A juicio de Amnistía Internacional ¿cuáles
son los principales problemas en relación a la vigencia
de los derechos humanos en Chile?
En Chile vemos con preocupación el
incremento de la violencia en la represión policial,
particularmente a estudiantes, trabajadores y grupos indígenas.
También nos preocupa la falta de acceso de vastos
sectores de la población a la salud, la justicia y a la
seguridad; considerando los niveles de prosperidad y
estabilidad que se han alcanzado en el país desde hace
años. Específicamente, Amnistía Internacional está
trabajando, en conjunto con más de treinta
organizaciones, una gama muy amplia de temas que se
reflejan en la iniciativa que denominamos La Agenda de
Derechos Humanos para el Bicentenario. En esta se
abordan áreas como la participación ciudadana; la
verdad, justicia y reparaciones pendientes; los derechos
económicos, sociales y culturales; la libertad de
expresión; los derechos de las mujeres y los niños;
los derechos de minorías, sean indígenas, sexuales o
de inmigrantes; y la falta de ratificación por parte de
Chile de instrumentos internacionales de derechos
humanos.
Específicamente en el área de la libertad
de información y expresión: ¿Qué preocupaciones
tienen ustedes?
Por cierto, la concentración de la propiedad de los
medios de comunicación constituye un problema que
dificulta la expresión de las organizaciones sociales y
de los ciudadanos que tienen puntos de vista divergentes
de los grupos financieros que controlan dichos medios.
Otra preocupación surge de la creciente represión de
las manifestaciones callejeras de protesta de
estudiantes o trabajadores. Ciertamente el Estado tiene
el deber de asegurar el orden público y la conservación
de la propiedad pública y privada; y para eso se dota
de fuerzas policiales. El problema radica en que
Carabineros está actuando con una violencia inusitada.
Yo diría que en el último año y medio hemos visto una
agudización de ella y nos preocupa, además, que la
autoridad política la esté convalidando.
¿En qué se ha traducido esa agudización
de la violencia?
En maltrato con ocasión de detenciones y en
lesiones producidas a manifestantes. Además, nos
preocupa la limitación para que las personas que se
manifiestan accedan a determinadas áreas de la ciudad;
la exigencia de permisos para manifestaciones públicas
o reuniones de protesta; y la ausencia de información
respecto de ciertos casos. Por ejemplo, en el caso de la
detención de Elena Varela que solo recientemente ha
sido abordado y casi por accidente. El silencio que ha
habido, también, respecto del precedente del famoso
jarrazo de la ministra de Educación; ya que la niña
involucrada, Música Sepúlveda, fue objeto de una
brutal golpiza policial, días antes. Y el sistemático
silenciamiento de los hostigamientos de que son víctima
algunas comunidades mapuches.
No tengo una mentalidad conspirativa. Por el contrario,
Amnistía Internacional trata de percibir las diversas
fuentes del origen de los conflictos. Pero es
preocupante esta violencia represiva y así se lo hemos
hecho saber en dos ocasiones al ministro del Interior,
sin obtener siquiera una respuesta. Le planteamos, por
un lado, que la policía existe para garantizar derechos,
no para restringirlos. En cambio, aquí tenemos una
policía, que probablemente es una de las mejores
entrenadas y más disciplinadas de la región, pero que
a la vez constituye una fuerza entrenada y educada en líneas
militares, por lo que su objetivo parece estar destinado
a restringir las libertades, en lugar de asegurarlas.
¿Cuánto ha avanzado nuestro país, a este
respecto, desde la dictadura?
Tan solo el hecho de vivir en democracia nos hace estar
mucho mejor. Sin embargo, el que todavía se regulen las
expresiones de protesta con legislación de la dictadura
constituye, por ejemplo, un síntoma de estancamiento.
Además, en la búsqueda de la prosperidad estamos
viendo que se establece una pax romana. Es decir, una
presencia de fuerzas represivas para asegurar que nada
se altere. Por supuesto, estamos muy distantes de los
tiempos de Pinochet, en cuanto al manejo de la seguridad
pública. Pero es preocupante que altas autoridades
policiales hayan señalado que, aunque estén
autorizadas algunas formas de expresión popular o de
disidencia, si hay alteración del orden van a reprimir.
