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De Politica Cono Sur - 21 abril 2007
CARTA ABIERTA
FALSIFICADORES Y ENCUBRIDORES
El artículo "Falsificador de la Historia" , que aparece en el número de la revista Punto
Final que salió a la venta el 21 de abril, denuncia la
falsificación del Informe de la
Comisión Rettig, la manipulación de su Archivo y
el encubrimiento de los hechos hasta el
día de hoy. Se basa en los testimonios de personas
directamente involucradas y en el
análisis de material procedente del Archivo Rettig.
Se ha
ocultado, ante la Justicia y la ciudadanía de Chile, la
matanza clandestina por
la Armada en la V Región de un gran número de víctimas.
El artículo identifica el
Comisionado responsable de la falsificación, Gonzalo Vial
Correa, y las personas e
instituciones encubridoras. Revela la ubicación de uno de los
sitios en que se encuentran
los muertos y las declaraciones de un testigo que participó
en su sepultura.
Los
antecedentes deben ser investigados por las autoridades políticas
competentes y los crímenes castigados por la Justicia . Entre
las medidas requeridas:
- El gobierno de
Chile, como participante en el programa Memoria del Mundo, debe
informar a la UNESCO que fue falsificada una parte del Informe Rettig y
manipulado el
Archivo de la Comisión Rettig
- En lo referente
a las falsificaciones y manipulaciones ya detectadas
o debe publicarse tanto
el informe original sobre la V Región, tal como fue redactado
por el equipo jurídico de la Comisión Rettig, como
el documento entregado a dicha
Comisión en 1990 por la Comisión Chilena de
Derechos Humanos titulado "Derechos
Humanos. Breve Balance de 16 Años, V Región"
o debe crearse un equipo jurídico
independiente que revise los antecedentes de
hechos delictivos entregados a la Comisión Rettig,
denunciándolos en su caso a la
Justicia, en cumplimiento de la obligación que tenía
la Comisión a ese respecto
- Con el fin de
detectar cualquier falsificación o manipulación
adicional, debe
crearse un equipo de expertos independientes para evaluar la veracidad
de todo el
material que hubiera sido redactado por el Comisionado Gonzalo Vial
Correa
- Deben ser
excavados los sitios de entierro clandestino ya ubicados y los que
podrán ubicarse en el futuro, con el fin de encontrar
los restos de detenidos
desaparecidos, someterlos a los peritajes correspondientes
y darlos una sepultura digna
- El futuro
Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el ejercicio de su autonomía,
debe proveer a los jueces la totalidad de información
de relevancia a los casos que
instruyen, creando un equipo de documentalistas profesionales que estaría
disponible
para rastrear los Archivos que custodia; debe permitir a los
familiares y a sus abogados
acceso directo a dicha información
- El Congreso debe
investigar las circunstancias en que el Comisionado Gonzalo Vial
fuera nombrado posteriormente Abogado Consejero del Consejo de Defensa
del Estado y
determinar si su presencia en el mismo, junto con un Procurador Fiscal
imputado en varios
casos podría haber influido en las tan
controvertidas políticas de ese órgano del
Estado
en materia de derechos humanos
Fred Bennetts
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LA FALSIFICACION DE LA HISTORIA
por Fred Bennetts*
1. LOS ENCUBRIMIENTOS
2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME RETTIG
3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA
1. LOS ENCUBRIMIENTOS
El Estado de Chile, al participar en el programa Memoria del Mundo de la
UNESCO, se
comprometió a "preservar y difundir documentos que
ayudarán a Chile y a otros países
entender y superar un pasado marcado por la violación sistemática
de los derechos
humanos." No está cumpliendo sus obligaciones a la
comunidad internacional ni tampoco
a sus propios ciudadanos. Sucesivos gobiernos de la democracia chilena
han permitido
que un proceso de encubrimiento que se inició con la Comisión
Rettig continúe hasta el
día de hoy.
Se ha destapado recientemente un caso paradigmático de este
proceso. Centrado en la V
Región, sus implicaciones son de envergadura nacional,
abarcando:
:
- La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
A pesar de su importancia
histórica, la Comisión ha sido una fuente de datos
envenenada. Uno de sus Comisionados
la utilizó para manipular informes, hacer desaparecer
testimonios, ocultar crímenes que
debían haberse denunciado a la Justicia y reducir a la mitad
el numero de victimas
estimado por el equipo de abogados de la Comisión .
