechos a disposición, para uso
personal, del director de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general Enrique Ruiz. El
oficial, que a la fecha se desempeñaba como intentendente en la Décima Región, intentó
eludir los cuestionamientos de los magistrados, pero finalmente, a mediados de año,
envió sus respuestas por escrito, diciendo que el auto lo había dejado a las 8.30 de la
mañana en el estacionamiento del Ministerio de Defensa y que sólo lo retiró de allí a
las 14.30 horas. El aviador especuló que la "errada individualización" de su
vehículo como aquél que se usó para secuestrar a Contreras pudo deberse a una
"equivocación de los testigos" –"las letras y dígitos de las
patentes de automóviles suelen formar combinaciones que pueden fácilmente
confundirse"– o al uso de placas adulteradas por "algún grupo interesado
en imputar un hecho a los Servicios de Inteligencia" 25.
Después de interrogar al general Ruiz, la Quinta Sala dio cuenta a la
Corte Suprema de que la "diligencia ordenada" se hallaba "cumplida".
Pero el tribunal desestimó tomar medidas que obligaran al Ejecutivo a cumplir el fallo
judicial. Como argumento, citaron "lo expuesto por su Excelencia el Presidente de la
República, en un oficio de 22 de marzo último (aquél dirigido al Juez Militar), que en
esta fecha se agrega al proceso". La conclusión era tajante: "Devuélvanse los
antecedentes acompañados. Archívese" 26.
Tal fue el destino del único recurso de amparo acogido por los
tribunales de Justicia entre el 11 de septiembre 1973 y comienzos de 1979, período en el
que se presentaron más de cinco mil.
Pese a los esfuerzos de Bañados, Adolfo Bañados, y Libedinsky, Marcos
Libedinsky, el fallo no cumplió su objetivo de terminar con una detención "ilegal o
arbitraria", ni de hallar a la víctima para traerla a presencia del tribunal.
La verdad no sería descubierta sino varios años más tarde, por el
ministro Carlos Cerda Fernández, quien determinó que Contreras Maluje fue secuestrado
por el grupo de combate antisubversivo de la Fuera Aérea conocido como Comando Conjunto.
Pero el paradero de Carlos Contreras Maluje aún se desconoce. Su
desaparición formó parte de las investigaciones del ministro Cerda, pero el proceso se
encuentra sobreseído, por aplicación de la Ley de Amnistía.
Pasaron más de ocho meses entre el día que Contreras Maluje se lanzó
a las ruedas de un microbús en calle Nataniel y aquél en que la Corte Suprema emitió la
última resolución en el caso, aunque la ley establece, desde el siglo pasado, que los
amparos deben resolverse en un plazo de 24 horas o un máximo de seis días, cuando es
necesario practicar diligencias.
El 19 de septiembre de 1932 la Corte Suprema dictó un Auto Acordado
(que equivale a un reglamento) para instruir a los tribunales sobre la forma correcta de
tramitar los amparos. Recordaba la Corte que está en la naturaleza de ese recurso
"principalmente, que sea resuelto a la mayor brevedad y no cuando el mal causado por
una prisión injusta haya tomado grandes proporciones o haya sido soportado en su
totalidad". El tribunal superior ordenaba ya entonces a los jueces que tomaran las
medidas necesarias para inducir a los funcionarios a "cumplir oportunamente con su
deber" de entregar los informes que se les requirieran y hasta prescindir de ellos,
si la demora excediese el límite de lo razonable. "No sería posible dejar la
libertad de una persona sometida al arbitrio de un funcionario remiso o maliciosamente
culpable en el cumplimiento de una obligación", reflexionaba la Corte Suprema de
1932.
Todas las constituciones chilenas han reconocido a los ciudadanos la
garantía del recurso de amparo e incluso la Junta Militar de Gobierno, en el Acta
Constitucional Nº 3, aseguró su vigencia bajo el Estado de Sitio.
Sin embargo, rara vez los jueces ordenaron traer al amparado a su
presencia y, cuando lo hicieron, no protestaron por el incumplimiento de los servicios de
seguridad. No más de una decena de veces, en más de diez mil recursos de amparo,
ordenaron que un juez se constituyese en el lugar de arresto. Habitualmente se negaron a
fijar plazo a las autoridades para las respuestas.
Nunca apremiaron a un funcionario renuente a informar y jamás
prescindieron de los informes requeridos, como en cientos de ocasiones la Vicaría les
solicitó. Más aun las Cortes dieron toda clase de facilidades a las autoridades para
dilatar las respuestas que debían entregar dentro de plazo. Las cortes de Apelaciones
rechazaron, en general, constituirse en centros de detención, incluso cuando éstos eran
identificados por los recurrentes, y en los domicilios de personas detenidas, liberadas y
obligadas a permanecer en su propia casa.
"Objetivamente, los magistrados se han inhibido de comprobar con
sus propios ojos una situación que los obligaría a adoptar medidas favorables para los
amparados" decía la Vicaría en un escrito al máximo tribunal en 1977 27.
Cuando el Ministerio del Interior informaba que no había orden en
contra de un ciudadano y que los servicios a su mando señalaban no haberlo aprehendido,
las Cortes rechazaban el recurso de amparo diciendo que no había antecedentes que
demostraran la efectividad de la detención. Cuando el Ministerio reconocía la
detención, aunque lo hiciera después de haberlo negado inicialmente y sin señalar la
fecha del arresto, las Cortes igualmente rechazaban el amparo diciendo que la detención
había sido ordenada por autoridad competente.
La Vicaría alegaba: "¿En qué casos, entonces, podemos tener la
esperanza de que se acoja un recurso de amparo?"28.
Un problema más era a quién dirigir las peticiones de informes. La
Corte Suprema respaldó, en general, la tesis de que debían enviarse al Ministerio del
Interior y no a los órganos aprehensores.
En abril de 1975 la Suprema reprochó la osadía de la Corte de
Apelaciones de Santiago, por atreverse a preguntar directamente a la DINA sobre un
detenido. El máximo tribunal acogió así un perentorio oficio del entonces poderoso
director de la DINA, coronel Manuel Contreras Sepúlveda, manifestando que "toda
información de detenidos debe ser proporcionada a los tribunales de Justicia, cualquiera
que ellos fueren, por el señor Ministro del Interior o por el Sendet (Servicio Nacional
de Detenidos)" 29.
En respuesta, el máximo tribunal comentó que "dada la situación
en que se encuentra el país, resulta conveniente usar la vía propuesta por el Supremo
Gobierno, para obtener aquellos informes" 30.
En otra ocasión –en el recurso de amparo de Eduardo Francisco
Miranda, a quien testigos habían visto preso en Cuatro Alamos–, una sala de la Corte
santiaguina, con el voto de minoría de Hernán Cereceda Bravo, no aceptó el desacato del
organismo de seguridad y reiteró el oficio a la DINA en términos enérgicos. El
Ministerio del Interior redactó una atrevida respuesta que recordaba al tribunal
capitalino su deber de respetar las "instrucciones" del Gobierno. El tribunal no
volvió a insistir y el 16 de junio de 1977 rechazó el recurso.
Uno de los magistrados que estuvo en el tribunal capitalino durante la
primera década del gobierno militar afirma que "los ministros vivíamos con mucha
intranquilidad. No es que la Corte Suprema nos diera instrucciones sobre cómo resolver
los asuntos, que nos dijera: ‘Rechacen los recursos de amparo’, pero había
órdenes implícitas. Sabíamos que si los acogíamos, nuestras decisiones serían
revocadas arriba y que corríamos serio peligro de ser mal calificados al finalizar el
año" 31.
Pese a los magros resultados en las Cortes, el Comité Pro Paz y la
Vicaría matuvieron siempre la decisión de recurrir a los tribunales y de defender
porfiadamente el respeto al Estado de Derecho y a las leyes. Había en ello, aparte de las
decisiones humanitarias, dos razones políticas: una, desalentar las alternativas
violentas de oposición al régimen militar, y otra, que quedara el registro escrito y
documentado de las violaciones a los derechos humanos.
Secuestro en la cárcel
El gendarme abrió la mirilla del grueso portón y vio a cuatro
oficiales de Ejército. Reconoció a uno, porque en otras ocasiones había estado en el
penal. Sabía que era de la DINA.
De todos modos el gendarme pidió el "santo y seña". Era la
rutina. El oficial que parecía estar a cargo del grupo respondió correctamente y el
gendarme abrió.
–Soy el teniente Quinteros Romero, AlejandroQuinteros... Traigo
una orden de la Asesoría Militar de los Tribunales en Tiempos de Guerra, para retirar al
prisionero David SilbermanSilberman, David 32 –dijo el oficial al gendarme.
Media tarde. 4 de octubre de 1974.
Silberman, ingeniero civil industrial era gerente general del mineral
de Chuquicamata hasta el 11 de septiembre de 1973. El 15 se entregó voluntariamente al
Comandante Militar de Calama, respondiendo a un bando que reclamaba su comparecencia. En
esa ciudad, fue condenado por un Consejo de Guerra a trece años de prisión por
infracción a la ley de Seguridad del Estado y a la ley de Control de Armas. (El mayor
Reveco, quien presidió el Consejo, enfrentaría más tarde el juicio de sus compañeros
de armas).
En la misma causa fueron condenados varios ejecutivos y empleados de la
empresa estatal, junto a militantes de los partidos Comunista y Socialista de la zona.
Silberman fue trasladado a Santiago y recluido en la Penitenciaría el 30 de septiembre.
Los demás quedaron en el norte.
El 4 de octubre de 1973, Silberman fue sacado por primera vez desde la
Penitenciaría. Lo llevaron a la Academia de Guerra, donde permaneció recluido hasta el
20. Un día antes, en Calama, una unidad militar había secuestrado a veinticinco de sus
ex compañeros de trabajo desde la cárcel, fusilándolos en el desierto.
Exactamente un año después, aquel viernes 4 de octubre de 1974, el
teniente Quinteros llegaba a la Penitenicaría reclamando nuevamente a Silberman.
El gendarme lo condujo hasta las oficinas del Alcaide. Quinteros
Romero, AlejandroQuinteros mostró su documento de identidad, TIFA 245-03 y pidió permiso
para retirar al ex ejecutivo.
–El prisionero está cumpliendo condena. ¿Con qué fin lo
solicita?, –inquirió el alcaide.
–Debe someterse a un interrogatorio. Volverá enseguida,
–respondió el oficial y exhibió una orden suscrita por un tal "coronel
Ibañez" 33. Explicó que Silberman estaba siendo investigado por infiltración a las
Fuerzas Armadas, sedición y el asalto a una sucursal del Banco de Chile.
Siguiendo los procedimientos regulares, el alcaide pidió corroborar la
orden telefónicamente. Discó el número que le dio Quinteros: 516403 y preguntó por el
"auditor Leyton" o el "comandante Marcelo RodríguezRodríguez,
Marcelo", quien en el documento figuraba como "asesor militar" de los
Consejos de Guerra.
El alcaide recibió la confirmación que esperaba y accedió a lo
solicitado. En el acta de entrega quedó estampada su firma, junto a la rúbrica del
teniente Alejandro Quinteros RomeroQuinteros Romero, Alejandro. Hora: 18.40.
Uno de los gendarmes condujo a los oficiales a la salida y vio que el
grupo, armado con fusiles, partía en un vehículo Ika-Renault, sin patente. "El
típico auto de la DINA", pensó.
A no muchos metros de distancia, el ingeniero Alejandro Olivos
OlivosOlivos Olivos, Alejandro abandonaba la planta Chiloé de la Compañía de
Teléfonos, ubicada en Avenida Pedro Montt. Olivos había pedido permiso momentos antes
para entrar al "pararrayos" (nombre que los técnicos dan al lugar en que se
ubican todas las conexiones) con el pretexto de hacer una conexión de prueba a Isla de
Maipo.
Los empleados de turno le ofrecieron ayuda, pero Olivos la rechazó.
Con un "enrulador" había estado realizando trabajos en el panel donde se
hallaba la serie telefónica desde el 51-6401 al 51-6449.
El sábado 5, Mariana AbarzúaAbarzúa, Mariana, esposa del Silberman,
se presentó en la Penitenciaría para la visita de rutina. Aunque no era fácil atender a
sus tres hijos y enfrentar el presidio de su esposo, ella creía que lo peor había
pasado. Tenía esperanzas en que pronto las gestiones que realizaba para lograr la
libertad de su esposo tendrían un resultado positivo. Confiaba, por ejemplo, en una
respuesta favorable de la Comisión de Indultos creada en el Ministerio de Justicia, pues
en ciertos casos ésta había conmutado penas de reclusión por extrañamiento. Esa
posibilidad no era tan mala para Silberman, que ya tenía ofrecimientos de trabajo en
Israel.
Mariana se sorprendió cuando esa mañana de sábado los gendarmes le
informaron que Silberman no estaba en la Penitenciaría. Lo había visto por última vez
una semana antes y él no le dijo nada sobre un eventual traslado.
Confundida, sólo atinó a recurrir al Ministerio de Justicia. El 9 de
octubre, un funcionario en esa secretaría le dijo que Silberman estaba en manos de un
servicio de inteligencia y que el siguiente fin de semana sería devuelto al penal. Pero
en el Ministerio del Interior, un ayudante le dio otra versión:
–Tal vez su marido se fugó...
–¡¿Qué?! ¿Fugarse? ¿Cómo puede decirme eso? Mi marido no es
un extremista ni ha tenido nunca contacto con ellos. ¡El es un intelectual y no un
guerrillero! 34, –protestó, vivamente ofuscada. Prefirió creer al funcionario de
Justicia y ese fin de semana volvió a la Penitenciaría. Silberman no había regresado.
El lunes 14 interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, exponiendo que "encontrándose condenado y llevando un año de la pena
ya cumplida, es extraño e inusitado que se le saque del penal por un oficial de
Ejército, sin mayores explicaciones, lo que contraviene todas las normas sobre
cumplimiento de condena" 35.
Ese mismo día, Mariana se entrevistó con otro empleado en el
Ministerio del Interior, quien la tranquilizó:
–Su esposo no se ha fugado, no se preocupe. Existe un documento en
que las personas que dictaron la orden de sacar a su esposo de la cárcel están
identificadas. Lamentablemente, no le puedo informar dónde se encuentra su esposo 36.
Cinco días más tarde, la mujer concurrió a una cita que obtuvo con
el vicario general castrense, Francisco GilmoreGilmore, Francisco, quien le dijo que las
autoridades estaban "muy preocupadas del problema" y que habían iniciado un
sumario para determinar las responsabilidades al respecto, puesto que el documento con que
se retiró al prisionero "sería falso".
–Seguramente se trata de funcionarios del gobierno marxista que
usaron esta treta para liberarlo –dijo Gilmore.
En cuanto al sumario, el obispo no mentía. Gendarmería había
informado a Justicia que funcionarios militares habían sacado a Silberman de la
Penitenciaría, pero que, consultados los servicios de inteligencia, éstos negaban la
detención. El ministro Miguel SchweitzerSchweitzer, Miguel envió los antecedentes a la
Segunda Fiscalía Militar donde, a petición suya, se abrió un proceso fechado el 18 de
octubre.
El Ministerio del Interior respondió a los oficios de la Corte de
Apelaciones recién a mediados de noviembre, señalándole que lo único que sabía era
que Silberman estaba cumpliendo condena en un recinto penal. Simultáneamente, sin
embargo, el Ministerio de Justicia admitió conocer el inicio de un proceso en la justicia
castrense.
Con ese dato, la Corte capitalina rechazó el recurso y ordenó remitir
los antecedentes al Segundo Juzgado Militar.
La familia apeló ante la Corte Suprema, que fue enterada así de que
en sus propias barbas un grupo no identificado había secuestrado desde el interior de una
cárcel ordinaria –bajo su dependencia– a un prisionero:
–¡Esto es intolerable! 37, –vociferaba el ministro José
María Eyzaguirre.
Eyzaguirre creía firmemente que pertenecía a un Poder independiente
del Estado. Profundamente conservador y católico, no había titubeado en representar a
Allende las ilegalidades en que había incurrido; nunca le gustó el gobierno marxista,
que amenazaba, según él, las raíces del Estado de Derecho. Y ciertamente compartía los
fundamentos del "pronunciamiento militar". Pero el secuestro de Silberman lo
perturbaba francamente, porque le hacía sentir que algunos funcionarios de la
administración estaban invadiendo las atribuciones del Poder Judicial.
–¡Hay que hacer algo!, –les planteó a sus colegas de la
Corte Suprema, cuando se enteró del caso. Propuso–: Hablemos con el Presidente.
Ninguno de ellos mostró interés en su idea. Cada uno tuvo una excusa
diferente. "Recuerda que este gobierno nos salvó de la muerte..." "No
podemos olvidar que los extremistas tenían un plan para asesinarnos..." "Lo
vivimos en carne propia el 11; de no ser porque Su Excelencia nos puso esa micro del
Ejército, quizás qué nos hubiera pasado..." 38.
Pero la indignación de Eyzaguirre era verdadera. "Es hora de que
nos pongamos los pantalones", y tal como lo había anunciado, pidió una entrevista
con Pinochet.
Ya en presencia del general, respetando los códigos de la formalidad,
el magistrado, le expuso la gravedad de la situación: el Poder Judicial no podía aceptar
que un prisionero, que estaba cumpliendo una pena ya aprobada por la Corte Suprema,
desapareciera de una institución bajo su jurisdicción. En su presencia, el general
Pinochet, AugustoPinochet llamó al coronel Manuel Contreras SepúlvedaContreras, Manuel,
entonces director de la DINA, le dijo que estaba con un ministro de la Corte Suprema, y
que si tenía al detenido, debía liberarlo. Es un misterio lo que Contreras respondió al
general Pinochet. Lo único cierto es jefe de Estado hizo simplemente saber al ministro
que no podría cumplir sus deseos.