Subsiste, además, el riesgo de lo que representa la
jurisdicción de la justicia militar que está asociada
con la protección corporativa de las Fuerzas Armadas y
de Orden. Es insólito que una persona común pueda ser
llevada a la justicia militar por un acto de desacato o
de agresión. No tengo noticia, salvo en el caso de las
policías religiosas en algunos países islámicos,
donde existan normas que sustraigan a los ciudadanos de
la justicia ordinaria. Es decir, que una persona que no
es integrante de las Fuerzas Armadas sea sujeto de la
acción de un tribunal militar.
Otro factor muy preocupante es que la policía está
enfrentando a menudo las situaciones de riesgo con una
fuerza desproporcionada. Así por ejemplo, un pequeño
grupo de mujeres integrantes de Amnistía Internacional
que protestaba por la decisión del Tribunal
Constitucional de negar la distribución de la píldora
del día después, fue barrido con agua con químicos
cuando estaban en una demostración absolutamente pacífica.
Es importante constatar también hechos muy positivos
como que tanto Investigaciones y Carabineros son
instituciones donde la corrupción es inexistente o muy
baja. Esto adquiere mayor relevancia al compararlo con
varios países de nuestra región.
¿Cómo explica que en nuestra sociedad sólo
se debaten estos temas cuando suceden actos de violencia
hacia la autoridad como en el caso de Música Sepúlveda
y no cuando agentes de la autoridad actúan en contra de
las personas?
Creo que la herencia de diecisiete años de dictadura ha
establecido un apego muy fuerte a la disciplina y al
orden; de tal manera que estos se han constituido en
valores especialmente apreciados por el conjunto de la
sociedad. Es un hecho que el respeto mostrado hacia las
autoridades en general y hacia las autoridades
policiales en particular- es más notable en Chile que
en cualquier otro país de la región.
¿No hay también un déficit en la concepción
que hay en nuestro país sobre los derechos humanos?
Ciertamente. El conjunto de la sociedad chilena valora
altamente vivir en un país tranquilo y en un ambiente
seguro. Y es claro que este es un derecho humano. El
problema es cuando esta aspiración se distorsiona
considerando que es legítimo lograrla a costa de la
violación de otros derechos. Entonces se tiende a
colocar la aspiración de gozar de la preservación de
los bienes y de la tranquilidad pública como una
prioridad excluyente de cualquier otra. Esto
naturalmente conduce a hacer la vista gorda de cualquier
exceso que puedan cometer las autoridades en su rol de
preservar el orden público; y específicamente en los
abusos que aquel cometa contra quienes se perciban como
amenazas de dichos bienes. Especialmente contra quienes
delinquen; contra quines protestan que alteran la
quietud y el orden en las calles; o contra huelguistas
que alteran el normal desarrollo de la economía. Además,
el autoritarismo va naturalmente acompañado de la
intolerancia y del desprecio al otro, particularmente
cuando es débil.
En concreto, ¿cómo se aprecia esto en el
caso chileno?
En Chile existe una especial distancia frente a quienes
piensan o se visten diferente; tienen otras religiones o
ideologías políticas; o cuestionan el sentido común
nacional.
Esto se agrava cuando se percibe a los otros como
inferiores. De ahí la discriminación contra los
mapuches, los de diferente clase social, los peruanos o
los bolivianos. Es particularmente notable aquí el peso
de los apellidos; del barrio donde se vive; del colegio
o liceo en que se educa; de donde se veranea; y
hasta de la marca del auto que se tiene. Esto nos va
constituyendo en una sociedad tremendamente autoritaria
y segmentada; y donde, por tanto, se considera hasta
normal el uso abusivo de la autoridad.
¿Qué plantea Amnistía Internacional al
respecto?
