Tal como el último movimiento telúrico en Iquique, que hizo correr a sus habitantes a la parte alta de la ciudad para capear el tsunami, la intensidad del terremoto político judicial que provocó la resolución de este miércoles del ministro Sergio Muñoz alcanzó un grado ocho en la escala de Mercalli. Es decir, hizo difícil e inseguro el desplazamiento de los que entraron en pánico, produjo derrumbe parcial de monumentos y columnas, y cambios en ciertas corrientes y en la temperatura ambiente. Pero Iquique siguió en pie.

El epicentro mediático de la última sacudida judicial de Muñoz fue esta vez Lucía Hiriart Rodríguez, la célebre ex Primera Dama. Ella llenó las portadas de los diarios, provocó arrebatos de solidaridad, acaparó los minutos de televisión en directo y concentró el goteo de visitas ilustres. Es natural. Ella ya estaba en la historia como el poder en la sombra, la generala con más grados en el Ejército y la máxima (sí, la máxima) autoridad del país durante los 17 años de dictadura.

De hecho, cuando el jueves el almirante Arancibia argumentó que ella es y ha sido siempre una simple e ignorante dueña de casa, casi un mueble más del hogar, incapaz de pensar, de conocer las leyes o tomar una decisión sin consultar con su marido, sencillamente nadie le creyó, y el gesto acabó siendo, en realidad, patético.

Las consecuencias de esta sacudida fueron más efectistas que concretas. Por ahora, el magistrado sólo pidió su procesamiento como cómplice de su marido en el delito de evasión y fraude tributario cometido entre 1980 y 2004, presionado por el plazo de 120 días que tenía para investigar la arista tributaria y que terminaba este martes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Por cuenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) corrió una cuota adicional de suspenso y tensión cuando, al día siguiente de la resolución del magistrado, se fue de querella contra los dos procesados: pide encausarlos como coautores de los mismos ilícitos.

Pero los cimientos del caso están en otra parte. No hay que olvidar que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el desafuero del general por cuatro delitos. Es decir, además del fraude y evasión tributaria entre 1980 y 2004, de aprobarse la resolución en la Suprema, el magistrado también estará facultado para investigar falsificación de declaración de bienes ante notario, obtención, confección y utilización de pasaportes y certificados falsos, y acciones para eludir las medidas cautelares dispuestas por un juzgado de la Audiencia Nacional de España durante su detención en Londres.

En estos ilícitos no sólo el general en retiro tiene mucho que decir, también su esposa y, por cierto, Marco Antonio, el hijo que le manejó las finanzas desde el inicio de la década de los ’80, como consigna el fallo. Los efectos de los próximos sismos podrían ser más serios, las réplicas podrían alcanzar a otros miembros de la familia Pinochet-Hiriart e incluso mucho más allá.

A continuación, un vistazo al mapa de riesgo o, dicho en lenguaje judicial, a las líneas de investigación que se sugieren en el fallo de esta semana. Cuidado, porque el mentado documento cita dos cuadernos: el principal y el tributario. Pero en total son 33.

• Doña Lucía Hiriart, tarde o temprano, tendrá que explicar por qué no declaró los ingresos que recibía como presidenta del directorio de Cema Chile, y deberá demostrar que no sacó ni un peso más del patrimonio de esta institución sin fines de lucro, porque existen testimonios y presunciones que señalan lo contrario. En particular, tendrá que contar qué relación comercial existía entre el Cema, una empresa constructora de viviendas económicas, una fábrica de muebles, una escuela de artesanía, varios locales de venta de artesanía -uno en Miami (Estados Unidos)- y una especie de multitienda rodante que la acompañaba en sus giras a regiones, que vendía en cómodas cuotas mensuales con descuento por planilla a funcionarios del Ejército.

Eso, además de aclarar por qué nunca declaró ni pagó impuestos si tenía ingresos propios, especialmente después de que hizo una completa separación de bienes con su marido en 1999.

