INDICE GENERAL
Indice del Capítulo I - El poder degradado - - Secretos de
Palacio - Los amigos de Aylwin - El viaje de "Torito" - Las primeras batallas de
Aylwin - Cuánto tarda en escribir un juez - La vara con que mides - El peso del Informe
Rettig - Las rabietas de Correa - El delfín de Krauss - El astuto Lionel Beraud -
Cereceda y la querella de los membrillos - Los misterios de la Tercera Sala - El
descarriado Jordán - El corto reinado del sagaz Aburto
Indice del Capítulo II - La era Rosende - En la facultad de
Derecho - Tiempo de perpetuar - Vientos de cambio - El año de Jaime del Valle - El debut
del Decano - La disidencia judicial - Cuando el magistrado decide hacer justicia - La
visión crítica de los académicos - Las causas económicas - El apogeo del fiscal Torres
- Una crítica a la justicia militar - La "ley caramelo"
Indice del Capítulo III - De la Real Audiencia al golpe de
Estado - El queso y la balanza de la justicia - La justicia en la Colonia - Fin de la
Real Audiencia - Justicia republicana - Una "acusación constitucional" -
Politización, decadencia y corrupción - Manu militari - Décadas de olvido - La huelga
"larga" - Justicia "popular" - La Corte Suprema en la antesala del
golpe
Indice del Capítulo IV - Los ritos del poder - Un microbús
del Ejército - La rutina ceremonial - Primer Aniversario - La hora de la razzia - La
increíble historia del juez Acuña - Un curco quedó en la Historia
Indice del Capítulo V - Docudrama en cinco actos: Justicia
y Derechos humanos - Consejos de Guerra: el primer renuncio - Cinco mil recursos de amparo
- Secuestro en la cárcel - Las visitas de Eyzaguirre - Historia alucinante en Villa
México
Indice del Capítulo VI - La hora de la reforma - La obra de
Soledad - Jordán, presidente - La fuerza de la costumbre - Nueva corte, viejas prácticas
- Los pobres y los poderosos - Idea de la Justicia
CAPÍTULO III
De la Real Audiencia al golpe de estado
El queso y la balanza de la Justicia
"La Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una
Justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso.
La balanza inclinada del lado hacia el queso. Nuestra justicia es un absceso putrefacto
que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura e inflexible para los de
abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que
barrerla en masa. Judas sentando en el tribunal después de la Crucifixión, acariciando
en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de
gallinas. Una justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado,
lacrado por un peso fuerte y sólo abierto el otro que se dirige a los pequeños, a los
débiles" 1.
El poeta Vicente Huidobro se unía con estas ácidas palabras a las
críticas que en 1925 se hacían al sistema judicial chileno. La oleada de descontento
contra jueces y ministros de corte formó parte de los muchos factores que, dos años
después generaron el golpe militar encabezado por el coronel Carlos Ibañez del Campo,
que derrocaría al presidente Arturo Alessandri Palma.
En 1924 el propio León de Tarapacá se quejaba contra las deficiencias
del Poder Judicial:
"Me llega diariamente el clamor uniforme y constante de (...) como
la Corte Suprema desempeña sus funciones (...) No obstante estar obligados (sus
ministros) a trabajar cuatro horas diarias, es público y notorio que las audiencias las
empiezan sólo a las tres, para terminar a las cinco de la tarde (...) Los estados anotan
que en estos últimos meses se han dictado muy pocos fallos".
La evolución del sistema judicial casi no figura en los libros sobre
Chile. Fue olvidada por los historiadores lo mismo que por los políticos que instalaron
la República, aunque desde antiguo ha sido un lugar común afirmar que Chile es "un
país legalista".
Las críticas de Huidobro no han sido ciertamente las únicas. Mucho
antes que él, don Andrés Bello, redactor de nuestro Código Civil, vigente desde 1855,
opinaba:
"Para que esta reforma sea verdaderamente útil, debe ser radical.
En ninguna parte del orden social (...) es tan preciso emplear el hacha. En materia de
reformas políticas no somos inclinados al método de la demolición; pero nuestro sistema
de juicios es tal, que nos parecería difícil no se ganase mucho derribándolo hasta los
cimientos y sustituyéndole otro cualquiera".
Pero el hacha no se usó.
En 1903, un artículo de prensa contiene comentarios que bien podrían
publicarse hoy por la plena vigencia de las opiniones:
"Aquí como allá se siente malestar; aquí como por allá no se
hace justicia recta (...) aquí como por allá prevalecen y dominan otros intereses, otras
influencias que el interés de la justicia inmaculada y la influencia de las sanas
aspiraciones (...) La primera condición de los negocios es la seguridad y cuando en un
país el Poder Judicial se ha rodeado de atmósfera de desprestigio, todo el mundo teme
colocar en ese país capitales".
El llamado sistema "inquisitivo" -que presume al inculpado
culpable en vez de inocente- subsistente en Chile, podría ser sólo una curiosidad o una
extravagancia en un mundo globalizado que hace tiempo se convenció de su obsolescencia,
entre otras razones, por su contradicción con la organización democrática del Estado.
Pero es nuestra realidad, hasta que no entren en vigor las reformas aprobadas en 1997.
Aunque la Constitución Política de 1980 declara, como sus
predecesoras, que los poderes del Estado chileno son tres, es evidente que el Judicial no
ha sido materia de mayor interés para los historiadores.
Está claro que no es propio de los periodistas suplantar a los
profesionales de la Historia. Pero sacudirle a ésta un poco de polvo y dar luces sobre
algunos antecedentes que nos ayuden a entender el presente, es una obligación ética. Hay
que tratar de desentrañar el porqué de las críticas de otro tiempo de Huidobro, Bello y
Alessandri, y de las quejas de hoy de nuestra opinión pública, virtualmente unánime en
su condena de la Justicia chilena.
La Justicia en la Colonia
España tenía, antes de conquistar América, una arraigada tradición
jurídica proveniente de raíces romanas y germanas. Pero el Rey (quien reunía en su
persona todos los poderes y era en sí administrador, legislador y juez) traspasó a los
territorios conquistados sólo la base romana 2, aquella parte que -como conviene a un
Rey- excluía la participación del pueblo.
Un poder fáctico de la época, la Iglesia, compartía el control sobre
la función judicial establecida por el Rey, pues estaba preocupada por los tratos que los
aventureros navegantes daban a los indígenas.
Así se llegó a una fórmula simple: para imponer la ley en las nuevas
tierras, la Corona enviaba a sus propios especialistas, la mayor de las veces letrados,
para que aplicaran justicia. Su voz era la ley.
En Chile, la autoridades coloniales estaban complicadas por la eficaz
resistencia indígena, y optaron por crear un sistema judicial muy simple.
En 1609 nació la Real Audiencia, una especie de Corte de Apelaciones
más poderosa que las que conocemos hoy, presidida por el Gobernador y compuesta por tres
oidores y un Fiscal, que era el acusador y cuya figura, desaparecida del sistema chileno,
reaparecerá cuando empiece en el futuro inmediato a aplicarse la reforma que crea el
Ministerio Público.
Los alcaldes, en las ciudades que se mantenían en pie, y los
corregidores, en los campos, hacían las veces de jueces de primera instancia. Como
todavía no se hablaba de división de poderes, la Real Audiencia no sólo administraba
justicia actuando como el tribunal de segunda instancia, sino que cumplía tareas
ejecutivas e incluso legislativas.
A fines del Siglo XVIII, se instaló un regente como presidente de la
Real Audiencia, para que el gobernador se quedara sólo con las funciones ejecutivas.
En ese momento también se hizo otra reforma: el Tribunal Superior se
dividió en dos salas especializadas. Una se dedicaría sólo a "lo criminal" y
otra a "lo civil", distinción que -digámoslo para ilustración de legos en la
materia- se funda en lo siguiente: criminal es el área de la justicia que regula las
obligaciones de los individuos con la sociedad, o el Estado, es decir, la que sanciona
delitos e impone penas; civil, por el contrario, es la que regula la relación entre los
particulares y tiene que ver casi siempre con reclamos pecuniarios.
