INDICE GENERAL
Indice del Capítulo I - El poder degradado - - Secretos de
Palacio - Los amigos de Aylwin - El viaje de "Torito" - Las primeras batallas de
Aylwin - Cuánto tarda en escribir un juez - La vara con que mides - El peso del Informe
Rettig - Las rabietas de Correa - El delfín de Krauss - El astuto Lionel Beraud -
Cereceda y la querella de los membrillos - Los misterios de la Tercera Sala - El
descarriado Jordán - El corto reinado del sagaz Aburto
Indice del Capítulo II - La era Rosende - En la facultad de
Derecho - Tiempo de perpetuar - Vientos de cambio - El año de Jaime del Valle - El debut
del Decano - La disidencia judicial - Cuando el magistrado decide hacer justicia - La
visión crítica de los académicos - Las causas económicas - El apogeo del fiscal Torres
- Una crítica a la justicia militar - La "ley caramelo"
Indice del Capítulo III - De la Real Audiencia al golpe de
Estado - El queso y la balanza de la justicia - La justicia en la Colonia - Fin de la
Real Audiencia - Justicia republicana - Una "acusación constitucional" -
Politización, decadencia y corrupción - Manu militari - Décadas de olvido - La huelga
"larga" - Justicia "popular" - La Corte Suprema en la antesala del
golpe
Indice del Capítulo IV - Los ritos del poder - Un microbús
del Ejército - La rutina ceremonial - Primer Aniversario - La hora de la razzia - La
increíble historia del juez Acuña - Un curco quedó en la Historia
Indice del Capítulo V - Docudrama en cinco actos: Justicia
y Derechos humanos - Consejos de Guerra: el primer renuncio - Cinco mil recursos de amparo
- Secuestro en la cárcel - Las visitas de Eyzaguirre - Historia alucinante en Villa
México
Indice del Capítulo VI - La hora de la reforma - La obra de
Soledad - Jordán, presidente - La fuerza de la costumbre - Nueva corte, viejas prácticas
- Los pobres y los poderosos - Idea de la Justicia
Capítulo IV
Los ritos del poder
Un microbús del Ejército
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, se levantó
de madrugada el 11 de septiembre de 1973. Muy lejos de su departamento en calle Lota, su
chofer, un hombre enjuto y de modales medidos, salía del sueño antes de las seis de la
mañana. Como de costumbre, a las siete el funcionario salió de su casa para llegar a las
ocho en punto al departamento del magistrado.
El empleado, como la gran mayoría de los chilenos, desconocía a esa
hora que sería un día especial. Pero no lo ignoraba Urrutia quien, al ver llegar a su
chofer, le advirtió que esta vez no usarían el auto.
Mientras esperaba, el funcionario oyó que el ministro hablaba por
teléfono. El magistrado había conseguido que el comandante en jefe del Ejército,
general Augusto Pinochet, le enviara a su casa un bus militar.
Minutos después, un chofer y dos soldados designados como escoltas
aparecieron en una micro de la institución. El ministro y su empleado abordaron el
inusual vehículo e iniciaron un recorrido por las casas de algunos de los trece
magistrados que componían el máximo tribunal, con quienes Urrutia ya se había puesto de
acuerdo telefónicamente. Luego, se dirigieron hacia el Palacio de los Tribunales.
"Al llegar al centro, frente a la Iglesia Santo Domingo, nos
comenzaron a disparar desde algún techo. Nos tuvimos que tirar al suelo", 1 recuerda
el funcionario.
El militar que conducía aceleró. Los jueces, sus dos escoltas y el
empleado de Urrutia se tendieron en el suelo para protegerse de las balas. Con algunos
vidrios rotos, pero sin heridos, la micro logró llegar al Palacio de los Tribunales, en
Compañía con Bandera. Los ministros se bajaron y se encerraron durante casi dos horas en
el auditorium en el segundo piso del Palacio.
El día estaba nublado. A las 11 de la mañana, caía una suave
llovizna sobre la capital.
Aunque según los registros de prensa, los ministros de la Corte
Suprema no asistieron al tribunal sino hasta el 13 de septiembre, el chofer de Urrutia,
casi el único testigo vivo de los hechos, afirma que siete magistrados se reunieron en
secreto con Urrutia esa mañana del 11: Eduardo Ortiz, Israel Bórquez, Luis Maldonado,
Juan Pomés García, Armando Silva, Manuel Rivas y Enrique Correa.
El mismo día la Junta Militar dictó el Decreto Ley Nº 1, contenido
en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. El decreto, redactado por el capitán
de navío Sergio Rillón, tiene tres artículos. El primero declara que los comandantes se
constituían como Junta para asumir el mando supremo de la nación, con el compromiso de
restaurar la "Chilenidad", la "Justicia" y la
"Institucionalidad" quebrantadas. El segundo, designa al general Pinochet como
Presidente de la Junta. El tercero, garantiza "la plena eficacia de las atribuciones
del Poder Judicial (...) en la medida en que la actual situación del país lo permita
(...)"
Pocos meses después, el ministro Urrutia Manzano, se adelantaría a
investir al general con la banda presidencial y pediría a sus colegas la ratificación
del acto.
El 11, sólo algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago
lograron llegar al centro. No les fue fácil. Apenas se podía caminar. "Las fuerzas
militares se habían tomado la ciudad", recuerda uno de los magistrados que se
desempeñaba en el tribunal capitalino en ese entonces. "Algunos tratamos de llegar
porque pensábamos que habría personas con recursos de amparo, pero después nos dimos
cuenta de que, en esas condiciones, era imposible" 2.
Quienes consiguieron acercarse al tribunal tuvieron que regresar a sus
casas y permanecieron allí, pegados a la radio, siguiendo los acontecimientos. Otros,
como Enrique Paillás, vivían en el centro y pudieron ver desde sus casas el bombardeo a
La Moneda.
En provincias, la mayoría de los jueces y ministros no tuvieron
problemas para presentarse en sus despachos, salvo el cambio de condiciones políticas.
En la Corte de Apelaciones de Talca los magistrados trabajaron hasta
las 12.30. Esa mañana el juez de Menores se presentó ante el presidente de la Corte, el
controvertido Sergio Dunlop, y le dijo que había recibido una orden de presentarse al
regimiento de Talca, junto a otros dos jueces.
El presidente decidió que no debían concurrir y llamó por teléfono
al Jefe de Zona en Estado de Emergencia, teniente coronel Efraín Jañas.
–Entiéndase conmigo, –le dijo y partió rumbo a la oficina
del militar, junto a su secretaria. Allí Dunlop advirtió al oficial: "Según mis
informaciones, las nuevas autoridades no han ordenado paralizar el Poder Judicial. Así
que si tiene peticiones que hacer, hágamelas directamente a mí, que soy el presidente de
esta Corte" 3.
