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"Los hechos delictuosos cometidos por personeros del Gobierno, establecido en 1973, deben ser examinados por los Tribunales de Justicia. Se sabe que el decreto ley de amnistía tendió a impedir ésa. Sabemos que se ha progresado en ese aspecto, pero aún no es suficiente. Es lo que hoy por hoy mantiene en una pesada tensión la vida del país...Ello es tanto más evidente cuanto que los personeros principales de la Unidad Popular y también una enorme cantidad de gente fueron objeto de una persecución, verdaderamente cruel por la vía de procesos de guerra, fusilamientos, prisiones, torturas, exilios, vigilancia y aún atentados terroristas...En esta circunstancia, no vale decir olvidemos el pasado y pensemos sólo en el porvenir. La Iglesia Católica, por la vía del Papa Juan Pablo 11, acaba de recordar las violaciones a los derechos humanos en épocas pasadas. Tampoco ocurrió así durante los diez y siete años de Gobierno militar. El pasado estuvo permanentemente en el recuerdo de los gobernantes..."

MESA de DIALOGO por los DERECHOS HUMANOS
Un diálogo para la verdad y la justicia
Intervención de Jaime Castillo Velasco el 7 de septiembre de 1999

Verdad, Justicia y Paz

Creo que nuestra tarea se centra en la búsqueda de verdad, justicia y paz social.

1.- La Verdad

Cabe decir que hoy se ha establecido una buena parte de la verdad sobre lo ocurrido antes y después del 11 de septiembre de 1973.

Es innegable que hubo un duro conflicto político y social durante el Gobierno de la Unidad Popular. También lo es que, dentro del período militar se establecía un régimen autoritario que suspendía la Constitución vigente y se trazó una tarea histórica definida como recuperación de las tradiciones patrias. La razón profunda que se tuvo en vista fue que el país, bajo la Unidad Popular, se encaminaba hacia un régimen comunista soviético y que, por tanto, era imperiosa la intervención de las Fuerzas Armadas. Se produjo el golpe del 11 de septiembre de 1973 y se instaló de inmediato un orden dependiente de las Fuerzas Armadas y con imposibilidad de cualquier expresión política. Los partidos fueron suprimidos y entraron a regir, por la vía de decretos leyes, el estado de sitio y el de guerra. Se creó, también por decreto ley, la Dirección de Inteligencia Nacional, que incluía artículos secretos y concedía una amplia facultad a su Director para investigar y tomar medidas de protección al Gobierno

Anteriormente, la Corte Suprema había decidido que no tenía intervención cuando operaban el estado de sitio y el de guerra y, por tanto, el Gobierno y la DINA actuaron sin limitaciones en cuanto a la búsqueda de ciudadanos considerados como peligrosos. Se conoce suficientemente la labor drástica de los Tribunales de Guerra.

Más tarde se promulgaron decretos leyes para expulsar del país o impedir el regreso de los que se hallaban fuera. Sabemos también que, en dicho período, se cometieron atentados contra la vida de personas muy conocidas y que tales hechos no fueron sancionados dentro del país. El Gobierno se limitó a manifestar su inocencia, pero no hubo mayor preocupación. Un decreto ley de amnistía, de 1978, dejó estampada la inculpabilidad de los actores de delitos, con lo cual quedó impedida la sanción para quienes actuaban bajo las órdenes del Gobierno y cometían delitos. Se sabe que también intervinieron los organismos internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas y de América sin que el Gobierno reconociera un sistema de violación de los derechos humanos, a pesar de las condenaciones recibidas.

Hoy en día, bajo dos Gobiernos democráticos, se ha podido avanzar mucho más. El trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue reconocido por casi todos como un aporte sustancial, pero recibió la negativa de parte de las autoridades militares de la época. Ellas mantuvieron que no hubo una política de violaciones a los derechos humanos, sino una guerra del país contra movimientos políticos violentistas.

Mas, de hecho, los Tribunales de Justicia han ido poco a poco aceptando las investigaciones. Hay procesos, aquí en Chile y también en el extranjero, en que se han ventilado causas por atentados contra personalidades de la época, como Bernardo Leighton, Carlos Prats, Orlando Letelier, los profesores degollados, el sindicalista Tucapel Jiménez y otros.

Se está también discutiendo la validez jurídica decreto ley sobre amnistía. Además, un Tribunal conoce de un número importante de querellas basadas en los mismos motivos. Sin duda, se abre la puerta para que la investigación histórica y judicial sea más amplia.

2.- Aclaraciones necesarias

Conviene, ahora, señalar puntos de vista que se han hecho valer durante toda esa discusión, pero que, en mi juicio, no debieran ser atendidos.

a.- Uno de ellos es sostener que se vivió en Chile, como se dijo antes, una etapa de guerra, a partir de la caída del Gobierno Allende. El señor Pinochet, ya como gobernante o después, ha dicho en varias oportunidades, que esa guerra fue de aquellas llamadas "sucias", donde es imposible operar dentro de la ley.

Rechazamos esa interpretación.