En 1757 se creó en Chile la primera universidad, la Universidad de San
Felipe, que impartió inicialmente la carrera de Derecho. Salieron de sus aulas notables
ciudadanos "criollos" capacitados para integrarse a ese incipiente sistema
judicial. Pero los Reyes de España se oponían a designar a los nacidos en una colonia
como jueces.
Pese al resentimiento que se alimentaba en el corazón de los criollos
en contra de la Real Audiencia, la calidad de los magistrados españoles era en muchos
casos notable y sus procedimientos penales tenían entonces virtudes que hoy escasean.
Un estudio de 1941 que analiza las sentencias de la Real Audiencia,
concluye que "la substanciación de los juicios criminales se lleva durante la
Colonia, por lo general, en corto tiempo y con escaso volumen de autos" 3.
Entre los fallos de la Real Audiencia, se cita una sentencia
"modelo", que grafica el comportamiento ejemplar de ese tribunal de la Colonia.
El fallo, dictado en una causa por "amancebamiento", data de 1788. El expediente
tiene apenas nueve páginas, incluyendo la sentencia definitiva. La investigación de los
hechos -conocida como la etapa del sumario- duró apenas un mes y dos días. Hoy eso
sería un proceso "bala".
Era la "causa criminal contra Dn. Jose Flores por concubinato con
Manuela Espinosa, alias la Badanera, ambos casados; y por otros excesos". Flores
enfrentaba el cargo de hallarse "viviendo amancebado con una muger casada, con total
abandono de la que lo es legítima suia, y sin que haia hecho juicio a los requierimientos
judiciales que por la Rl. Juzticia se le han hecho; por esto y por la vida ociosa que
tiene, sin el menor destino" 4. El acusado, por la escasez de sus recursos, contó
con la defensa de un procurador de "pobres". Defensor y fiscal acusador se
enfrentaron en las mismas condiciones ante el juez. Esa paridad se perdió en el proceso
chileno y se recuperará sólo llegado el año 2.000, cuando se instaure el Ministerio
Público y el juicio oral.
Dice el estudio que estamos citando que, además, los procuradores de
los pobres en la colonia cumplieron su labor con "diligencia y meticulosidad
ejemplares", características que no siempre pueden atribuirse actualmente a los
postulantes a abogados que defienden a las personas de escasos recursos en los Servicios
de Asistencia Judicial.(*)
(*) Una notable recreación de la estructura y actuación de la
Justicia chilena en sus albores -justamente en el siglo XVII- puede hallarse en la
reciente novela de Rodrigo Atria, Coplas de sangre (Planeta, Santiago, 1998), basada en
hechos rigurosamente históricos (Nota del Editor).
Los fiscales cumplían en la Colonia un papel fundamental al
"velar por la correcta y rápida sustanciación de los procesos y sus dictámenes
son, por lo corriente, las piezas más eruditas, con mayor acopio de citas legales y más
profundos raciocinios jurídicos y éticos en los juicios criminales" 5.
Los jueces de la Real Audiencia también eran ejemplares. Aunque no
tenían facultades en la letra de la ley, acortaban los procesos y buscaban acuerdos entre
las partes. Las sentencias no aludían tanto a fundamentos legales, como a raciocinios
éticos y sociales. Las penas aplicadas estaban, con la mayor frecuencia, por debajo de la
penalidad legal, y hasta usaban los métodos alternativos al cumplimiento de las penas,
como sancionar con tres meses de trabajos públicos a un reincidente en el delito de
abigeato que, según la letra de la ley, debía ser condenado a muerte.
En el Chile de hoy, el 70 por ciento de las penas significan privación
de libertad, aunque la tendencia moderna es a crear sistema alternativos que busquen la
rehabilitación del delincuente y desahoguen las cárceles. En Alemania, por citar un
ejemplo, sólo el 22 por ciento de las penas implican cárcel.
La tendencia a moderar las penas fue tal en las colonias americanas que
el Rey reiteradamente llamó la atención a sus jueces, haciéndoles ver que no les
correspondía "el arbitrio" o la interpretación de la ley, sino que la mera
"ejecución" de aquéllas, pues "ésta es nuestra voluntad" 6.
Fin de la Real Audiencia
Sobrevino la guerra de la Independencia. Los líderes criollos acusaron
a la Real Audiencia de amparar a los batallones realistas.
En 1811, en medio de las batallas, el tribunal realista fue clausurado.
Los vencedores crearon una nueva Cámara de Apelaciones en el mismo edificio en que hasta
entonces funcionaba la Real Audiencia.
Ese fue el gesto revolucionario, pero en el resto del país la
situación continuó igual que en la época colonial, con pequeños tribunales dirigidos
por personas de buena voluntad, no letradas y excepcionalmente asesoradas por algún
abogado.
Con todo, O'Higgins consagró en la Constitución de 1818 la división
de los tres poderes del Estado. Se creó el Supremo Tribunal Judiciario (que sería la
Corte Suprema) por sobre el de Apelaciones.
Pero ya dos años más tarde la demora en los procesos comenzaba a ser
un problema y O'Higgins tuvo que dictar decretos que buscaran acelerarlos.
La Constitución de 1822 dedicó casi la tercera parte al Poder
Judicial, pero hablar de administración de justicia en aquellos años era una entelequia,
considerando la situación que se vivía en los entonces reducidos territorios de Chile.
En la provincias, especialmente en el sur, reinaba el pillaje, que no encontraba
resistencia de organismos policiales, ni la represión de tribunales 7.
La inseguridad era la misma en las ciudades y en el campo. Policía no
había ninguna y el Ejército, embarcado en grandes proyectos nacionales, partía a la
misión libertadora del Perú.
Diego Portales, quien en el cargo de ministro del Presidente Joaquín
Prieto ejerció realmente el poder con mano dictatorial, intentó organizar una especie de
justicia ambulatoria, para llevar tribunales a aquellos lugares más peligrosos. El
objetivo era combatir los ataques de los indígenas a las nuevas autoridades criollas y
también a los bandidos que dominaban en la región de La Frontera.
Las cabezas y manos de los jefes de los grupos perseguidos eran
esparcidas en los caminos y vados de los ríos, para infundir miedo a sus integrantes.
Tal vez impresionado por la efectividad del método, Portales decidió
usarlo contra sus enemigos, los sospechosos de conspirar para derrocarlo. En connivencia
con el ministro Mariano Egaña, intentó además establecer Consejos de Guerra permanentes
para delitos políticos.
Egaña, quien ocupó varios cargos ministeriales durante la década
portaliana, fue al mismo tiempo el propulsor de numerosas leyes e instituciones que fueron
estructurando un sistema judicial chileno. Incluyó la creación de una Corte Suprema, con
asiento en Santiago, en la Constitución de 1833. Además, él mismo participó como
fiscal en el máximo tribunal durante casi toda esa década.
Egaña redactó varios proyectos conocidos como las leyes Marianas, que
dieron origen, en 1875, a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que se
mantuvo durante más de un siglo prácticamente intocada, aunque luego mudó de nombre y
pasó a llamarse Código Orgánico de Tribunales (COT).
Justicia republicana
El país se dividió, terminada la guerra de Independencia, en
provincias. En cada una de ellas, se estableció un Juzgado de Letras, a cargo de
letrados. Ese fue el debut de los primeros jueces "chilenos".
Los ministros de la Corte Suprema preguntaron en aquella época a
Mariano Egaña qué debían hacer cuando, frente a determinado delito, contaban con leyes
en desuso o penas absurdas. Este estimó legítimo que los jueces usaran su propio
criterio para interpretar las normas obsoletas y, para formalizar su decisión, dictó una
ley que les dio la libertad de aplicar otra norma existente o de hacer un esbozo de
"jurisprudencia" cuando no hubiera en los textos legales una respuesta adecuada
a los conflictos que se les planteaban.