El oficial debió asentir. Los jueces fueron citados, pero no
detenidos. En contradicción con este predicamento, Dunlop, quien presidía la Asociación
de Magistrados, se acoplaría enseguida al grupo de jueces que se manifestaron
abiertamente partidarios del régimen militar. Tal vez por eso se le permitió continuar
en su cargo de presidente de la Asociación y sería uno de los colaboradores de Urrutia
en la confección de listas de magistrados considerados proclives a la Unidad Popular, que
fueron destituidos del servicio 4.
Ese día, los ministros de la Corte Suprema regresaron a sus domicilios
en el mismo vehículo militar que los trasladó al centro, y aunque la Junta de Gobierno
había prohibido a todos los civiles abandonar sus casas, desde las 15 horas del martes 11
y durante todo el día siguiente, el toque de queda absoluto no fue obstáculo para que
Urrutia Manzano emitiera una declaración pública el miércoles 12:
"El presidente de la Corte Suprema, en conocimiento del propósito
del nuevo gobierno de respetar y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial sin
examen administrativo previo (…) manifiesta públicamente por ello su más íntima
complacencia en nombre de la Administración de Justicia de Chile y espera que el Poder
Judicial cumpla con su deber como lo ha hecho hasta ahora" 5.
El jueves 13 se permitió a los ciudadanos salir de sus casas sólo
entre las 12 y las 15 horas. Esa noche, el general Pinochet tomaba juramento a quienes
serían sus primeros ministros, en La Escuela Militar.
El titular de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, fue uno de dos civiles
nombrados en el gabinete compuesto casi enteramente por uniformados. El abogado de 49
años no era, sin embargo, completamente ajeno al mundo castrense: había sido auditor en
la Subsecretaría de Marina en diferentes períodos entre 1943 y 1969 y, luego, abogado
coordinador de Asmar, los Astilleros de la Armada.
A poco de asumir, Prieto declararía que el Presidente de la Corte
Suprema "se ha portado extraordinariamente bien con la Junta y conmigo y comprendió
las justificaciones morales y éticas que tuvieron las Fuerzas Armadas para intervenir en
los destinos de Chile". Los objetivos de las nuevas autoridades, decía el ex auditor
de la Armada, era respetar la autonomía del máximo tribunal y la "democratización
de la Justicia".
Según informó El Mercurio, once ministros de la Corte Suprema se
trasladaron el jueves al Palacio de los Tribunales "en un microbús del Ejército
debidamente custodiado por personal militar" y, "extraoficialmente",
realizaron un pleno en el que acordaron "ratificar la declaración del presidente del
Tribunal dado a conocer por los medios informativos del gobierno" y "disponer
que los distintos tribunales de Justicia de la Nación continúen cumpliendo sus labores
ante la certeza de que la Autoridad Administrativa respectiva les prestará la garantía
necesaria en el desempeño normal de sus funciones" 6.
La declaración fue firmada por Enrique Urrutia Manzano, Eduardo Ortiz,
Israel Bórquez, Luis Maldonado, Juan Pomés García, Armando Silva, Manuel Rivas, Enrique
Correa, Rafael Retamal López, Eduardo Varas Videla y José María Eyzaguirre. Las
rúbricas del ex presidente Octavio Ramírez Miranda, y de José Arancibia no ratificaron
el pronunciamiento. El mismo día, la Junta de Gobierno difundió el Bando N° 29, cuyo
contenido decía escuetamente: "Clausúrase el Congreso Nacional y decláranse
vacantes los cargos de los parlamentarios" 7.
El viernes de esa semana, la mayoría de jueces y ministros volvió a
sus labores en normalidad. O a una normalidad aproximada.
El sábado 15 en el diario La Tercera apareció un inserto de breve
extensión pero extensas consecuencias, por la polémica que generaría más tarde.
Decía:
"Nombramiento de los Consejos de Guerra: Se pone en conocimiento
de la ciudadanía de que con el fin de acelerar al máximo sustanciación de causas que
corresponda incoar a los Tribunales Militares en tiempo de Guerra, la Junta de Gobierno ha
delegado en los comandantes de las diversas Zonas Jurisdiccionales la atribución de
nombrar los Consejos de Guerra" 8.
A pesar de que eso significaba sacar del ámbito de atribuciones de la
máxima autoridad judicial los primeros procesos contra los opositores, las relaciones
entre las nuevas autoridades administrativas y el máximo tribunal de la República fueron
desde un comienzo cordiales. La mayoría de los ministros opinaba que ahora sí llegaba un
gobierno que los entendía, que los respetaría y les daría el lugar que merecían en la
sociedad. Se sentían alegres y agradecidos, y en vez de reclamar por la usurpación de
funciones, la Corte Suprema inició inmediatamente el despacho de oficios pidiendo
aumentos de sueldos.
La rutina ceremonial
La Tercera apareció en la mañana del 25 de septiembre con la primera
entrevista al ministro Gonzalo Prieto Gándara.
"Todos los sectores ciudadanos deben estar tranquilos porque se
actuará con un criterio técnico-jurídico sabio para que la justicia sea realmente
justicia", reflexionaba el titular de Justicia.
Al mediodía, los integrantes de la Junta Militar llegaron al Palacio
de los Tribunales, vistiendo sus uniformes de gala. Luis Maldonado Boggiano los recibió
en la entrada. Urrutia Manzano los esperaba dentro del edifico. Los saludó con solemnidad
y los acompañó mientras subían la escalera de mármol que conduce a la Corte Suprema.
Arriba, las autoridades militares se reunieron con los trece
magistrados en pleno. Urrutia expresó satisfacción y recordó que sólo semanas antes
habían temido ser "avasallados" por el "antiguo régimen".
AugustoPinochet respondió: "Sin ley no hay justicia" 9. Y
agradeció en seguida el que los ministros hubieran reconocido la legitimidad de las
nuevas autoridades.
Más tarde, Urrutia encabezaría una delegación de ministros supremos
que sostendría una nueva reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno. El tema en
tabla eran las reivindicaciones salariales. El gobierno envió al ministro de Hacienda,
contraalmirante Lorenzo Gotuzzo, para que se entrevistara con los magistrados y tomara
nota detallada de sus demandas.
Por esos días, un vecino del ministro Rafael Retamal López, cercano a
sus hijos, visitó su casa en la calle Los Talaveras, en Ñuñoa. El magistrado lucía su
eterna boina y se mostró afable con el visitante, que estaba ya en la oposición al
régimen militar y que no pudo resistir la tentación de preguntar al magistrado cuál era
su posición.
–A los militares hay que darles un plazo para que cumplan lo que
han prometido –respondió, enérgico, Retamal–. Ese plazo no puede ser superior
a cinco años 10.
Retamal, declaradamente católico en lo religioso y antimarxista en
política, se manifestaba próximo a los postulados de la Democracia Cristiana. Su casa,
en la que vivía con una nutrida parentela, era alumbrada de noche por los helicópteros
que recorrían la ciudad. Era una medida de protección.