Es verdad, como dijimos, que el Gobierno de la Unidad Popular vivió un conflicto muy grave. Por una parte, mantuvo la Constitución y las formas democráticas, pero, por la otra, permitió un ambiente incrementado por grupos que profesaban la vía violenta y que anunciaban una revolución.

Nadie, sin embargo, puede decir hoy que esa situación era imposible de solucionar por una vía política democrática. Las Fuerzas Armadas, a mi juicio, interpretaron a su favor las opiniones de un extremismo político-social y creyeron que les estaba justificado intervenir.

El concepto de guerra fue introducido por los decretos leyes dictados al asumir el Gobierno de la Junta Militar. Se declaró pues la guerra a los dirigentes, seguidores de la Unidad Popular y más tarde a otros. En un principio, ellos no supieron ni pudieron hacer otra cosa que huir para salvar la vida. Más tarde, y desde el exterior, algunos comenzaron a revivir como grupos violentistas y a ejecutar actos de terror contra el Gobierno militar. No puedo justificar esa conducta por cuanto constituye delito y perjudicó el trabajo por la democracia. Mas, llevando las cosas al extremo lógico, los grupos a los cuales se había declarado la guerra pueden también decir que sus actos son de guerra y autojustificarse de la misma manera como sus adversarios.

En todo caso, se podría incluso aceptar la opinión de algunos para los cuales la intervención militar era indispensable, dada la realidad. Pero, este hecho tenía que limitarse a salvar la Constitución, real o supuestamente infringida por el Gobierno de Allende y, por tanto, proponer una emergencia de corto plazo. Se prometió que ese era el objetivo, pero no se cumplió. Por el contrario, se trazó una nueva filosofía, dentro de una visión autoritaria, que, en la práctica, no parecía tener tiempo. La Carta de 1980, aprobada en un plebiscito discutible, auguraba una etapa permanente, ya que su parte transitoria daba muy poca cabida a fuerzas políticas externas al régimen. La victoria de éstas, en dos actos electorales, fue una sorpresa enorme para los gobernantes.

Lo importante es que de acuerdo con la legislación internacional, un Estado no puede entrar en una guerra sucia. Significaría violar los derechos de las personas. La Convención de Ginebra establece normas sobre el trato a los prisioneros. Al crear organismos secretos y poderosos, el régimen militar violó los derechos elementales de sus ciudadanos.

Lo anterior no significa desechar la observación que nos hiciera aquí el General Salgado en el sentido de que todo periodo histórico debe ser visto con relación al pasado inmediato. Ello no excusa la circunstancia de que, en el nuevo Gobierno, existan hechos nuevos de despotismo.

b.- Asimismo, nos parece inaceptable que las autoridades de ayer digan que no conocen los hechos de violación de derechos humanos. Es curioso comprobar que tal fue su actitud. El Tribunal civil, que conoció el caso de asesinato de don Orlando Letelier, envió oficios a los cuatro ex miembros de la Junta Militar para pedir su testimonio. Todos ellos declararon que nada sabían.

Más, parece imposible, por ejemplo, que el Jefe del Estado, en estrecho nexo con el Director de la DINA, no recibiese ni pidiera información sobre tales asuntos. Evidentísimamente iban a repercutir sobre su persona y su Gobierno: tanto si fuese verdad o no lo que allí había sido tramado.

El silencio oficial no es aquí válido.

c.- Por último, también carece de validez, creemos, decir que no hay actualmente información relativa a estas materias.

Los antecedentes han de estar en registros por cuanto se trata de hechos correspondientes a los órganos del Estado. La DINA o la CNI no podrían actuar si careciesen de ellos. Hemos visto como datos secretos del Gobierno de Paraguay, con anterioridad, y hoy el de Estados Unidos y de los regímenes comunistas han sido puestos a la luz. Si aquí, en Chile, no hay nada, habría una duda más sobre la forma como actuaban dichas instituciones y, por lo mismo, el Gobierno.

Es, por cierto, explicable que las autoridades de hoy desconozcan datos de carácter más o menos individual, sin perjuicio de saber también bastante al respecto, pero hay una cosa que no pueden desconocer: el sistema político-policial que condujo a cometer hechos como, por ejemplo, el de los detenidos desaparecidos.

3.- La Justicia

Hablemos ahora sobre la justicia como reivindicación ineludible de una sociedad afectada por delitos.

a.- Los hechos delictuosos cometidos por personeros del Gobierno, establecido en 1973, deben ser examinados por los Tribunales de Justicia. Se sabe que el decreto ley de amnistía tendió a impedir ésa. Sabemos que se ha progresado en ese aspecto, pero aún no es suficiente. Es lo que hoy por hoy mantiene en una pesada tensión la vida del país.

  • Ello es tanto más evidente cuanto que los personeros principales de la Unidad Popular y también una enorme cantidad de gente fueron objeto de una persecución, verdaderamente cruel por la vía de procesos de guerra, fusilamientos, prisiones, torturas, exilios, vigilancia y aún atentados terroristas. Todo eso fue un enorme castigo.