El fallo de Muñoz agrega un aspecto aún más inquietante: ella niega su firma en algunos documentos que se le exhibieron, pero los peritajes caligráficos indican que salieron de su mano. La tesis judicial en este caso es que la señora también contribuyó a ocultar, y tal vez a incrementar, la fortuna de su marido. No sólo para evadir impuestos, también para eludir la acción de la justicia española.

* Marco Antonio Pinochet también se ha negado a responder algunas preguntas. Según el documento, no quiso aclarar el destino de casi mil millones de pesos que en 1995 que transfirió desde una cuenta en la que compartía firma con su padre, en la Banca Privada del Citicorp, cuyo titular era Meritor Investment, a otra a nombre de Inversiones Fermar en el Ocean Bank, institución donde el mismo Marco Antonio y la empresa mantenían y mantienen otras cuentas. Deberá explicar también qué relación tiene con la empresa IDS, constituida en las Islas Caimán, porque su representante legal en Chile, el abogado José Rosenberg, no recuerda la identidad de sus clientes. Este no es un detalle menor: IDS es la dueña del 95% de Inversiones Fermar, el centro del holding. Pero también por su cuenta él constituye o se incorpora a otra decena de empresas, la mayoría del giro inmobiliario, inversiones y comercialización de ropa. Pero, lejos, lo más complicado para el menor de los varones Pinochet Hiriart es la arista que se abre por el pasaporte falso que usó en la apertura de una cuenta en el Citicorp: su número de serie corresponde a uno de los 134 documentos de este tipo sustraídos desde la sede central del Registro Civil en los primeros días de marzo de 1990, justo antes de que Pinochet entregara el mando a Patricio Aylwin. El asunto se complica aún más porque el fallo liga este hecho a la licencia de conducir falsificada que portaba Marco Antonio cuando protagonizó un accidente manejando en estado de ebriedad. Esto demuestra, precisa el magistrado, que el ahora procesado “tenía perfecto conocimiento de estas prácticas, desde el momento en que protagonizó el hecho del tránsito, con fecha 14 de julio de 1975”.

* Narcotráfico y lavado de dinero es otro tufillo que se desprende del fallo de Muñoz, el cual incluye la mención de los dos pasaportes de la misma serie de los sustraídos en el Registro Civil, en marzo de 1990, que le incautó la policía italiana al chileno Mauricio Ramírez en 1992.

Ramírez, mecánico de profesión y empleado de Focus Motors, declaró entonces que iba de paso camino a Alemania a entregarle los documentos a su jefe, Edgardo Bathich. De hecho, ambos pasaportes estaban extendidos a nombre de este descendiente sirio que hizo noticia en Chile como socio de la citada empresa donde participaban unos inversionistas extranjeros relacionados con el narcotráfico, a los que representaba en Chile el abogado Héctor Novoa, hermano del actual presidente de la UDI.

Bathich, Novoa y otros involucrados en el caso fueron condenados por evasión tributaria y fraude al fisco cuando la ley que tipifica el lavado de dinero aún no existía en Chile. Bathich, reconocido como íntimo de Marco Antonio Pinochet durante su juventud, también había sido detenido en el aeropuerto de Barajas (Madrid) en compañía de Monzer Al Kassar, un conocido traficante internacional de drogas y armas, cuya hermana es casada con un primo hermano de Bathich. Los pasaportes en sí son otra arista donde quedan muchos misterios por resolver. Hasta ahora sólo se han ubicado siete de los 134 pasaportes: uno a nombre de Marco Antonio, tres a Augusto Pinochet Ugarte, uno a Augusto Pinochet Hiriart y dos a nombre de Edgardo Bathich.

* Ignacio José Ovalle Santa Cruz, otro amigo ochentero de Marco Antonio, que compartió con él sus mejores años en Estados Unidos, también tendrá que decirle a Muñoz cómo se explica que él sea el representante legal y dueño del 5% de Inversiones Fermar, una firma que recibió importantes transferencias de dinero desde las cuentas de Pinochet en el extranjero y que paralelamente montó en Chile un holding que incluye a dos docenas de empresas y una veintena de socios.