La inquietud de esos jueces del siglo pasado no era antojadiza, pues
algunas de las normas, por mucho que aparecieran en los textos legales, les resultaban
ridículas, como cuenta el historiador Armando de Ramón. Por ejemplo, la pena fijada para
los parricidas. Según la ley, el autor debía ser azotado 50 veces, encerrado en un saco
debidamente sellado, junto a una serpiente, un mono, un perro rabioso y otros animales
feroces. Después, debía ser lanzado en altamar, dentro del saco, asegurado con un fierro
que le impidiera flotar si por alguna circunstancia quedaba vivo e intentaba huir.
La pena no parecía adecuada a los nuevos tiempos que vivía el país.
Lo que después no siempre se ha entendido. Esa facultad de interpretación de la voluntad
de una época, por ejemplo, nunca fue reclamada bajo el gobierno del general Augusto
Pinochet. La Corte Suprema de finales del Siglo Veinte consideró que su única misión
era aplicar el tenor literal de la ley.
En un comienzo, los tribunales debían aplicar las leyes españolas,
tal como estaban redactadas, pues no hubo legislación chilena hasta 1855 cuando apareció
el Código Civil, gracias casi por completo al esfuerzo solitario del venezolano Andrés
Bello. Diez años más tarde surgió el Código del Comercio, que se debe a otro
extranjero: el argentino José Gabriel Ocampo.
En 1874 se dictó el Código Penal y poco después el Código de
Procedimiento Penal. La legislación española gozaba de buen prestigio en el medio
nacional, aunque por los odios de la guerra de independencia, no se mencionaba
explícitamente cuándo había que recurrir a ella. Las rencillas con los conquistadores
no impidieron, sin embargo, que los criollos, al redactar el Código Penal chileno
hicieran una mera adaptación del texto español.
El Código de Procedimiento Civil data de 1893 y el Código Orgánico
de Tribunales se dictó en 1943.
Más tarde, la explotación de yacimientos de plata en Chañarcillo y
de salitre en el norte, permitirían la expansión del Poder Judicial. Se crearon juzgados
por todo el país y nuevas Cortes de Apelaciones.
Una "acusación constitucional"
A mediados de 1800, el Poder Judicial se había convertido en el
último reducto del Partido Nacional, fundado por Manuel Montt y Antonio Varas, que se
ubicaba a medio camino entre conservadores y liberales.
El propio ex Presidente Manuel Montt (1851-1861) se convirtió en
presidente de la Corte Suprema, después de dejar el Ejecutivo.
Montt hacía equipo con Varas -como bien lo retrata el monumento
dedicado a ellos que está en el acceso al Palacio de los Tribunales- y éste lo
respaldaba desde el Congreso.
Para minar la fuerza de la dupla nacional Montt-Varas en los
tribunales, el Partido Conservador -eclesiástico- acusó constitucionalmente a la Corte
Suprema de "notable abandono de deberes" en 1868 8.
La acusación contenía un grave cargo contra Montt. Decía que,
abusando de su cargo de presidente de la Corte Suprema, había tratado de influir sobre el
juez de Melipilla para que absolviera a un sobrino suyo acusado de homicidio. Fermín
Silva Montt, el mentado sobrino, era administrador de una hacienda y como tal, oficiaba de
"inspector" del distrito. En esa calidad, impuso en las tierras a su cuidado la
"ley seca", disponiendo que durante los días de fiesta no se podía vender vino
a los inquilinos. Por supuesto, en los campos la prohibición se cumplía a medias.
Silva, que se tomó en serio el edicto, estaba controlando su
cumplimiento, cuando fue agredido por un ebrio. Para defenderse, tomó una varilla de
rueda de carreta y, con ella, dio dos certeros golpes en la cabeza del borracho. Le
rompió el hueso parietal y lo mató.
El juez de Melipilla procesó a Silva Montt por homicidio, aunque el
acusado alegaba defensa propia.
Manuel Montt viajó a Melipilla y, a su vuelta fue acusado
constitucionalmente por haberse entrometido en el juicio. El argumentó que se había
visto obligado al viaje, porque el fundo de su sobrino había quedado sin administrador.
Los conservadores decían que Montt había coaccionado al juez,
obligándolo a citar nuevamente a los testigos para que se desdijeran de sus dichos, y que
lo había presionado para que dejara en libertad al sobrino. El acusado admitió haber
hablado con el juez; pero dijo que no lo presionó, sino que apenas le pidió, por favor,
que llamara a los testigos para que ratificaran sus declaraciones y se evitara con ello
más dilaciones, pues una resolución rápida aminoraba el sufrimiento de la familia.
Había un segundo cargo en la acusación, que se amplió a otros tres
ministros: José Alejo Valenzuela, José Gabriel Palma y José Miguel Barriga. Este era
que en una querella de capítulos en contra del juez de Talca, la Corte de Apelaciones
había decidido aplicar la resolución que más favorecía al juez -al producirse un
empate de votos- y se imputaba a la Corte Suprema haber ratificado indebidamente ese
fallo.
El juez en cuestión estaba acusado de torturar y flagelar a los reos
para sacarles las confesiones.
Los ministros de la Suprema se defendían alegando que los cargos por
tortura ni siquiera estaban incluidos en la querella que buscaba desaforar al juez y que
si bien la Suprema aceptó el fallo de la Corte de Apelaciones, había dispuesto al mismo
tiempo que se ampliara la querella en su contra para investigar tales denuncias.
Más allá del sustento que pudieran tener o no los cargos, la
acusación constitucional se convirtió, a los ojos de los historiadores, en una contienda
política entre conservadores, por un lado, y liberales y nacionales, por el otro.
En ese contexto, a Montt lo defendieron algunos de sus ex enemigos,
como los liberales José Victorino Lastarria -quien estuvo exiliado durante casi todo el
gobierno de Montt- y Domingo Santa María (Presidente de Chile entre 1881 y 1886).
Santa María hizo un emotivo alegato ante los diputados, destacando el
carácter de revancha política que tenía la acusación constitucional:
"Confío en que la Cámara, al pronunciarse sobre la proposición
de acusación, cerrará sus ojos a todo estímulo que no sea noble y bien intencionado:
que desgracia para el país, antes que para los magistrados, si sucediera que los
intereses políticos pudieran arrastrar a una Cámara a tomar resoluciones contrarias a la
justicia y al bien público. Un partido triunfante haría desaparecer de los Tribunales a
los Magistrados para dar asiento a sus adeptos, pero caído ese partido y reemplazado por
otro, éste emprendería igual tarea, igual cruzada para dar entrada a sus amigos. La
magistratura se convertiría de este modo, en un vil juguete de los cálculos y de las
expresiones políticas y sin prestigio ni responsabilidad sería abandonada por todos los
hombres honrados que no podrían contar con los veleidosos favores de los partidos y que
minarían al sillón del magistrado como un banco de vergüenza y de la afrenta, entonces
buscaríamos aquí en vano la justicia y tendríamos que alzar a cada momento los ojos al
cielo" 9.
En la Cámara la acusación constitucional contra Montt y los demás
ministros fue aprobada, pero el Senado la rechazó.
Politización, decadencia y corrupción
Durante el período parlamentarista (1891-1924), el Poder Legislativo,
por definición el más político de los poderes del Estado, reemplazó al Ejecutivo en su
rol de preeminencia.
El Poder Judicial se había convertido en las décadas anteriores en
baluarte del Partido Liberal, especialmente porque las inversiones hechas por José Manuel
BalmacedaBalmaceda, José Manuel durante su mandato (1886-1891) impulsaron su expansión,
y los nuevos cupos se fueron llenando, obviamente, con jueces que adherían a sus ideas.
El Poder se había cambiado del bando nacional al liberal.
Cuando se instauró el período parlamentario, los conflictos puramente
políticos se trasladaron al Poder Judicial. Los magistrados, obedeciendo a una tendencia
de la época, expresaban sin tapujos sus preferencias políticas. Las pasiones se
exacerbaron sobrepasando todos los límites de la mesura, hasta desembocar en el estallido
de la Guerra Civil de 1891.