Eyzaguirre volvió al edificio de calle Bandera con las manos vacías.
Y la Corte no tuvo otra alternativa: seguir los procedimientos regulares, enviando
insistentes consultas a la Segunda Fiscalía Militar y reiterando oficios a los
comandantes de Tres y Cuatro Alamos. Todo sin resultados.
El 23 de enero de 1975, puesto que el jefe militar del primero de estos
campos de prisioneros se negaba a responder al máximo tribunal, el pleno decidió oficiar
al Presidente de la República. En su lugar, respondió el ministro del Interior, quien
expuso que, según el Servicio Nacional de Detenidos (Sendet), Silberman no se hallaba en
Tres Alamos.
El 31 de enero, "con el mérito de lo expuesto", la Corte
Suprema resolvió denegar definitivamente el amparo, pero instruyó al fiscal militar para
que acelerara las diligencias de su proceso e informara a la Corte de sus pasos.
La Segunda Fiscalía explicó a la Corte Suprema poco después que no
se había constituido en Cuatro Alamos por cuanto el comandante de ese recinto le informó
que el preso no estaba allí.
En octubre de 1976, el Segundo Juzgado Militar sobreseyó temporalmente
en la causa.
Mucho tiempo después, Mariana AbarzúaAbarzúa, Mariana y sus abogados
tendrían acceso a ese expediente. Sorprendidos, se enteraron que el fiscal militar había
logrado establecer no pocos hechos.
En primer lugar, que los oficiales Leyton, Rodríguez y Quinteros no
existían, como tampoco el departamento de Asesoría Militar a Tribunales en Tiempos de
Guerra, ni la TIFA 245-03, con que se identificó el supuesto teniente Quinteros.
En cuanto al ingeniero Alejandro OlivosOlivos Olivos, Alejandro, se
comprobó que eran suyas las huellas encontradas en la Planta Chiloé de la CTC, frente al
número 516403, y que éste no tenía ningún dueño. Tras ser detenido, confesó que el
día de los hechos había concurrido a esa planta para cumplir una "misión
confidencial", encargada por su superior en el departamento de Asuntos Especiales de
la CTC, el mayor Marcos Derpich MirandaDerpich Miranda, Marcos. Interrogado éste (años
más tarde llegaría a ser un alto jefe de la CNI), declaró que "fui designado en la
Compañía para trabajos especiales confidenciales; mantengo contacto diario con todos los
servicios de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Cuando me designaron
para el cargo, pedí, para la realización material de ellos, a una persona de la más
absoluta confianza, recomendándoseme al señor Olivos, quien hasta la fecha me ha
demostrado gran lealtad. Pero después de sus declaraciones, le he perdido la confianza.
Niego terminantemente haberle dado la instrucción a que alude. Jamás se la he dado"
39.
El fiscal realizó un careo entre ambos y como se mantuvieran en sus
dichos, los dejó en libertad incondicional.
La DINA emitió un informe firmado por el coronel Contreras en que se
afirmaba que "se ha comprobado definitivamente" que Silberman fue secuestrado
por el "archienemigo del PC, el MIR" 40. Como pruebas de su aserto exponía que
"en un enfrentamiento" en que murió el "mirista" Claudio Rodríguez
se le había encontrado documentos que permitieron el allanamiento en la casa de otro
"mirista", Alejandro de la Barra, y que en el domicilio de éste se hallaba una
TIFA a nombre del "teniente Quinteros", pero con la foto de Rodríguez.
El informe acompañaba la supuesta TIFA como prueba de que Rodríguez,
con identificación militar falsa, había sacado a Silberman de la Penitenciaría.
También entregó un "microteléfono standar", que permitiría conectarse a
cualquier teléfono, según manifestaba el informe del "ingeniero" Vianel
Valdivieso Cervantes, entregado también por la DINA al tribunal (el proceso Letelier
demostró que Valdivieso era uno de los hombres de confianza de Contreras en la dirección
de ese organismo).
El fiscal citó al alcaide de la Penitenciaría, quien dijo que esa no
era la TIFA que le había exhibido el supuesto Quinteros el día del secuestro, pues en la
foto en blanco y negro aparecía otra persona y el formato con fondo azul del documento
correspondía a las TIFAS antiguas. Al tal Quinteros, "yo lo puedo reconocer en
cualquier momento 41", dijo el funcionario y además declaró que la TIFA que él
había visto era del tipo vigente: con fondo verde y foto a color. Los demás gendarmes de
turno el día de los hechos coincidieron en sus declaraciones con el alcaide.
En respuesta, la DINA recomendó investigar exhaustivamente al alcaide,
a quien acusó de "encubridor de extremistas".
Citado Vianel Valdivieso, se negó a concurrir, señalando que lo
haría sólo si se lo ordenaba el comandante en jefe del Ejército, bajo las órdenes del
cual trabajaba. El fiscal anuló la citación.
Dos ex prisioneras declararon en el extranjero haber visto a Silberman
primero en el cuartel de José Domingo Cañas y luego en Cuatro Alamos (sector de
incomunicados de Tres Alamos), entre el 5 y el 15 de octubre de 1974, cuando fue sacado
junto a un grupo de prisioneros CON DESTINO a un lugar desconocido.
El fiscal pidió al Juez Militar de Santiago que sobreseyera la causa
en forma temporal, señalándole que, en su opinión, se había acreditado el secuestro,
pero no los autores. El Juez Militar declaró que el caso quedaba cerrado, pero que no se
había demostrado delito alguno y que "perfectamente" Silberman "pudo haber
salido por su propia voluntad" 42. Todo lo demás, sostuvo en su resolución,
corresponde a suposiciones de testigos "de la misma ideología del detenido"
que, por lo tanto, no valían como prueba.
David Silberman figura hasta hoy, en la lista de detenidos
desaparecidos.
Hacia fines de 1974, en el momento en que se creaba la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del coronel Manuel Contreras, el Comité Pro
Paz contabilizaba la existencia de 131 detenidos desaparecidos, por los cuales el Poder
Judicial había rechazado ya recursos de amparo. Por los mismos casos se formalizaron
denuncias por presunta desgracia ante los respectivos tribunales del crimen. Pero las
investigaciones no avanzaban. Ni las víctimas aparecían.
En febrero de 1975, el Comité pidió a la Corte Suprema que tomara
cartas en el asunto y designara un ministro en visita . El máximo tribunal rechazó por
mayoría la solicitud.
Al inaugurar el año, el 1º de marzo de 1975, Enrique Urrutia Manzano
anunció su retiro del Poder Judicial. En su discurso ante las autoridades militares y
judiciales habló de los problemas relacionados con el atraso en el trabajo de la Corte
capitalina:
"Es explicable que la Corte de Apelaciones de Santiago no haya
absorbido su ingreso, en atención a los innumerables recursos de amparo que se
interpusieron ante ella y que distrajeron bastante de su tiempo en las visitas respectivas
(...) Esta presidencia ha debido atender, en numerosas ocasiones durante el transcurso del
año que acaba de terminar, diversas comunicaciones extranjeras llegadas al país, a
propósito de denuncias formuladas en el exterior en orden al supuesto quebrantamiento de
los derechos humanos que habría ocurrido en Chile. Lamentablemente, como ya se expresó
en nuestra exposición del año anterior, otra vez aquéllas han incurrido en las mismas
omisiones en los informes ante sus consejos: han ignorado –o no han querido
recordar– lo que les hemos manifestado, y aún acreditado con documentos y
expedientes" 43.
Urrutia dijo que no podía entender que esas instituciones humanitarias
"a pesar de lo que aquí han observado, de lo que aquí han oído, y de lo que aquí
se les ha demostrado" no hayan "expuesto la verdad". Y agregaba:
"¿Han llegado estas comisiones a esta presidencia con un juicio preconcebido del que
no se han podido desprender?".
Y añadía a continuación:
"No hay duda, ni nosotros hemos negado, que desde el 11 de
septiembre de 1973 a esta parte, se vive en este país en momentos legales de excepción,
ya que las Cámaras de Senadores y de Diputados se encuentran en receso, y reemplazadas
por la Honorable Junta de Gobierno. Pero es del caso advertir que todos los demás
organismos del Estado, como la Contraloría, Banco Central, Tesorería, Impuestos Internos
y otros, funcionan normalmente. Aún más, es conveniente subrayar que en lo referente a
la Administración de Justicia y en especial los Tribunales, se encuentran, como dije al
comenzar, actuando con la independencia que les reconoce la Constitución Política del
Estado (...)"
Finalmente, señalaba con toda solemnidad:
"Este país adhirió en su oportunidad a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y Chile, que no es tierra de bárbaros, como se ha dado a entender
en el exterior, ya por malos patriotas o por individuos extranjeros que obedecen a una
política interesada, se ha esmerado en dar estricto cumplimiento a tales derechos, y
sólo se le podrá atribuir las detenciones expedidas ya en procesos legalmente tramitados
o en virtud de facultades dadas por el estado de sitio referido. En cuanto a torturas y a
atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas
de hierro; y cualquiera afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de
ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria" 44.
Las visitas de Eyzaguirre
Tras el retiro de Urrutia, José María Eyzaguirre fue elegido
presidente del máximo tribunal.
A mediados de 1975, cuando la lista de detenidos desaparecidos
denunciados ante los tribunales sumaban ya más de 350 y la situación alarmaba a los
organismos internacionales, dos supuestas revistas que en verdad sólo aparecieron en una
única oportunidad –O’Dia en Brasil y Lea en Argentina–, difundieron 119
nombres de personas que habrían muerto en presuntos enfrentamientos. El general Augusto
Pinochet afirmó al respecto, que "la lista de 119 extremistas muertos o
desaparecidos, que (el gobierno) ha ordenado investigar, debe ser una nueva maniobra del
marxismo internacional" 45.
Repuestos del impacto, los abogados de los familiares concluyeron que
tales publicaciones eran obra de un montaje, pues los desaparecidos habían sido vistos en
recintos de detención a cargo de la DINA o bien existían antecedentes sobre su secuestro
en Chile 46. Pidieron entonces la designación de un ministro en visita, pero la Corte
Suprema rechazó la demanda.
En enero de 1976, Eyzaguirre y el ministro de Justicia, Miguel
Schweitzer, fueron autorizados a constituirse en Tres y Cuatro Alamos, en Puchuncaví y en
Villa Grimaldi. Los abogados de la Vicaría alegaron que se trataba de una maniobra
publicitaria, pues, para recibir a los visitantes, a los prisioneros en "libre
plática" se les permitió afeitarse y salir a los patios. Fueron fotografiados
leyendo el diario.
Las visitas, no obstante, sirvieron al menos para constatar la
existencia real de centros de detención cuya existencia había sido hasta ese momento
negada por las autoridades.
En Tres Alamos, Eyzaguirre pudo recorrer sólo el pabellón Uno, donde
estaban los prisioneros reconocidos oficialmente y que ya tenían contactos con sus
familiares. El ministro recorrió las instalaciones acompañado por oficiales de
Carabineros, responsables de esa parte del recinto. Otro sector, el de
"incomunicados", a cargo de la DINA, quedó fuera de su vista.
Eyzaguirre se detuvo a hablar con los presos. Entre ellos, conversó
con Fernando Ostornol y con Lautaro Videla, hermano de la asesinada Lumi Videla. Ostornol
era un anciano. Videla, un muchacho.
Ostornol se explayó con crudeza sobre las torturas que había sufrido,
las duras condiciones de la prisión, el vejatorio trato a su familia. Ministro y detenido
debatieron sobre el régimen militar y su legalidad. Ostornol argumentó que la detención
arbitraria a que estaban sometidos, era un atentado a la juridicidad, pues no estaban bajo
la tuición de ningún tribunal competente.
–No puedo entender, señor ministro –le dijo a
Eyzaguirre–, el rol que ha jugado el Poder Judicial en estos años.
–Trate de comprender. Nuestras atribuciones son limitadas. Yo
mismo estoy siendo vigilado por los servicios de seguridad. Lo que nosotros sufrimos no es
tan duro, claro, pero cada día que salgo, cada mañana que mi esposa me despide se queda
pensando que cualquier día me va a pasar algo. No sólo porque los extremistas puedan
atacarme... también temo a la gente de la DINA 47.
Eyzaguirre les contó que algunas veces había tenido que eludir cercos
de vigilancia, usar técnicas para escabullirse.
Lautaro Videla le informó a continuación sobre la muerte de su
hermana, cuyo cadáver fue lanzado al interior de la embajada de Italia. Y su propio caso,
pues personalmente había sido detenido por agentes de la DINA y torturado en Villa
Grimaldi. Contó además que había encontrado en esos cuarteles prendas de vestir de su
hermana y de su cuñado, Sergio Pérez, hoy también un detenido desaparecido.
–Estoy convencido que la DINA mató a mi hermana. Los propios
agentes me lo decían en Villa Grimaldi, –insistió Videla.
Eyzaguirre lo miraba atento. Parecía conmovido. Videla fue generoso en
detalles. Sabía que tenía enfrente a un hombre que representaba "al régimen",
pero quería convencerlo. El y Ostornol dijeron a Eyzaguirre que si quería hacer algo por
ellos, influyera para que se terminaran los campamentos de prisioneros.
–No es posible. No están bajo mi jurisdicción. Incluso ustedes
dependen exclusivamente del Ministerio del Interior, no del Poder Judicial. Si estuvieran
bajo la tuición de los tribunales, podría asegurarles, al menos, el respeto a las normas
procesales. Aquí, lo más que puedo hacer, es oír su versión y hacer algunos reclamos
dentro del marco legal 48 –contestó el juez.
Los prisioneros no compartían la visión extremadamente formalista del
ministro, pero agradecieron su interés.
El 1º de marzo de 1976, el año judicial fue inaugurado por
Eyzaguirre, en una ceremonia a la que asistieron el ministro de Justicia, Miguel
Schweitzer, el presidente del Colegio de Abogados, Julio Durán, y el decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Hugo Rosende.
Eyzaguirre reconoció un retraso en los juicios en los tribunales del
crimen, que atribuyó a la escasez de juzgados. Agradeció la preocupación del gobierno
por el perfeccionamiento del Poder Judicial y resaltó el aumento del presupuesto fiscal
asignado al sector: de un 0,37 por ciento en 1975 a 0,48 por ciento, en 1976. Valoró
luego las modificaciones legales tendientes a proteger los derechos de los detenidos
"por delitos contra la seguridad nacional", como la obligación de los
organismos "encargados de velar por el normal desenvolvimiento de las actividades
nacionales y por la mantención de la institucionalidad" de informar, al menos 48
horas después de la detención, a los familiares del inculpado. También destacó las
atribuciones entregadas al presidente de la Corte Suprema para inspeccionar los centros de
detención 49.
Es necesario combatir "el terrorismo", admitió Eyzaguirre,
pero al mismo tiempo respetar las "necesarias garantías del imputado".
En la misma cuenta anual, el presidente de la Corte Suprema opinó que
los jueces no debían ser tan indulgentes con los infractores del tránsito y, como si
hablara de lo mismo, se refirió a la petición del Comité Pro Paz:
"Los ministros visitadores han expedido sus informes y de ellos se
desprende que en numerosos casos las personas cuyo desaparecimiento se investigaba se
encuentran en libertad; otras han salido al extranjero, otras están detenidas en virtud
del Estado de Sitio; otras son procesadas en los Tribunales Militares y finalmente,
respecto de algunas, se trata de delincuentes de derecho común cuyos procesos se
tramitan. Muchos procesos (por desaparecimiento) se encuentran en actual tramitación y
numerosos han sido sobreseídos sin resultados" 50.
Esa era su cara pública. En privado, tenía otra menos ingenua.
En un informe confidencial enviado al ministro de Justicia, Eyzaguirre
narraba a Schweitzer sus visitas a Tres y Cuatro Álamos y las entrevistas que sostuvo con
los connotados dirigentes políticos Luis Corvalán, Daniel Vergara, José Cademártori,
Tito Palestro, Fernando Flores, Jorge Montes y Alfredo Joignant.
Le contaba que éstos denunciaron haber sufrido torturas, que llevaban
30 meses privados de libertad a la espera de juicios que nunca comenzaban, que había
presos con graves secuelas por los maltratos recibidos, que otros estaban detenidos sin
orden alguna o utilizando una "orden en blanco, que la DINA se había apropiado de un
taxi de un prisionero y que el Ministerio del Interior había informado a los tribunales
que el propietario del vehículo no se encontraba detenido.
No obstante lo anterior, 120 días después de haber enviado ese
informe, Eyzaguirre y la Corte declararían que los abogados que denunciaron ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos lo mismo que él había visto, "faltaban a la
verdad".
Sólo en una oportunidad la visita del Presidente de la Corte Suprema a
los recintos de detención sirvió para ubicar a un detenido cuya privación de libertad
había sido negada. Fue el caso de Manuel Guerrero Ceballos, en 1976. Guerrero sería
secuestrado y degollado, casi diez años más tarde, junto a José Manuel Parada y
Santiago Nattino51.
Eyzaguirre ordenó que los detenidos por delitos comunes fueran
trasladados a cárceles comunes, bajo la tuición de los tribunales, pues no había razón
para que permanecieran en los campos de concentración. Sin embargo, la medida fue en
muchos casos transitoria, porque numerosos detenidos fueron sacados de las cárceles y
llevados nuevamente a recintos bajo dependencia de la DINA. En uno de esos casos -el de
David Silberman- el detenido desapareció.
A mediados de 1976, Lautaro Videla fue llevado frente a un Consejo de
Guerra en Valparaíso, que lo condenó a la pena de extrañamiento. Funcionarios militares
lo entregaron a los gendarmes en el anexo-cárcel de Capuchinos, desde donde iba a ser
expulsado inmediatamente del país. Sin embargo, por instrucciones del Ministerio del
Interior, agentes de civil lo sacaron del recinto penal y lo trasladaron nuevamente a Tres
Alamos, junto a Sergio Vesely Fernández. El fantasma del caso Silberman se instaló en
las mentes de ambos.