Mientras tanto, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago,
recién reinstalados, comenzaban a recibir decenas de recursos de amparo por personas que
estaban desaparecidas, detenidas o habían sido ejecutadas por violar el toque de queda.
Durante los primeros meses posteriores al Golpe de Estado, en
conocimiento de tales recursos, la Corte capitalina ordenó a algunos ministros que se
constituyeran en recintos destinados a la detención masiva de personas.
Uno de ellos fue Rubén Galecio, quien se constituyó, por orden de la
Corte de Apelaciones, al menos cuatro veces en centros de detención. Fue a
Investigaciones, a dependencias de la Fuerza Aérea y dos veces al Estadio Chile. Se
presentaba exigiendo constatar el estado de prisioneros en favor de quienes sus familiares
habían recurrido de amparo. Siempre se le impidió el ingreso y el Ejecutivo respaldó la
respuesta de los funcionarios militares, que se escudaban en las disposiciones especiales
que regían el Estado de Sitio.
Las protestas en contra de las actuaciones de los militares fueron
elevadas, por los propios magistrados afectados, a la Corte Suprema que, sin embargo, los
archivó sin más trámites. Contrariamente a como lo hizo con el gobierno de Allende, la
Corte no mostró el menor signo de rebelión en contra de la dictadura militar.
Los primeros recursos de amparo fueron rechazados con el pretexto de
que no era posible constatar la presencia de los detenidos en los recintos militares.
En enero de 1974 la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago
fue asumida por José Cánovas. El ministro estaba agobiado por los recursos que le
llevaban los abogados de una incipiente Agrupación de Derechos Humanos (Eugenio Velasco
Letelier, Jaime Castillo Velasco), del Comité Pro Paz (predecesor de la Vicaría, al
alero del cardenal Raúl Silva Henríquez) y del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
José Cánovas, un ministro de larga trayectoria, estimaba que algunos
de los recurrentes abusaban del amparo pero también constató la desidia con que el
gobierno respondía a los requerimientos de los tribunales.
Cuando el asunto se tornó grave, Cánovas obtuvo el consentimiento del
pleno y pidió una audiencia al ministro del Interior, el general César Bonilla. Le
recordó las especiales disposiciones que rigen el recurso de amparo. Las obligaciones del
Ejecutivo y los vicios y atropellos en que estaban incurriendo las nuevas autoridades
militares.
Bonilla se mostró honestamente sorprendido. En presencia del
magistrado, ordenó a sus asesores jurídicos para que despacharan cuanto antes los
informes pendientes. El Ministerio despachó unos 300 informes atrasados. Pero la actitud
asumida por Bonilla no sería seguida por sus sucesores. La Corte Suprema tampoco
respaldó las preocupaciones de sus subalternos.
Aunque en la Corte de Apelaciones de Santiago se instauró una oficina
especial para tramitar los recursos de amparo, estos continuaron siendo rechazados
masivamente.
Paulatinamente, las cortes de apelaciones dejaron de designar
magistrados para que se constituyeran en los cuarteles militares y se limitaron, casi
siempre, a enviar oficios a los organismos oficiales. Pasó a ser una suerte e rutina. Del
mismo modo se convirtió también en rutina el traslado diario de los ministros de la
Corte Suprema al Palacio de los Tribunales en un bus del Ejército.
Primer Aniversario
El 29 de diciembre de 1973, la Corte Suprema celebró su aniversario
número 150. Se hizo una ceremonia y un cóctel en el Palacio de los Tribunales en la cual
festejaron el acontecimiento los 13 ministros del máximo tribunal y las nuevas
autoridades, encabezadas por el general Pinochet.
El 1º de marzo de 1974, prácticamente la misma audiencia se congregó
de nuevo para oír el discurso inaugural del año judicial. Era viernes. El país seguía
bajo Estado de Sitio. Las detenciones de opositores eran masivas y las denuncias por
desapariciones se hacían progresivamente más frecuentes.
En el Segundo Piso del Palacio de los Tribunales, el primer ministro de
Justicia del régimen militar, Gonzalo Prieto Gándara; el subsecretario de la cartera,
Max Silva; el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán; el
presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, José Cánovas, y todos los magistrados
en ejercicio en la capital lucían formales. Un solo extranjero estaba junto a ellos: el
presidente de la Corte Suprema de Hannover (Alemania), Helmut Kovold, según la
información de prensa, fue "especialmente invitado".
En la sala de plenarios, EnriqueUrrutia Manzano dio lectura a su
discurso. El Mercurio lo publicó al día siguiente bajo el título: "Enérgica y
severa exposición del presidente de la Suprema". El ministro advirtió que algunos
de sus comentarios los hacía en "términos personales". Como éste:
"Producidos los hechos que ocurrieron el día 11 de septiembre
último y de los cuales me ocuparé más adelante, puedo asegurar de una manera enfática
que los Tribunales de nuestra dependencia han funcionado en la forma regular que establece
la ley, que la autoridad administrativa que rige el país cumple nuestras resoluciones y a
nuestros jueces se los respeta con el decoro que merecen. Para el que habla, es muy
satisfactorio declarar lo expresado" 11.
Para Urrutia todavía estaba vivo el recuerdo del gobierno
"marxista" que "con sus desaciertos y su constante violación de la ley de
manera tan manifiesta, tanto en su letra como en su espíritu, había perdido ya la
legitimidad obtenida con su elección por el Congreso Nacional" 12.
El ministro defendió al nuevo régimen de las acusaciones por
violaciones a los derechos humanos, recordando que el 6 de agosto de 1970, poco antes de
que Allende asumiera el gobierno, un grupo de abogados pidió a la Corte Suprema que
tomara medidas para evitar abusos, flagelos y maltratos a los procesados en los recintos
policiales o en las cárceles. La Corte había investigado las acusaciones y, en menos de
veinte días, acogido gran parte de las peticiones. Sin embargo, según Urrutia, los
principales firmantes fueron nombrados en altos cargos de gobierno y se olvidaron de las
quejas.
Lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile, por lo demás, no era
de la gravedad que se reclamaba:
"El Presidente que habla se ha podido imponer de que gran parte de
los detenidos, que lo fueron en virtud de disposiciones legales que rigen el Estado de
Sitio, han sido puestos en libertad. Otros se encuentran procesados en los Juzgados
ordinarios o militares, y con respecto a aquellos que se encuentran detenidos en virtud de
las facultades legales del Estado de Sitio en vigencia, se hace un esfuerzo para aliviar
su situación de detenidos y clarificar cuanto antes su participación en actividades
reñidas con la ley. Es de desear que este esfuerzo pueda terminar cuanto antes con la
situación eventual en que se encuentran las familias afectadas" 13.