El 7 de enero de ese año, Balmaceda rechazó las presiones del
Congreso y declaró vigente el presupuesto del año anterior. La mayoría del Congreso se
reunió y lo declaró destituido. La Armada se alineó con los congresistas y ocupó el
país desde Valparaíso al norte. El Ejército, en Santiago, se mantuvo leal al
Presidente, quien siguió ejerciendo el poder, instituyendo una verdadera dictadura.
Tomó, entre otras medidas, la decisión de disolver la Corte Suprema y las Cortes de
Apelaciones. Declaró vacantes todos los cargos de los ministros y fiscales de la Corte
Suprema y jueces de la República. Expulsó a todos quienes consideró opositores a su
gobierno e inmediatamente llamó a concurso y llenó las vacantes con partidarios suyos.
Algunos de los despedidos, que cumplían con ese requisito, fueron recontratados.
Aunque continuaron trabajando los tribunales de primera instancia,
desaparecidas las cortes superiores, los juzgados se convirtieron de dependencias
administrativas del Ejecutivo.
Esta ha sido la única vez en nuestra historia que se ha clausurado el
Poder Judicial.
El conflicto político siguió ahondándose y Balmaceda se suicidó.
Los congresistas, triunfantes en la guerra civil, anularon muchas de
sus disposiciones, incluidas aquellas que desmantelaron el Poder Judicial.
Todos los magistrados que despidió Balmaceda, fueron repuestos en sus
cargos. Y expulsados aquéllos que el Presidente contrató.
Los decretos de Balmaceda y aquellos de los congresistas que
posteriormente los revocaron, implicaron renovar alrededor del 80 por ciento del Poder
Judicial en cinco años.
La nueva judicatura era así completamente distinta de aquella anterior
a 1891. Y aunque las leyes se mantuvieron, naturalmente los recién llegados imprimieron
un nuevo estilo de administrar justicia, más comprometido con sus propios idearios
políticos. El partido conservador se quedó con la cuota más alta.
Pronto comenzarían las acusaciones de intervención electoral. En
provincias surgió el caudillismo y se extendió el cohecho. Los grupos que se disputaban
el poder participaban en feroces y cruentas batallas. Y los jueces no estaban ausentes,
como lo prueban innumerables historias.
Sobrevino un tiempo en que los partidos o grupos políticos competían
provocando caídas de gabinete y repartiéndose el poder.
Gobernar era tan difícil, como que los jueces dieran garantías de
investigación imparcial de cualquier denuncia de intervención política.
El Poder Judicial comenzó a corromperse y a desacreditarse. Los
delitos más atroces quedaban sin castigo y la Corte Suprema dejó de cumplir el mandato
de velar por el mejor y correcto funcionamiento de los tribunales.
Manu militari
El desprestigio del sistema parlamentario se extendió también al
Poder Judicial, área en la cual también intentaron intervenir los militares, en el
período que se inicia el 9 de septiembre de 1924, cuando derriban de la presidencia a
Arturo Alessandri.
Como se recordará, cuatro meses después de aquel golpe de Estado, uno
nuevo restituye a Alessandri en la presidencia. Tiempo después, en 1925, lo sucede en el
cargo Emiliano Figueroa, hermano del presidente de la Corte Suprema, Javier Angel
Figueroa.
Javier Angel no era un hombre de la carrera judicial. Había sido
político, diputado y senador, y candidato a la presidencia en 1915. Como varios otros
casos anteriores, cuando vio cerradas sus posibilidades en el campo político, decidió
ingresar al Poder Judicial. Entró por arriba, directo a la Corte Suprema. Y no pasó
mucho tiempo para que fuera nombrado presidente del máximo tribunal.
Mientras tanto, Emiliano, su hermano, ejercía de Presidente gracias al
apoyo militar. Pero renuncia al comenzar 1927 y el coronel Carlos Ibañez ocupa su lugar e
interviene el Poder Judicial, y su ministro de Justicia, Aquiles Vergara, presiona a la
Corte Suprema para que saque a aquellos jueces que todo el mundo conoce como venales y
corruptos.
Este es justamente el tiempo en que el poeta Huidobro escribe su
violenta diatriba.
No era fácil lo que se proponía el ministro. El presidente de la
Corte, Javier Angel Figueroa se oponía. De las diferencias entre ambos quedó para el
registro de la historia un duro intercambio de notas: Vergara escribe:
"No ha escapado seguramente al conocimiento de V.E. el verdadero
clamor público que reclama la lentitud en la substanciación de los procesos civiles y
criminales, que han ido en constante aumento hasta llegar en ciertos casos al extremo de
traducirse en verdaderas denegación de justicia. No se os ocultará tampoco a V.E. el
hecho de que hayan llegado a aceptar plazas y actúen en el servicio judicial elementos de
escasa competencia y de dudosa moralidad que los hacen inhábiles e indeseables para
ejercer con autoridad y prestigio sus nobles y elevadas funciones" 10.
Figueroa responde que "los jueces permanecerán en sus cargos
durante su buen comportamiento". Defendía las facultades fiscalizadoras de la Corte
Suprema sobre los tribunales y esgrimía que nadie podría ser depuesto sin una causa que
los hubiera sentenciado legalmente.
El notorio ejercicio, por años, de malos funcionarios judiciales que
no habían sido removidos, ni recibido la más leve sanción disciplinaria, debilitaba la
postura de Figueroa en su intento de proteger la autonomía del Poder Judicial.
En la Suprema, los ministros se dividieron entre aquellos que apoyaban
al gobierno y aquellos que lo rechazaban. Figueroa se negaba a llamar a retiro a los
treinta magistrados que, según el Ejecutivo, debían ser removidos. Como Figueroa no
obedecía, Ibañez declaró vacantes, el 24 de marzo de 1927, los puestos que ocupaban
cinco ministros de cortes de apelaciones y trece jueces letrados.
En respuesta, el presidente de la Corte Suprema renunció y pocos días
más tarde el gobierno lo deportó. Junto a Figueroa dimitieron los ministros que lo
habían apoyado en la Corte: Alejandro Bezanilla Silva, Antonio María de la Fuente,
Manuel Cortés y Luis David Cruz.
Los ministros que se quedaron, pues respaldaban al gobierno, fueron:
Ricardo Anguita, quien reemplazó al presidente, Dagoberto Lagos, Moisés Vargas, Germán
Alcérreca y José Astorquiza. Ellos mismos habían ayudado a Vergara a confeccionar la
lista de los treinta indeseables.
Ibañez comenzó así la prometida depuración del sistema judicial,
que terminó con la expulsión de dieciocho funcionarios, el exilio del presidente de la
Suprema, del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y de otros altos
funcionarios judiciales.
Pese a la conmoción, la mayoría de los miembros del Poder Judicial
observó la razzia en silencio, entre otras razones, porque gran parte de los jueces
removidos eran realmente venales, aunque también hubo jueces corruptos que no fueron
castigados. Y además, por el obvio temor que generaron en ellos los allanamientos,
prisiones, torturas, exilio y destituciones que el gobierno impuso a sus opositores.
La depuración de Ibañez no implicó reformas en los procedimientos
judiciales, pese a que gran parte de los ataques tenían su causa en ellos.
Desde la Guerra Civil de 1891 los partidos políticos preferidos por
los magistrados fueron aquellos que "propendían a la mantención del status
existente o, cuando menos, a una evolución moderada y pausada de las estructuras
sociales, económicas y políticas de la República. Esto permitía dar un carácter muy
conservador a las instituciones judiciales y a su modo de operar, por lo cual puede
entenderse que si uno de sus miembros adhería a ideas que parecían discrepar con este
'modus operandi', no podía continuar perteneciendo a esta comunidad tan cerrada en sí
misma" 11.
La cúpula judicial, inspirada en esta arraigada cultura conservadora,
en adelante puso obstáculos a cualquier modificación profunda del aparato y sistema
judiciales, pese al clamor que se venía oyendo desde principios de siglo.