- La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). Un
informe de la Comisión del
año 1986 hizo un balance de los detenidos desaparecidos en la
V Región, identificándolos
todos, a base de entrevistas con sus familiares. Una copia fue entregada
a la Comisión
Rettig en 1990 y poco después las demás copias
fueron robadas. El Informe Rettig
identificó 29 detenidos desaparecidos en la V Región.
El Informe de la CCHDH, al cual el
Informe Rettig no hizo referencia, los había
cifrado en 89.
- Las primeras pruebas tangibles de lo que se trató de
ocultar: el hallazgo en los
últimos meses de los cuerpos de personas asesinadas y
enterradas clandestinamente por
la Armada que nunca habían sido "contabilizados"
oficialmente.
En cuanto a la Comisión Rettig, no se les puede culpar a sus
miembros el hecho de que no
identificasen públicamente los responsables de los crímenes
investigados: no tenían
autorización para ello. Sin embargo, sí tenían
la obligación de denunciar a la Justicia a
todos esos responsables y eso tampoco lo hicieron. Permitieron, además,
que un
Comisionado suyo actuara de forma desleal en connivencia con el entonces
Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch.
El protagonista principal del encubrimiento ha sido Gonzalo Vial Correa,
Comisionado de
la Comisión Rettig, y la prueba directa de su culpabilidad
acaba de conocerse. Se ha
encontrado dentro del Archivo Rettig el informe preparado por Pedro
Aylwin Chiorrini, el
abogado responsable del equipo investigador de la V Región,
que fue sujeto a extensas
manipulaciones antes de ser publicado en el Informe Rettig.. Las
anotaciones al informe
original, escritas a mano, fueron de la autoría del
Comisionado Vial.
En una entrevista antes de que fuera encontrado su informe en los
Archivos Rettig, el
abogado Aylwin dijo que se había sentido "deslegitimado"
por el Comisionado que revisó
su texto. No quiso identificarlo, alegando razones de ética
profesional.
El Informe Rettig en su parte introductoria trató con
deferencia a la Armada alegando que
habían respondido a todas las solicitudes de la Comisión
y que habían enviado material
"de gran utilidad". Para no poner en duda esta afirmación
había sido necesario suprimir
una parte del texto del abogado Aylwin que indicaba justo lo contrario.
Aún más grave, se
hizo desaparecer el Acta de una entrevista en que un alto mando, Capitán
de Navio Carlos
Fanta, denunció actos que comprometían a la Armada.
Los antecedentes expuestos en otra
Acta, inculpatoria del Almirante (R) Guillermo Aldoney, no fueron
denunciados por la
Comisión y hasta el día de hoy no han sido
transmitidos a la Justicia.
Gonzalo Vial es abogado, historiador y periodista. Fue uno de los
redactores del Libro
Blanco del régimen militar que adujo entre las
justificaciones del golpe la existencia del
legendario Plan Z; se basaba en documentación espuria facilitada por la Armada. Más
tarde Vial fue designado Ministro de Educación dentro del
gobierno militar. Su
nombramiento por el Presidente Aylwin a la Comisión Rettig se
debió a motivos puramente
políticos, para complacer al Comandante en Jefe Pinochet,
quien años más tarde, haciendo
referencia a los miembros de la Comisión, diría
"el único que se salvaba era Gonzalo Vial
que había sido Ministro mío".
Con tales antecedentes resulta particularmente difícil
entender como Gonzalo Vial pudo
ser nombrado en 1999 a la Mesa del Diálogo, a no ser que la
invitación fuera atribuible al
papel destacado de la Armada en promover esa iniciativa. Esa persona que
había ocultado
información referente a los detenidos desaparecidos dentro de
la Comisión Rettig, no tuvo
reparos en aseverar que el tema primordial de la Mesa del Dialogo debía
ser:
"...ubicar y entregar a las familias los restos mortales del mayor
número de detenidos
desaparecidos que sea posible........... Y respecto de los que no sea
posible, establecer y
proporcionar a las familias la fecha, el lugar y las circunstancias en
que murieron."
