Mientras el ex dictador sumó un nuevo desafuero por el caso Riggs, y Carmen Frei dijo que estaría detrás de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, Michelle Bachelet aclaró –ante la polémica por sus funerales- que “la norma dice que se analiza caso a caso”.

Augusto Pinochet nuevamente está en el centro de la polémica, debido al debate que abrió el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, sobre los honores que se le rendirían en sus funerales, un tema que reflotó luego de la muerte el miércoles del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Al malestar que le expresó el gobierno al jefe castrense el jueves, la Presidenta Michelle Bachelet entró ayer al ruedo para precisar la posición del Ejecutivo al respecto.

Pero este debate sobre lo que ocurriría en su deceso, sorprendió a Pinochet con un nuevo traspié judicial, luego que ayer el pleno de la Corte Suprema aprobó el desafuero por la transferencia de fondos fiscales desde cuentas de la Casa Militar a cuentas personales o de sociedades que tenía el ex dictador. Además, en otro punto de la arena judicial, el nombre de Pinochet fue asociado por la senadora Carmen Frei Ruiz Tagle a la muerte de su padre Eduardo Frei Montalva, luego del testimonio televisivo del doctor Augusto Larraín sobre “manos negras” en el fallecimiento del ex Presidente.

En medio de ese ambiente, la Presidenta Bachelet debió abordar la primera polémica que se abrió durante su gobierno con un jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas. Sin cuestionar directamente los dichos del general Oscar Izurieta, la Jefa de Estado apuntó que la ley es clara y corresponde evaluar caso a caso lo que sucederá. Además, reiteró el concepto que levantó en la campaña presidencial, cuando dijo que a la ciudadanía le violentaría rendir honores de Estado a una figura como Pinochet, impugnado por casos de violaciones de Derechos Humanos e ilícitos con platas fiscales.

La Mandataria fue enfática en separar el protocolo que debe cumplir el Ejército hacia Pinochet, como su ex comandante en jefe, y lo que debe hacer el gobierno. “El Ejército le rinde honores a todos sus Comandantes en Jefe y por lo tanto no veo que vayan a romper una tradición a menos que hubiera otro elemento que no está hoy”, dijo Bachelet al programa “En boca de todos” de Canal 13.

La explicación de la Jefa de Estado va en consonancia con la aclaración que hizo Izurieta. Dado el revuelo que causaron sus palabras al programa Ultima Mirada de Chilevisión, y que gatilló una conversación con la ministra de Defensa Vivianne Blanlot, el comandante en jefe del Ejército precisó el jueves por la tarde que la institución cumpliría con su reglamento, y que “las atribuciones que son privativas del gobierno, las resolverán en el momento que correspondan”.

Respecto a los honores de Estado, Bachelet sostuvo que en la “normativa para todos los protocolos y ceremoniales, el artículo 70 dice que personeros de alta investidura nacional o internacional que hayan hecho especiales servicios al país podrán recibir honores”.

En ese caso, optó por no adelantarse a los hechos, al explicar que es “una decisión que cada gobierno que tiene que tomar en cada situación y la verdad y yo he señalado que yo voy a seguir con la normativa que el país establece pero creo que no es el momento para hablar de este tema”.

El debate sobre los futuros funerales de Pinochet también reflotó los dichos de la Mandataria mientras fue candidata presidencial. En ese período, dijo a la BBC que “sería muy violento para la conciencia chilena realizar un funeral de Estado a Pinochet”.

Consultada si, hoy instalada en La Moneda, mantiene sus dichos, la Mandataria aclaró que lo que señaló fue que “la conciencia de los chilenos sería violentada de rendir honores a una persona que está procesada por temas de derechos humanos y por uso de recursos fiscales” y agregó que “bueno, yo soy chilena y yo voy a cumplir como Jefa de Estado lo que dice la normativa chilena es que se analiza caso a caso”.

Otro desafuero

El nuevo desafuero por el caso Riggs que acumula Pinochet ensombrece aún más su situación judicial. En este caso, ya está procesado por evasión tributaria y falsificación de pasaportes. A esto se suma que el ex dictador perdió en julio pasado su fuero por dos casos de la Caravana de la Muerte.

Pendiente se encuentra la resolución del máximo tribunal sobre el retiro de la inmunidad que determinó la Corte de Apelaciones de Santiago por las torturas en Villa Grimaldi.

El tribunal de alzada además debe pronunciarse sobre la petición de desafuero en el marco del caso Berríos.

Además, se pidió un nuevo desafuero en su contra por el caso del sacerdote español Antonio Llidó, y la familia Frei espera que el ministro Alejandro Madrid solicite el retiro de su inmunidad en el marco de la causa por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.