El propio ministro de Justicia de Ibañez, Aquiles Vergara, decía
después de asumir su cargo en 1927:
"Pocos servicios del Estado necesitaban más de la atención del
gobierno, que nuestra administración de justicia. Varios eran los factores que, agravados
por el correr de los años, sin fuerza de reacción propia, y contando con la paciencia
nacional, habían creado una pesada atmósfera de lenidad y hasta de impureza alrededor de
la magistratura, doblegada a los intereses de la política, pero soberbia y encastillada
en sus relaciones con los demás poderes del Estado" 12.
Pero la reforma que se proponía Vergara no pasó de la aplicación
bruta de la manu militari y postergó, hasta nuestros días, las reformas sustanciales.
Décadas de olvido
Entre 1891 y 1933, se produjo en Chile el llamado surgimiento de la
"cuestión social" que sumió en la crisis la hasta entonces llamada república
oligárquica, según han registrado los hitoriadores.
Con la expansión del aparato estatal, se fortalecieron los
"sectores medios" y emergió el proletariado urbano e industrial. Siguió una
etapa política en que las distintas clases sociales dominantes compartieron el poder
político, sin imponerse unas sobre otras, equilibrándose en un sistema de alianzas que
duró hasta 1960. Según Carlos Peña, durante esta etapa se habría producido una
"profesionalización" de la judicatura. Y durante las tres décadas que van
desde 1930 a 1960 el Poder Judicial se mantuvo prácticamente libre de críticas y
presiones sociales.
No es que las deficiencias del sistema hubieran desaparecido. Es que
nadie se interesaba en ellas. Tampoco el Estado prestaba mucha atención a la
administración de justicia.
El ministro José Cánovas(fallecido en 1992) recuerda en sus memorias
que el 28 de septiembre de 1942, recién ingresado a la judicatura, fundó el Juzgado de
Letras de Santa Juana (localidad dependiente del Departamento de Coronel, en la entonces
provincia de Concepción). Relata así la experiencia:
"De inmediato, del sueño pasé a la realidad y así aprendí a
enfrentarla desde el primer día de mi magistratura. En efecto, la llegada a Santa Juana
fue desalentadora. Para instalarnos tuve que conseguir un bodegón abandonado, lleno de
ratones, sin cielo raso y sin piso. Me prestaron una mesita vieja que se balanceaba al
compás de un lápiz y había una silla que sólo tenía dos patas buenas, de modo que
para sentarse uno tenía que apuntalarse con las piernas. El secretario se ubicó en una
banca de madera rústica. Conseguí una máquina de escribir que tal vez la había llevado
el primer civilizado del pueblo" 13.
Cuando quiso dictar el "acta de instalación" al secretario,
éste se excusó diciendo que no sabía escribir a máquina. Cánovas le pidió que
escribiera a mano, pero el secretario volvió a excusarse diciendo que se le habían
quedado los anteojos en Concepción. Cuenta entonces: "Opté por escribir yo el acta,
que él me autorizó con gran dificultad caligráfica".
El secretario de Cánovas no sabía escribir, pese a que tenía, como
todos los secretarios de los juzgados, rango de juez y debía reemplazar al titular cuando
éste se ausentaba.
En Curanilahue, Cánovas fue expulsado de la residencial en que se
alojaba por haber encarcelado a un pariente del dueño. En Lota, que vivía convulsionada
por los conflictos entre los mineros y los explotadores de los yacimientos de carbón, el
magistrado descubrió que la Compañía minera controlaba el juzgado local. Le había
asignado una casa al juez de turno (cuando llegó Cánovas la ocupaba el secretario) y una
cuota de sacos de carbón al mes.
Cánovas se negó a habitar en el inmueble y obligó a su secretario a
abandonarlo.
"Al administrador de Schwager lo llamé a mi despacho y le
representé su mal proceder, ya que se permitió enviarme los trece sacos de carbón sin
siquiera tomarme la venia o consultarme. Le advertí que no era su empleado, y que sin
darse cuenta estaba cometiendo un delito" 14.
La corrupción en el juzgado de Lota era histórica. Uno de sus jueces
fue conocido por dejar impunes incluso delitos de homicidio, simplemente archivando los
procesos. Murió rico.
"Había un oficial primero (los oficiales, que van de oficial
cuarto a oficial primero, son los responsables de los servicios menores en los tribunales,
equivalentes a los que realizan los juniors en las empresas) que era el explotador de los
pobres familiares de los presos. Al cumplir éstos los cinco días de detención me iba a
consultar mi resolución. Como era mi costumbre, escribía al margen de cada causa si
alguien quedaba en libertad o sometido a proceso. Si les daba la libertad, de inmediato el
oficial primero salía de mi despacho hacia el mesón de atención al público y llamaba a
los familiares del detenido, a los que cobraba diversas sumas por la libertad del preso,
la que, según él, 'tenía que arreglar con el juez' 15.
Situaciones como éstas han continuado ocurriendo en el Poder Judicial
chileno. Fue por actos similares que el actual ministro de la Corte de Apelaciones,
Alejandro Solís, pidió la destitución de algunos oficiales a su cargo cuando dirigía
el Quinto Juzgado del Crimen.
Atrapar a los funcionarios en estos actos requiere dedicación. Un juez
descuidado, que se encierra en su despacho, no lo advertirá.
JoséCánovas descubrió las maniobras de su oficial y pidió la
destitución.
En sus primeros años en el cargo pudo establecer que muchos juicios se
arreglaban "a lo compadre", influyendo en los parientes de los jueces, en sus
amigos. Se acostumbraba fabricar pruebas, pagando a testigos para que declararan en tal o
cual sentido. El extravío de expedientes era tan habitual como lo es hoy.
Pero es justo decir que al mismo tiempo que demonios, la judicatura
prohijó distinguidos e ilustres jueces. Las cortes de Apelaciones de Santiago y
Concepción, por ejemplo, se hicieron muy prestigiosas entre los abogados.
Vicios y virtudes fueron virtualmente ignorados por los medios de
comunicación de aquellos tiempos El silencio, más que reflejo de satisfacción con el
sistema, evidenciaba la indiferencia social hacia el rol que debía jugar este, el tercer
poder del Estado. El interés ciudadano, reflejado en los archivos de prensa de la época,
estaba focalizado en las conductas del Ejecutivo y el Legislativo.
Después de la desastrosa experiencia parlamentarista, el Ejecutivo
había recuperado su primacía entre los tres poderes y así se quedaría.
El sistema judicial siguió funcionando con la misma estructura
afianzada a comienzos del siglo XIX, en un estado de evidente abandono. Entre 1962 y 1963,
el presupuesto público general de la Nación aumentó en un 17,5 por ciento; pero los
montos asignados al sistema judicial crecieron, en el mismo período en apenas un siete
por ciento, un porcentaje inferior al alza del costo de la vida 16. Entre 1947 y 1962, el
porcentaje del presupuesto asignado al Poder Judicial disminuyó del 1,07 por ciento al
0,52 por ciento.
Sólo hacia fines de los «50, la preocupación por los temas
judiciales comenzó a formar parte del debate público. Un estudio sobre la presencia del
Poder Judicial en las informaciones de prensa entre 1954 y 1967, revela que el 86 por
ciento de las noticias se concentran en el último año.
La huelga "larga"
El intento por establecer un modelo que sacara a Chile del
subdesarrollo obvió de la lista de prioridades la realización de las reformas que se
venían proponiendo al sistema judicial.
Nada se hacía por mejorarlo, aunque arreciaban las críticas al
sistema. Los magistrados se agazaparon en una actitud de desconfianza hacia "la"
política y en un arraigado corporativismo.
Si bien no hubo una voluntad real de hacer cambios, el tema estuvo
presente en los programas de gobierno. El de Eduardo Frei Montalva planteaba la necesidad
de modernizar el sistema judicial, de hacer cambios estructurales para que las nuevas
leyes no tropezaran con "una justicia lenta, cara y anticuada" y propugnaba la
necesaria "democratización" del sistema, entendida como medidas para asegurar
su gratuidad y ampliar el acceso de los ciudadanos.