El Presidente de la Corte Suprema comentó también que había recibido
la visita de dos delegados de Amnistía Internacional. Los visitantes le expresaron su
preocupación por la indiferencia del Poder Judicial ante las denuncias de violaciones a
los derechos humanos y, particularmente, por la decisión de la Corte Suprema de renunciar
a su potestad fiscalizadora sobre los Consejos de Guerra, que ya habían ordenado la
ejecución de numerosos detenidos.
Urrutia dijo que les hizo presente a los delegados "lo
infundado" de sus preocupaciones. Si se habían registrado ejecuciones, encontraban
su pleno fundamento en las leyes vigentes en Chile y éstas armonizaban plenamente con
"los compromisos internacionales sobre derechos humanos". Lamentó el ministro
que, más tarde, el informe de Amnistía no incluyera sus opiniones: "Se prefiere dar
crédito a rumores anónimos o a consignas interesadas". Los derechos humanos,
alegó, son "respetados en nuestra patria".
Un segundo capítulo demandaba mejoras económicas. Para graficar los
apremios en que vivían los jueces, citó el caso de seis o siete supremos jubilados que
recibieron como pensión un cheque de cero escudos:
"El presidente de la Honorable Junta de Gobierno, en conocimiento
de este desorden, dio un plazo perentorio de tres días para que se normalizara el pago de
pensiones a los ministros jubilados. Y cosa curiosa, dentro de los tres días dicho pago
quedaba formalizado. Por supuesto, que gracias a la intervención personal del general
señor Pinochet" 14.
Urrutia reclamó una nueva cárcel pública, un departamento de
bienestar, nuevos juzgados, más casas para magistrados. Casi ninguna fue satisfecha por
el gobierno militar. Citemos únicamente el caso de la cárcel pública, cuya sede, hasta
no hace mucho, funcionaba en General Mackenna con Teatinos. En el viejo edificio no se
practicaron siquiera reparaciones menores, y como signo de su decrepitud recuérdese la
espectacular fuga protagonizada por varias decenas de presos políticos, a comienzos de
1990, gracias a lo fácil que les resultó excavar un túnel subterráneo que los llevara
a la libertad.
La Junta Militar dio algunas compensaciones materiales a los
magistrados, pero éstas fueron principalmente simbólicas.
Según el profesor Carlos Peña, la Corte Suprema encontró en los
militares un aliado en sus temores frente a la sociedad civil. "Ambos se autoperciben
como sectores excluidos, postergados, incomprendidos y sometidos al deseo de
instrumentalización".
El gobierno militar se encargó de hacer participar al Poder Judicial
"en los ritos del poder –aunque no en el poder mismo– y, de esa manera,
ambos se satisfacen mutua y simbólicamente: el Poder Judicial percibe que por primera vez
se le hace salir de su exclusión pública y las Fuerzas Armadas revalidan sus débiles
lazos de legitimidad con la antigua República" 15.
Gracias a tales gestos, la Corte Suprema sentía que, por primera vez,
se le daba rango de "poder" del Estado.
Por estas razones el ministro José María Eyzaguirre aceptó gustoso
acompañar a los abogados Julio Durán y Alejandro Silva Bascuñán, en una gira política
por Europa organizada para explicar las razones y fundamentos del "pronunciamiento
militar".
La hora de la «razzia»
Mientras los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su embeleso con
el sabor del triunfo de las Fuerzas Armadas sobre el gobierno izquierdista, buena parte de
sus subalternos se sumían en el miedo y la paranoia. Los magistrados en las cortes y en
los juzgados sabían que sus opiniones y sus fallos serían analizados políticamente. Los
ascensos, bastante difíciles, serían reservados para los incondicionales.
La figura de Sergio Dunlop, en la Asociación de Magistrados cobraba la
faz temible del vencedor para quienes lo habían enfrentado en las luchas gremiales. Se
preparaban las listas negras. Los jueces tuvieron que someterse sin chistar a que sus
sueldos fueran incorporados a Escala Unica vigente para los empleados públicos. Cualquier
demanda que no fuera patrocinada por el más alto tribunal podía ser objeto de
reprensiones.
En 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo la presidencia de
José Cánovas, envió a Pinochet un oficio solicitando una escala especial para el Poder
Judicial. AugustoPinochet llamó a Urrutia y le pidió explicaciones. El presidente de la
Corte Suprema le dijo que le devolviera el oficio sin contestar, pues él se encargaría
de dar cuenta en el pleno. Habría que sancionar tamaño atrevimiento.
Enrique Urrutia Manzanose encontró con Cánovas en las cercanías de
la Corte y lo regañó. Le dijo que el tribunal de alzada había atropellado el principio
de jerarquía al dirigirse directamente a Pinochet, sin consultar previamente a la Corte
Suprema.
Cánovas tuvo suerte. Cuando Urrutia expuso la situación al pleno, los
supremos acogieron el reclamo de la Corte de Apelaciones y decidieron reenviar el oficio,
ahora con sus firmas, a la Junta. Pero el gobierno, que para estos asuntos se entendía
directamente con Urrutia, consideró que el respaldo de éste era suficiente para rechazar
el petitorio.
Los que no tuvieron suerte ninguna fueron los jueces catalogados de
izquierdistas. En uno de los párrafos de su primer discurso, Urrutia admitía entre
líneas la razzia que se estaba registrando al interior de la judicatura. Dijo que las
calificaciones correspondientes a 1973 se estaban realizando de acuerdo con nuevos
procedimientos establecidos en decretos leyes. "Algunos", dijo Urrutia usando un
eufemismo, fueron "separados" del Poder Judicial 16.
Fue una escueta admisión pública de actos que fueron planificados en
reuniones privadas.
Recién asumido, el gobierno militar expresó a la Corte Suprema su
molestia con los empleados del Poder Judicial que consideraba marxistas. Entre 1973 y
1975, más de 250 magistrados y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a
renunciar, según un estudio realizado por el Colegio de Abogados en 1986. Entre ellos,
unos veinte fiscales y ministros de las cortes de Apelaciones; más de cincuenta jueces,
secretarios de juzgados, relatores y secretarios de Corte; y unos 180 miembros del
Escalafón Secundario (funcionarios, receptores, defensores públicos y notarios).
La mayoría de esos funcionarios nunca había tenido un reparo en su
hoja de vida.
Otra gran cantidad de jueces y empleados, aunque no salieron del Poder
Judicial, fueron sancionados con medidas disciplinarias o se los puso en Lista Dos, que
equivalía a describir su desempeño como "regular". Es lo que ocurrió al caso
del magistrado Alejandro Solís, quien ejercía en Illapel. El actual ministro de la Corte
de Apelaciones de Santiago, elegido mejor juez por los abogados en 1991, fue puesto en
lista Dos por la presunción de que no apoyaba a las nuevas autoridades 17.