Aún más incongrua fue la designación de
Gonzalo Vial por el Presidente de la República al
Consejo de Defensa del Estado. Esa entidad tiene la misión de
contribuir "a la mantención
del Estado de Derecho" y "defender, representar y asesorar jurídicamente
al Estado de
Chile". Como Abogado Consejero fue inamovible en el cargo hasta
cumplir los 75 años en
2005.
Hoy en día el Sr. Vial es Profesor de Historia de Chile en la
Universidad Finis Terrae,
vinculado con el fundamentalismo católico de los Legionarios
de Cristo Rey. Además,
entre otras actividades, es columnista de "La Segunda". Ese
diario hace pocos meses
publicó un extenso artículo sobre el
funcionamiento interno de la Comisión Rettig en que
se indicó que la redacción final de la mayoría
de los textos que componían el Informe
Rettig eran de la autoría de dos personas, uno de ellos
Gonzalo Vial.
Dentro del Ministerio del Interior es la División Jurídica
que guarda celosamente el Archivo
Rettig, sólo proporcionando a sus colegas del Programa de
Derechos Humanos (PDH) una
documentación selectiva. En consecuencia el PDH ni siquiera
ha podido cumplir con su
obligación legal de proveer, a petición de los
jueces instructores, toda la documentación
relevante sobre los casos de violaciones de derechos humanos.
Las denuncias a este respecto ante sucesivos Subsecretarios de Interior
no han tenido
efecto. Sin embargo, las mismas denuncias, presentadas ante la
Conservadora del Archivo
Nacional, que custodia otra copia del Archivo Rettig, recibieron
una contestación valiente.
En una carta fechada 5 de noviembre de 2005 a los familiares del Padre
Miguel Woodward,
lamentó lo ocurrido y dijo:
"En lo que respecta a nuestra institución, nosotros
colocaremos al pie de página de los
inventarios remitidos por la Corporación (Justicia y
Democracia), la advertencia que haga
referencia a la carta que usted ha hecho llegar al Archivo Nacional."
2. LOS TEXTOS MANIPULADOS DEL INFORME RETTIG
Señalamos abajo únicamente esos cambios al informe
del abogado Aylwin que fueron
realizados por Gonzalo Vial. Otros cambios, realizados por uno de los ex
abogados de la
Comisión, sólo tenían el fin de
pulir el texto y asegurar su consistencia con el resto del
Informe.
Los cambios señalados no se pueden explicar ni por esos
motivos ni por una eventual falta
de antecedentes. Eran, como queda evidente abajo, burdas
manipulaciones que fueron
realizadas a un texto que exponía datos comprobados por el
equipo profesional. Su fin
sólo podría haber sido ocultar y minimizar el
papel de la Armada de Chile en los
asesinatos y torturas que tuvieron lugar en esa zona.
Las falsificaciones empiezan, de una forma llamativa, en el primer párrafo
del texto.
Refiriéndose a la V Región, el abogado Aylwin había
escrito:
"....se estudiaron 80 casos de graves violaciones a los derechos
humanos con resultado de
muerte o desaparición de detenidos, que comprometen la
responsabilidad del Estado, por
la actuación de sus agentes"
En el informe definitivo, sin embargo, el texto dice lo siguiente:
"....la Comisión conoció 41 casos de graves
violaciones a los derechos humanos con
resultado de muerte o desaparición de detenidos, que
comprometen la responsabilidad
del Estado, por la actuación de sus agentes."
Más adelante se encuentra un rotundo "NO" escrito a
mano al lado de la siguiente frase del
abogado Aylwin: "....contrario a lo sostenido por ciertas
autoridades navales entrevistadas,
el buque escuela Esmeralda también sirvió como
lugar de detención". La frase no apareció
en la versión definitiva del Informe. Evidentemente, la
persona responsable de ese cambio,
aunque sabiendo que en otra parte del Informe se admitía que
se torturó en la Esmeralda,
no quiso que se pusiera en cuestión la colaboración
recibida de la Armada.