Frei padre creía necesarios "una renovación más acelerada de
sus cuadros y el acceso de las nuevas generaciones a cargos de responsabilidad en el Poder
Judicial", pero no llegó a concretarlos.
Bajo su mandato, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Rubén Galecio, propuso crear un Ministerio Público. Considerando que no habría mucho
dinero para ejecutar su idea de un modo radical, Galecio sugirió una adecuación a
"la chilena". Habría que dividir la judicatura en dos: una parte de los jueces,
los instructores, se dedicarían sólo a la investigación de los procesos y realizarían
las labores del Ministerio Público. El resto, los falladores, dictarían las sentencias.
La propuesta de Galecio incluía que algunas de las etapas del proceso fueran orales.
El revolucionario y solitario esfuerzo de Galecio murió en las
carpetas de Frei Montalva, junto a las propias ideas del gobernante, pues Justicia no era
una prioridad. La idea de Galecio fue sólo acogida en el proyecto de Ministerio Público
aprobado bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle casi al llegar el siglo XXI.
El mayor conflicto del gobierno de Frei Montalva con el Poder Judicial
no fue el debate en torno a las propuestas de reforma, sino que la demanda gremial por
mejoras salariales.
En 1967, magistrados y funcionarios hicieron un movimiento de
"brazos caídos", un paro que duró 24 horas y pasó casi inadvertido. Pero
cuando concluía el gobierno, los jueces y empleados volvieron a unirse para realizar la
única huelga total de que se tenga conocimiento en el Poder Judicial. Lo lideraba la
Asociación Nacional de Magistrados, que tenía entonces entre sus principales dirigentes
al influyente Sergio Dunlop, presidente en la Corte de Apelaciones de Talca en 1965, 1969
y 1973.
El ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldívar, se negaba a otorgar
mejoramientos extraordinarios a los magistrados -el Escalafón Primario- y a los
funcionarios -el Escalafón Secundario-. Seiscientos jueces y mil 600 empleado pedían
satisfacción urgente de sus demandas económicas y respaldaban las peticiones que en el
mismo sentido había estado haciendo la Corte Suprema.
Los ministros del máximo tribunal, empero, tomaron cierta distancia
del movimiento y sólo aceptaron el rol de mediadores.
La personalidad de Dunlop generaba fricciones al interior del Poder
Judicial. Había quienes desconfiaban de su modo personalista. Se resistían al estilo
"sindicalero" para tratar los problemas económicos del Poder Judicial. Los
jueces, afirmaban, no pueden presentarse como "empleados" ante el Ejecutivo,
pues, en el ejercicio de su ministerio, se les requerirá la obediencia de subalternos, en
desmedro de su independencia.
Entre los detractores de Dunlop estaba el ministro José Cánovas,
quien fue designado junto a Gustavo Chamorro, para representar al ministro de
Justicia, Gustavo Lagos, la inconfortable situación económica en que se encontraban los
magistrados. El presidente de la Corte Suprema, Ramiro Méndez, se excusó de
acompañarlos, pero les dio su bendición.
Cánovas y Chamorro le advirtieron anticipadamente al ministro que se
preparaba una huelga y que ellos, como otros magistrados de cortes de apelaciones, estaban
contra el movimiento. Subir la oferta evitaría una catástrofe, pero el ministro no
escuchó.
El paro comenzó a medianoche del sábado 28 de noviembre de 1969. El
domingo, ministros de la Corte Suprema se reunieron con los líderes de la huelga para
informarles que existía un acuerdo con el gobierno para otorgar un 20 por ciento de
aumento en las remuneraciones. Los huelguistas lo rechazaron. Querían un 60 por ciento de
aumento: un 40 por ciento en sueldos, un 20 por ciento en la asignación de vivienda.
Magistrados y funcionarios decidieron continuar el movimiento hasta las 14.30 horas del
lunes.
Los ciudadanos que por cualquier motivo ingresaron ese fin de semana a
las cárceles en Chile, no pudieron ser atendidos y se pasaron cinco días presos, sin que
nadie oyera sus descargos. Muchos policías tuvieron que realizar trámites de jueces.
Sobrevino el caos.
Los jueces demandaban además una modificación al sistema de
calificaciones que seguía vigente y que consideraban un arma de presión de la Corte
Suprema hacia sus subalternos.
Dunlop dio una conferencia de prensa ese domingo para informar de sus
planteamientos y del avance de las conversaciones. Sus declaraciones casi le costaron el
puesto. El lunes 30, La Nación publicó la noticia bajo el título "La Suprema
lamenta y no acepta un paro que infringe las normas legales". La nota describía la
postura del máximo tribunal, que afirmaba que los huelguistas no tenían el derecho legal
de parar, junto a las declaraciones de Dunlop, culpando a la corte de indiferencia. Según
el matutino, Dunlop había dicho que: "De no haber operancia por parte de la Corte
Suprema, este movimiento huelguístico buscará la remoción de todos los integrantes de
aquel organismo de Justicia".
Ante tamaña declaración de guerra, la Corte Suprema se reunió en
pleno. Algunos, como Rafael Retamal López, pedían la destitución inmediata del rebelde.
Dunlop tuvo que dar explicaciones ante el presidente, Ramiro Méndez.
Con la grabación de la conferencia, facilitada por la periodista de Radio Cooperativa,
Carmen Puelma, Dunlop demostró que nunca había hecho tales aseveraciones. Se salvó.
Las negociaciones continuaron. En la tarde del lunes, el gobierno
llegó a un acuerdo con la Corte Suprema. El tribunal aprobó el proyecto de mejoramiento
económico del Poder Judicial propuesto por el Ejecutivo, pese a la oposición de la
magistratura y los funcionarios.
Junto con anunciar el acuerdo, el ministro de Justicia, tal vez para
seducir a los huelguistas, informó que se modificaría también el sistema de
calificaciones, para permitir "una real valorización del mérito funcionario".
Sin embargo, tal idea no llegó a concretarse.
El acuerdo cupular no fue suficiente. Magistrados y funcionarios
decidieron prorrogar el paro por otras 48 horas. El martes 2 de diciembre, el conflicto
llegó a su nivel más alto de enfrentamiento. El ministro de la Corte Suprema, Rafael
Retamal López, asumió la labor de mediador y estuvo negociando todo el día, pero
fracasó.
El Presidente Frei manifestó que lamentaba "profundamente"
el movimiento y que "esto no es sólo un problema del Ejecutivo, sino un problema que
afecta al país entero. No tengo forma de imponer autoridad sobre el Poder Judicial. Sin
embargo, espero que los funcionarios recapaciten, pues su movimiento huelguístico, siendo
ellos los administradores de la Justicia en Chile, les resta autoridad moral frente al
país".
El Ministerio del Interior amenazaba con aplicar la ley de Seguridad
Interior del Estado. Parte de las advertencias iban dirigidas indirectamente contra
Dunlop. La asamblea de los huelguistas recibió el mensaje y respondió amenazando con
abandonar "nuestras funciones en forma total e indefinida" en respaldo de
cualquier dirigente que fuera sancionado individualmente.
El gobierno cedió un poco y ofreció un 30 por ciento de aumento. El
presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán, asumió el papel de
mediador en reemplazo de Retamal, que rechazó continuar después que los huelguistas
rechazaran también ese 30 por ciento.
El Colegio elaboró una nueva propuesta, que otorgaba un reajuste del
35 por ciento sobre el reajuste general que recibiría la administración pública en
1970. El Ejecutivo aceptó la idea. El miércoles hubo acuerdo. El jueves, a las 8 de la
mañana, los magistrados y funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo. El acuerdo con
el Gobierno incluyó que no habría sanciones a los dirigentes y que los días de
paralización no serían descontados.
Ese mismo día La Nación publicó una explicación pública del
entonces secretario de la Corte Suprema, René Pica Urrutia, en respuesta a las
informaciones de prensa que aseguraban que los ministros de la Corte Suprema recibían
"remuneraciones excesivas".