Videla envió un mensaje angustioso a su madre: "Pide una
audiencia con Eyzaguirre". La mujer, bien asesorada en los asuntos legales, se
presentó en el despacho del ministro y le dijo que su hijo había sido secuestrado desde
un recinto penal bajo la jurisdicción de los tribunales de Justicia, donde esperaba el
cumplimiento de una condena emitida por un tribunal legalmente constituido.
Eyzaguirre le dio su palabra de que no permitiría obstrucciones
administrativas al cumplimiento de las penas, pues el pronunciamiento de un tribunal
–aunque fuera uno militar– estaba por sobre una orden de detención preventiva
emanada del Ejecutivo.
Cuatro días más tarde, Videla y su compañero de proceso fueron
devueltos a Capuchinos y expulsados finalmente del país. Para ellos, fue un mal
considerablemente menor que el muy incierto destino de quedar en Chile, a merced de la
DINA. Para Eyzaguirre, fue una posibilidad mínima pero concreta de imponer el respeto a
su autoridad.
En agosto de 1976, la Vicaría de la Solidaridad volvió a la carga con
una solicitud de ministro en visita para que investigara la situación de los
desaparecidos, que ya sumaban 383. La presentación fue rechazada una vez más por la
Corte Suprema:
"Puede advertirse que, contrariamente a lo que se afirma en la
aludida solicitud -y como se reitera en las tres presentaciones de los familiares de
aquellos presuntos desaparecidos- las investigaciones realizadas (...) demuestran celo y
acuciosidad y cuentan con la vigilancia directa de los ministros visitadores de la Corte
de Apelaciones de esta ciudad. Resulta que de las personas que se decían desaparecidas
han sido encontradas 38, que se hayan libres y residiendo en sus respectivos domicilios;
que se han ubicado a cinco que han salido al extranjero; se ha verificado que, de ellas,
11 están arrestadas en virtud del Estado de Sitio, 3 por los tribunales militares y 3 por
los tribunales ordinarios por tratarse de delincuentes comunes" 52.
Según el voto de mayoría, las presentaciones de la Vicaría repetían
los nombres de las víctimas "con el evidente propósito de aumentar ficticiamente el
número de éstos, y aunque en dichas repeticiones, por lo general, figura como familiar
denunciante el mismo nombre, se advierte a simple vista la disconformidad de firmas".
El fallo fue pronunciado con el voto de los ministros Israel Bórquez,
Luis Maldonado, Octavio Ramírez Miranda, Víctor Rivas del Canto, Emilio Ulloa,
Estanislao Zúñiga y Abraham Meersohn. El propio presidente Eyzaguirre, junto a Rafael
Retamal López, Osvaldo Erbetta y Marcos Aburto, en minoría, estuvieron por nombrar al
ministro en visita.
Cristián Pretch, el Vicario de la Solidaridad, decidió entonces pedir
que la Corte indicara cuáles de los desaparecidos estaban viviendo en sus casas y
cuáles, detenidos en un lugar conocido.
Sólo a fines de 1976 la Corte certificó los once casos de personas
que figuraban en sus registros como arrestadas en virtud del Estado de Sitio, pero debió
reconocer que tales nombres no estaban incluidos en las listas de desaparecidos de la
Vicaría. En el mismo acto rechazó certificar el resto de los antecedentes que había
mencionado al rechazar la petición.
Al inaugurar el año judicial en 1977, Eyzaguirre lamentó, aunque en
forma indirecta, la ampliación de las facultades al jefe de Estado para que en estados de
emergencia conculcara las libertades de opinión, información y reunión, censurara la
correspondencia y las comunicaciones y limitara el derecho de propiedad.
"No puede ponerse en duda que ha existido el laudable propósito
de asegurar la paz interna y el orden público, que tan gravemente se ven amenazados en
nuestros días, por intervenciones foráneas, pero la experiencia indica que legislaciones
dictadas de la mejor buena fe o intención son usadas después buscándoles
interpretaciones torcidas o usando de los lamentables resquicios legales de tan funesta
memoria" 53.
El ministro estaba haciendo una comparación directa con el uso de los
"resquicios" durante el gobierno de Salvador AllendeAllende.
Eyzaguirre expresó también su preocupación por los límites
impuestos al recurso de protección bajo los estados de emergencia.
Ese marzo fue un mes duro para las relaciones Iglesia-Gobierno. La
Conferencia Episcopal emitió un documento denominado "Nuestra Convivencia
Nacional" que hizo rechinar los dientes en los círculos oficiales. Bajo el capítulo
"El Poder Judicial y los Desaparecidos" los obispos pidieron que "se
esclarezca de una vez y para siempre el destino de cada uno de los presuntos desaparecidos
desde el 11 de septiembre hasta la fecha". Mientras ello no ocurra, decían, "no
habrá tranquilidad para sus familiares, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia
la imagen de Chile en el exterior".
El ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, renunció a su cargo el 11
del mismo mes. Fue reemplazado por el hoy olvidado Renato Damilano Bonfante, quien,
recién instalado, criticó a la Iglesia Católica y la acusó de alianza con los
"marxistas". Cayó precipitadamente y lo reemplazó Mónica Madariaga.
A mediados de año el vicario de la Solidaridad, Cristián Pretch,
volvió a la carga con un téngase presente, para insistir sobre el tema de los
desaparecidos, que habían aumentado a más de 400, y sobre la necesidad de que la Corte
certificara los casos que dio por aclarados. Sus palabras, en un ambiente cargado de
tensión, tenían un peso demoledor:
"El problema de las personas desaparecidas (...) es un problema
que mantiene su dramática actualidad, y en que está en juego la integridad misma de la
vida, y la vida es lo más sagrado que hay en este mundo. Nadie puede atentar contra la
vida, nadie puede arrogarse derechos sobre la vida ajena. Es la vida de 411 chilenos que
está en juego; detrás de ellos hay una multitud de familiares y amigos, sorprendidos y
atónitos (...) El problema de las personas desaparecidas y la situación de sus
familiares no se supera con desoírlos; por el contrario, si asumiéramos semejante
actitud estaríamos incubando un peligroso germen de proyecciones incalculables.
"Las más elevadas voces han expresado su inquietud por el
problema, tanto a nivel nacional como internacional (...) ¿Qué fundamento jurídico y
moral puede ser tan poderoso que no permita la realización de una investigación a fondo
para esclarecer cada uno de los casos?" 54.
El domingo 29 de septiembre el programa "Lo que Usted quiere
saber" de Canal 5 de Valparaíso, tenía un invitado especial: José María
Eyzaguirre. El moderador del programa era Patricio Bañados y entre los panelistas estaban
Cristián Zegers, Joaquín Villarino, Jaime Martínez Williams, Hermógenes Pérez de Arce
y Enrique Lafourcade. Era uno de los pocos espacios de debate político en esos momentos.
–Me preguntan siempre –fueron las primeras palabras del
magistrado– sobre la independencia del Poder Judicial, exactamente. Yo puedo decir
que lo que contesto siempre es que el Poder Judicial en Chile está intacto..." 55.
Los funcionarios de la Vicaría no sólo escucharon atentamente la
emisión, sino que uno de ellos grabó la entrevista y la transcribió para los registros
de la institución.
Bañados comenzó el interrogatorio:
–Señor Eyzaguire, ¿cuántos recursos de amparo se han presentado
en Chile? (...) ¿Serán 500?
–Pueden ser 500 o más.
–¿Cuántos han sido aprobados?
–(...) Los recursos de amparo no han sido acogidos porque, como
usted sabe muy bien, los tribunales chilenos, desde 1833, han mantenido la jurisprudencia
de que cuando el Presidente de la República efectúa una detención en virtud del Estado
de Sitio, es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y no le es lícito al Poder
Judicial mezclarse en la facultad del Poder Ejecutivo.
–O sea, ¿no ha sido aprobado ninguno? ¿O hay alguno aprobado
–Hay uno acogido.
–¿Y ha sido plenamente cumplido?
–No ha podido ser cumplido.
Eyzaguirre se defendía diciendo que las facultades que tenía del
Ejecutivo en virtud del Estado de Sitio inhibían al Poder Judicial. Los detenidos
administrativamente, no podían ser llevados a cárceles bajo jurisdicción de los
tribunales.
–Don José María, Usted dice que se habrían presentado alrededor
de 500 o más recursos de amparo, ¿eso significa que esas 500 personas están
desaparecidas?
–No significa necesariamente que estén desaparecidas, sino que
sencillamente algunas de esas personas, cuando el ministro del Interior dice que no han
sido detenidas por organismos del Estado, se instruye el proceso por desaparecimiento.
–¿Y en los recursos de amparo en que aparecen testigos?
–Normalmente el trámite del recurso de amparo (...) no admite
prueba de testigos. El recurso de amparo (...) debe fallarse con el informe de la
autoridad que presumiblemente ha efectuado la detención...
–¿Por qué los familiares de algunas de estas personas dicen que
hay pruebas y que ellos tienen testigos de que estas personas estuvieron realmente
detenidas en algunos puntos y que fueron vistas por otras personas? Por lo tanto, habrían
estado en lugares de detención, aunque el Ministerio del Interior haya dicho que no
fueron detenidos, ¿no es así?
–Hay algunos casos (...) en que el gobierno ha negado la
existencia de la detención y ha podido establecerse que esas personas han sido
efectivamente detenidas. El caso más claro, es el caso de las personas que fueron
detenidas en Valparaíso, en que el gobierno dijo que no habían estado detenidas, por las
informaciones que tenía; en cambio el comandante del Regimiento Maipo manifestó que esas
personas habían pasado por el Regimiento en calidad de detenidas. Eran unas pocas
personas...
–¿Fueron encontradas esas personas?
–No le podría decir con seguridad, porque no lo tengo en la
memoria.
Eyzaguirre aseguró en el panel que algunos "supuestos"
desaparecidos estaban durmiendo en sus casas o cruzaron la frontera. (Era el caso de los
secuestrados por el Comando Conjunto, en que un ministro de la Corte de Santiago había
aceptado un informe de Investigaciones diciendo que cruzaron por el paso Caracoles hacia
Argentina). "Ahora, que el gobierno argentino, según dicen los afectados, diga que
estas personas no han entrado a la Argentina, ese es un problema interno de la policía
argentina", agregó.
Enrique Lafourcade, el único de los panelistas identificado en la
transcripción, no aceptó el argumento.
–... El problema de los desaparecidos, para mí –dijo–
no es estadístico... que sean dos mil, 800 ó 500. Basta que haya un desaparecido para
que la justicia chilena llegue hasta el fondo para descubrir cuál es la verdad (...) La
justicia tiene que ir de la mano de la ética, tienen que ir juntas, porque si no, la
justicia no es tal. No hay justicias formales, hay una justicia de fondo... Entonces
tenemos que intentar emplear las medidas –y estoy seguro de que el gobierno está en
el mismo predicamento– para que se disipen todas las dudas sobre esos desaparecidos,
algunos de los cuales han aparecido o están especulando políticamente y otros de los
cuales no se sabe nada. Yo creo que en ese punto no podemos estar en desacuerdo, me
parece...
La atmósfera se espesó. No era común en esos años que alguien se
aventurara públicamente con un comentario de tal franqueza 56.
–Yo no estoy de acuerdo. Todo lo contrario, señor Lafourcade,
pero no se olvide usted de una cosa que está muy clara para los tribunales; es un poco
técnica, pero es clarísima..., –contestó Eyzaguirre y repitió el argumento de la
incompetencia de los tribunales ordinarios sobre los militares, y la lógica que animaba,
por lo tanto, las resoluciones de las Cortes–: La mayoría de las desapariciones se
imputan a la Dirección de Inteligencia Nacional (...) La Dirección de Inteligencia
Nacional es un organismo militar y por lo tanto, sus componentes son militares y están
sometidos al fuero militar y, en consecuencia, los tribunales ordinarios no son
competentes.
Mientras el presidente de la Corte trataba de dar las respuestas
correctas para mantener su jerarquía, otro ministro se arriesgaba a demostrar
sensibilidad frente a las quejas por los atropellos a los derechos humanos.
Rafael Retamal, quien al comienzo del régimen parecía más duro que
Eyzaguirre, había empezado a cambiar y, en adelante, sería claramente el más proclive a
acoger los recursos de amparo en el alto tribunal. Especialmente desde 1977, cuando se dio
por terminado el Estado de Guerra.
Por esa fecha, el joven vecino opositor lo visitó nuevamente y le
recordó su promesa de dar a los militares un plazo máximo de cinco años, a contar del
11 de septiembre de 1973.
–¿Se acuerda, magistrado? 57
–¿Yo le dije eso?
Retamal pretendió haber olvidado la conversación que ambos habían
tenido en los primeros días del Golpe, pero en su acción pública, era claro que
recordaba. Lo puso en evidencia al terminar el primer lustro del régimen, en una
entrevista que concedió a la revista Qué Pasa. El ministro respondió entonces algunas
preguntas sobre la situación del Poder Judicial.
–El Estado de Sitio es una emergencia. Nos ha producido muchos
dolores de cabeza, sería mejor que fuera, poco a poco, eliminándose... Tendríamos menos
dolores de cabeza y del corazón. Porque ha de saber usted que los jueces para administrar
justicia necesitan cabeza y corazón... Si falta cualquiera de estos simbólicos
elementos, lo que sale es una torpeza y una crueldad... Y no es justicia la torpeza, no es
justicia la crueldad" 58.
La aceptación "dogmática" en los tribunales de Justicia de
los informes oficiales tuvo su expresión máxima cuando la Corte Suprema rechazó la
apelación al recurso de amparo en favor de José Orlando Flores Araya, un detenido
desaparecido quien fue visto en Villa Grimaldi. El amparo fue acompañado de las
declaraciones de un teniente de Ejército quien dijo haber presenciado su detención.
Interior informó a la Corte Suprema que efectivamente Flores Araya había sido arrestado,
pero luego puesto en libertad en fecha indeterminada, y agregaba esta frase asombrosa:
"No existe el lugar de detención denominado Villa Grimaldi".
La Corte confirmó el rechazo al amparo aunque su propio presidente,
José María Eyzaguirre, se había constituido en ese cuartel y certificado su existencia.
El 20 de diciembre de 1977, la Corte emitió el certificado tantas
veces solicitado por la Vicaría de la Solidaridad. El certificado mencionaba los nombres
de 38 personas presuntamente desaparecidas que, conforme con los informes oficiales, se
hallaban "en libertad" al momento de iniciarse los recursos de amparo en su
favor y agregaba otras tres que no estaban desaparecidas, sino recluidas por delitos
comunes. Otros cinco procesos habían sido sobreseídos, porque las personas buscadas
aparecieron.
Pero, nuevamente la Corte tuvo que admitir que ninguna de esas
desapariciones "aclaradas" figuraban en el listado de denuncias de la Vicaría.
El 21 de septiembre de 1976, el ex canciller Orlando Letelier, fue
asesinado en el centro diplomático de Washington. Cinco semanas después, el 2 de
noviembre, el demócrata Jimmy Carter, fue electo como nuevo Presidente de Estados Unidos.
Sin ningún anuncio previo, el gobierno chileno dio por terminado el
Estado de Sitio y liberó a todos los detenidos que aún permanecían en campos de
concentración. Muchas condenas fueron conmutadas por extrañamiento y miles de chilenos
salieron al exilio. Tras estas disposiciones, las autoridades se apresuraron a declarar
que tales medidas nada tenían que ver con la elección en el país norteamericano.
Carter ejerció una dura presión contra el gobierno militar,
especialmente destinada a esclarecer el caso Letelier. Acorralado por el resultados de las
investigaciones del FBI, la dictadura accedió a expulsar al ex agente Michael Townley.
Mientras tanto, un civil, Sergio Fernández, asumía la cartera de Interior.
Ante las concesiones que estaba haciendo el gobierno, un grupo
importante de oficiales jóvenes planteó sus inquietudes a la superioridad del Ejército:
temían que si se abría la puerta a juicios por violaciones a los derechos humanos se
viera afectada su seguridad. Reclamaban, por tanto, protección. Fue así como, entre
gallos y media noche, en abril de 1978, se dictó el decreto ley de Amnistía.
En 1979, la Corte Suprema decidió por fin acoger las presentaciones
del arzobispado y nombró al ministro Servando Jordán para que investigara los casos de
unos 300 detenidos desaparecidos en el departamento de Santiago. El ministro se
constituyó en recintos de la DINA ya vacíos y en desuso. Poco después se declaró
incompetente, traspasando los juicios a la justicia militar.
Historia alucinante en Villa México
Mayo de 1977: Carlos Veloso Figueroa, un antiguo dirigente sindical y
militante demócratacristiano, había comenzado a trabajar media jornada en la Fundación
Cardjin, dependiente de la Iglesia Católica, poniendo fin a dos meses de penosa
cesantía.
La fundación eclesial preparaba a dirigentes sindicales, especialmente
los ligados a la DC. Trabajaba allí Luis Mardones Geza, ex dirigente nacional de la
Federación del Cuero y Calzado y "compadre" de Carlos Veloso.
Veloso vivía en la Villa México, en Maipú, con su esposa y su hijo
Carlos, de dieciséis años.
Osvaldo Figueroa –ex militante del PC–, Williams Zuleta
–simpatizante DC, activo miembro de la parroquia Nuestra Señora de la
Reconciliación– y Humberto Drouillas –militante DC– eran los vecinos de la
familia Veloso. Jorge Troncoso –simpatizante de izquierda– y Eduardo de la
Fuente, ex PC. Lo había sido hasta hacía poco.
El 1º de mayo de ese año las organizaciones sindicales celebraron el
Día del Trabajo "hacia adentro", en misas o actos cerrados. Las condiciones
aún no permitían actos públicos ni se reconocía la legitimidad de esas organizaciones.