En referencia a Tejas Verdes, el abogado Aylwin escribió:
"En este campo...se vivió
por parte de los detenidos la aplicación de un verdadero
estado de Guerra". Este
comentario hizo que el Comisionado que revisó su texto
cuestionara ese "calificativo". El
informe final no incluyó esa frase tan
significativa en el contexto de la aplicación de la
Convención de Ginebra. Tampoco incluyó un extenso
párrafo que el abogado Aylwin había
redactado sobre la aplicación de la Ley de Fuga. Éste
terminaba con la frase "Se conocieron
en la Región 40 casos de muerte que se pueden incluir en esta
categoría."
El caso del padre Miguel Woodward fue tratado por el abogado Aylwin en
el último párrafo
de su texto de la siguiente forma:
"......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio",
producto del lamentable estado
físico en que se encontraba. Son circunstancias de convicción
de lo anterior las siguientes:
la autoridad naval reconoció su detención; se
acredito el hecho de haber sido torturado;
fallece en el Hospital Naval, habiendo llegado desde el Molo de Abrigo,
lugar donde tuvo
que dársele atención médica por parte
de un médico de la Armada; la causa de la muerte
es "paro cardio-respiratorio" producto del lamentable estado físico
en que se encontraba."
En el Informe Rettig definitivo, sin embargo, se lee:
"......falleció a causa de un "paro cardio-respiratorio",
producto del lamentable estado
físico en que se encontraba. Los antecedentes expuestos
permiten a esta Comisión
formarse la convicción que Michael Woodward murió
víctima de la acción de agentes del
Estado que lo torturaron en su lugar de detención".
El hecho de que fuera eliminado la frase que empieza con "....la
Autoridad naval
reconoció..." adquiere un significado especial al
conocerse las peripecias (referidas arriba)
por lo que pasaron las dos actas de entrevista en que se basaba. Esas
actas, hasta el día
de hoy, no han sido entregadas en su forma original a la Justicia.
El resto del material que se ha encontrado en el Archivo Nacional
consiste de
información entregada a la Comisión Rettig por la
Vicaria de Solidaridad actuando como
coordinadora de varias organizaciones de derechos humanos en 8
ciudades de la Región.
Incluye datos precisos sobre las personas responsables de la muerte o
desaparición de
víctimas.
Tras resumir los delitos denunciados, los informes añaden, en
la mayoría de los casos, "se
sugiere a la Comisión lo siguiente" seguido por varias
peticiones que debían ser dirigidas
a las autoridades militares. Extrañamente, sin embargo, y a
pesar de que la Vicaría y el
Equipo de Atención Jurídica del Arzobispado de
Santiago ofrece a la Comisión "los
documentos jurídicos que los fundamentan", ninguna de
las denuncias dio como
resultado final que el caso fuese denunciado a la Justicia.
Con el paso de los años se ha ido extendiendo la evidencia
del grave daño que ha sido
causado por los encubrimientos iniciales. Se supo en 2006, por medio de
Luis Bork, el
antiguo Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
(CCHDH) en Valparaíso,
que en el año 1986 ese organismo elaboró un
balance de detenidos desparecidos en
colaboración con los familiares de las víctimas.
Fueron identificados nada menos que 89
personas..
Una copia de ese informe fue entregada a la Comisión Rettig
en 1990 y, poco después,
todas las restantes copias fueron robadas al ser saqueada la oficina de
la CCHDH en
Valparaíso. También fueron robados en esa ocasión
la totalidad de los archivos de la
CCHDH incluido expedientes de casos que habían pasado por la
Fiscalía Naval y los
Juzgados Navales. En ese entonces se sospechaba que los responsables
estaban
vinculados a la propia CCHDH. Hoy en día, conociendo la
presencia en la Comisión Rettig
del Comisionado que traicionó su juramento, hay que
formularse otra hipótesis.
3. LOS CRÍMENES INSTITUCIONALES DE LA ARMADA.
Los datos "oficiales" de las víctimas en la V Región,
los que fueron reconocidos por el
Estado, provienen del Informe Rettig y del trabajo de la Corporación
Nacional de
Reparación y Reconciliación. Dan como detenidos
desaparecidos a 36 personas.
En los últimos tiempos, sin embargo, se ha comprobado que la
cifra real de
detenidos desaparecidos es muchísimo más elevada.