Justicia "popular"
Poco antes de que Salvador Allende llegara al Gobierno, la crítica en
boga era que el Poder Judicial había establecido una "justicia de clase". Quien
más insistía en esta definición era el jurista y académico Eduardo Novoa Monreal.
Novoa llegó a ser presidente del Consejo de Defensa del Estado bajo el
gobierno de Salvador Allende y defendió la nacionalización del cobre ante tribunales
europeos en 1972.
En un trabajo, "¿Justicia de clase?", publicado en la
revista de los jesuitas Mensaje , Novoa cita veinte casos para demostrar que "la
justicia está al servicio de la clase dominante, y que interpreta y aplica la ley con
miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen económico-social
vigente, en desmedro de los trabajadores, que constituyen en el país una amplia
mayoría" 17.
Entre los casos recopilados por el autor estaba el del periodista de La
Serena Raúl Pizarro, quien escribió a comienzos de 1969 una serie de artículos que
revelaban los abusos cometidos en contra de familias campesinas, entre otros, por el
ministro de la Corte de esa ciudad, Ruiz Aburto.
Según las crónicas de Raúl Pizarro, el magistrado realizaba una
persecución inhumana en contra de los campesinos y detenía a quienes denunciaban los
abusos. Hasta hubo una protesta en contra del magistrado y la Central Unica de
Trabajadores pedía su destitución.
Pero, como suele ocurrir en estos casos, el periodista fue procesado
por desacato al ministro cuestionado. El profesional presentó un recurso de amparo,
argumentando que había obrado lícitamente, en el ejercicio de su derecho a informar y
criticar, pero la Corte Suprema rechazó el recurso, el 22 de abril de 1969, declarando
que sus artículos constituían "demasías verbales que, extralimitando el derecho de
crítica e información, se convierten en maledicencia desprovista de objetivos serios y
lícitos".
Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó una acusación
constitucional en contra del ministro Ruiz Aburto, que fue desechada en el Senado, pese a
que la mayoría de los presentes la aprobaba, pero no reunían el quórum necesario. La
Corte Suprema lo mantuvo en el servicio y sólo tomó la medida de trasladarlo. En enero
de 1970, el desprestigiado juez renunció voluntariamente a su cargo.
Un segundo caso narrado por Novoa describía la manipulación de los
tribunales por parte de la empresa Braden Copper, propietaria de los minerales de cobre de
Sewell.
En junio de 1945 se produjo en aquel enclave minero uno de los más
grandes accidentes del trabajo que se hayan producido en Chile. Murieron más de 150
trabajadores, a raíz de lo cual el Congreso dictó una ley que concedió una
indemnización especial a las viudas y huérfanos de los fallecidos.
Para liberarse del pago, la empresa Braden Copper objetó la
constitucionalidad de la ley, utilizando un sucio subterfugio legal. Antes de que ninguno
de los 510 huérfanos y 165 viudas hubiera alcanzado a cobrar, en un juzgado de Santiago
apareció demandando a la empresa una tal Clarisa Díaz, que decía ser una de las viudas;
no indicaba domicilio, ni acompañaba documentos que demostraran su calidad. El juicio
sirvió de excusa a la empresa para iniciar un recurso de inaplicabilidad de la ley de
indemnización ante la Corte Suprema. El fallo declaró inconstitucional la norma el 12 de
mayo de 1947, dejando en el desamparo a las viudas y los hijos de los trabajadores.
Posteriormente, una organización de mujeres ofreció pruebas al
máximo tribunal de que el juicio lo había arreglado la empresa, para obtener un fallo
que sentara jurisprudencia y le permitiera detener los cobros que las auténticas
favorecidas por la ley quisieran entablar. La corte suprema ordenó de un plumazo archivar
esta denuncia, desestimando su relevancia.
Tras la publicación del largo artículo de Novoa, se encendió una
ácida polémica en torno al Poder Judicial. El Presidente de la Corte Suprema, Ramiro
MéndezMéndez, Ramiro, aceptó el desafío del debate y se presentó en un programa de
televisión, junto a Rafael RetamalRetamal López, Rafael, para responder de sus
actuaciones en cada uno de los casos citados por Novoa.
Méndez aprovechó también la ceremonia de inauguración del año
judicial para replicar a Novoa. Acuñó una célebre sentencia: "Es absurdo decir que
nuestras cortes son clasistas. Ellas sólo aplican las leyes que rigen en el país"
18. La frase se convertiría en una muletilla en las respuestas de los presidentes de la
Corte ante futuras y más severas críticas.
Un estudio del Centro de Desarrollo Urbano y Regional (publicado por la
Universidad Católica de Valparaíso) sobre la percepción de la justicia entre los pobres
detectó que un 71 por ciento de los pobladores encuestados estuvo de acuerdo con la frase
"uno no consigue justicia si no tiene dinero"; un 74 por ciento, estuvo de
acuerdo con que "uno no consigue justicia si no tiene influencia". Los
encuestados opinaron, en un 52 por ciento, que los abogados son "negociantes que
actúan por lucro", sin considerar lo que es "justo". Frente al caso de una
persona de estrato social alto que atropellara a un obrero, el 75 por ciento afirmó su
convicción de que el obrero, aún teniendo testigos favorables, perdería el juicio 19.
En veinte años la percepción de los sectores marginados no había
cambiado mucho. En 1993, la Corporación de Promoción Universitaria, CPU, publicó un
estudio realizado por la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad Católica,
Desuc, sobre la opinión de los pobres acerca de la justicia. Ante la pregunta ¿Qué
opina usted sobre cómo anda la justicia en Chile?, un 82,8 por ciento opinó
negativamente. Los encuestados usaron espontáneamente calificativos como
"ineficiente", "discriminatoria", "lenta",
"arbitraria" y "corrupta" para referirse a ella.
Los académicos partidarios del gobierno de la Unidad Popular
propugnaban en esos años la creación de tribunales vecinales, para solucionar los
problemas de acceso a la justicia de los sectores más desposeídos, pero la idea no
llegó a prosperar.
Los juzgados vecinales o de paz también formaron parte de los
proyectos impulsados por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es curioso que este
último, que ha logrado la mayor reforma al Poder Judicial en el siglo, no ha podido
obtener este simple cambio. El eterno y pregonado deseo de acercar la justicia a los más
pobres ha quedado, como entonces, postergado.
La Corte Suprema en la antesala del golpe
El programa de gobierno de AllendeAllende sostenía que la misión del
Poder Judicial era adecuarse al concepto de "Estado Popular".
En su declaración de intenciones, el nuevo gobierno reconocía el
principio de autonomía entre los tres poderes del Estado y reiteraba otra de las eternas
e incumplidas promesas al Poder Judicial de otorgarle una "real independencia
económica". Hasta ahí, todo iba bien.
Pero Allende afirmaba además que su gobierno concebía "la
existencia de un tribunal supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del
Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este
tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del
sistema judicial. Entendemos que la nueva organización y administración de justicia
devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.
Para el gobierno popular una concepción de la magistratura reemplazará a la actual,
individualista y burguesa".
El gobierno de Allende nunca tuvo intenciones serias de llevar a cabo
este planteamiento, pero los conceptos vertidos en su programa fueron suficientes para que
la judicatura se sintiera amenazada y se refugiara en un mayor corporativismo y
autodefensa. Además, la Unidad Popular trasladó al sector Justicia el debate partidista,
y los más altos magistrados, olvidados ya de antiguas manifestaciones políticas de sus
miembros, reaccionaron despreciando a quienes se dejaron llevar por la corriente.
Apenas instalado el gobierno, se formó al interior del Ministerio de
Justicia un Comité de la Unidad Popular (CUP), que pronto se reprodujeron al interior de
la judicatura. En el Ministerio, seis o siete integrantes del CUP asesoraban al titular de
la cartera en los nuevos nombramientos. Aunque el gobierno de Allende no hizo remociones
masivas, llenó las vacantes que se producían con partidarios suyos.