El trabajo presentado al Colegio de Abogados por Mario Rossel, concluye
que desde el mismo 11 de septiembre fue violado el principio de inamovilidad", aun
cuando estuvo consagrado en la ley por lo menos hasta diciembre de ese mismo año,
conforme a la disposiciones de la Constitución de 1925. Ésta, así como las leyes
derivadas de ella establecen causales muy precisas para dar curso a la remoción de
magistrados.
Pero el 6 de diciembre de 1973 se dictaron los decretos leyes 169 y
170, que modificaron las normas constitucionales y permitieron que la Corte Suprema
calificara a los magistrados y funcionarios en tres listas. En la Lista Uno pondría a los
meritorios; en la Dos, a los satisfactorios, y en la Lista Tres, a los Deficientes,
quienes serían automáticamente removidos del Poder Judicial.
Los decretos establecieron que nuevas calificaciones se harían el 2 de
enero de cada año, en audiencia y votaciones "secretas"; que contra la
calificación no sería posible interponer "recurso alguno", y que los
magistrados podrían ser incluidos en Lista Tres por "simple mayoría" (se
rebajó el quorum) de los ministros de la Corte Suprema.
Los cambios otorgaron a la Corte Suprema facultades para remover a los
magistrados y funcionarios "sin forma de juicio" alguno, sin "darles la
posibilidad de conocer los cargos que se les formulaban" y, por lo tanto, sin
brindarles la elemental garantía de contestar las acusaciones.
"Así, se consagra un procedimiento inquisitorial, digno de la
etapa más oscura de la justicia Medieval, que vulnera las garantías más esenciales de
toda administración de justicia (...) Al amparar a los juzgadores con el anonimato, no
sólo se vulnera un elemental principio ético, sino también la fundamental base de la
administración de justicia que se denomina el principio de responsabilidad, base que
entraña por esencia que todo juzgador debe responder de que lo que resuelva se ajuste a
derecho, lo que salvaguarda de cualquier arbitrariedad" 18.
Es lo que denunciaba el estudio presentado al Colegio de Abogados, pero
las votaciones sobre las calificaciones de los magistrados continuaron siendo secretas
hasta el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Al iniciarse 1974, en una actitud sin precedentes, la Corte Suprema
incluyó en Lista Tres, por su desempeño durante 1973, a numerosos magistrados, ministros
de cortes de apelaciones, relatores, fiscales y jueces, quienes quedaron inmediatamente y
sin derecho a reclamo, despedidos.
La redacción de los decretos 169 y 179 habría sido sugerida desde la
misma Corte Suprema que ya, desde antes de que entraran en vigencia, había enviado a
ministros "visitadores" a las cortes del país para "fiscalizar" a sus
funcionarios. Además había aprobado, inmediatamente después del Golpe, la decisión del
Ejecutivo de trasladar, sin dilaciones, a innumerables magistrados, varios de los cuales
después terminaron siendo expulsados.
Los traslados, efectuados profusamente a fines de 1973, importaron una
degradación moral y cotidiana para los afectados, que debieron dejar casa, familia y
círculo social para cumplir las funciones, aunque fueran las mismas, en otras
jurisdicciones.
Entre los traslados más dramáticos estuvo el de Julio Aparicio Pons,
la primera antigüedad entre los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. El
ministro, a pesar de sus méritos, cayó en desgracia ante sus superiores por haber
aceptado la titularidad del Tribunal del Cobre, creado por Allende para regular los
juicios por indemnizaciones en contra de las expropiaciones mineras
Al 11 de septiembre, por antigüedad y mérito, Aparicio debió haber
ascendido a la Corte Suprema. Sin embargo, para evitar su nombramiento, el máximo
tribunal puso a otro en la quina, que se estimó más antiguo que él, sólo por provenir
de la Corte de Magallanes. Como este último no tenía condiciones para el cargo, al poco
tiempo fue obligado a jubilar.
Aparicio fue rebajado a fiscal de la Corte de Rancagua el 14 de marzo
de 1974. Los ministros de la Corte Suprema pensaron que el nombramiento, por su avanzada
edad, lo obligaría a jubilar. Pero el magistrado no hizo tal. Todos los días viajaba de
Santiago a Rancagua, hasta que su estado de salud se agotó. Al retirarse, envió una
sentida carta a sus colegas de la corte capitalina. Murió poco después de un infarto.
La ministra Violeta Guzmán Farren fue enviada desde la Corte de
Santiago a la de Concepción, pero se salvó de la remoción. Hoy está de vuelta en la
corte capitalina.
El estudio del Colegio registra otros dieciséis casos de ministros y
relatores de Corte que fueron degradados con el traslado, la mayoría de los cuales fue
finalmente expulsado o renunció.
En la categoría de jueces, entre 1973 y 1975, salieron del Poder
Judicial ventiocho jueces, ventiocho secretarios de juzgados, tres relatores y dos
secretarios de cortes de apelaciones. Entre los de funcionarios, abandonaron el servicio
180 empleados de secretaría, juzgados y cortes; doce receptores; cuatro defensores
públicos, y un notario.
El resto de la magistratura no reaccionó contra la depuración por
temor o bien porque opinaban que sus superiores actuaron con prudencia, castigando
estrictamente a quienes efectivamente se excedieron en sus manifestaciones políticas en
favor de la Unidad Popular.
El 1° de marzo de 1975, el presidente de la Corte Suprema, Enrique
Urrutia Manzano, inauguró un nuevo año judicial anunciando su retiro. En su discurso
valoró la homologación de la carrera judicial con la Escala Unica que regía entonces
sólo para los funcionarios públicos. Y criticó el escaso tiraje dentro de la carrera
judicial, por la inexistencia de límite de edad para jubilar y por la inamovilidad de que
gozaban los jueces.
En su despedida, ante su público compuesto por autoridades militares y
magistrados, dijo:
"Como primera expresión declaro, con la veracidad que me exige la
solemnidad de este acto, que los tribunales han continuado actuando con la independencia
que les confiere la ley, según su real saber y entender, ajenos a toda intromisión del
gobierno que ahora rige al país" 19.
Urrutia quiso rubricar con broche de oro su carrera, y decidió aceptar
el ofrecimiento del gobierno para asumir la embajada en Francia, pero las autoridades
galas le negaron el beneplácito.
La increíble historia del juez Acuña
Todos los días, a las siete de la tarde, El Lito tomaba su
desvencijada bicicleta y se iba a pasear por el camino alto, que da a Pisagua Viejo, hasta
llegar al centro del cementerio.
Angel de la Cruz Venegas, El Lito, era bien conocido en ese desértico
pueblo a orillas del mar, entre Arica e Iquique. Aseaba el retén de Carabineros en que
trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Pese a que arrastraba una
condena de presidio de cinco años y un día por "hurtos reiterados", El Lito
podía recorrer el pueblo sin problemas. En pleno Estado de Sitio, a él nadie le impedía
llegar al cementerio.
