Las aristas que investiga el juez
La investigación del ministro Muñoz gira en torno a tres ejes centrales:
Evasión tributaria: es el delito más prefigurado y, según fuentes vinculadas
a la causa, con los antecedentes que obran en su poder el ministro Muñoz ya estaría en
condiciones de solicitar el desafuero del militar en retiro y, posteriormente, procesarlo.
Esto porque en la última ampliación de querella realizada por Impuestos Internos se le
entregó al magistrado un análisis detallado de todos los movimientos realizados por él
y Aitken en las cuentas del Riggs.
Malversación de caudales públicos: en este delito se incluye la exacción
ilegal y el fraude al Fisco, delitos por los cuales se querellaron los abogados Carmen
Hertz y Alfonso Insunza. En esta arista ha sido mencionada la posibilidad de que el ex
gobernante hiciera uso de los gastos reservados mientras se desempeñó como comandante en
jefe del Ejército y Presidente de la República, cuestión difícil de probar, ya que
dichos recursos no tenían que ser declarados.
Lavado de dinero: es el delito más delicado y, según fuentes de la defensa, el
más difícil de comprobar. En esta arista están trabajando, además de Muñoz, el CDE y
la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda. Para esta última es
clave la eliminación del secreto bancario, cuya constitucionalidad está hoy en plena
discusión. |
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Un apresurado Fernando Barros -abogado y asesor de la familia del general (R) Augusto
Pinochet desde que éste estuvo detenido en Londres en 1998- subió las escaleras del
antiguo edificio de Teatinos 120 el jueves último para dirigirse a las oficinas del
Servicio de Impuestos Internos (SII). Tras reunirse con el director regional del
organismo, el jurista abandonó rápidamente las dependencias del órgano fiscalizador y
se dirigió a su oficina, donde inició una serie de llamados.
No era la primera vez que el profesional pisaba las oficinas del organismo recaudador
en el último tiempo. Ni será la última.
Barros es el hombre elegido por la defensa -que encabeza el abogado Pablo Rodríguez
Grez- para acercarse a Impuestos Internos e intentar una jugada que algunas fuentes
ligadas al general (R) han calificado de astuta.
El objetivo de Barros es negociar con el SII y ofrecer el millonario pago de los
tributos involucrados en la querella criminal que dicho organismo presentó el 30 de
septiembre contra Pinochet y su albacea Oscar Aitken, por $ 2.300 millones (unos US$ 4
millones), acción judicial que hoy constituye una de las principales aristas de la causa
que instruye el juez Sergio Muñoz desde que estalló el escándalo por las platas del
banco Riggs.
Las tratativas, que se han realizado con el más completo sigilo, apuntan a que el
general (R) efectúe una rectificación de las declaraciones de impuestos efectuadas por
él entre 1998 y 2003 -que son las que cuestiona la querella- y asuma la cancelación de
las cuantiosas multas involucradas, más los intereses del caso. En total, casi US $ 5
millones.
De esta forma, sostienen cercanos a la defensa, Pinochet se anotaría un importante
punto a la hora de definir las penas en su contra y, de paso, le restaría peso al libelo
de la entidad fiscalizadora. "El SII cursó una querella por evasión tributaria y
como cualquier persona en Chile a la que se le imputa una omisión de este tipo, él puede
hacer una rectificación cuando lo estime conveniente", señaló un miembro de la
familia Pinochet, quien confirmó los acercamientos con SII.
Por la otra parte, fuentes de ese organismo indicaron que "todo ciudadano puede
solicitar una rectificación en sus declaraciones de impuestos", y en cuanto al caso
específico de Pinochet, confirmaron que una acción de este tipo podría servir de
atenuante en la causa que sustancia el ministro Muñoz, ya que sería interpretada como un
"gesto de buena voluntad" al poner fin al perjuicio fiscal. Eso sí, aclararon,
de ningún modo ello permite detener la querella que busca esclarecer la comisión del
delito de "declaración (de impuestos) intencionalmente maliciosa".
"Una acción de esta naturaleza podría, eventualmente, reducir las penas en
relación al delito de evasión, y eso es resorte de Muñoz", explica una fuente
relacionada con el caso.
Todos contra el juez
De lograr su objetivo, la defensa del ex senador vitalicio podría anotarse un
importante triunfo, ya que le restaría fuerza a una de las principales líneas
investigativas de Muñoz -evasión tributaria-, lo que lo forzaría a centrarse en otras
vetas como la malversación de fondos públicos, el fraude al Fisco y el lavado de dinero
(ligadas a los posibles orígenes de los dineros), más difíciles de configurar (ver
recuadro).
Esta nueva arremetida se suma a la solicitud de Rodríguez de que Muñoz se inhabilite
en la causa -cuyo veredicto está pendiente en la Corte de Apelaciones- argumentando que
él ya emitió opinión sobre la salud del general (R) en el fallo del caso Prats, donde
el ministro estuvo por desaforar. A raíz de esta petición, Muñoz dejó el caso y está
siendo reemplazado por la ministra Dobra Lusic.