No obstante eso, una centena de ellas había presentado 44 demandas a la Junta Militar.
Veloso, que fue uno de los que ayudó a mecanografiar el petitorio,
supo que -dos sujetos de aspecto sospechoso andaban preguntado por él. Habían estado en
casa de una tía y también en la Fundación. 59. Enviado al día siguiente su hijo a
indagar detalles, fue interceptado por desconocidos cuando volvía a su casa y obligado a
subir a un Chevy negro. Le cubrieron la vista y lo tiraron al suelo. Tras largas vueltas
que desorientaron completamente al adolescente, fue obligado a descender y empujado a una
habitación en un edificio desconocido.
Cuando le quitaron la venda, sintió los ojos heridos por una fuerte
luz que se balanceaba sobre su cabeza. Lo obligaron a desvestirse y comenzaron a
interrogarlo sobre las actividades de su padre. Mientras preguntaban, los agentes lo
golpearon en diferentes partes del cuerpo hasta hacerlo vomitar 60.
Desfalleciente, el menor oyó la voz de un supuesto detenido que fue
instalado a su lado. Éste le daba ánimos. "No digas nada sobre tu padre"…
Sobrevino luego un largo silencio interrumpido al cabo por un disparo. Una aguja se clavó
en uno de sus brazos. Comenzó a sentir que flotaba, como si fuera volando por los aires.
Sus captores le mostraron un cuerpo tendido en el suelo, sobre un charco de sangre.
–Lo mismo te va a pasar a ti, si no colaboras...
Vino en seguida una sucesión de golpes, luego aplicaciones de
corriente. Para finalizar con cigarrillos que apagaban en sus brazos 61.
Como a la medianoche, el muchacho fue abandonado cerca de la casa de su
abuela, en Las Rejas.
Cuando por fin estuvo de vuelta en su hogar, su padre acudió
inmediatamente a la Vicaría de la Solidaridad y el 4 de mayo presentó un recurso de
amparo preventivo en su favor y en el de su hijo. En el escrito, señaló como presuntos
responsables a los organismos de seguridad. También interpuso ante los tribunales del
crimen una denuncia por las lesiones sufridas por su hijo.
Esa misma noche, dos agentes de la DINA llegaron a su casa. Dijeron que
estaban investigando los hechos, advirtiendo que ellos no tenían "nada que ver"
en los hechos. Confiando en que esos hombres decían la verdad, el joven les narró su
odisea. Volvieron varias veces para inquirir más detalles, y en una de esas ocasiones se
llevaron a Veloso padre, que "por seguridad" le vendaron la vista y lo
condujeron a un recinto desconocido, donde fue interrogado sobre sus actividades gremiales
y políticas. Luego lo dejaron marcharse.
El sábado 7 de mayo, cerca de las 20 horas, los agentes fueron
nuevamente a buscar a Veloso para volver a interrogarlo. Dos horas más tarde, le pidieron
que llamara a su hijo porque necesitaban aclarar con él algunos detalles. Conversaron con
el muchacho y le dijeron algo que él se negó a creer: que sus secuestradores eran
"los marxistas" y que éstos lo habían hecho para vengarse de su padre; porque
"están enojados con él ya que saben que es un soplón de los milicos". No
consiguieron, a pesar de las presiones y amenazas, que firmara un documento que contenía
una versión falsa sobre su secuestro, pero lograron que sí lo hiciera al pie de un papel
que decía: "Quiero conversar con ustedes sin la presencia de mi padre".
A las 2.30 de la madrugada del domingo, los agentes le permitieron a
Veloso padre que volviera a su casa, pero le advirtieron que ellos iban a estar presentes
porque debían "proteger" a su hijo de quienes habían intentado secuestrarlo:
activistas de grupos de extrema izquierda, según dijeron. Se instalaron, sin más,
llegando con Veloso a la casa, donde se presentaron además con un televisor, "para
hacer más llevadera la permanencia en casa", fue la explicación. Por supuesto,
cuando Carlos vio llegar a su padre con los agentes y con el aparato, creyó que era
verdad lo que le habían dicho aquéllos.
En la mañana del domingo 8, sin que padre e hijo hubieran tenido la
oportunidad de conversar, los agentes los trasladaron, con la vista vendada, al mismo
recinto en que Veloso había estado antes. Llevaron a Carlos al segundo piso, cumpliendo
su supuesto "deseo" de conversar a solas con ellos. Allí, a pesar de las
amenazas, siguió negándose a firmar un documento con una declaración falsa sobre su
secuestro.
En medio de la discusión, los agentes hicieron subir a Veloso. Le
dijeron que su hijo formulaba declaraciones contradictorias, aunque había reconocido en
un momento que los autores eran de izquierda. El padre, desconcertado, increpó duramente
a su hijo. Éste se desmoralizó.
–Su hijo se contradice porque los autores son conocidos de
ustedes... –le dijo a Veloso uno de los agentes.
Carlos fue llevado a una pieza vecina, en verdad era un baño, desde
donde podía ver a su padre, sin que éste lo viera a él, en virtud de que el muro
divisorio era uno de esos vidrios que permite la visión sólo desde uno de sus lados. Vio
así, aterrado, cómo uno de los sujetos encañonaba a su padre, recriminándolo por la
poca colaboración del joven. En ese momento otros agentes llegaron al baño con un set de
fotografías:
–¿Conoces a alguno de estos?
–Sí... –contestó el muchacho– a éste, éste y
éste... Son vecinos nuestros 62.
Había reconocido a Figueroa, De La Fuente y Zuleta. No entendía para
qué le mostraban esas fotos, pero el asunto comenzó a parecerle extraño cuando uno de
los sujetos dijo:
–Ahora sólo falta el chofer…
No pudo entonces contenerse y dijo; "¡Yo sé quién es!", y
apuntó a través del vidrio al hombre que encañonaba a su padre: "Es ése, ese que
está ahí…"
Apenas alcanzó a terminar la frase cuando sintió el escozor caliente
de la bofetada con que acababan de cruzarle la cara.
–¡No! –le gritó al oído uno de los sujetos–. ...Yo te
voy a decir lo que pasó y tú no vas a olvidar nada ¿correcto?... Bien: estas tres
personas que tú reconociste, son quiénes te secuestraron en un Volkswagen verde. Lo que
más te preguntaron fue si es cierto que tu padre es un soplón de los milicos. Figueroa,
éste de aquí, te golpeaba constantemente y te quemaba con cigarrillos. Además, te
violaron y te dijeron que fueras a la Vicaría a denunciar el secuestro. A ver,
¡repite...!
Obligaron a Carlos a repetir una y otra vez la versión y a memorizarla
y luego fue llevado al cuarto donde su padre estaba aún bajo la amenaza de un arma.
–Cuéntanos de nuevo qué fue lo que pasó –dijo uno de los
agentes y el muchacho, aturdido y aterrorizado, repitió la historia recién aprendida.
–¿Lo juras?
Vaciló apenas y dijo, balbuceante: "Lo juro".
Veloso creyó entonces que su hijo estaba diciendo efectivamente la
verdad. Firmó por eso sin poner mayor resistencia una declaración que le pasaron los
agentes en la cual recriminaba a "los marxistas" por haberlo atacado.
Padre e hijo fueron enseguida trasladados a otro recinto, con
apariencia de clínica, en el que Carlos fue sometido a una sesión de hipnosis que sólo
le produjo efectos parciales. El objetivo era que repitiera y memorizara la versión
construida del secuestro.
A las 4.30 de la madrugada del lunes 9, pudieron por fin volver a casa.
Habían estado ausentes durante dieciocho horas.
Poco después comenzaban varios operativos para detener a los vecinos
incriminados.
Entre el lunes 9 y el jueves 12, fueron secuestrados Osvaldo Figueroa,
Eduardo de la Fuente, Williams Zuleta, Humberto Drouillas y Jorge Troncosoe. En los
allanamientos de sus casas lo único que los agentes pudieron incautar fue la copia de un
recurso de amparo interpuesto por una de las víctimas y el título de propiedad de la
casa de otro. Más tarde afirmarían, sin embargo, que habían hallado explosivos.
Mucho tiempo después, en testimonios notariales, los detenidos
revelaron las torturas a que habían sido sometidos y las "confesiones" que la
DINA obtuvo de esta manera.
De la Fuente narró que fue llevado a "la parrilla", mientras
los agentes lo golpeaban en los testículos. Desnudo, lo amarraron a una camilla. En el
pie derecho le pusieron un alambre en cuyo extremo tenía una especie de moneda. A cada
pregunta para la que no daba la respuesta esperada, seguía un golpe de corriente y, a
veces, un golpe en el tórax con la suela de un zapato. Como seguía ignorante de un
supuesto rapto y violación del adolescente, le pusieron unos ganchos en el pene y a
través de estos le daban golpes de corriente.
El dolor y las convulsiones le desprendieron la prótesis dental y,
como estaba amordazado, comenzó a tragarla. Hizo unos gestos desesperados. Los
torturadores se detuvieron un momento creyendo que eso significaba que estaba dispuesto a
"confesar", pero De La Fuente sólo vomitó.
Tras este primer interrogatorio fue introducido en una pieza con
Figueroa, quien ya "había confesado" y le pidió que hiciera lo mismo. De la
Fuente volvió a los interrogatorios, ahora sobre las actividades de Troncoso y Figueroa.
Esa tarde, lo colgaron de las manos de manera que sus pies no tocaran el suelo. En esa
posición los agentes lo golpeaban en el estómago. Era para ellos, según las palabras
que oyó, un punching ball. Así estuvo casi una hora. Uno de los agentes le tomó
fuertemente la cabeza y se la cargó hacia abajo- Logró así, cuando el prisionero estaba
ya a punto de desfallecer, que éste reconociera su culpabilidad y que había violado al
muchacho. Se le permitió descansar mientras Figueroa volvía a la "parrilla".
Durante la noche del 10 al 11 De la Fuente no pudo dormir, pues los
agentes lo obligaban a saltar y lo golpeaban cada veinte o treinta minutos. El miércoles
11, fue puesto ante Drouillas, a quien se le obligó a reconocer como el que
"dirigía las reuniones". Drouillas ya exhibía moretones y tenía la vista
vendada, a pesar de lo cual negó siempre las acusaciones que se le hicieron.
De la Fuente fue llevado a la pieza de la parrilla y oyó cuando los
agentes le ordenaban a Troncoso desvestirse. Vendado, supo del momento en que comenzarían
a aplicarle electricidad, porque le advirtieron que levantara un dedo cuando quisiera
confesar. Troncoso insistía en su inocencia.
"Sentí que comenzaban nuevamente a aplicarle corriente a Troncoso
y que éste gritaba muy fuerte. El jefe ordenó: ‘Tápenle la boca’. Los agentes
siguieron aplicando corriente y uno de ellos dijo: ‘Paren, háganle masajes, parece
que se nos murió’. Después alguien ordenó: ‘Sáquenlo pa’ fuera’.
Sentí que me tomaban y rápidamente me sacaron de la pieza" 63.
Los interrogatorios continuaron todo el día y esa noche. De la Fuente,
fue llevado a una pieza en que estaban otros detenidos. Oyó la voz de un adolescente
individualizando a uno de ellos. En esa ocasión le pasaron a De la Fuente una pistola
para que se matara. El detenido rechazó la sugerencia, pero los agentes dijeron que no
importaba, pues ya tenían sus huellas dactilares en el arma. El muchacho
"reconocería" a De la Fuente como quien lo había amenazado con arma de fuego
el 2 de mayo.
Persuadido por un golpe que le dieron en la cabeza con un fierro o un
arma, finalmente De la Fuente firmó una declaración que jamás leyó.
Ese mismo día, los agentes le advirtieron que no mencionara más a
Troncoso en sus declaraciones, porque éste "ya no estaba detenido".
El viernes 13 fue llevado a Cuatro Alamos, donde se reuniría con los
demás detenidos, excepto Troncoso.
El 14, dado que, según la versión, De la Fuente era el chofer y
Zuleta su acompañante, ambos fueron sacados a "recorrer" el trayecto que
"habían hecho" con el menor y en el camino los agentes les decían lo que
supuestamente habían hecho en cada lugar.
A esas alturas, ya estaban presentados los recursos de amparo por todos
los detenidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando el incumplimiento de
las mínimas formalidades jurídicas, como la exhibición de órdenes de autoridad
competente, la individualización de los aprehensores, el aviso escrito a los familiares.
Se pedía que el ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, Juzgado Militar y la
DINA dijeran si habían ordenado las detenciones.
La Corte sólo accedió a pedir informes al ministro del Interior.
En cuanto al primer amparo presentado en nombre de Carlos VelosoVeloso,
Carlos y de su hijo, la Corte solamente preguntó si había una orden de arresto en contra
del recurrente. El Ministerio no contestó.
Mientras los Veloso seguían recluidos en su casa, en la Iglesia la
situación era difícil. El asunto parecía confuso y complejo. En lo interno, el
análisis del tema fue encargado al Vicario General de Santiago, obispo Sergio Valech. Se
consideró que el prelado, reconocido por sus posturas conservadoras, tendría la
independencia suficiente para encararlo.
Para los abogados de la Vicaría de la Solidaridad no cabía duda
alguna de que estaban frente a un montaje preparado por la DINA y así lo presentaban al
vicario en sus informes diarios. Pero Valech se mostraba incrédulo. Pensaba que
verdaderamente el secuestro del menor había sido cometido por un grupo de izquierda.
Admitir otra posibilidad le parecía demasiado brutal, excesivamente sórdido 64.
Fue la denuncia que había hecho Luis Mardones, a la Vicaría sobre el
secuestro de su amigo y su propia detención, la que llevó a Valech a encomendar al
obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, que realizara una seria indagación.
Mardones, compadre de Veloso, no vivía en la Villa México, pero se enteró de lo
acontecido. Había ido por lo tanto el jueves 12 a la Vicaría para contar lo que estaba
pasando con su compadre. Dijo que temía por él porque sabía que estaba virtualmente
secuestrado por la DINA en su propia casa. Prosiguió su peregrinaje yendo a la Fundación
Cardjin y cuando pretendía llegar también a la Vicaría Episcopal Oeste fue detenido en
plena calle.
Alvear, en suma, fue a la Villa México y comprobó que los Veloso no
podían salir de su casa ni comunicarse con nadie. Decidió entonces interponer un nuevo
recurso de amparo en favor de la familia y pidió a la Corte que se le permitiera narrar
lo que él mismo había visto, pero ésta rechazó.
En tanto, los tribunales esperaban los informes del Ministerio del
Interior sobre las detenciones de Figueroa, Zuleta, Drouillas, De la Fuente y Mardones,
quienes ya se encontraban en Cuatro Alamos.
El 15 de mayo, el menor Veloso fue sacado de su casa y conducido al
Hospital Militar. El médico Jorge Bassa Salazar, lo miró sólo desde lejos
–mientras se lavaba las manos, según contó después un testigo–. En una
palabra, sin examinarlo extendió un certificado en que aseguraba haber constatado que
Carlos fue violado. (Exámenes posteriores en el Instituto Médico Legal demostrarían que
el menor nunca sufrió ese vejamen).
Pendientes aún los recursos de amparo en primera instancia, el 24 de
mayo apareció la primera información de prensa. Un texto emanado de la Secretaría
General de Gobierno fue divulgado por la agencia Orbe y reproducido en La Segunda. La
misma información fue despachada desde la Dirección de Informaciones de Gobierno al
canal 13, en un papel sin membrete, pero con una recomendación en una tarjeta anexa en
que el director de Informaciones, Max Reindler, solicitaba que se leyera a la mayor
brevedad. Decía la nota:
"Los servicios de seguridad detuvieron a cuatro individuos que
aparecen implicados en el secuestro, apremio y maltrato físico del menor de dieciséis
años, Carlos Arnaldo Veloso Reindenbach (...) Los sujetos en cuestión son los
siguientes: Robinson Williams Zuleta Mora, Osvaldo Figueroa Figueroa, Luis Rubén Mardones
Geza y Humberto Drouillas Ortega. Estas personas están sindicadas como colaboradoras del
instituto apostólico Fundación Cardjin" 65.
La DINA montó una "conferencia de prensa" en la casa de los
Veloso. Los agentes que estaban instalados en el inmueble escribieron en un papel
instrucciones sobre la forma en que el menor debía comportarse:
"Es necesario que al relatar los hechos del secuestro y torturas a
(sic) que ha sido sometido se atenga a los términos y detalles de la declaración que
hizo en presencia de su padre, el día 8 de mayo", "si se le pregunta si su casa
está bajo custodia y están limitados los movimientos suyos y de su grupo familiar, debe
contestar porque tiene miedo, porque lo amenazaron de muerte y prometieron que
asesinarían a su padre, de modo que la custodia es una medida que toda la familia
considera necesaria hasta que no se aclaren los hechos"; debe mostrarse
"nervioso y todavía atemorizado"; "la justificación básica de su
experiencia es que los secuestradores le repetían constantemente que su padre era un
soplón de los milicos" 66.
Ese mismo 25 de mayo el Ministerio del Interior reconoció que Zuleta,
Mardones, Drouillas y Figueroa permanecían detenidos en Cuatro Alamos, sin entregar
detalles sobre sus aprehensiones. Sobre Troncoso, simplemente afirmó que su detención
nunca fue ordenada.
Hasta el 27 de mayo, la casa de los Veloso estuvo bajo la
"protección" de la DINA. Durante ese período, nadie pudo visitarlos. Carlos no
se sinceró con su padre, pues sospechaba que era un colaborador de la DINA, y éste
continuaba convencido de que los autores del secuestro de su hijo eran militantes de
izquierda.
La Corte de Apelaciones entró entonces a conocer de los amparos en
favor de los inculpados. A los antecedentes entregados inicialmente, los familiares
añadieron que las fechas de detención dadas por el gobierno eran falsas y el abuso que
significaba que la autoridad administrativa arrestara a personas para, supuestamente,
indagar delitos comunes, pues esa era atribución exclusiva de los tribunales ordinarios,
aún bajo el Estado de Sitio. También se quejaron por las prolongadas e ilegales
incomunicaciones y defendieron la completa y total inocencia de los acusados.