En 1971, se produjo una de las elecciones más duras en la Asociación
Nacional de Magistrados. Una lista de los CUP -cuyos candidatos postulaban reformar el
sistema judicial para convertirlo en tribunales populares- perdió frente a la antigua
directiva, representada por Sergio Dunlop, con el slogan de la defensa de la independencia
del Poder Judicial. Los resultados, sin embargo, fueron abiertamente cuestionados y no
sólo los allendistas acusaron a la lista de Dunlop de fraude.
En 1972, los miembros de los CUP se retiraron de la Asociación y
formaron una agrupación separada, minoritaria.
Simultáneamente, la Corte Suprema iniciaba un duro y largo debate con
el Ejecutivo, por la resistencia de éste a cumplir las decisiones judiciales. En medio de
la batalla, un grupo de partidarios del gobierno se tomó la Corte de Apelaciones de
Talca, en protesta por la petición de desafuero del intendente de la zona, que se había
formulado ante el Senado.
Los ministros no pudieron ingresar al edificio, donde también se
ubicaban el correo y el Servicio de Impuestos Internos. Un coronel de Carabineros ofreció
desalojar a los manifestantes, pero el segundo en el mando le recordó que,
independientemente de las instrucciones del tribunal, primero debían consultar al
Ministerio del Interior. El conflicto terminó cuando el propio intendente, un joven
militante socialista, pidió a los manifestantes que dejaran el edificio.
Hacia 1973, el Poder Judicial era uno de los baluartes en las
acusaciones sobre las ilegalidades en que incurría el gobierno de la Unidad Popular.
Allende había dispuesto el incumplimiento o postergación de órdenes judiciales, por
ejemplo, de lanzamiento de quienes se hubieran tomado fundos, fábricas y casas. Además,
dispuso que los fallos que pedían el auxilio de la fuerza pública fueran consultados con
el Ministerio del Interior antes de ser ejecutados.
En medio de ese clima polarizado, el gobierno elaboró un proyecto de
reforma para crear "una justicia participativa con criterios de actuación distintos
de los preceptuados por el pensamiento jurídico tradicional". Allende entendía que
el Poder Judicial como cuerpo estaba en la oposición a su gobierno y que contaba con el
respaldo de los partidos políticos de centro y derecha, que asumieron, en este tema, la
defensa del Estado de Derecho.
A mediados de 1973, Allende envió una carta a la Corte Suprema,
criticando la actuación de los tribunales. Acusaba a los jueces de extralimitarse en sus
atribuciones y de estorbar el cumplimiento de las labores administrativas.
Mencionaba como ejemplo del "trastrueque de valores de la
justicia" el caso Chesque. Chesque era un fundo que fue tomado por un grupo de
campesinos mapuches. Los propietarios, que decidieron "retomarlo", mataron en la
refriega a uno de los ocupantes. Los Tribunales, decía Allende, resolvieron que los
dueños del fundo no cometieron homicidio porque actuaron en defensa de su propiedad. En
cambio, los mapuches estuvieron siete u ocho meses en prisión preventiva.
Según el Presidente, los tribunales superiores demostraban una
"manifiesta incomprensión (...) "del proceso de transformación que vive el
país y que expresa los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas".
Allende también acusaba a los magistrados de la Corte Suprema de
acudir a él siempre por motivos "personales" antes que jurídicos.
El 25 de junio, un pleno, presidido ahora por Enrique Urrutia Manzano,
envió un oficio al Presidente. Es la respuesta más severa que ese tribunal haya dirigido
a Presidente alguno en la historia de Chile:
"(...) Quiere también esta corte expresar con entereza a V.E. que
el poder que ella preside merece de los otros Poderes del Estado, por deber
constitucional, el respeto de que disfruta y lo merece, además, por su honradez,
ponderación, sentido humano y eficiencia y que ninguna apreciación insidiosa de algún
parlamentario innombrable o de sucios periodistas logrará perturbar sobre este particular
asunto el criterio de los chilenos.
"El Presidente de la República, sin advertirlo o inducido a ello,
cometió un error al tomar partido en la sistemática tarea -nunca lograda- que algunos
sectores del país han desatado en contra de esta Corte. Lo lamenta este Tribunal
hondamente, y lo dice porque si S.E. ha invadido en su comunicación un campo jurídico
que constitucionalmente le es vedado, este tribunal puede, a su vez, para restablecer el
equilibrio así perturbado, insinuarse en las costumbres administrativas, aunque no sea
más que para significarle a V.E. la importancia y las consecuencias de su error. La
equivocación consistió en cambiar el pedestal del Poder Supremo en que la ciudadanía, y
por consiguiente esta Corte, lo tenían colocado, por la precaria posición militante
contra el órgano jurisdiccional superior del país que, por imperativo del deber, tiene
que contrariar a veces en sus fallos los deseos más fervientes del Poder Ejecutivo.
"Error es el expresado de trascendental gravedad porque el Jefe
Supremo de la Nación estaba siendo considerado por el ciudadano común y por esta Corte
como guardián de la legalidad administrativa del país contra los excesos de algunos
subordinados, y es por eso lamentable que se constituya ahora en censor del Poder Judicial
tomando partido al lado de aquellos a quienes antes daba sus órdenes de cumplir la ley.
Los ministros suscritos experimentamos sorpresa por el cambio y la actitud de V.E. porque
entendemos que deprime su función constitucional.
"(...) El Presidente ha asumido la tarea -difícil y penosa para
quien conoce el Derecho sólo por terceristas- de fijar a esta Corte Suprema las pautas de
interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete
exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, según lo mandan los artículos
80 y 4¼ de la Constitución Política del Estado, no derogados todavía por las
prácticas administrativas.
"(...) Ninguna discusión sociológica, o sutileza jurídica, o
estratagema demagógica, o maliciosa cita de regímenes políticos pretéritos son capaces
de derogar los preceptos legales copiados (en el oficio), que se copiaron para que V.E.
lea con sus propios ojos y aprecie por sí mismo su calidad y precisión tales que no
admiten interpretaciones elusivas.
"(...) Aun si el Juez o el Tribunal Superior cometieran un delito
de prevaricación, aun si fallaran por dádiva o promesa no podría el funcionario
administrativo resistir la orden, sino que tendría otros derechos funcionarios y
ciudadanos, cuyo ejercicio, sin embargo, debería iniciarse ante el Tribunal de Justicia
correspondiente".
El oficio también respondía por el caso Chesque:
"¿Pretende el oficio de V.E. que los Tribunales de Justicia
olviden la ley, prescindan de todos los principios y en nombre de una justicia social sin
ley, arbitraria, acomodaticia y hasta delictuosa en su caso amparen incondicionalmente a
los tomadores y repudien de la misma manera a los que pretenden la recuperación de los
predios tomados?".
Los trece ministros que integraban el máximo tribunal firmaron el
acuerdo -autorizado por el secretario René Pica Urrutia: Enrique Urrutia Manzano, Eduardo
Varas Videla, José María Eyzaguirre Echeverría, Manuel Eduardo Ortíz, Israel Bórquez
Montero, Rafael Retamal López, Luis Maldonado Boggiano, Juan Pomés García, Octavio
Ramírez Miranda, Armando Silva Henríquez, Víctor Manuel Rivas del Canto, Enrique Correa
Labra y José Arancibia.
Allende recibió el oficio del máximo tribunal y lo devolvió sin
comentarios. El pleno volvió a reunirse (esta vez con la ausencia de Arancibia, Correa y
Ortiz) y emitió un nuevo acuerdo:
"Que por tratarse de Poderes del Estado de igual rango
constitucional entre los cuales no existe subordinación, es inaceptable la actitud del
Presidente de la República de devolver el oficio de este tribunal".
El acuerdo está firmado el 4 de julio de 1973. Poco más de dos meses
después, el 11 de septiembre, se produjo el golpe de Estado.
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(Notas de pagina no estan disponibles todavia) (Fin del capitulo 3) |