Fuentes ligadas al caso señalan que para los abogados que defienden al retirado
general la presencia del juez del caso Tucapel Jiménez ha sido un permanente motivo de
inquietud, de ahí la necesidad de diseñar todo tipo de estrategias para neutralizar su
investigación. Un modus operandi que Rodríguez ya ha utilizado con el juez Juan
Guzmán, a quien trató de sacar hace semanas acusando que tenía animadversión hacia su
cliente.
La última batalla entonces será el acuerdo con Impuestos Internos, la cual surgió
cuando comenzó a trascender que Muñoz estaba en condiciones de solicitar el desafuero
del ex senador e, incluso, procesarlo por el delito de evasión tributaria a finales del
2004.
Es más. En diciembre pasado la defensa había solicitado a Muñoz desembargar los
bienes del general, petición que fue denegada y que ahora debe ver la Corte de
Apelaciones. Por lo mismo, en tribunales no descartan que este nuevo camino también
termine en las cortes superiores, pues si Muñoz se niega, la defensa puede apelar hasta
la Suprema, instancia donde el resultado les puede ser favorable.
Blindaje familiar
La nueva estrategia contrasta con la actitud que en un principio mostró la defensa, la
cual siempre afirmó que Pinochet no le debía nada al Fisco. De hecho, hasta las últimas
dos semanas ninguno de los profesionales involucrados en la defensa había asistido a la
serie de citaciones que el SII venía cursando a Pinochet desde agosto del año pasado.
Como explicación para este vuelco, en el entorno del ex mandatario señalan el efecto
demoledor que el caso ha tenido en la familia y la alternativa siempre latente de que la
querella involucrara a hijos o nietos. "Está la posibilidad de que el SII amplíe la
querella y ya se han visto los efectos financieros, con el cierre de cuentas efectuado en
diciembre", explica uno de los Pinochet-Hiriart.
Por esto, el pago de multas a SII pretende "cerrar" el tema tributario y
evitar cualquier acción posterior hacia la familia.
Los montos en juego
El libelo de Impuestos Internos exige el pago de los tributos que el ex gobernante
dejó de cancelar mientras mantuvo una serie de cuentas en el banco Riggs de Estados
Unidos, que en su momento alcanzaron US$ 8 millones, los cuales nunca fueron incluidos por
el militar en retiro en sus declaraciones anuales de ingresos y renta.
El saldo de dichos fondos, US $ 6,5 millones se encuentra hoy en Chile en manos de los
tribunales, tras una orden decretada por Muñoz que los trajo al país desde un
fideicomiso en el que se encontraban en la sucursal de Nueva York del Banco de Chile. En
caso de concretarse el pago, a los US$ 4 millones que exige el SII se sumarían los
intereses -lo que eleva la cifra final a $ 2.500 millones (unos US$ 4,3 millones).
Además, las multas pueden ir "entre un 50% y un 300% del valor eludido", según
estipula el Código Tributario.
Pero no todo está dicho en el nuevo esquema que prepara la defensa. Hay una serie de
obstáculos que este diseño debe salvar. El primero y más importante es lograr que
Muñoz desembargue los US$ 6,5 millones que fueron traídos a Chile y que hoy están bajo
una medida precautoria. Los cálculos del entorno más estrecho del ex senador vitalicio
estiman que las platas en manos de Muñoz "alcanzan y sobran" para pagar lo
adeudado más intereses y multas. Otros son más cautos y agregan que "sabemos que
las multas van a ser muy altas y quizá haya que reunir más dinero". Cifras más o
cifras menos, todos coinciden en que el monto total a pagar debiera rondar los US$ 5
millones.
Frente a frente
Desde el punto de vista legal, aclaran las fuentes, una rectificación de impuestos es
una acción de tipo civil, por lo que la querella presentada en septiembre no se
extinguiría tras el pago al SII. Muñoz entregará su veredicto sobre la comisión del
delito de evasión pase lo que pase, escenario tras el cual la existencia de atenuantes
será clave a la hora de enfrentar una sentencia.
Además, fuentes del tribunal aseguran que las diligencias de Muñoz "están
centradas en múltiples frentes, todos los cuales se están investigando".
Pero eso no es todo. Si el juez acepta liberar lo dineros, Pinochet "tendría que
pagar impuestos también por dichos fondos, porque se trataría de nuevos ingresos",
dice una alta fuente del caso.
Sobre esta decisión, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el
caso, afirman que la posibilidad de que el juez acepte la petición es poco probable. Las
razones: "Muñoz ni ningún juez podría aceptar un acuerdo de esa naturaleza, pues
él no participa de la negociación, no le reporta nada a su investigación y pierde el
control del dinero que tiene bajo recaudo", afirma un abogado de esa repartición.
La misma fuente agrega que el magistrado, en la actual fase de su indagación, no puede
tomar una decisión de esa naturaleza, ya que, primero, debe investigar el origen del
dinero para determinar si proviene de la comisión de algún delito. "Mientras no
esclarezca eso no puede liberar los fondos de Pinochet", asegura.
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