Como nunca, las piezas del complicado esquema de operaciones del general (r) Augusto Pinochet -para esconder y hacer crecer una secreta fortuna en cuentas en Estados Unidos y empresas creadas en paraísos fiscales del Caribe- comienzan a calzar perfectamente. El ministro de fuero, Sergio Muñoz, acreditó que el ex dictador cometió delitos tributarios.

Así se desprende de una resolución dictada por el magistrado en los últimos días, donde niega lugar al levantamiento del embargo solicitado por el abogado del ex comandante en jefe, Pablo Rodríguez Grez.

La conclusión del juez complica en extremo la situación judicial de Pinochet, justo en momentos en que Muñoz se apresta a resolver si da curso a la petición de desafuero que presentaron los abogados querellantes durante la semana.

Todo esto, mientras se desataba la algarabía entre los familiares de las víctimas de la Operación Cóndor y los organismos de derechos humanos. El ministro Juan Guzmán procesó a Pinochet como autor de ocho secuestros y un homicidio.

LA RESOLUCIÓN

No había peor escenario entonces. Todo esto, porque LND supo que el ministro Muñoz respondió a Rodríguez Grez en una extensa resolución, donde manifiesta en detalle el resultado de las pesquisas que ha realizado en los casi cuatro meses de investigación y donde no ha quedado archivador ni registro que el juez no haya ordenado revisar.

En el documento, el magistrado menciona que existen antecedentes más que suficientes para estimar que en la obtención de los más de 6 millones de dólares que mantenía en las cuentas secretas del Riggs Bank, de Washington, y los bienes que se adquirieron durante los últimos 20 años, tanto Augusto Pinochet como su albacea, Oscar Aitken Lavanchy, habrían cometido un total de tres delitos tributarios: negociación incompatible (cuando un funcionario público realiza negocios personales o familiares vinculados a su repartición estatal), malversación de caudales públicos (traspasos de fondos de presupuestos fiscales con otros objetivos) y fraude tributario (cuando dolosamente se evade pagar impuestos).

Hay que recordar que Aitken -encargado de su fortuna en el exterior y de administrar sus bienes- es investigado por el rol que tuvo en la creación de las empresas de papel, como Bel- view International, en las Islas Vírgenes. Pero también se investiga, si fue su iniciativa el ocultamiento de los dineros de Pinochet, cuando el juez español Baltasar Garzón, buscaba embargar los bienes que mantenía fuera de Chile.

De esta forma, indican las fuentes, habrían “presunciones suficientes como para que el juez dé curso a la petición de desafuero”. Aunque su investigación lo respalda, Muñoz esperaría algo más.

Los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, los primeros en presentar una querella contra Pinochet, por los posibles ilícitos cometidos por el otrora dictador para conseguir su fortuna, ya pidieron el desafuero de Pinochet. Pero fue el Servicio de Impuestos Internos, el organismo que interpuso una segunda querella por al eventual comisión de delitos tributarios por un monto calculado de 2 mil 500 millones de pesos.

EL PASE

Pero precisamente, es el SII quien tiene una participación importante en la decisión que tome el ministro Sergio Muñoz, antes de resolver si eleva los antecedentes al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para que se resuelva un eventual desafuero.

Sería muy importante -indican las fuentes- para el juez Muñoz que el organismo fiscal decida adherirse a la petición de desafuero, tomando en consideración que el SII tiene conocimiento del sumario y está al tanto de la situación.

Sin embargo, la misma resolución –donde Muñoz responde al defensor de Pinochet y da a conocer las sospechas sobre los tres delitos- deja abierta una segunda lectura.

Según las fuentes, el juez Muñoz tiene sospechas, además de Pinochet y Aitken, de delitos cometidos por la esposa del ex senador vitalicio, Lucía Hiriart, en los traspasos de fondos que realizó a sus cuentas. Por ello, uno de los aspectos que el organismo analiza, es la presentación de un escrito que solicite al juez Muñoz la ampliación de la querella original, esta vez dirigida a la mujer de Pinochet. Esto, porque originalmente, el SII dirigió su libelo acusatorio al ex dictador, su albacea y todos quienes resulten responsables.

SERVICIO SECRETO

Con los delitos acreditados no se acaba la historia; se mantiene abierta otra arista del proceso que instruye el juez Muñoz, cual es determinar el origen de la fortuna de Pinochet y su familia.

En este sentido, el ministro decidió investigar al Servicio Secreto Exterior del Ejército (SSE) y los dineros utilizados desde 1985. Según las fuentes consultadas, el magistrado tiene indicios de que algunos de los dineros dispuestos en cuentas de bancos en el extranjero, como el Riggs o el Dressner, de Alemania, pudieron haber sido desviados a las cuentas del octogenario general.

Por ello, una de las diligencias clave es la citación al ex comandante del SSE, el mayor en retiro, Maximiliano Ferrer Lima.