Así se desprende de otros informes
que han sido deliberadamente ocultados, el reciente hallazgo de cuerpos
de personas que
fueron asesinadas y no "contabilizadas", las
declaraciones de testigos que asistieron a los
entierros de otros cuerpos y la propia documentación de la
Armada,
En cuanto a este último punto, la Armada, aunque reconociendo
en privado que existía
documentación comprometedora, alega que todo fue destruido
"en la época del Almirante
Merino". Sin embargo, les ha traicionado su propia rigurosidad:
existen pruebas
fehacientes de sus crímenes en sus propios registros,
mantenidos meticulosamente por
los guardias de instalaciones navales y otros funcionarios sujetos a
disciplina militar.
Los cuerpos de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos
asesinados
clandestinamente por la Armada pasaron por varios caudales. En
cada caso, como se
demuestra abajo, las acciones criminales eran sistemáticas y
la responsabilidad
institucional de la Armada era clara. Los altos mandos necesariamente
estaban
involucrados en planificar y coordinar la represión dentro de
la Armada y, evidentemente,
en desarrollar la colaboración con la DINA, que dio sus resultados en la Operación
Colombo y Operación Kiwi y en el Sumario A-637 de la Justicia
Naval.
En cuanto a los que murieron en el Hospital Naval tras ser
detenidos, estaban
registrados en el libro de guardia del Hospital y, por lo tanto, la
Armada tuvo que recurrir
a la falsificación de certificados de muerte y de
inscripciones en el Registro Civil. Luego
procedieron a la inhumación ilegal de los cuerpos.
Sin embargo, en el caso de la mayoría de los detenidos
desaparecidos que fueron
asesinados, la ocultación de cuerpos resultó
más facil. Muchos fueron enterrados
clandestinamente en el Cementerio de Playa Ancha, que había
sido ocupado por la Armada
el mismo día del golpe. Tres testigos independientes han
dejado constancia en los últimos
años que vieron en aquellos días a
marinos descargando cuerpos desde vehículos
navales y enterrándolos en el Cementerio.
El más reciente de estos testigos, un antiguo sepulturero del
cementerio, dio testimonio
judicial en enero de 2007 que en dos ocasiones había sido
obligado a acompañar a varios
marinos que descargaron unos cuerpos en el Cuartel 14 del Cementerio.
Con los marinos
apuntándoles con sus armas, el testigo y otros trabajadores
enterraron seis personas en
dos sepulturas, tres en cada una. En el caso de algunos, estaba claro
que habían muerto
por impacto de bala en el pecho. Uno de ellos aún sangraba.
No se ha llevado a cabo ningún intento de exhumación
de esos cuerpos. Ocurre, sin
embargo, que en enero y febrero de 2006, a unos 20 metros de distancia
del sitio
señalado por el testigo, aparecieron durante unas
excavaciones las osamentas de unos 15
cuerpos sin identificar, encontrándose una vainilla a su
lado.
La policía determinó que la vainilla era de
un calibre utilizado por las fuerzas armadas
pero, por un descuido, cuando los restos fueron enviados al Servicio Médico
Legal para su
peritaje, ni la vainilla ni el informe balístico fueron
entregados a los forenses. Además, no
habían sido informados de la declaración del
nuevo testigo sobre los entierros en una
zona lindante ni se les había facilitado una declaración
formal por parte del Administrador
del Cementerio sobre el área del hallazgo. En esas
circunstancias, y citando falta de
antecedentes, los forenses no quisieron opinar sobre la data de las
muertes y dejaron
inconclusas las demás cuestiones planteadas.
En todo caso, no podrían completarse el cotejo de identidades
hasta saber el numero real
de detenidos desaparecidos de la V Región y quienes eran. Sería
un paso previo necesario
para ampliar el existente banco de muestras de ADN, lo que permitiría
un peritaje
forénsico adecuado.
En resumen, no sólo se ha permitido que sigue teniendo un
efecto nocivo la falsificación
de la historia si no que, a cambio de ventajas políticas a
corto plazo, se ha permitido que
el falsificador penetre al corazón de las instituciones
democráticas.
* Fred Bennetts es Licenciado en Historia por la Universidad de Oxford.
Ha trabajado como
consultor para la ONU y los gobiernos de Reino Unido, España,
y Portugal. Su esposa,
Patricia, es hermana del Padre Miguel Woodward y colabora con Amnesty
International.
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