La Corte de Apelaciones, con los votos de los ministros Hernán
Cereceda Bravo, y Efrén Araya, rechazó los amparos, argumentando que los detenidos
fueron aprehendidos por orden de autoridad competente –el Ejecutivo– en virtud
del Estado de Sitio. Adujeron, que por "no constar" que el arresto tuviera
relación exclusivamente con delitos comunes, no consideraban usurpadas sus facultades. En
la minoría, el presidente de la Sala, Enrique Paillás, estimó que lo procedente era
poner inmediatamente a los detenidos a disposición del tribunal ordinario que investigaba
el secuestro. Y recordó que la incomunicación no estaba entre las facultades que el
Estado de Sitio otorgaba al Ejecutivo, como tampoco la de indagar delitos comunes.
El amparo en favor de Jorge Troncoso fue rechazado el 7 de junio. Otro
tanto ocurrió antes, el día 3, el que se había pedido en favor de la familia Veloso,
porque el ministerio del Interior informó, para fundamentar su rechazo, que no existía
ninguna resolución que afectara al padre o al hijo.
La Corte Suprema estudiaba paralelamente las apelaciones de las
familias de los detenidos. El presidente, José María Eyzaguirre, los visitó en Cuatro
Alamos el 2 de junio. Ante la autoridad judicial, los recurrentes se declararon inocentes
y narraron sus propios secuestros y las torturas que habían sufrido en poder de los
agentes de la DINA.
Ese mismo día la Corte despachó un oficio pidiendo al Ministerio del
Interior que explicara la incomunicación irregular a que el Ejecutivo los tenía
sometidos.
El tribunal debió esperar pacientemente las respuestas. Respecto de
Drouillas, ésta llegó cuando el reo ya estaba en libre plática en la cárcel pública y
a disposición de la fiscalía que lo procesaba por "actividades subversivas" y
"lesiones a un menor". Respecto de los demás, el Ministerio dijo que se
hallaban en Cuatro Alamos no "incomunicados", sino que, por medidas
exclusivamente de seguridad, sólo "se ha determinado la suspensión de visitas al
citado campamento de detenidos".
Ante esa respuesta, la Corte emitió una inmediata orden de suspensión
de ese tipo de precaución, pues lo que precisamente caracteriza a la incomunicación es
la prohibición de visitas.
La Corte preguntó también al ministro del Interior la autenticidad
del télex que el 24 de mayo había emitido la Dirección de Informaciones del gobierno
difundiendo la aprehensión de los acusados. A la Suprema le interesaba aclarar el punto,
pues revelaba desdén hacia los tribunales de Justicia por parte de las autoridades, que
habían informado primero y más extensamente a los medios de comunicación que a quienes
sustanciaban los amparos. Era también una prueba de que se estaba usando la vía
administrativa para indagar delitos comunes.
El gobierno negó la autenticidad del comunicado, con lo cual la
Suprema rechazó definitivamente los recursos.
Una vez que Carlos Veloso y su hijo fueron liberados –y pudieron
por primera vez comunicarse libremente sus experiencias–, la Corte recibió una
declaración notarial en que ambos narraban su odisea y explicaban que habían sido
obligados a inculpar a sus vecinos. La Corte rechazó el recurso, pero dictó dos medidas:
que se interrogara el obispo Enrique Alvear (diligencia que jamás llegó a realizarse) y
que el ministro Marcos Aburto tomara declaración al niño.
A esas alturas, el obispo Valech había entrevistado ya a los
familiares de las víctimas y se había convencido de que estaba frente a una monstruosa
operación de falseamiento de los hechos montada por la DINA. En la privacidad de sus
oficinas comentaba a sus cercanos que no podía entender la pasividad de los tribunales
ante tal acumulación de atropellos e irregularidades.
El fiscal militar Juan Carlos Lama, quien procesaba a los presuntos
autores del secuestro, en cuanto se enteró de que el ministro Aburto interrogaría a los
Veloso, ordenó que padre e hijo fueran detenidos. Aburto, debió cumplir su cometido en
un Cuartel de Investigaciones, pero eso no impidió que los Veloso ratificaran ante el
magistrado la verdadera versión de los hechos y exculparan a sus vecinos.
El proceso en la fiscalía militar se había iniciado por un
requerimiento del Ministerio del Interior, que intentaba, sin rodeos, vincular a la
Iglesia Católica con los presuntos delitos. El escrito ministerial, firmado por el
general César Benavides, es muy claro a este respecto:
"Los hechos delictivos que habrían cometido las personas
mencionadas y que al parecer serían sus responsables directos, se inician con su
relación con la Fundación Cardjin, organismo dependiente de la Vicaría de la
Solidaridad, y en consecuencia, en forma indirecta del Arzobispado de Santiago; las
señaladas personas formaban parte de un grupo subversivo de aquellos que se han formado
en esta Fundación, y cuyo objetivo fundamental consiste en cumplir labores subversivas al
amparo de una actividad eclesiástica y religiosa, tendientes a socavar el actual gobierno
del país" 67.
El texto sostenía que los procesados consideraban a Carlos Veloso un
infiltrado y por esa razón raptaron a su hijo. Los acusaba de asociación ilícita,
tenencia ilegal de armas de fuego, organización para derrocar al gobierno constituido,
incitación a la formación de grupos armados, atentados o privación de libertad a las
personas, usurpación de funciones, abusos deshonestos y lesiones.
El requerimiento fue acompañado por las declaraciones
"extrajudiciales" de los acusados, la declaración del niño el 8 de mayo, la
que suscribiera su padre reprochando la conducta de los "marxistas", el informe
del doctor Bassa y un oficio secreto, fechado el 19 de mayo, con la rúbrica del director
de la DINA, Manuel Contreras:
"Desde hace un tiempo a esta parte, la Dirección de Inteligencia
Nacional ha detectado la puesta en marcha de un plan subversivo tendiente a socavar el
actual gobierno (...) Los autores e instigadores de dicho plan son, entre otros, la
Vicaría de la Solidaridad, la Fundación Cardjin, por citar los más relevantes" 68.
Los familiares cuestionaron que los detenidos estuvieran siendo
juzgados según las normas de Tiempo de Guerra, en circunstancias que ese estado había
cesado jurídicamente, y pidieron al fiscal Lama su inmediata liberación. El fiscal no
respondió.
Los familiares presentaron un recurso de queja en contra del fiscal en
la Corte Suprema, alegando que puesto que el país vivía ya en estado jurídico de paz,
el tribunal supremo estaba facultado para corregir los abusos de la justicia militar.
La Corte tardó varios meses en dar a conocer su respuesta y en ella
repetía el argumento de que el Código de Justicia Militar no menciona a la Corte Suprema
como tribunal superior en Tiempo de Guerra, ignorando simplemente que ese estado jurídico
había cesado.
Tras interrogar a los Veloso en el cuartel central de la policía
civil, Aburto los dejó a disposición del fiscal. Juan Carlos Lamas citó al menor y
éste le contó todo nuevamente. Pero el fiscal estaba interesado en otras materias. Le
preguntó por la asesoría que le brindaba la Vicaría, el nombre de los abogados, la
forma en que se realizó la declaración jurada que depositó ante notario. Luego
determinó que el joven debía quedar detenido e incomunicado, pues sus declaraciones eran
contradictorias con las que había prestado ante la DINA el 8 de mayo.
En el marco de esta situación absolutamente insólita –porque el
menor era la víctima del delito, no el acusado– se practicaron nuevos careos entre
él y los detenidos. No hubo contradicciones. Víctima y acusados concordaron en que
ninguno de ellos participó en el secuestro.
El 21 de junio, el fiscal alzó las incomunicaciones de los procesados,
que se habían extendido por más de 40 días. Al día siguiente, puso término también a
la incomunicación y detención de Carlos y dejó en libertad incondicional a Figueroa, De
la Fuente y Mardones.
Lamas no pudo acreditar que los detenidos hubieran participado en el
secuestro del joven, pero mantuvo en prisión a Drouillas y Zuleta, por los supuestos
explosivos encontrados en sus casas.
Las familias Veloso, De la Fuente, Mardones y Figueroa huyeron al
exilio.
En Chile, los intentos por obtener la libertad de Zuleta y Drouillas se
hacían difíciles en el ámbito de la justicia castrense. El fiscal Lama, Juan CarlosLama
había propuesto una pena de cinco años y un día para cada uno y citado a un Consejo de
Guerra para el 26 de octubre. Sólo entonces los abogados de la defensa pudieron conocer
el expediente, tras lo cual le pidieron al ministro de turno, Ricardo Gálvez, que
reclamara el caso, pues en las nuevas condiciones jurídicas del país, el proceso no le
correspondía a la justicia militar. Ante el rechazo de Gálvez, apelaron a una sala de la
Corte.
El caso llegó a manos de los ministros Germán Valenzuela Erazo,
Servando Jordán y el abogado integrante José Bernarles.
El expediente, que ya quemaba las manos de todos los que debían
ocuparse de él, se perdió antes de que hubiera fallo. Nunca apareció.
La defensa intentó una última movida para impedir el Consejo de
Guerra: un recurso de protección, sobre la base de la normativa dictada por la propia
Junta Militar: el Acta Constitucional Nº 3. Pero nada pudo impedirlo. El Consejo aplicó
las penas propuestas por el fiscal, pero considerando la irreprochable conducta anterior
de los acusados y el tiempo que llevaban privados de libertad –seis meses– les
remitió la pena y dispuso su libertad condicional, bajo control del Patronato de Reos por
tres años.
Zuleta y Drouillas también partieron al exilio.
Comenzaba 1978. En el proceso iniciado en contra de los autores de los
secuestros de los procesados no se pudo identificar a los culpables. En parte, porque el
ministro Eyzaguirre se negó a informar al Séptimo Juzgado lo que había visto en Cuatro
Alamos, cuando los visitó, argumentando que formaba parte de un informe
"confidencial". La justicia militar, que debía también investigar los apremios
ilegítimos en contra de los encausados, a denuncia del propio Eyzaguirre, nunca practicó
las diligencias que se le solicitaron. El Primer juzgado del Crimen calificó las lesiones
al menor Veloso como "clínicamente leves" y constitutivas de una mera falta y
tampoco identificó a los verdaderos autores de su secuestro y torturas.
El Decreto Ley de Amnistía, dictado en abril de 1978, puso fin a los
procesos incoados en la Justicia Militar y dejó durmiendo, con sobreseimiento temporal,
el caso del detenido Troncoso.
Lo vivido por las familiares de los Veloso, los pobladores injustamente
acusados y el infortunado Jorge Troncoso, que se convirtió en desaparecido, es una de las
pruebas más flagrantes de la debilidad –por decir lo menos– del Poder Judicial
ante las violaciones a los derechos humanos.
Esta actitud de la judicatura en los primeros años de dictadura tiene,
para algunos, explicación en las actitudes humanas que es dable esperar bajo un régimen
de fuerza.
"Los ministros les tenían miedo a los milicos. De las mismas
bajezas de las que es capaz cualquier ser humano bajo dictadura, un preso bajo torturas,
eran capaces los jueces. Estaban divididos. Desconfiaban unos de otros. También entre
ellos se daba la lógica del soplón" 69.
Para otros, la respuesta está en un compromiso ideológico de la
magistratura, especialmente del tribunal superior, que se aferró a un excesivo y
dogmático formalismo:
"El Poder Judicial ejerció un positivismo legalista que se
autoatribuyó como la única fuente legítima y adecuada a un Estado de Derecho, con lo
que fue funcional a la dimensión represiva del régimen militar" 70.
Según Roberto Garretón, ni siquiera es cierto que se hayan aplicado
las leyes.
"Si lo hubieran hecho, habrían acogido los recursos de amparo y
salvado muchas vidas. Lo que hicieron fue buscar resquicios legales o incluso torcer la
letra de la ley para hacer lo que las autoridades militares esperaban de ellos" 71.
Entre 1978 y 1980, con el general Odlanier Mena a la cabeza de la CNI y
el general Contreras retirado de sus funciones como jefe de la policía secreta, los casos
de secuestros, torturas y muertes decrecieron considerablemente en el país.
Pero al comenzar los ´80 el republicano Ronald Reagan ganó las
elecciones en Estados Unidos. Su política hacia los gobiernos militares en latinoamérica
dejó de lado la línea de severidad –bastante moderada, por lo demás– de la
administración Carter. A la semana de haberse instalado en la Casa Blanca el nuevo
presidente, en Santiago se registró el caso del secuestro realizado por el grupo de
Investigaciones conocido como Covema.
El general Mena fue reemplazado en la CNI y comenzó una nueva ofensiva
de la policía secreta en contra de las manifestaciones opositoras. Los tribunales se
inundaron otra vez con recursos de amparo.
Se acercaba la era Rosende.
Capítulo VI
La hora de la reforma
La obra de Soledad
Está llegando la hora de la reforma. Tras un siglo de debates, fue
finalmente el gobierno de Eduardo FreiFrei, Eduardo –quien paradójicamente es un
ingeniero y no un abogado–, el que logró obtener el consenso necesario para
practicar reformas profundas al Poder Judicial.
Probablemente los efectos de las modificaciones se sentirán realmente
sólo en un par de generaciones más. Aún está por verse si el uso y la tradición no le
doblarán la mano a los cambios que prevé la ley. Ciertamente, en el futuro habrá que
pulir imperfecciones. Pero nadie puede negar que la reforma es lo más cerca que se ha
llegado de una verdadera modernización de este poder del Estado, que, ahora sí,
dispondrá de herramientas suficientes para desempeñarse como tal.
Importante parte del proceso es el recambio en la Corte Suprema. Como
dijo el ministro Osvaldo FaúndezFaúndez, Osvaldo con voz quejumbrosa, el día que el
máximo tribunal decidió traspasar a la justicia ordinaria el llamado caso de la
"Operación Albania": "Esta es otra Corte Suprema".
Los factores que contribuyeron a que esto fuera posible son muchos,
pero pueden mencionarse al menos tres:
Primero, la personalidad de la ministra de Justicia Soledad
AlvearAlvear, Soledad. La abogada, militante decé, llegó a la cartera sin que nadie
apostara mucho por ella. Los ministros de la Corte Suprema y muchos dirigentes de la
Concertación la recibieron con reservas porque era mujer, una abogada civilista con
escasa presencia como litigadora en los pasillos de la corte, reconocible sobre todo por
ser la esposa de un político importante.
Su nombramiento fue interpretado por algunos como reflejo de la poca
importancia que Frei le otorgaba al Ministerio de Justicia, pues el nuevo mandatario no
estaba empeñado en hacer de los derechos humanos un tema central de su gobierno, ni
tenía la intención de enfrentarse con ese poder del Estado.
Sin embargo, a poco andar se demostró que Soledad Alvear no había
llegado a las oficinas de calle Morandé sólo para dedicarse a firmar oficios y dedicar
el resto de su tiempo al bordado.
Bien asesorada por académicos que venían estudiando el tema de la
reforma judicial desde hacía tiempo, tomó la decisión de convertirse en impulsora del
cambio. A los antiguos temas de discusión, agregó otros emergentes y de amplia
aceptación, como la violencia intrafamilar y la protección de los menores.
Ella logró lo que no se pensaba que un gobierno de la Concertación
podría hacer. Sus herramientas no fueron el duro enfrentamiento, ni el debate estéril.
Su labor con los ministros de la Corte Suprema fue más bien una campaña de seducción,
incorporándolos, entre otras movidas, a los ritos del poder.
Las simples invitaciones, por ejemplo, al presidente de la Corte
–en sus comienzos, Marcos AburtoAburto, Marcos– a participar junto al resto de
las autoridades de la Nación en una ceremonia oficial cualquiera o a viajar en la
comitiva presidencial en algunas de la tantas giras de Frei, hicieron por ella lo que la
fuerza de la razón no hizo por Cumplido.
Al asumir su puesto, ella dijo que haría la reforma "con" la
Corte Suprema y no "contra" ella. El nuevo contingente de siete integrantes
designados por Aylwin y la cooptación de otros nombrados por Pinochet –como Roberto
DávilaDávila, Roberto y Hernán AlvarezAlvarez, Hernán– aportaron lo suyo.
El segundo elemento, sin el cual el primero no habría sido posible,
fue el respaldo del diario El Mercurio. Como se ha señalado ya en estas páginas, lo que
el influyente matutino ha dicho sobre el Poder Judicial ha influido en todas las épocas
en el destino de ese poder del Estado. Soy de los periodistas que recuerda que en los
tribunales había magistrados para quienes diarios como La Epoca, simplemente no
existían; sólo contaba El Mercurio, y lo que éste dijera o dejara de decir, era para
ellos esencial.
El matutino, hay que reconocerlo, impulsaba algunos cambios ya desde el
régimen militar, pero se trataba de reformas mínimas, que no tocaban la cabeza de este
poder del Estado: la Corte Suprema. Ésta, en efecto, fue siempre defendida por el diario,
en consonancia con las antiguas autoridades del régimen militar, con el argumento, frente
a los ataques opositores, del necesario respeto a su independencia y autonomía, postura
que mantuvo incluso durante la acusación constitucional contra Hernán CerecedaCereceda
Bravo, Hernán.
El cambio se produjo tras el secuestro de Cristián EdwardsEdwards,
Cristián, que puso a su padre, el influyente dueño del periódico, en las manos del
Poder Judicial real. Buen conocedor de otros sistemas, como el estadounidense, Agustín
Edwards se sumó sin reservas a las voces que se alzaban clamando por la reforma. Y como
consecuencia del plagio, creó la Fundación Paz Ciudadana, conducida por una mujer, Pía
Figueroa. El énfasis principal fue producir las reformas necesarias para asegurar el
castigo de los delitos, detener la criminalidad y, en resumen, favorecer un clima de
tranquilidad ciudadana que permita el libre desarrollo económico. El aumento de las penas
y las limitaciones al otorgamiento de la libertad provisional, por ejemplo, han sido temas
centrales para esta organización.