Un día vio "a varias personas que corrían y les disparaban por
la espalda. Estas eran como tres personas y luego que les dispararon, los ensacaron (...)
Las personas que dispararon eran militares. También vi, en una ocasión, que en la
Gobernación a varios detenidos les sacaban las uñas. Recuerdo que Mario Acuña, a quien
ubico, era quien daba las órdenes" 20.
Se refería al juez Mario Acuña Riquelme. Este personaje inició su
carrera en Santiago, y de su paso por los tribunales de San Miguel quedó la memoria de
grandes defensores y severos detractores suyos. Había quienes lo calificaban de
"brillante", pero la Corte Suprema acogió reclamos por su mala gestión y lo
trasladó a Iquique al comenzar los ´70.
Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la
capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. Muchas otras
muchas cosas vieron. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del
presidente de la Corte Iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como
parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico.
En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro
Enrique Correa Labra, que se trasladara al norte a investigar. El magistrado contó con la
ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del CDE), Julio Cabezas
Gazitúa. En Santiago, con la del abogado Manuel Guzmán Vial. Agentes del Departamento de
Investigaciones Aduaneras (DIA), entre otras entidades, también habían reunido
información sobre los magistrados mientras buscaban desbaratar una red de tráfico de
drogas y contrabando entre Chile y Bolivia.
Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Al volver, emitió un
grueso informe y la Corte Suprema intervino destituyendo al presidente de la Corte
iquiqueña y al fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia. Otro grupo, probablemente para no
generar un escándalo, sólo fue trasladado o amonestado.
Acuña se salvó. Sin embargo, el magistrado sabía perfectamente que
el abogado Cabezas había sido el promotor de las acusaciones en su contra y que todavía
le quedaba carga por usar.
Cabezas –45 años, casado, cuatro hijos– era considerado un
abogado brillante, un funcionario "de dedicación ejemplar" 21, que actuaba
además como jefe del Servicio de Asistencia Judicial en Iquique.
En 1973, Cabezas y el director de Odeplán, Freddy Taberna, tenían
pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes que
dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia y que, por su
peso económico, incluso habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de
Iquique: Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez 22.
Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de
azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros
productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo de las colas y la escasez bajo el
gobierno de la Unidad Popular.
Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos
limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada
dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150
habitantes. En la frontera, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos,
quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semielaborada. Los alimentos y
medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de
cocaína era internado en Iquique para su elaboración.
Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos
repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad
gracias a sus vínculos con el ministro IgnacioAlarcón, el juez Acuña y su actuario
Raúl Barraza. Este último Barraza había sido descubierto in fraganti por la policía
trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su
propia casa, en Wilson 151. Su superior, el juez Acuña, fue vinculado por la
investigación policial con la gestión del tal laboratorio.
Pesaban en la carpeta que el CDE tenía sobre el magistrado otro tipo
de corruptelas. Se comprobó que desde mayo de 1970 el magistrado cobraba asignación
familiar por su cónyuge, aunque ésta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de
la Corfo. Además, había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no
trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos.
Acuña adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso
de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica. Y
pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que
estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre "por falta de
méritos" justo después de extender ese documento.
El magistrado recibió regalos de navidad, ante testigos, de otro
conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, "El
Gallina".
El abogado Julio Cabezas, sabía también, y lo informó a la Corte
Suprema, que el 7 de abril de 1972, el juez Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual
Gallardo, a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto
Pudahuel, con destino desconocido.
Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de
narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña.
Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra
de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir
del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para
trasladar el expediente lo perdió sin explicación plausible. Ya no importaba mucho. Los
documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias
oficinas del juzgado iquiqueño.
Gallardo nunca fue procesado.
Pese a sus antecedentes, la Corte Suprema autorizó al juez MarioAcuña
para que, inmediatamente después del 11, se constituyera como fiscal en los Consejos de
Guerra en el norte grande. Al personaje, le gustó, por supuesto, la nueva investidura. El
mismo día del Golpe llegó vestido con uniforme de comando al tribunal, que siguió
atendiendo paralelamente por un breve lapso. En ese período, sus subalternos también
debían lucir trajes militares cuando lo acompañaban a la "fiscalía".
El juez Acuña fue uno de los pocos magistrados elegidos para tan
inusual misión y él iba a aprovecharlo.
Mediante llamados radiales, el abogado JulioCabezas fue convocado por
bando para presentarse ante las nuevas autoridades militares junto a los más importantes
dirigentes políticos de la zona. Cabezas, que no tenía militancia política ni
"tendencia revolucionaria alguna" 23, se autodefinía entonces como simpatizante
DC y, como tal, había sido un opositor al gobierno de Allende. Pero su nombre, para
extrañeza de abogados y jueces, se repetía por las radios junto al de los máximos
jerarcas de la Unidad Popular.
El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el
profesional decidió entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho profesionales
que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo
piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos. Entre ellos estaban
el actual ministro de la corte ariqueña Javier Moya y los abogados Valdemar de Lucky,
Juan Rebollo, Ernesto Montoya, Enrique Castillo e Ismael Canales.
–Yo vengo luego. Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han
hecho a la vuelta –les dijo 24.
Cabezas no dejó reemplazante. Con una frazada en un brazo y un
chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército.
Algunos de sus alumnos –con quienes le gustaba tener irónicas discusiones
intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios de la UP– lo
acompañaron hasta la puerta del regimiento. El abogado creía que su nombre había sido
incluido por error y que quedaría libre de inmediato.
El error era suyo.
Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus
celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos,
lo lanzaron desde un cerro encogido dentro en un barril sin tapas, le quebraron un
tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas presintió su muerte. Logró enviar un
mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del
Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de
Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que
Cabezas no era izquierdista.
Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio al Jefe de
Zona en Estado de Emergencia en la zona de Tarapacá, general de brigada Carlos Forestier.
El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional del representante del CDE en
Iquique y de sus cualidades como un hombre "de Paz".
Forestier no respondió 25.
El 10 de octubre el nombre de Julio Cabezas apareció en un nuevo
comunicado. Esta vez, en una convocatoria a Consejo de Guerra.
El Colegio de Abogados había establecido un sistema de defensa
gratuito para los prisioneros y le nombró un representante: su propio alumno en el
consultorio jurídico, Ernesto Montoya. El joven viajó en una avioneta militar a Pisagua.
La nave partió a las 19 horas. El Consejo estaba fijado al día siguiente, el 11 de
Octubre, a las cinco de la madrugada.
El joven abogado esperaba poder entrevistarse con su profesor, pero se
le dijo que estaba "incomunicado". Quiso ver el expediente, pero los militares
estaban cenando. Sólo pasadas las 23 horas y por diez minutos, se le permitió examinar
unas hojas que parecían ser una confesión de Cabezas ante el fiscal Acuña. Los papeles
decían que Cabezas admitía su vinculación con el Plan Zeta (que luego se demostraría
inexistente) y con el acopio de armas.
