Por
Ernesto Carmona
El
Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección
de Inteligencia
Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió
por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación
universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para
encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto
Pinochet.
El
Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano
(Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva,
un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de
la DINA
, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la
televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a
Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y
Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que
colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión
Nacional (TVN), y
la Corporación
de TV Canal 13, de la Pontificia
Universidad
Católica.
Los
sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento
entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió,
difundido además por los diarios
La Tercera
, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso
entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como testigo presencial.
Yo los vi, dijo Rodolfo. Por los faldeos de esos cerros que le son tan
familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. Entre ellos había dos
mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con
agua. Iban corriendo, relata a Qué Pasa, con aplomo, aseguró la edición Nº
240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la
mentira hecha periodismo.
La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso
con la complicidad de la Dirección
Nacional
de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar,
donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se
encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes
universidades privadas, incluido el ramo de ética periodística.
En
rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para
disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el
Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este
episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el
19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como El Caso Rinconada de Maipú.
Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el Caso de Los 119
u Operación Colombo, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y
desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto
Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su
domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como
muerto en un enfrentamiento a balazos, pero no tuvo la oportunidad de
defenderse de sus asesinos todavía impunes.
Asesinatos
selectivos
El
juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo
Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo
Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del
Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica,
embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno
asesinado el día anterior; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años,
padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés
Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de
Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la
feroz venganza de la DINA
contra su familia.
Las
siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por
la Policía
de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército
Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA
a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto
con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno
Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad
esa misma noche del día 18.
Las
víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi,
fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares
como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas
personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de
la DINA. Isabel
Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato
las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por
las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la
sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN,
Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo de Maipú,
al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían
muerto allí, en un violento enfrentamiento. Como prueba irrefutable, López
Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso
militar.
El
asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos
de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso
judicial caratulado Familia Gallardo-Gangas, Rol 2.182-98, a
cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de
la Corte
de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco
y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo,
Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de
Ricardo Claro, tuvo una actuación mal intencionada y mentirosa, como se ha
comprobado en el curso de la investigación judicial. Claudio Sánchez,
quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el
Canal 13 de la Universidad Católica.
Incoherencias
del género periodismo de ficción
Están
los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas
vainillas vacías, reportó el periodista Julio López, vestido con un
impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja,
donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún
violento enfrentamiento, excepto las cápsulas que enseñó a los
televidentes. Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas
otras más esparramadas por aquí en el cerro, subrayó López Blanco. Más
o menos una vainilla por cada víctima.
Las
últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del
proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por
fuerzas de
la DINA
, continuó informando el periodista López. Y trasladémonos ahora hasta
nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los
extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este
espectacular suceso. Y aquí intervino el periodista-agente: Este es el
sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de
la DINA y seis extremistas; como
puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a
que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas
parapetados.
Araya
muestra el lugar donde
la DINA habría lanzado granadas: Aquí están las vainillas, incluso puede
observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo
posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos. Este periodismo de
ficción articulado por la DINA
a través de la televisión de todos los chilenos era de tan mala calidad y
mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una
refriega entre fuerzas de seguridad de
la DINAy [los] seis extremistas
pero luego leyó nombres
de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega
en que sólo participaron seis supuestos extremistas.
El
responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente
Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía
Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un
despacho similar en vivo por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
La
fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de
menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de
justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó
Claudio Sánchez. Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales
de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota
realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en
pantalla, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por
Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de
la Corporación de Televisión de la Universidad Católica.
El jefe máximo de la Iglesia Católica
, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor
Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del
Colegio de Periodistas.
Rozas
involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar
el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de
TV, a menos que el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo
a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda
responsabilidad por dicha entrega. Sánchez no colaboró con la investigación
del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de
los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de
Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez
fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia
conducta ética.
Seis asesinos procesados por el crimen
El
ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato
múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión
del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan
Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA
, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko,
Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo
Wenderoth Pozo, todos del Ejército, en calidad de autores de los delitos de
homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal.
Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de
opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.
Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en periodista gracias a
su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA
, y a un cursillo de corresponsales de guerra del Ejército, según su
declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal,
designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya
relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para
manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez,
el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de
estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales,
aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica
no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue
jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.
La
amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se
desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local,
mientras el futuro fundador de la DINA
ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se
cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del
crimen establecieron que Araya entregó a la DINA
nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos
izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y
eliminación.
Desearíamos
que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también
por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con
la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar
la verdad de los hechos, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También
insistió en la culpabilidad penal del jefe de la Policía
de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su
cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de
la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte
de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006
. Añadió que este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre
, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y
ha sido altamente valorado por nuestras familias.
Los
cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo.
Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional
de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio. El
texto íntegro de la decisión se encuentra en la página web del Colegio de
Periodistas:
http://www.colegiodeperiodistas.cl/index.php?action=documentos_colegio¬icia_id=177.