En otro extremo aparece operando un elemento que permitió aunar
voluntades: grupos de académicos concentrados en el Centro de Promoción Universitaria y
en la Universidad Diego Portales, que promovían cambios para asegurar el respeto a los
derechos de los procesados, impotentes frente al poder inquisitivo del sistema judicial
chileno; y dotar a la Corte Suprema de los hombres y facultades necesarias para que se
comportara como un verdadero poder del Estado, capaz de controlar los excesos del
Ejecutivo y de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Uno y otro objetivo confluían en la necesidad de hacer unos mismos
cambios. La Fundación atrajo a los especialistas de la Diego Portales. Soledad
AlvearAlvear, Soledad integró a la Fundación y al CPU como parte de sus organismos
asesores.
Fue así como se produjo el consenso.
En 1997, el año en que la ministra logró la aprobación de la
mayoría de las reformas planteadas por el Ejecutivo, El Mercurio escribió un editorial
que puede calificarse de revolucionario, porque llamaba a derribar la vieja
institucionalidad judicial:
"La profunda desadaptación del sistema judicial a las
características actuales de la sociedad chilena parece estar haciéndose evidente a un
grado quizás incómodo, pero que no se puede soslayar. La sorprendente estabilidad
institucional que esta potestad normativa exhibe a lo largo de la historia dejó hace
mucho tiempo de ser un rasgo positivo que, en general, aquélla representa para las
organizaciones. Por el contrario, y no obstante las causas y responsabilidades históricas
que explican este fenómeno, la inercia y retraimiento en que se ha sumido la judicatura
arriesgan el peligro de acentuar las disfunciones del Estado. Hace más de un siglo que
Andrés BelloBello, Andrés advertía sobre este riesgo, e indicaba que respecto de los
tribunales urgía, ‘usar el hacha’ a fin de adecuarlos funcional e
institucionalmente a la marcha de la sociedad.
"(…) El retraimiento corporativo, la obsesión porque sus
deficiencias sólo se deben a un problema de recursos y el pretexto de que la solución de
su crisis es una responsabilidad ajena sólo contribuyen a que la metáfora de Bello cobre
urgente actualidad" 1.
Un tercer factor muy importante –en el que confluyeron las
voluntades del Ejecutivo, Paz Ciudadana y los fondos estadounidenses que patrocinaban los
proyectos del CPU– fueron los requerimientos de los inversionistas extranjeros. La
Corte Suprema, así como estaba a comienzos de los ´90, era incapaz de otorgar
certidumbre jurídica a nadie, pues sus fallos variaban de sala a sala, de ministro a
ministro. Incluso un mismo magistrado podía opinar un día "A" y al siguiente
"B", sin expresión de fundamento. Además, el Poder Judicial como tal era
incapaz, salvo excepciones, de analizar y resolver con alguna solvencia los conflictos
económicos que se ponían en su conocimiento.
Los grandes conglomerados favorecieron la vía del arbitraje (jueces
pagados por las partes), pero, por más que renunciaran de antemano, como ocurrió en
muchos casos, a recurrir a la Corte Suprema en última instancia, necesitaban de la
opinión del tribunal superior de Chile.
Los empresarios hicieron en verdad por los cambios lo que no lograron
hacer años de crítica por la actitud del Poder Judicial frente al tema de los derechos
humanos.
Al fondo del escenario aparecían los ciudadanos, quejándose de la
falta de atención y de la incomprensión de la Justicia por sus problemas; por algo en
cada encuesta de opinión ubicaban al Poder Judicial como la menos respetada de las
instituciones públicas.
La sospecha de la corrupción en el máximo tribunal terminó por
convencer a los más recalcitrantes opositores de la reforma. Entre ellos, antiguos
partidarios del régimen militar que veían como los jueces suyos se acomodaban a las
nuevas circunstancias, traicionando lealtades que se creían eternas.
Por lo demás, los tribunales habían ya decretado amnistías o
traspasado a la justicia militar la mayor parte de los juicios por los derechos humanos y
Frei no parecía interesado en modificar esa realidad.
En resumen: Soledad AlvearAlvear, Soledad logró así, desde el inicio
de la nueva administración, que se terminara la tramitación de proyectos iniciados bajo
el gobierno de Patricio AylwinAylwin, Patricio; patrocinó y consiguió la aprobación de
otros que ella había resucitado, y produjo el milagro que parecía un sueño imposible a
comienzos de los ’90: la reforma del proceso penal, que dejará de ser escrito para
transformarse, como en todos los países modernos, en oral, y la creación del Ministerio
Público, que separará la función del investigador de la de quien juzga.
Hacia 1998, la secretaria de Estado había conseguido la aprobación
para limitar el recurso de queja y favorecer el de casación; crear un departamento de
recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, una Comisión de
Control Etico en la Corte Suprema para recibir denuncias e iniciar procesos
administrativos; transformar las corporaciones de asistencia judicial en Defensoría
Pública; crear los tribunales de familia, y modernizar el sistema penitenciario.
La ministra consiguió también una profunda reforma de la Corte
Suprema (acicateada en especial por el caso Jordán): se aumentó el número de sus
integrantes, se permitió el ingreso de abogados externos al cargo de ministro, se
especializaron las salas, y lo que tal vez es más importante, un recambio casi total de
sus miembros. Se abandonó una disposición transitoria de la Constitución y se puso como
límite para ejercer la función, la edad de 75 años.
El proceso no ha sido fácil.
El gobierno de Frei ha enfrentado, en el ámbito de la Justicia, por lo
menos cuatro desafíos importantes, que siembran dudas sobre la real efectividad de las
reformas conquistadas: La acusación contra Jordán, ServandoJordán; la actuación del
aparato judicial en el caso de Colonia Dignidad; la pervivencia de algunas viejas
prácticas viciadas, y notorias deficiencias en el sistema de nombramientos.
Jordán, presidente
Recuerdo el día en que se hizo el sorteo de la sala que atendería las
apelaciones a la sentencia en el caso Letelier. Servando JordánJordán, Servando estaba
de presidente subrogante y quiso hacer un gesto de transparencia, aceptando la petición
de los querellantes para que el sorteo fuera público. Los abogados de las partes y los
periodistas nos congregamos en el amplio despacho del presidente. El secretario de la
Corte, Carlos MenesesMeneses, Carlos puso unos papelitos con los números de las salas (de
la primera a la cuarta) en una bolsita de terciopelo rojo, como las que se usan para las
colectas.
Se había decidido que la sala escogida estaría compuesta sólo por
ministros titulares.
El azar definiría. Los dos primeros números se fueron "al
agua". Fabiola LetelierLetelier, Fabiola, la escogida para sacar el tercero, metió
la mano a la bolsita y tomó un papelito. Carlos Meneses leyó en voz alta: la cuarta
sala. Desconozco los pensamientos que pasaron por la cabeza de Jordán, pero recuerdo con
nitidez la cara que puso. Estaba pálido, descompuesto. La Cuarta Sala era la suya y, por
añadidura, la presidía. No tenía escapatoria. Tarde o temprano tendría que participar
en esa decisión y tal vez presentía que eso, para bien o para mal, iba a cambiar su
futuro.
En 1995 llegó su hora. En la intimidad de su conciencia están
registradas las presiones que debe haber recibido. En el juicio por el asesinato de
Letelier optó por condenar. Cuando se conoció el fallo, un alto oficial del Ejército
habló de traición, apuntando a Jordán.
Pero, aunque se ganó enemigos en el bando que antes lo apoyaba, el
gesto le permitió acercarse a los políticos de la Concertación, y cuando finalmente
Contreras y su subalterno, el brigadier Pedro EspinozaEspinoza, Pedro, fueron recluidos en
el penal de Punta Peuco, se sintió seguro. Se acercaba 1996, Marcos AburtoAburto, Marcos
dejaría la presidencia y Jordán planeaba reemplazarlo. Sabía de las reservas que
algunos de sus camaradas tenían en su contra. Tendría que hacer campaña. Pero si sus
colegas respetaban la tradición, lo nombrarían a él.
Necesitaba vencer vetos que todavía pesaban sobre su persona, por sus
antecedentes personales y porque, después de todo, había llegado a la Corte gracias al
nombramiento de Pinochet, AugustoPinochet. Gracias al fallo, sin embargo, encontró un
aliado en el ex ministro del Interior Enrique KraussKrauss, Enrique. Por otra parte, su
amigo, el ministro Luis Correa BuloCorrea Bulo, Luis, lo promovió entre los políticos de
la Concertación y en el interior de la Corte. El mensaje era que Jordán, un
incomprendido de su tiempo, era la mejor opción. Los otros candidatos eran malos
oponentes: Enrique ZuritaZurita, Enrique y Osvaldo FaúndezFaúndez, Osvaldo, quienes,
aparte de ser menos antiguos, eran pinochetistas y antirreformistas.
Jordán había condenado a Contreras y sería un partidario de las
reformas, eran parte de los argumentos a su favor.
También lo respaldaba la tradición. Si los ministros,
independientemente de sus creencias políticas, seguían apoyando al más antiguo para la
presidencia, aseguraban la rotación y su lugar en la lista para ocupar algún día ese
puesto.
Entre los abogados, algunas firmas influyentes lo patrocinaron. Entre
ellos, Darío CalderónCalderón, Darío, el dueño de la cadena de multitiendas Hites,
que organizó comidas para difundir el mismo slogan: Jordán es el mejor posible.
La contienda se presagiaba difícil. Los ministros de la Corte sabían
que Jordán no era la persona indicada para asumir el cargo. Para algunos que lo conocían
bien, reformistas o no, escogerlo significaba pasar por alto demasiadas circunstancias. Su
figura arriesgaría el decoro que debe exigírsele al presidente del máximo tribunal. Los
ponía en cuestionamiento a todos. Marcos LibedinskyLibedinsky, Marcos, Hernán
AlvarezAlvarez, Hernán y Mario GarridoGarrido, Mario se oponían con firmeza.
Para otros, no quedaba más que cerrar los ojos y votar por él. Un
Zurita o un Faúndez entorpecería el proceso de cambios en el sistema judicial, ya por
demasiado tiempo postergado. Con un poco de presión, Jordán sabría comportarse.
Sólo unos pocos, como Correa BuloCorrea Bulo, lo apoyaron con sincero
entusiasmo y devoción.
Llegó el día de la votación. Por primera vez, en vez de expresar su
voluntad a mano alzada, los magistrados concordaron en realizar la votación con un
sistema de cédula para garantizar el secreto de su pronunciamiento.
El primer resultado fue: Zurita, ocho votos; Jordán, siete; Faúndez,
uno. Ganaba Zurita, pero sin la mayoría más uno que necesitaba. En segunda vuelta, el
voto de Faúndez se sumó a Jordán y alguien de los que respaldaba a Zurita cambió de
opinión. El nuevo resultado fue: Jordán, nueve; Zurita, siete.
La división y la amplia resistencia a Jordán en esta elección fue la
prueba de que los propios ministros de la Suprema, aunque callaran, conocían mejor su
comportamiento que lo que el más informado de los abogados pudiera presumir.
Para algunos de fuera de la Corte, la elección de Jordán, en enero de
1996, fue la constatación más dramática de la degradación del Poder Judicial. Jordán
conduciría la institución designada para hacer justicia, pese a la certeza que tenían
algunos de sus pares y funcionarios de los dos gobiernos de la Concertación de que el
magistrado llevaba una vida personal y como magistrado "absolutamente impropia"
2. En un gesto absolutamente insólito, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio
UrrejolaUrrejola, Sergio, comentó que era "lamentable" el resultado de la
elección.
A Jordán nada parecía importarle. Asumió su nuevo cargo y se
convirtió en un hombre nuevo; llegaba temprano; se iba tarde; moderó su comportamiento,
especialmente en el consumo del alcohol. Y comenzó una campaña agresiva en defensa de su
ministerio.
Al parecer no se daba cuenta de lo débil que era su posición.
Después de inaugurar el año judicial, en marzo de 1997, El Mercurio
publicó un artículo criticando su mensaje. El matutino recordaba que un año antes por
nueve votos contra ocho, la Corte Suprema había respaldado un paquete de reformas
enviados por Soledad AlvearAlvear, Soledad al Congreso, y que Jordán no se había
referido a ello en su discurso. Tampoco había recordado las presiones ejercidas en contra
de algunos jueces, como Alfredo PfeifferPfeiffer, Alfredo, por la investigación del
asesinato del senador Jaime GuzmánGuzmán, Jaime; o Roberto ContrerasContreras, Roberto,
en el caso del presunto tráfico de drogas; o los ministros que amnistiaron el caso
SoriaSoria, con la consecuente presentación de una acusación constitucional en su
contra.
El Mercurio citaba la opinión de un militar, el auditor general del
Ejército, Fernando TorresTorres, Fernando, lamentado las omisiones y afirmando que
"las presiones, especialmente de sectores políticos, fueron constantes en 1996"
3.
El 8 de marzo apareció en las páginas del matutino una carta
aclaratoria de Jordán, ServandoJordán, protestando por la forma en que se había tratado
su mensaje. Era una larga comunicación, excesiva por su insistencia en aclarar una cita
suya, irrelevante dentro del contexto. Veía mala fe en la forma en que se había tomado
la frase en que sostenía que "los magistrados no son seres impregnados de santidad
que administran justicia, en la soledad de las alturas" 4.
Un mes después, el 9 de abril, Jordán volvió a escribir al diario.
Se quejaba por detalles, imprecisiones que, a su modo de ver, contenía un artículo.
Tratándose de El Mercurio, se fijaba hasta en los signos de puntuación.
Dentro del tribunal, Jordán se sentía más cómodo. En marzo de 1997,
por 16 votos contra uno, sus pares lo eligieron para integrar el Tribunal Constitucional.
Lo interpretó como una señal de respaldo. Y lo apreció, además, porque le permitía
aumentar significativamente sus ingresos.
Algunas crónicas periodísticas aparecidas a mediados del año, en que
se abundaba sobre sus ingresos y sus propiedades, no lo inquietaron mayormente.
Sus verdaderos problemas comenzaron con el proceso por lavado de dinero
iniciado por el CDE en contra de Mario Silva LeivaSilva Leiva, Mario. El juicio se
extendió más tarde, como se sabe, a dos actuarios que habían otorgado la libertad a la
procesada por falsificación de pasaporte en la misma causa, Rita RomeroRomero, Rita, y al
fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García PicaGarcía Pica, Marcial.
Este había intentado intervenir en favor de la libertad de uno de los encausados, por
encargo del "Cabro Carrera".
Olvidándose de que el mundo lo observaba y en un acto temerario
dictado por un exceso de confianza en sí mismo, Jordán absolvió públicamente al fiscal
y a los funcionarios, interrogó a éstos irregularmente, pasando por sobre la jueza que
tramitaba el proceso, y demostró conocer los antecedentes de un sumario que se suponía
secreto.
No se había dado cuenta el ministro que 1997 era un año de críticas
al Poder Judicial y a la Corte Suprema, y que éstas provenían de un sector antes ajeno a
ellas: la Derecha.
En medio de la crisis se fue de vacaciones. Los ministros Luis
CorreaCorrea, Luis y Eleodoro OrtizOrtiz, Eleodoro fueron a su casa en el Melocotón para
convencerlo de que reasumiera, pues la UDI estaba planteando que siguiera vacacionando
hasta que el caso del "Cabro Carrera" se aclarara completamente.
En una discreta mesa del bar del Hotel Carrera, su eterno enemigo, el
ex ministro Hernán CerecedaCereceda Bravo, Hernán, se reunía con el auditor
TorresTorres para conversar sobre el tema.
El gobierno tomó una posición pública distante del problema, pero
encargó al ministro del Interior, Carlos FigueroaFigueroa, Carlos, que gestionara su
renuncia antes de que la sangre llegara al río. No tuvo éxito.
La ministra Soledad AlvearAlvear, Soledad fue recibida por un pleno del
más alto tribunal, convocado especialmente a petición del Presidente Frei para tratar la
"crisis" por la que estaba atravesando ese poder del Estado. Los magistrados
oyeron a la ministra con el recogimiento de alumnos bien portados, atentos a las palabras
de la profesora jefe.
Al terminar la sesión, dieciséis de los diecisiete ministros firmaron
una declaración acogiendo buena parte de sus propuestas, pero exponiendo que muchas de
las quejas "resultan injustas, porque existen deficiencias evidentes, recargos
excesivos de causas, insuficiente número de tribunales, falta de personal y bajos
recursos presupuestarios". Parecía la postura simple de años anteriores:
necesitamos más recursos, más tribunales.
La Corte acogió la idea de crear una Comisión de Control Etico,
aunque en el futuro debería decidir si extender sus facultades hacia la supervisión de
los propios ministros de la Corte Suprema, y emitió instrucciones para que se terminara
con los alegatos de pasillo en todos los niveles. Por supuesto, también debería
colaborar el Colegio de Abogados con instrucciones a sus asociados para que se abstuvieran
de pedir audiencias destinadas a argumentar en favor de sus clientes.
La ministra se quejó más tarde por la respuesta "claramente
insuficiente" del máximo tribunal y dijo que insistiría en propuestas desechadas
por éste.
Finalmente, las quejas del CDE en contra de Jordán, por sus
intervenciones en el caso del "cabro Carrera", desembocaron en una acusación
constitucional patrocinada por el diputado de la UDI, Carlos BombalBombal, Carlos.
Jordán reaccionó de mala manera: replicó con una amenaza encubierta
de hacer públicos antecedentes que decía tener en contra del diputado. En la discusión
posterior, resurgieron las dudas sobre su actuación en el caso de la liberación del
narcotraficante Luis Correa RamírezCorrea Ramírez, Luis, y el libelo llegó finalmente
al Congreso, asumiendo Jordán personalmente su defensa.