    En esta circunstancia, no vale decir olvidemos el pasado y pensemos sólo en el porvenir. La Iglesia Católica, por la vía del Papa Juan Pablo 11, acaba de recordar las violaciones a los derechos humanos en épocas pasadas. Tampoco ocurrió así durante los diez y siete años de Gobierno militar. El pasado estuvo permanentemente en el recuerdo de los gobernantes.

    Sería pues una injusticia histórica si tal fuese la decisión de hoy.

    b.- La situación de los detenidos desaparecidos conserva toda su fuerza. Es imposible dejarlos de lado y acaso es la causa precisa por la que estamos reunidos aquí. Las autoridades de esa época siempre negaron el hecho y afirmaron varias versiones para explicar a las familias.

    En un momento determinado, ante el clamor general, el Ministro del Interior de entonces, don Sergio Fernández, se vio en la necesidad de hacer una declaración pública (15 de junio de 1978).

    Allí dijo que los desaparecidos eran menos de lo que se decía; que se había sancionado los excesos posibles (¡no se supo cómo!); que podría tratarse de subversivos que cayeron en enfrentamientos; que el Gobierno había ya dado la respuesta adecuada; que no se debían revivir situaciones superadas; que el Gobierno no tenía responsabilidad en el drama y que era preciso agradecer a los hombres de armas que sacrificaron su vida por la patria.

    No mostraba el problema en forma aceptable. La prueba es que el mismo tema es hoy preocupación del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la opinión pública.

    Si bien para juzgar históricamente los hechos cabe analizar los anteriores a un conflicto como nos ha dicho aquí el General Salgado, eso no justifica la violación de los derechos de la persona humana.

    4.- La paz social.

    Empleo esta fórmula y no la de reconciliación porque esta última se dirige a la conciencia de las personas, una frente a otra. Paz social, en cambio, significa sólo respeto cívico, tranquilidad social, normalidad en suma. Todos la queremos y la necesitamos.

    Para lograrla es necesario tener en cuenta lo que antes hemos dicho. Las circunstancias señaladas no admiten, creemos, refutaciones. Hemos de partir de esas realidades, sin perjuicio de añadir lo que pueda precisarlas o atenuarlas. Entiendo que exige un esfuerzo y pienso que eso es lo que esta planteado en esta Mesa.

    No parece posible que se llegue a una solución satisfactoria para el país si no existe la voluntad de reconocer acontecimientos que no se pueden ya poner en duda. Las circunstancias que rodearon la situación pueden permitir explicaciones y hasta atenuaciones. Pero, el reconocimiento de lo sucedido, su gravedad, sus consecuencias deben ser mirados con absoluta sinceridad. Seria ésta la mejor demostración de que en verdad se quiere superar la tragedia del pasado. Hay gente muy realmente dolida y agraviada. No se puede negarla ni interpretarla sobre su actitud de hoy. Es un sufrimiento que se arrastra ya por muchos años. Nuestro papel ha de ser preparar el escenario de una paz social futura.

    A veces se oye decir que muchos miembros de las Fuerzas Armadas son sometidos a trámites procesales vejatorios. Mas, es obvio que las notificaciones de los jueces son sólo indagatorias. Tienen la obligación de hacerlo más allá de las inculpaciones. Todo depende pues de la relación que pueda haber con el caso que investiga.

    En ese sentido, cabe agregar que muchas personas de alta situación dentro del país fueron también sometidas a malos tratos, detenciones., procesos judiciales, etc.

    Podían alegar que no merecían eso. Pero fue una realidad.

    Pido pues de las Fuerzas Armadas y de sus personeros aquí que entiendan el fondo mismo de la cuestión.

    El solo hecho de que este encuentro haya despertado dudas indica que debemos llegar hasta una verdadera solución. No puede venir sino de una comprensión cabal de los hechos conocidos.

    He dicho que acaso haya varias circunstancias que ya no puedan ser revisadas. Pero los casos concretos ya demostrados tienen que ser puestos a la luz. Además, por ejemplo, el reconocimiento de un sistema de acción represiva, como por ejemplo el de los detenidos desaparecidos, no podrá sino quedar claramente establecido.

    Y, por supuesto, quienes estamos tomando aquí una actitud que pudiera llamarse acusadora, hemos de estar dispuestos a reconocer nuestros errores si se nos demuestra que faltamos a la verdad o que nos equivocamos.

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    Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos
    Agosto-Septiembre 1999, Santiago de Chile
    ------
    Los acusadores
    :
    Roberto Garreton - José Zalaquett - Claudio Teitelboim - Elizabeth Lira - Héctor Salazar Ardiles - Jaime Castillo Velasco - Jorge Carvajal Muñoz - León Cohen D - Pamela Pereira
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    Los acusados:
    José Reinaldo Ríos Cataldo - José Ignacio Concha Besa - Alex Waghorn - Juan Carlos Salgado
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    Los otros:
    Gonzalo Vial - Sergio Valech - Sol Serrano - Neftalí Aravena - Guillermo Blanco - Edmundo Pérez Yoma (1) - Edmundo Pérez Yoma (2) - Eduardo Frei Ruiz-Tagle
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    Acuerdo de la Mesa de Diálogo
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    (Dr. Róbinson Rojas, 1ro. de mayo, 2003)
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