Esta arista involucra desde otros amigos de los tiempos mozos del hijo del general hasta personas que nadie esperaría encontrar en la red de negocios y acciones financieras de Pinochet.

Una muestra de que ya se iniciaron las indagaciones en ese sentido es la declaración de Mónica Salinas Ruiz, aludida en el fallo. La mujer es una ex novia de Marco Antonio, con la que estuvo a punto de casarse. Finalmente, Mónica se casó con uno de los amigos de él, Eduardo Kawas Pino, quien también aparece en la red de relaciones comerciales actuales del menor de los Pinochet Hiriart, específicamente en la sociedad de inversiones Caravima. Su hermana, María Soledad Kawas, también figura como socia de la esposa de Marco Antonio, Soledad Olave, en la fábrica de Confecciones MS, que luego fue traspasada a Fermar.

* María Soledad Olave, esposa de Marco Antonio Pinochet, también corre serios riesgos de ser procesada. La situación más complicada es su aparición en el fallo como tercera firma en dos cuentas bancarias compartidas con su suegro y marido.

También compartía otra con Marco Antonio. Pero además tiene un protagonismo reiterado en las sociedades de inversión relacionadas a Inversiones Fermar, particularmente en Real Inversiones (que participa a su vez en otras sociedades) y el Forinvest Holding Co., otra empresa creada en paraísos fiscales.

* La Fundación Pinochet y el Banco de Chile tuvieron una intensa relación y es una arista explorada, pero aún no agotada. En este punto falta aclarar el destino que se le dio a las platas que retornaron desde la cuenta de la fundación en Londres hacia Chile, y el cumplimiento tributario de los donantes que aportaron su cuota para mandarle 60 millones de pesos mensuales al general en retiro cuando estuvo preso en Londres.

Por otro lado, también está pendiente el cumplimiento de las disposiciones de la ley bancaria por parte del banco de la familia Luksic. El fallo establece que varias operaciones realizadas por funcionarios de esta institución se hicieron “contrariando las instrucciones que imponían las restricciones para evitar el lavado de dinero dadas por el banco”.

Un dato curioso se esconde tras los nombres de quienes han declarado en el caso: el del escolta y asistente de confianza de Pinochet Ugarte, Mortimer Jofré Azuaga, que es mencionado como comprador por cinco millones de pesos de un vehículo que el general adquirió en una cifra tres veces superior. ¿Pago de favores? El escolta es hijo de un antiguo funcionario de esa institución bancaria, Mortimer Jofré Délano, y sobrino de otro empleado del mismo banco, Manuel Jofré Délano.

* La Banca Privada del Citicorp no quedó fuera de la resolución del juez Muñoz. En uno de sus acápites consigna que Marco Antonio Pinochet reconoció ser atendido por Maureen Ruggiero en el sexto piso del edificio institucional de la agencia Citibank NA, cuya existencia denunciara LND en abril pasado.

Marco Antonio negó haber realizado allí operaciones financieras, pero la misma resolución menciona operaciones de este tipo realizadas por él en las cuentas de Nueva York y Miami, fechadas en días en que el hijo menor de Pinochet, según otros antecedentes recopilados por este medio, estaba en Chile y no en Estados Unidos.

El enigma que encierra este singular servicio podría involucrar también a otros prestigiosos clientes de esa banca que, según fuentes confiables, sobrepasan el millar.

El asunto despertó el interés del diputado DC Jorge Burgos, que hace más de un mes mandó un oficio a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que informara respecto de la formalidad bajo la cual funciona esta oficina y las fiscalizaciones a las que ha sido sometida. Pero hasta hoy el parlamentario aún no recibe respuesta. Por su parte, la misteriosa Ruggiero todavía no aparece ni registra salida legal del país, según lo confirmaron fuentes de Interpol. LND