Sus argumentos ante la Cámara fueron, entre otros, que al pedir datos
sobre los procesos de Mario Silva LeivaSilva Leiva, Mario actuó de acuerdo con sus
facultades y que no podía juzgárselo por su fallo en la causa del colombiano Luis
Correra Ramírez, pues el Parlamento no tiene atribuciones para revisar las resoluciones
judiciales. Como en el caso de Cereceda Bravo, HernánCereceda, uno de los ex abogados de
Colonia Dignidad, Fidel ReyesReyes, Fidel en este caso, lo ayudó con la defensa.
En su comparecencia como testigo, la presidenta del Consejo de Defensa
del Estado, Clara SzczaranskiSzczaranski, Clara, reveló que la agencia para el control de
estupefacientes de Estados Unidos (la DEA) le había manifestado su preocupación por la
conducta de Jordán en relación con el narcotráfico, pero que el CDE no había podido
verificar la información aportada por esa agencia.
El ministro Osvaldo FaúndezFaúndez, Osvaldo, que había sido su
competidor en las elecciones a la presidencia, defendió a Jordán con un golpe bajo. Dijo
que si se le iba a juzgar por su conducta en el caso del narcotraficante colombiano,
debía enjuiciarse también al Presidente de la República, quien otorgó el indulto a
otro procesado en el mismo caso, el contador Luis Vargas PargaVargas Parga, Luis.
No se han olvidado las largas semanas que llevó el debate, ni el
empate que finalmente se produjo, con lo que la acusación se consideró rechazada.
Tampoco se ha olvidado la abstención del entonces diputado y presidente del Partido
Socialista, Camilo EscalonaEscalona, Camilo, que definió el resultado. Fundamentó su
voto diciendo que la acusación era simplemente una revancha que se tomaba la Derecha
contra Jordán por haber éste contribuido a condenar al general Manuel
ContrerasContreras, Manuel.
Jordán se salvó, pero quedó agotado. En vez de acoger la sugerencia
de renunciar, que le habían dado funcionarios del gobierno y más de algún amigo, se
desgastó en su autodefensa.
Quedó seriamente resentido. La demostración más evidente fue la
querella que interpuso contra los periodistas Rafael GumucioGumucio, Rafael y Paula
CoddouCoddou, Paula, por algunos textos humorísticos aparecidos en un artículo de corte
más bien frívolo en la revista Cosas. Pidió la aplicación de la Ley de Seguridad del
Estado. Otro tanto hizo, más recientemente, contra los periodistas José AleAle, José y
Fernando PaulsenPaulsen, Fernando, director de La Tercera hasta fines de 1998. Jordán ha
reaccionado como un león herido, descargando sobre la prensa todas sus furias acumuladas.
En la intimidad de la Corte, las emprendió contra los ministros que no
lo apoyaron o que simplemente tomaron distancia durante la acusación constitucional.
Al parecer, ya no le importa lo que pueda decirse u ocurrir. Ha vuelto
a reincidir en algunas de sus antiguas malas prácticas: llegar tarde, desaparecer de
cuando en cuando... No apoya la idea de que la Comisión de Control Etico supervise
también a la Corte Suprema. En esto lo acompaña su amigo, Luis CorreaCorrea, Luis, quien
se ubicó, hasta antes de su enfermedad, en una posición lejana a las propuestas de
reforma que impulsaba al comenzar los ’90.
Es un hecho notorio, que el peso de ambos en la Corte Suprema es cada
vez menor.
La fuerza de la costumbre
La Corte Suprema chilena es hoy mucho más diversa de lo que fue en el
pasado. La renovación del más alto tribunal ha traído magistrados de distintas
opiniones políticas y profesión de credos.
Históricamente los nombramientos de ministros de la Corte Suprema se
hicieron con criterio político. Durante los gobiernos democráticos, las principales
tendencias se alternaban para cubrir las vacancias. Si se escogía a uno de izquierda, en
el caso siguiente le tocaba a uno de derecha. Si el nombrado era católico, venía luego
uno masón.
Bajo el gobierno militar, como corresponde a un sistema unipartidario,
el criterio se restringió rigurosamente a la elección sólo de personas que se estimaban
incondicionales.
Durante Aylwin, el Presidente trató de promover a los jueces
meritorios que habían estado postergados y que se caracterizaron por fallos favorables a
los derechos humanos.
Mérito y apoyo a las reformas, fue el criterio de Frei. Pero surgió
un hecho nuevo: la intervención del Senado en las designaciones. Fue el producto de la
cruzada de Soledad AlvearAlvear, Soledad por obtener las reformas a la Corte Suprema,
empeño en el cual tuvo que aceptar una propuesta de Renovación Nacional que incorporaba
al Senado en la ratificación de las propuestas del Ejecutivo.
El quorum que se negoció –dos tercios– le dio a la Cámara
Alta virtualmente el poder de veto sobre las decisiones del Presidente.
El nuevo sistema de designaciones funcionó bien en los primeros casos,
cuando las propuestas del Presidente comprendían dos nombres, lo que permitía acudir al
cómodo cuoteo: uno para la Derecha, otro para la Concertación. Pero tropezó con
dificultades cuando se trató de cubrir una sola vacante. Hasta ahí no más llegó el
consenso. El Senado no dio el pase para ratificar el nombramiento de Milton JuicaJuica,
Milton, a quien la Derecha no le perdona haber tratado de implicar al ex director de
Carabineros y hoy senador Rodolfo StangeStange, Rodolfo en la investigación sobre el caso
degollados.
Ahora habrá que "reformar la reforma", opina el ex ministro
de Justicia, Francisco CumplidoCumplido, Francisco. "Cuando se establece que hay que
llegar a acuerdo en la designación de ministros (con los dos tercios del Senado), es
inevitable que se haga una valoración política de los magistrados" 5.
En la base del Poder Judicial, una respetada jueza, Dobra LuksicLuksic,
Dobra, afirma que los jueces no estaban de acuerdo con la participación del Senado. El
caso Juica "hizo más patente algo que nosotros habíamos advertido: se corre el
riesgo de que los jueces pierdan su independencia; que no se atrevan a tomar decisiones
que puedan comprometer instituciones o personajes de cierta connotación, porque están
mutilándose. Fue una triste experiencia la del ministro Juica y a nosotros nos pareció
que el sistema había fracasado, aunque se reivindicó con los nombramientos de los
ministros Yurac Soto, DomingoYurac y Huerta, RafaelHuerta" 6.
La pregunta que muchos se hacen ahora es qué pasará en el futuro. Los
ministros que se atrevan a procesar a alguna autoridad del Estado tendrán que pagar con
la postergación.
Los funcionarios medios, los que no quiebran huevos, tendrán más
posibilidades de ascender que los díscolos e irreverentes como Carlos CerdaCerda
Fernández, Carlos.
Cuando el nombramiento recae en la mano de la discreción de las
autoridades del Estado es inevitable el juego de las negociaciones políticas. También
participan, a espaldas de los ciudadanos, otros sectores de influencia. Un grupo de
abogados católicos, por ejemplo, se quejó ante la ministra Alvear porque había mucho
masón entre los nuevos escogidos. Según ellos, la "aspiración masónica" es
apoderarse de la judicatura. Consideran parte de este grupo a los ministros Benquis,
JoséBenquis, AlvarezAlvarez, OrtizOrtiz y CarrasoCarrasco. A Dávila, RobertoDávila,
electo con su apoyo, lo tienen en la mira.
En países como Estados Unidos, son simplemente los ciudadanos los que
deciden votando por sus jueces en elecciones directas. Otros tienen organismos como el
fenecido Consejo Superior de la Magistratura que está conformado por representantes de
las principales instituciones del Estado y reparte en mayor número de cabezas esta
decisión.
Más allá de las comparaciones posibles, es evidente que el sistema
chileno no ha llegado a su perfección en este campo.
Como quiera que sea, los nuevos ministros y las reformas aprobadas bajo
el gobierno de Eduardo FreiFrei, Eduardo dan esperanzas de un Poder Judicial mejor, más
asequible, humano, valiente y decidido que en el pasado. Un verdadero Poder del Estado.
La sola calidad humana, ética y académica de sus nuevos integrantes
marca una gran diferencia con el pasado.
Los ministros que dieron el respaldo a Roberto DávilaDávila, Roberto,
electo como nuevo presidente el 5 de enero de 1998, rompieron por primera vez la costumbre
de nombrar al más viejo.
Dávila se comprometió ante sus electores (ocho, en contra de cinco
que votaron por el más antiguo, Osvaldo FaúndezFaúndez, Osvaldo) a apoyar las reformas
al Poder Judicial. Su "base" se siente ajena a la vieja corte y no está
dispuesta a ponerse el sayo por actos que no cometieron. Especialmente, en los casos de
los derechos humanos.
La nueva Corte está preocupada de mejorar la imagen pública y se han
establecido normas de control ético bastante severas hacia el interior. Están pasando la
escoba. Pero, al mismo tiempo, están decididos a defenderse de las críticas infundadas.
El que dispare a la bandada se arriesga a sufrir acciones penales.
Están discutiendo cuál va a ser el papel y atribuciones del Consejo
de Control Etico. ¿Tendrá facultades disciplinarias? Si sus integrantes son ministros de
la Corte Suprema, ¿podrán fiscalizar a sus pares? Algunos procuran que sean llamados a
integrarlo ex ministros de gran prestigio, pero todavía (al momento de finalizar este
capítulo) no hay acuerdo.
Las reformas traen esperanza, pero la cultura no cambia de un día para
otro. Aún el peso de prácticas históricas amenaza con torcer el espíritu de las leyes.
Ocurrió, por ejemplo, con el caso de una simple norma aprobada durante
el gobierno de Patricio AylwinAylwin, Patricio que disponía que la "relación"
de los recursos y apelaciones interpuestos ante las cortes de Apelaciones y la Corte
Suprema serían públicas. Es decir, que en el momento en que el relator narrara los
hechos a los magistrados, los abogados de las partes podrían estar presentes y hacer sus
comentarios. El público también podría entrar.
Ha sucedido en la práctica, sin embargo, que por la fuerza de la
costumbre, cada vez que un abogado pide la relación pública, los magistrados solicitan
al relator que primero haga una exposición privada y luego la pública. Eso sin contar el
hecho de que las peticiones de los profesionales exigiendo este derecho no son siempre
bien recibidas y algunos se abstienen de formularla para no arriesgar un resultado
desfavorable a su cliente.
Algo similar ha sucedido con la modificación al recurso de queja. A la
Corte Suprema le ha costado entender que éste quedó como un recurso extraordinario,
destinado a corregir los abusos que puedan cometer sus subalternos y que, en caso de
aprobarse, deriva lógicamente en una sanción contra el recurrido. Es cierto que han
aumentado los números de casaciones acogidas –el recurso propio de la Corte
Suprema–, pero no han disminuido los de queja, ni el uso que se les da para modificar
resoluciones judiciales antes que para sancionar un abuso.
Un tercer caso es el horario de funcionamiento. La Corte Suprema
aceptó extender el horario de los tribunales inferiores, pero sigue oponiéndose a
aumentar las horas de trabajo en el segundo piso del Palacio de Tribunales.
Teóricamente, el tiempo libre lo ocupan los magistrados en
"estudiar" los asuntos que tienen bajo su conocimiento, pero el hecho es que
muchos lo destinan a dar clases en las universidades y es discutible si un magistrado del
más alto tribunal de la nación deba estar corriendo a las aulas dos o tres veces por
semana y corrigiendo pruebas en sus horas libres.
En su favor hay que decir que, al menos, determinaron que una sala debe
trabajar de turno en febrero, como ya ocurría en el resto del Poder Judicial.
El sistema de calificaciones (con notas de 1 a 7) tampoco ha resultado
de la manera que esperaban los propios magistrados que impulsaron el sistema. No pocos se
han sentido agraviados por calificaciones que, aunque siguen un patrón teóricamente
objetivo, todavía permiten la arbitrariedad. Un superior poco ético aún puede usar la
herramienta para estropear evaluaciones de magistrados que no sean de su agrado. O, más
comúnmente, uno que desconozca la trayectoria de sus subalternos.
Nueva Corte, viejas prácticas
Una demostración de que las reformas por sí solas no resuelven los
problemas y que mucho depende de la calidad de los magistrados, es lo ocurrido con el
ministro Germán Valenzuela ErazoValenzuela Erazo, Germán mientras se tramitaba la
acusación contra Jordán.
Este es el caso.
Valenzuela se casó con Darioleta Gutiérrez MoraGutiérrez Mora,
Darioleta en 1964, bajo el régimen de separación de bienes, cuando ella tenía 25 años
y él ya andaba por los 50. Tiempo después, el matrimonio se separó y, aunque nunca se
anuló, vivían aparte.
Poco antes de morir, "Tita" Gutiérrez, que ya nada quería
saber de su ex marido, donó todos sus bienes a la Asociación de Padres de Espásticos
(Aspec). Conocía los efectos del mal por un matrimonio amigo que tenía una hija que lo
sufría. Ella misma, por años, participó en las actividades de la organización, a la
que prometió construir una sede, con la única condición de que la entidad le pusiera el
nombre de su madre.
Cuando Darioleta, aquejada por una enfermedad al corazón, supo que su
momento de morir estaba cerca, redactó el testamento. Si no lo hacía, sus bienes irían
a dar a manos de su esposo. En el documento, donó a la Aspec sus dos casas en Temuco, un
departamento en la calle San Martín en Santiago, el departamento en que vivía sola,
acompañada por su empleada, y sus ahorros en dos bancos.
La mujer no tenía obligación de consultar a su esposo pues los bienes
le pertenecían por ley y no había hijos a quienes dejar la herencia.
En el testamento ella pidió ser sepultada en el Parque del Recuerdo
junto a dos espásticos que no tuvieran recursos para pagar una sepultura. Además, dejó
establecido que a su esposo sólo se le devolvieran los únicos tres bienes que él le
regaló cuando vivían juntos: un ventilador, un collar y un florero.
Valenzuela, al enterarse del testamento, interpuso una demanda en el
30° Juzgado Civil reclamando la posesión efectiva, antes de que la Aspec pudiera hacerlo
válido. El tribunal le dio la razón en tiempo récord.
Cuando estos hechos aparecieron publicados en La Epoca y en El
Mercurio, Valenzuela Erazo, GermánValenzuela respondió amenazando con presentar
querellas por injurias. Se defendió diciendo que tras el fallecimiento de su esposa, dos
hermanas de ella y el magistrado solicitaron la posesión efectiva en su calidad de
"herederos legítimos", y que posteriormente fueron demandados por la Aspec en
virtud de un testamento al que no le reconoce validez legal.
En sus cartas a los medios, Valenzuela acusó a la institución de
haber "conseguido un testamento de una persona absolutamente inhabilitada para
testar, muy gravemente enferma, cada día acercándose a la muerte: cada día recibía
menos oxígeno; y además, por este motivo, sus facultades intelectuales no estaban sanas.
Motivos de salud y de ética, repugnan cualquier testamento en esa situación
angustiosa".
Las conclusiones médicas del magistrado son, no obstante, bastante
dudosas pues su esposa sufría del corazón, no de la cabeza y, al morir, estaba todavía
bastante joven.
Que vivían separados, dice Valenzuela, era sólo obra de las
circunstancias, pues "mi señora" poseía un "departamento nuevo,
confortable, con un dormitorio en suite y walking-closet, con una hermosa vista
panorámica a la cordillera" que no había sido posible arrendar cuando vivían
juntos.
"Mi señora estaba muy grave y desahuciada, apenas recibía
oxígeno, se encontraba muy alterada y presentía su muerte. Me manifestó su deseo de que
nos fuéramos a vivir a dicho departamento. Yo le acepté, pero no se hizo un traslado
total, tanto porque yo sabía que su muerte se aproximaba, como porque yo tenía y tengo
en nuestra casa mi biblioteca con todas las obras jurídicas que uso para apoyar el
estudio de proceso" 7.
Flor de marido es alguien que admite que su mujer se vaya a vivir sola
porque "sabía que su muerte se aproximaba". La explicación no puede ser peor
como excusa.
Cuando terminamos este libro, la Aspec todavía estaba luchando por
lograr que se cumpliera la voluntad de Darioleta GutiérrezGutiérrez Mora, Darioleta.
Valenzuela Erazo, GermánValenzuela Erazo tuvo que abandonar la Corte
Suprema al cumplir 75 años de edad. Su comentario sobre las reformas que originaron su
salida del máximo tribunal, aspiraba a quedar como sentencia lapidaria: "El gobierno
se tomó el Poder Judicial".
Los pobres y los poderosos
Un hecho que no parece concordar con la idea de que las cosas han
cambiado en el Poder Judicial es el aciago caso de Colonia Dignidad.
En descargo de la responsabilidad de la judicatura, hay que decir que
la Colonia ha demostrado ser históricamente más poderosa no sólo que los tribunales,
sino que el propio Ejecutivo.
El Gobierno de Patricio AylwinAylwin, Patricio consiguió, después de
mucho batallar, anular la personalidad jurídica de la llamada Corporación Benefactora
Dignidad. Pero las cosas se dieron de tal modo, que la entidad cambió su razón social
–hoy se llama Villa Baviera–, y traspasó todos sus bienes a diversas sociedades
anónimas. Y las cosas siguieron exactamente iguales, como si nada hubiera pasado.
Las investigaciones realizadas por diversos órganos administrativos
del gobierno dieron lugar a decenas de procesos que poco avanzaron, hasta que bajo el
gobierno de Eduardo FreiFrei, Eduardo, por el delito de abusos deshonestos contra menores,
se logró romper, en parte, la barrera de defensa política que había generado a su
alrededor la Colonia y dictar, por primera vez, una orden de aprehensión contra Paul
SchafferSchaffer, Paul, el jefe indiscutido de la Colonia.