Buscamos hacer conciencia de que no es una
responsabilidad exclusiva de la autoridad el cambio de
las conductas sociales. Y de que la sociedad entienda de
que, por ejemplo, no sólo porque haya más policías
habrá menor delincuencia; ni menos de que establecer la
pena de muerte provocaría una disminución de los
delitos. La solución de fondo de los problemas sociales,
incluyendo la falta de seguridad, está en el énfasis
que la sociedad y el Estado coloquen en mejorar la
educación pública; y en garantizar el acceso universal
por ejemplo- a la salud, la seguridad y la justicia.
Porque cuando no hay justicia, las personas no pueden
reclamar sus derechos. Y esto les provoca exasperación,
llevándolos muchas veces a otras formas de disidencia
como la protesta violenta y la agresión a la propiedad
pública. Un cambio que ayudaría mucho al desarrollo
democrático y a la identificación de las personas con
el sistema político, sería conceder a los ciudadanos
mismos facultades para presentar proyectos de ley a la
consideración del Congreso Nacional.
¿Observa la existencia de temor y
autocensura en la sociedad chilena?
Hay una gran cantidad de temas de interés público de
los que no se habla o que son tratados de modo muy
superficial. Por ejemplo, que una joven embarazada sea
expulsada del colegio; que un policía sea retirado de
la institución por ser gay; que durante dos meses y
medio prácticamente no se haya informado de la detención
y del caso de Elena Varela; o que nadie haya publicado
las fotografías de Música Sepúlveda con las huellas
de la golpiza policial. Todo esto nos revela que hay una
tendencia a ocultar los problemas debajo de la alfombra.
Además, la sociedad civil se ve todavía adormecida,
sin conciencia de sus derechos, pese a que ya han pasado
dieciocho años del fin de la dictadura. Pareciera que
se ve absorbida por sus preocupaciones y temores del día
a día: pagar sus deudas, conservar su trabajo, afrontar
gastos de salud y educación que exceden su presupuesto,
etc.
¿Qué está enfatizando Amnistía
Internacional a nivel mundial?
En este año que se cumplen sesenta años de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, queremos
promover un debate y una toma de conciencia de lo que
significan el conjunto de los derechos humanos para
todas y cada una de las personas. Insistimos en el punto,
porque muchas veces se ve el tema solo desde una
perspectiva global y se olvida que su respeto es algo
que beneficia la vida cotidiana de todas las personas.
Además, queremos enfatizar la importancia de la
vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales. En otras palabras, la lucha contra la
pobreza, que va más allá del problema de la falta de
recursos, ya que apunta también contra la preservación
de estructuras sociales desiguales e injustas que
impiden el acceso equitativo a derechos básicos como
salud, educación, seguridad social y justicia. Amnistía
Internacional trabaja para iniciar una campaña global
sobre la dignidad humana y como esta se respeta con el
disfrute del conjunto de los derechos humanos,
incluyendo los derechos económicos, sociales y
culturales. Queremos contribuir a identificar las
fuentes y responsables de la generación o agudización
de la pobreza; el conocimiento de quienes producen y
preservan los factores que llevan a tantos seres humanos
a vivir en condiciones infrahumanas. Queremos encontrar
a los Pinochet de la pobreza; y hacer que la búsqueda
de su erradicación pase de ser una aspiración a
constituirse efectivamente en un derecho exigible.
¿Cómo modificar una mentalidad tan
arraigada hoy, que considera legítimo que el bienestar
sólo existe para quiénes puedan pagarlo?
Bueno, hace cincuenta años en muchos lugares las
mujeres no podían votar; y estoy tomando uno de los
ejemplos básicos de los derechos políticos. Derrotar
la pobreza es la nueva frontera. Creo que en los próximos
veinte o treinta años, veremos cambios sustantivos en
estos casos.
Amnistía Internacional tiene una mirada esperanzadora.
Nosotros nunca señalamos el problema sin proponer
soluciones; y estamos seguros de que la cerca se puede
correr. Evidentemente que no será fácil; que requerirá
un inmenso esfuerzo de todos: de la sociedad civil
organizada, del Estado, de ciertas corporaciones, y de
la gente común y corriente. Somos las personas las que
podemos correr la cerca y por eso hay esperanza.
Texto: Felipe
Portales y Paulina Roblero
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