Montoya intentó una defensa. Alegó con vehemencia, pero los militares
estaban borrachos y permanecieron indiferentes a sus argumentos. El Consejo de Guerra
condenó a Cabezas a la pena de muerte.
El capellán de Pisagua se acercó a Montoya y le confesó que Cabezas
ya estaba muerto. El abogado no quería creerlo, pero hacia fines de los ‘70, ante
insistentes gestiones de la familia, las autoridades militares extendieron documentos
oficiales en que reconocían la fecha real de la muerte y decían que Cabezas fue
"ajusticiado" por "alta traición a la Patria" el 10 de Octubre, junto
a otros cuatro detenidos
El expediente del supuesto Consejo de Guerra nunca apareció.
En 1990 el cuerpo de Julio Cabezas fue hallado en las fosas
clandestinas descubiertas en Pisagua. Otra vez el abogado Montoya estuvo junto a su ex
profesor. Como abogado del arzobispado, acompañó a los profesionales de la Vicaría de
la Solidaridad que lograron la ubicación de las osamentas.
También murió en Pisagua el ex director de Odeplán, el socialista
Freddy Taberna, quien había investigado al juez Acuña junto a Cabezas.
No fueron los únicos. Dos funcionarios del Departamento de
Investigaciones Aduaneras (DIA) fueron ejecutados en el mismo campamento. Justo antes del
Golpe de Estado, el DIA estaba precisamente tras los pasos del contrabando de cocaína por
el corredor Oruro-Iquique. Ya entonces los profesionales, motejados por La Tercera como
los "intocables chilenos" 26, creían que Chile se estaba convirtiendo en un
"pasillo" para el contrabando del clorhidrato.
El grupo aduanero actuaba en coordinación con la agencia
estadounidense antinarcóticos (DEA) y varios de sus miembros fueron entrenados en Estados
Unidos, como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando
en Chile gobernaba Allende y en el país norteamericano, Richard Nixon. El Golpe
sorprendió en el norte a unos ocho agentes de este servicio. Entre ellos, Juan Efraín
Calderón, militante socialista, quien fue ejecutado en un supuesto intento de fuga, junto
a su colega y amigo, Juan Jiménez, pese a las intervenciones en su favor del delegado de
la DEA en Chile, George Frangullie.
El cuerpo de Calderón apareció en las fosas en Pisagua amarrado de
pies y manos y con una venda sobre los ojos. Testimonios de otros ex prisioneros
permitieron determinar que los agentes no intentaron huir, sino que fueron escogidos de
entre los presos para ser fusilados, sin expresión de causa.
Un grupo de narcotraficantes, que había formado parte de las
investigaciones de la DIA, la policía y el CDE en los ‘70, también fue capturado en
la asonada militar. Los detenidos, acusados de delitos comunes, fueron trasladados a
Pisagua junto al resto de los prisioneros políticos. En el campamento, controlado en
buena parte por el fiscal Acuña, recibieron un trato especial. Pero sólo por un tiempo.
En este grupo figuraba Francisco Manríquez, "El Gallina",
quien había hecho regalos de Navidad a Mario Acuña, y el poderoso Nicolás Chánez, la
cabeza visible de opulenta red de narcotráfico Oruro-Iquique, varias veces liberado
gracias a la benevolencia de los tribunales. Junto a ellos, cayeron prisioneros Hugo
Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello.
José Ramón Steinberg. médico cirujano, reveló lo siguiente:
"En el mes de enero de 1974, llegaron a Pisagua diez personas de
quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por
el fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes y el carabinero
Barraza y el teniente Muñoz. Estos fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo
conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la
información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y
esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después" 27.
En 1990, los cuerpos de los "coqueros" fueron encontrados
junto a los de los prisioneros políticos en las fosas en Pisagua.
El proceso iniciado por ese hallazgo permitió conocer otras
acusaciones en contra de Acuña. El 26 de septiembre, un grupo de conscriptos allanó la
casa del doctor Steinberg. Los militares lo arrestaron diciéndole que "el
fiscal" quería hablar "unas palabritas" con él. Fue llevado al Regimiento
Telecomunicaciones y luego al campamento de Pisagua.
"El día 12 de octubre de 1973 me tocó a mí el turno para ser
interrogado y fui, igualmente, golpeado, sometido al ‘fusilamiento simulado’ y
otras torturas, estando con la vista vendada e interrogado por el fiscal Acuña" 28.
Cerca de las cuatro de la tarde del 16 de enero de 1974, llegó a
Pisagua Isaías Higueras Zúñiga. Los uniformados a cargo del campamento le dieron
"instrucción militar", obligándolo a realizar ejercicios físicos. Por la
noche, lo interrogaron bajo torturas.
El doctor José RamónSteinberg recuerda que cerca de la una de la
mañana del 17, fue llamado de urgencia a la enfermería para que hiciera un chequeo
médico a Higueras. Cuando preguntó qué le había pasado al prisionero, un suboficial le
respondió: "Militarmente, se cayó".
El médico constató que el preso estaba sufriendo un infarto. Indicó
a los enfermeros que le inyectaran un "vaso dilatador y un tranquilizante", pero
el fiscal Acuña, después de preguntar a los militares qué efecto tendrían esos
medicamentos, negó autorización para el tranquilizante.
–Es que tengo que seguir interrogándolo, –explicó.
–Pero no puede seguir interrogándolo en estas condiciones. El
paciente debe permanecer en reposo absoluto, –replicó el médico.
Acuña se volvió hacia los enfermeros y les ordenó:
–Déjenlo aquí quince minutos. Después me lo llevan a la
Fiscalía.
El médico volvió a su habitación. Cuatro horas más tarde los
soldados lo despertaron otra vez y lo llevaron a la enfermería. Higueras había muerto.
Los enfermeros militares dijeron a Steinberg que cerca de las cinco de
la mañana el prisionero había pedido permiso para ir a orinar y que cuando volvió a
acostarse, murió. Le aseguraron que nunca lo llevaron de regreso a la fiscalía.
El doctor tomaba constancia del fallecimiento, cuando el ex juez Acuña
apareció nuevamente en la enfermería.
–¿Qué pasa?
–Esta persona ha muerto –respondió el doctor.
–¿Usted sabe cuáles son las causas?
–Tal como le dije antes, esta persona sufrió un infarto.
–¿Usted puede certificarlo?
–Claro..., pero además habría que hacer una necropsia.
–No. Aquí no hay condiciones para eso 29.
José RamónSteinberg extendió el certificado de defunción diciendo
que la causa inmediata de la muerte había sido un "infarto del miocardio",
provocado por "stress físico emocional". Esa fue su manera científica de
describir las torturas.
Hay no pocas historias más que podrían agregarse al prontuario de
este tenebroso personaje 30.