La orden, sin embargo, no se cumplió en la forma como suelen
ejecutarse cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones populares, con allanamiento
inmediato, destrozo de bienes y arrestos masivos.
Aunque los tribunales y aun los organismos encargados del caso
disponían de las herramientas para hacerlo del modo más enérgico, enfrentarse al poder
de la Colonia y su líder hacían temer una catástrofe mayor, con toda suerte de
acusaciones contra el Estado por violaciones de derechos del inculpado y sus seguidores.
Se optó por el camino más largo, actuar con guante blando. Allanamientos avisados con
anticipación, restricción del uso de la fuerza pública al mínimo necesario.
Como resultado, el ex conscripto nazi sigue prófugo.
El ministro en visita Hernán González GarcíaGonzález García,
Hernán mantiene la investigación de trece procesos vinculados entre sí, por delitos
como sustracción, secuestro y abusos deshonestos de menores, ejercicio ilegal de
profesión, negativa a la entrega de menores y atentado contra la autoridad, destrucción
de parte de vehículo fiscal, usurpación de nombre y obstrucción a la justicia y
negligencia médica. Además de Schäffer, se encuentran procesados varios de sus
colaboradores.
No es todo. En los tribunales que dependen de la Corte de Apelaciones
de Talca existen 27 juicios sobre anomalías tributarias, y una querella por la
desaparición de 38 personas que, en los primeros años del régimen militar, habrían
sido conducidas hasta los terrenos de la Colonia. En Santiago, diversos procesos por
fraude tributario y falsificación y otorgamiento irregular de contratos se tramitan en
diferentes juzgados del crimen.
Los hechos son abrumadores: a más de dos años de haberse dictado,
todavía está sin cumplirse la orden de detención emitida contra el líder de la entidad
germana.
Los ejemplos de arbitrariedades judiciales relacionados con el caso
Dignidad son innumerables. En 1997, por ejemplo, la Tercera Sala de la Corte Suprema
acogió un recurso de amparo presentado por el brazo derecho de Schäffer, el doctor
Hartmut HoppHopp, Hartmut (que en realidad nunca ha probado tener los títulos para
ejercer la profesión) y su esposa Dorotea WitthamWittham, Dorotea, en contra del juez de
Parral Jorge NorambuenaNorambuena, Jorge.
La Sala, presidida por el hoy jubilado Lionel BeraudBeraud, Lionel,
anuló la orden de detención contra el matrimonio, dictada después de que ambos viajaron
a Mendoza con uno de los niños de la Colonia, Michael, adoptado por ellos. La madre
biológica del menor había solicitado al juez Norambuena que dictara una medida de
protección de la integridad física y síquica del niño.
Beraud, LionelBeraud, acosado por la prensa, dijo que Hopp adoptó
"legítimamente" al menor y que "la mamá biológica no tiene ningún
derecho sobre él. Lo perdió".
La sala no consideró el contexto de abusos deshonestos y estilo de
vida de campo de concentración en que han sido educados los menores en la Colonia,
incluyendo al propio Hopp, que se crió al lado de su líder. Cuando la Corte acogió el
amparo, Hopp estaba procesado como encubridor de los abusos deshonestos de Schäfer, pero
"eso es otra cosa", dijo Beraud.
Hay que recordar que durante la acusación constitucional que le
afectó en 1992, Beraud, LionelBeraud fue representado por uno de los abogados más
estables de la Colonia, Fernando SaengerSaenger, Fernando.
Al acoger el amparo, el máximo tribunal acordó llamar severamente la
atención al juez Norambuena, JorgeNorambuena por haber dictado la orden de aprehensión
contra Hopp. Ya antes lo habían castigado por hablar mucho con la prensa.
Las madres de los menores abusados son pobres y poco han conseguido
para reparar el daño causado a sus hijos, pese a los empeños fuera de lo común del
ministro González GarcíaGonzález García y del juez Norambuena.
Esas madres sufren una suerte parecida a la que viven los pobres en los
tribunales de la periferia capitalina. Allende los límites del centro de la capital, en
Pudahuel, por ejemplo, donde los actuarios son los jueces y los aspirantes a abogados de
las Corporaciones de Asistencia Judicial, los defensores. Donde los edificios han sido
remodelados, pero no las actitudes de sus funcionarios.
En esa zona de la periferia capitalina la vida y los bienes tienen un
precio inferior al valor que les dan los tribunales del centro, acostumbrados a tratar con
litigantes de ingresos importantes.
Hasta ahora, quien no tiene recursos para pagar a un abogado debe
recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Si ni querellante ni querellado
tienen dinero –como suele ocurrir– el que llega primero gana defensa. El otro
tiene que esperar que se le designe uno de los abogados de turno.
Los abogados de las Corporaciones son los estudiantes de Derecho que
tienen la obligación de "hacer práctica" y otorgar servicios gratis por seis
meses. Los abogados del "turno", son los recién egresados que están en una
lista para prestar el servicio por un mes.
En los tribunales de población, sólo los abogados con título reciben
un trato deferente. Los practicantes tienen que esperar a veces los seis meses que tienen
en su poder una causa para obtener apenas una resolución (que, por cierto, no será la
definitiva). Sus clientes pobres o sus familiares se presentan a veces para ver cómo
marchan sus causas. Esperan, esperan. Si tienen suerte, un oficial les extiende los libros
para que lean las resoluciones, cuyo lenguaje ellos de todas maneras no entienden.
Los aspirantes a abogados tienen que defender hasta 90 causas
simultáneamente en su paso por las corporaciones. La mayor parte del tiempo la gastan
pidiendo las libertades provisionales de los encausados por delitos comunes, que viven
años en las cárceles antes de que los tribunales resuelvan sus casos. Los visitan en la
Penitenciaría en cuartos pequeños, húmedos y fríos, color de nada, semejantes a
cualquier celda.
¿De qué influencia pueden echar mano en defensa de los pobres? Para
ellos y sus clientes no hay alegato de pasillo. A veces una cajetilla de cigarros sirve
para movilizar la voluntad de un actuario que, si no está motivado, puede botar sus
escritos a la basura o simplemente responder que se le olvidó proveerlo.
Mi madre, María Angélica AcuñaAcuña, María Angélica, quien
abandonó una vida de profesora básica para estudiar Derecho, asumió en 1997, durante su
práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, la defensa en los tribunales de
Pudahuel, del caso de Guillermo HernándezHernández, Guillermo 8. Hernández había sido
el cuidador de un predio por 15 años. Vivía en una casita de madera, que fue ampliando
en la medida de sus posibilidades. De un día para otro, el terreno se vendió y el nuevo
dueño lo notificó del término del contrato. Como Hernández se demoraba en marcharse,
el propietario presentó una demanda; el tribunal aprobó una orden de desalojo y el
dueño concurrió a notificarla en persona, acompañado por un receptor judicial.
Auxiliados por una retroexcavadora, simplemente destruyeron los tres dormitorios, el
living, el baño y la cocina, y todas las pertenencias de Hernández para obligarlo a
marcharse.
La abogada presentó una querella por daños, pues el desalojo no
autoriza a destruir bienes muebles. El caso ha pasado de un aspirante a otro y ha cumplido
dos años en los tribunales, sin que todavía se dicte un auto de procesamiento en contra
de los infractores.
En el mismo tribunal, Juana MardonesMardones, Juana busca la
reparación por las lesiones que le provocó un carabinero. La mujer estaba parada en una
esquina de su población, junto a otros vecinos, cuando alguien del grupo le gritó
"tiro loco" al policía que pasaba frente a ellos. El carabinero, que también
era un vecino del sector, sacó su pistola y disparó. Juana sufrió lesiones graves en
una mano. El proceso se demoró tres años antes de que se dictara un auto de
procesamiento contra el autor. El policía está prófugo.
Rosa EspinozaEspinoza, Rosa ha recurrido a los mismos tribunales porque
su hijo de siete años fue atropellado y muerto por un chofer de micro en 1992. La
sentencia definitiva tuvo que esperarla hasta 1997.
El chofer fue condenado y se estableció que debía pagar un millón de
pesos a la mujer, por la pérdida de su hijo. El ministro de la Corte Suprema Lionel
BeraudBeraud, Lionel obtuvo 40 millones del fisco por la operación errónea de su cadera.
Rosa, sin embargo, no ha recibido la insignificante indemnización, pues el chofer no
tiene bienes con qué pagarle.
Patricia InostrozaInostroza, Patricia, en otra causa, se querelló
contra el autor de la violación de su hija. El tribunal condenó al autor y ordenó el
pago de un millón 800 mil pesos, de los cuales el ofensor no ha podido responder.
El juez, en ese mundo, es una figura inaccesible. Como un notario,
invisible en su despacho, firma papeles todo el día. Atiborrado de expedientes, le es
físicamente imposible resolver por sí mismo todos los juicios que llegan a su tribunal.
La justicia de los pobres está, de verdad, en manos de esos funcionarios no letrados
–los actuarios, los oficiales– no menos ignorantes que quienes llegan a sus
mesones pidiendo auxilio.
Idea de la Justicia
En las aulas de las escuelas de Leyes, los alumnos estudian a Hans
KenselKensel, Hans. El teórico dice que el Derecho es el ordenamiento de la conducta
humana. El comportamiento recíproco de los hombres en la sociedad, afirma, es lo que hace
surgir la norma que los obliga a pagar sus deudas y a abstenerse de matar.
"La autoridad jurídica exige una determinada conducta humana
sólo porque –con razón o sin ella– la considera valiosa para la comunidad
jurídica de los hombres", explica.
Los estudiantes, entonces, aprenden lo mismo que parece sentido común
en las calles: Que "lo justo" es lo deseado por la mayoría, e
"injusto" lo que se opone a esa voluntad.
Los Estados democráticos modernos han llegado al convencimiento de
que, además, existen derechos fundamentales del hombre que no pueden ser cuestionados.
Las naciones que adscriben a tales principios –Chile, entre ellos– se han
declarado obligadas a respetarlos. Así, los tribunales de justicia tienen tanto la
obligación de sancionar los delitos, como la responsabilidad de defender la vida, la
integridad física, la libre expresión de ideas y todos los demás derechos reconocidos a
sus ciudadanos.
Qué lejanos han estado nuestros tribunales, en especial durante las
últimas dos décadas, de tales conceptos.
En otros tiempos, en las monarquías, la legitimidad del sistema
judicial estaba dada por la adecuación del pronunciamiento del juez a la voluntad del
Rey, quien reunía a un mismo tiempo las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.
Como contrapartida, durante la Ilustración francesa surgió la
doctrina que separó los tres poderes del Estado, pero, para el juez, en un primer
momento, sólo se cambió la figura del Rey por la letra de la ley. MontesquieuMontesquieu
lo definía así: "Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el
instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar
ni la fuerza ni el rigor de las leyes (…) De los tres poderes de que hemos hablado,
el de juzgar es, en cierto modo, nulo".
Esa es, al parecer, la concepción que dominó en el sistema chileno
hasta hoy. En un país situado en el extremo sur del mundo, arrinconado entre la
cordillera y el mar, ha habido un Poder Judicial nulo, cuando la mayoría de las
sociedades civilizadas le han dado ya una nueva significación a la judicatura.
La explicación que han dado los tribunales sobre su proceder durante
el gobierno militar tuvo su fundamento en esta doctrina. "Sólo aplicamos la
ley".
Según el abogado y profesor Jorge Correa SutilCorrea Sutil, Jorge, ex
secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Reconciliación, en las actitudes de nuestro
poder judicial ha imperado una cultura "explítica" y otra
"implícita". Una cosa es lo que se ha dicho y otra, lo que se ha hecho. Se ha
dicho que se respetaba la ley, cuando lo que se hacía en realidad era resolver según lo
que se consideraba bueno, conveniente. Bajo el gobierno militar, lo bueno no era responder
al clamor de las víctimas, sino adecuarse a la voluntad del Poder político, aunque fuera
ejercido por el poder de las armas.
El nuevo presidente del tribunal, Roberto DávilaDávila, Roberto, hizo
un reconocimiento explícito de este modelo de comportamiento en una conferencia con
corresponsales extranjeros en 1998. Cuando le preguntaron por la sumisión del máximo
tribunal a la voluntad de las autoridades militares, Dávila dijo con meridiana claridad:
"A la Corte Suprema no le quedaba, en ese momento, otro camino que
esa posición. Si la Corte Suprema, conociendo a los ministros de ese entonces, hubieran
adoptado otra forma de actuar, me atrevería a pensar que la Corte Suprema habría sido
clausurada". Ergo, se impuso la obediencia.
El propio caso de Dávila es una prueba viviente de que, en nuevas
condiciones, las opiniones de los jueces cambian. Antes de 1990, él estuvo por aplicar la
ley de Amnistía; al asumir como presidente en 1998, declaró que ahora pensaba distinto.
Entonces, ¿hicieron justicia los magistrados bajo el gobierno militar
o se adecuaron a las condiciones del poder imperante? Del mismo modo cabe preguntarse por
los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un
empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una
parte en un juicio.
En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan
que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes
involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el Poder político se sienta
tentado de imponer sus opiniones.
Un caso ilustrativo es –y no podía no serlo– el de Pinochet,
AugustoPinochet. Al comienzo de los gobiernos de Aylwin y Frei el predicamento fue no
empujar los juicios que lo pudieran involucrar. Frei fue incluso explícito y pidió al
Consejo de Defensa del Estado que diera por cerrado el expediente relacionado con el
sonado caso de los cheques del hijo mayor del general. "Razones de Estado",
declaró sin ambigüedad. Cuando, en cambio, estalló el conflicto por el arresto en
Londres y la petición española de extradición, la postura es exactamente la contraria.
Ahora se trata de dar seguridades al mundo de que el General puede ser juzgado en Chile.
Podemos aceptar que en una democracia la opinión del Presidente y del
Parlamento representan la voluntad soberana, pues han sido elegidos democráticamente, y
que al seguir sus deseos los jueces no hacen otra cosa que atender el clamor de las
mayorías. Pero a mayor concentración y secreto en las decisiones que tienen que ver con
la judicatura, mayor posibilidad de arbitrariedad, de que los escogidos para llenar
vacantes o ascender se sientan obligados a retribuir los favores de los demás poderes,
sin una justificación racional.
El éxito de las reformas al Poder Judicial dependerá entonces, en
gran medida, de la personalidad del juez. Desde el más encumbrado al más humilde.
El derecho moderno reconoce que el legislador es incapaz de predefinir
todos los posibles conflictos jurídicos. La función del juez es hoy en día
inevitablemente volutiva. Su poder radica precisamente en la facultad de interpretar la
Constitución y las leyes, con el fin de "hacer" justicia. Es ese poder el que,
férreamente asido por los magistrados en países como España, Italia, Inglaterra,
Estados Unidos –y varios latinoamericanos que han dejado atrás la herencia
colonial–, ha permitido a muchos pueblos enfrentar, sin disgregarse, el cáncer de la
corrupción, aunque éste haya amenazado con hacer caer, a un mismo tiempo, a los poderes
Legislativo y Ejecutivo.
En un sistema democrático (aquél en que las decisiones públicas son
tomadas por el pueblo, en que la determinación de lo que resulta deseable para el pueblo
sólo puede ser lícitamente tomado por este mismo y en que los gobernantes son libremente
elegidos por los ciudadanos en forma periódica) el juez es aquél que conoce y resuelve
los conflictos sociales.
El fallecido ministro José CánovasCánovas, José decía en sus
memorias que "al administrar justicia, los jueces son los llamados a velar por la
vigencia del derecho, poniendo el límite exacto al ejercicio del poder por parte de las
autoridades (…) Vale decir, imponerles el llamado ‘principio de Legalidad’,
que no puede ser otro que el determinado por la voluntad soberana".
Hay magistrados que entienden que para cumplir su función deben
aislarse del mundo. Desprecian la opinión de los legos que los rodean y se sienten
seguros en su escrupuloso conocimiento de la formalidad judicial. Se consideran puros e
independientes. Sin embargo, según el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Carlos CerdaCerda Fernández, Carlos, en su obra Iuris Dictio, no hay nada peor que el
juez que cree estar por encima de los ciudadanos. "No se mezcla, ni se ensucia:
‘allá ellos... el lumpen...’". Para hacer justicia no se necesita recluir
al magistrado en una torre de marfil. Precisamente –afirma– entre los males que
aquejan al juez actual está la tendencia al aislamiento social.
Concuerdo plenamente con esta afirmación suya:
"No es juez el que da las espaldas al clamor social concerniente a
la justicia. Tampoco lo es el que se jacta de estar por sobre lo que la población le
demanda. Menos aún quien, consciente de la falta de asentimiento ciudadano de su labor,
se oculta o ampara en el poder del solo imperio".
El juez moderno, democrático, –dice Cerda– debe estar
inserto en la comunidad histórica. Y agrega:
"El juez es un calibrador del sentido jurídico de su época.
(...) La justicia chilena debe ofrendarse sin restricciones a la crítica de la opinión
pública. Y sus jueces, disponerse a la refrendación de su desempeño por parte de la
comunidad".
Esa idea ha sido una de las motivaciones profundas de este libro.
Ya en 1966, el magistrado Rubén GalecioGalecio, Rubén escribía sobre
el "juez en la crisis" diciendo que el magistrado debe estar compenetrado del
devenir social de su época, pero alerta para mantener su independencia. Ni en la torre de
marfil, incontaminado, ni arribista en la competencia por el prestigio social.
Una cierta apostura, cultura y carácter se hacen necesarios en el
magistrado moderno, pues debe enfrentar el juicio de la sociedad y el propio.
"Si el concepto de juez es una idea-símbolo, también es una
idea-fuerza, es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la
delincuencia y el abuso. Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con
inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más
imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho" .
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(Notas de pagina no estan todavia disponibles) Fin del capitulo 5 |
