LA DAÑADA IMAGEN DE PINOCHET

Editorial del diario La Tercera del  12 de septiembre 2004.

El juicio de la opinión pública le es cada vez más desfavorable al senador vitalicio. Al punto que, para él, la batalla por la imagen pública parece estar casi perdida.
Una vez más, como ha venido ocurriendo en los últimos 31 años, septiembre está marcado por la figura del ex comandante en jefe del Ejército, hoy enredado en investigaciones judiciales por la Operación Cóndor y por el hallazgo de sus millonarias cuentas en el Banco Riggs. Y si en el pasado el Mes de la Patria significaba para el general ® una ocasión para festejar, ahora representa un período en el que los cuestionamientos contra su persona se multiplican.
Porque, pese a que la astucia de sus abogados ha sido capaz de mantenerlo por el momento fuera del alcance del magistrado que lleva adelante las pesquisas por la Operación Cóndor, lo cierto es que el juicio de la opinión pública le es cada vez más desfavorable. Al punto que, para el senador vitalicio, la batalla por la imagen pública parece estar casi perdida. Sólo le queda que el veredicto de la historia lo trate de manera más benévola.
La revelación de la existencia de las cuentas en el Riggs ha sido un golpe devastador, porque pone en entredicho al personaje, no al régimen que éste encabezó, y arriesga con ubicarlo en un nivel similar a otros gobernantes de facto que se enriquecieron mientras ejercieron el poder o al abandonarlo. Enfrentado a una acusación muy distinta a las que ha debido encarar desde que dejó La Moneda en 1990, el general ® ha adoptado una estrategia parecida a la que usó para defenderse de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Los resultados, en términos de imagen pública, han sido igualmente negativos.
Durante años, los defensores del gobierno militar refutaron que se hubieran producido abusos contra los derechos básicos a partir de 1973. La verdad oficial que se escribió en ese período excluía la posibilidad de violaciones a los derechos humanos. Se habló de propaganda malintencionada, de purgas internas o de enfrentamientos para explicar las muertes y desapariciones que tuvieron lugar entonces. Del mismo modo, la primera reacción del entorno del ex jefe castrense fue desmentir la existencia de las cuentas cuando las reveló un diario mexicano en 1999 y también inmediatamente después que una comisión del Senado estadounidense ratificara hace unos meses que el general había mantenido depósitos en el Riggs entre 1994 y 2002.
Y tal como el general ® se vio forzado a aceptar que hubo violaciones a los derechos humanos cuando se multiplicaron las acusaciones fundadas y surgieron documentos oficiales que las demostraban, como el Informe Rettig, su defensa también terminó reconociendo que las cuentas en el Riggs existieron. Señala, eso sí, que los fondos depositados en ellas provienen de donaciones, ahorros personales y, también -según el albacea del ex comandante en jefe-, de la apropiación de una parte de los gastos reservados de que dispuso.
Según la defensa, el senador vitalicio abrió las cuentas, pero no es responsable del manejo que se hizo de ellas, que habría estado a cargo del presidente del banco norteamericano. Fue éste quien, gracias a un exitoso manejo financiero, habría logrado multiplicar los dineros. Si el banquero incurrió en algún ilícito para conseguir rentabilidades tan altas, el que cometió el delito fue él, no el titular de las cuentas, continúa el argumento. Asoma otra vez la similitud con la estrategia usada para encarar los casos de derechos humanos: el general ® ordenó enfrentar a sus enemigos políticos, pero no fue él quien llevó adelante la represión. Si se cometieron abusos, los culpables son quienes los ejecutaron y se excedieron en sus atribuciones.
Por último, está el argumento de la edad y la salud mental, utilizado con mayor fuerza en el caso de la Operación Cóndor, pero al que también se recurre en el episodio del Riggs. Según el albacea del ex jefe castrense, éste no conservó ningún papel y sólo se acuerda parcialmente de los giros y movimientos que realizó.
Es probable que esta manera parecida de enfrentar las acusaciones pueda, quizás, librar al ex gobernante de encausamientos judiciales en ambos casos o en alguno de ellos. Pero a estas alturas resulta obvio que la estrategia supone un elevado costo en términos de imagen, pues se basa en eludir responsabilidades propias y en evadir las acusaciones de fondo bajo el amparo de la avanzada edad y la condición mental del parlamentario desaforado. Lo que no funcionó ayer para resguardar la imagen del senador vitalicio en los temas de derechos humanos tampoco sirve hoy para mejorarla en lo que respecta a las cuentas del Riggs.
El ex mandatario ya está pagando un costo por seguir una estrategia que termina dañando su imagen. Este septiembre, el general ® sufre una creciente y aparentemente irreversible soledad, en medio de las dudas de quienes incluso han sido sus seguidores y apenas con el apoyo de un grupo de incondicionales cuyo número es cada vez más reducido.