Terminada su labor como fiscal, el juez Acuña se retiró del servicio
y se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Por esos años, se jactaba en el foro de
su amistad con el general Carlos Forestier –Forestier "admiraba" a Acuña
31– y con el propio general AugustoPinochet, asiduo visitante de Iquique.
Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera su poder e influencia en
la capital nortina. Pero el exceso de alcohol lo enfermó de cirrosis y diabetes. Su
familia lo abandonó. Los mismos abogados que lo vieron antes en la cima del poder, se
encontraban ahora con su cuerpo alcohólico tirado en alguna calle iquiqueña.
En 1988 el juez Raúl Mena lo encargó reo por el homicidio calificado
del gendarme Villegas. El abogado Montoya representó a la familia del ex prisionero de
Pisagua. A Acuña lo defendió su amigo, el ex presidente de la Corte iquiqueña, el
destituido Ignacio Alarcón.
Cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal
nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía. La Vicaría de la
Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue
enviado a la justicia militar. Desde entonces no se ha vuelto a saber de Acuña en
Iquique. Alarcón murió en 1997.
Fue la Corte Suprema quien autorizó a los jueces ordinarios a integrar
los Consejos de Guerra. El ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón
recuerda con tristeza no sólo las intervenciones del temido Mario Acuña. También la del
Juez de Temuco, Hugo Olate. "Hubo algunas excepciones –afirma–, como las
del Juez de Antofagasta Juan Sinn y la jueza de Quillota Olga Vidal, quienes, obligados a
integrar los Consejos, hicieron esfuerzos por mitigar la crueldad y las irregularidades de
los integrantes militares" 32. Otros, como Rubén Ballesteros, Berta Rodríguez,
Patricia Roncagliolo, Elba Sanhueza y Mario Torres, si bien muchas veces trataron de
influir para rebajar las enormes penas que proponían los integrantes castrenses de los
Consejos, en los aspectos de fondo suscribieron las tesis del régimen. Particularmente la
aplicación retroactiva de la ley penal, con los aumentos de pena establecidos para el
Estado de Guerra, para hechos ocurridos entre el 11 y el 21 de septiembre, a pesar de que
ese estado comenzó a regir sólo desde el 22 de septiembre.
Este último aspecto no es menor si se considera que cientos de
personas fueron detenidas y condenadas en Consejos de Guerra por presuntos hechos
ocurridos en ese breve período de diez días.
Un curco quedó en la Historia
El ministro Eyzaguirre, quien reemplazó a Urrutia Manzano en la
presidencia de la Corte Suprema, mantuvo una postura ambigua hacia el gobierno militar.
Públicamente aparecía como un partidario del nuevo régimen. Participaba religiosamente
en todas las fiestas a que era invitado por las autoridades. Defendió la tesis de que los
detenidos desaparecidos habían salido del país o se mantenían bajo identidades falsas,
pero al mismo tiempo, fue el autor de votos de minoría que coincidían con los argumentos
de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad.
Bajo su presidencia el titular del 11° Juzgado del Crimen dio cuenta a
sus superiores de la Corte de Apelaciones de las dificultades que estaba teniendo para
continuar sus averiguaciones sobre la DINA, pues el gobierno le había informado que no
procedía citar a los miembros de la policía secreta. La Corte de Apelaciones discutió
el asunto y concordó que no había ninguna disposición vigente que diera fuero a esos
agentes y que no sólo procedía citarlos, sino que, llegado el caso, procesarlos. La
conclusión era tan sólida que fue respaldada en un acuerdo similar por la Corte Suprema.
Sin embargo, a los pocos días el mismo tribunal se desdijo y envió
nuevas instrucciones a las corte pidiéndoles que se abstuvieran de indagar a los
integrantes de la DINA. Los ministros de la Corte de Santiago se enteraron más tarde que
el gobierno había alegado ante el tribunal superior que una policía secreta requería
respaldo y no persecución. No era adecuado que los agentes, gracias a los cuales
"estaban vivos y sin novedad" los miembros de la Junta de Gobierno, quedaran
expuestos 33.
En su último discurso de inauguración del año judicial, en marzo de
1978, Eyzaguirre dijo que auguraba un "oscuro porvenir" a la judicatura si no se
adoptaban medidas rápidas para mejorar su situación.
El magistrado tocó temas que más tarde formarían parte de los
proyectos de reforma del Gobierno de Aylwin. Pidió la autonomía económica para el Poder
Judicial, destacando que el porcentaje del presupuesto nacional asignado al sector había
vuelto a decrecer y llegaba al límite de un 0,59 por ciento. Señaló el abuso del
recurso de queja que estaba convirtiendo a la Corte Suprema en una tercera instancia.
Propuso la creación de un Ministerio Público. Indicó que desde que la Corte funcionaba
en tres salas (bajo el gobierno militar) se producían sentencias contradictorias y abogó
por la unidad en la jurisprudencia, como una de las funciones esenciales del máximo
tribunal.
Al despedirse, dijo que la nueva constitución que se estaba preparando
y en cuyas subcomisiones participó "debe contar con la aceptación mayoritaria de
aquellos a quienes va a regir" 34. Se atrevió a demandar un mayor grado de
independencia a los tribunales para que pudieran ser "los efectivos guardianes de los
derechos y garantías de todos los ciudadanos".
En la presidencia, lo reemplazó Israel Bórquez, público partidario
del gobierno militar, quien dejó inscrita en la Historia una frase memorable pronunciada
en 1978: "¡Los desaparecidos ya me tienen curco! ¡Pregúntenle a la
Vicaría!".
Bórquez fue el encargado de analizar las extradiciones solicitadas por
Estados Unidos en el caso Letelier y rechazó entregar a la justicia estadounidense a los
jefes de la DINA, pero en el mismo fallo dejó establecidas contradicciones y
aseveraciones inverosímiles en que cayeron los imputados. El ministro envió los
antecedentes a la justicia militar y éstos sirvieron de base para el proceso que una
década más tarde dirigiría Adolfo Bañados.
En su primer discurso, en 1979, Bórquez, pese a su conocida postura
política, se quejó en contra de las modificaciones al Código de Procedimiento Penal que
establecieron que las inspecciones a recintos militares deberían realizarla los jueces a
través de la justicia militar, limitando las facultades de los magistrados. Dijo:
"En las circunstancias actuales, en que el país sufre tantos y
mal intencionados ataques de orden político en el exterior, es mi opinión personal que
debiera restablecerse en este asunto la situación que existía (previamente). La Justicia
Ordinaria de nuestra patria merece la confianza de la ciudadanía" 35.
Pero sus palabras cayeron en el vacío. Con Mónica Madariaga en el
Ministerio de Justicia y una ley de Amnistía para cubrir los delitos cometidos entre 1973
y 1978, se iniciaba una nueva década.
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(Notas de pagina todavia no estan disponibles) Fin del capitulo 4 |
