El fallo que revive los peores fantasmas de Pinochet

Desde que dejó La Moneda, la gran preocupación del general (r) fue evitar cualquier acción contra su familia, como quedó demostrado la década pasada con el ejercicio de enlace y el boinazo. Esta semana, sin embargo, Pinochet vio cómo, el mismo día, su esposa y uno de sus hijos eran detenidos. En un comunicado, el general (r) asumió su responsabilidad por las cuentas, un gesto que jamás realizó con los más de 400 oficiales procesados por violaciones a los DDHH que sirvieron bajo su mando en el Ejército.

Lucía Hiriart creía que sólo tendría que declarar, como la última vez. Entró sola a hablar con el juez Sergio Muñoz, en una sala del cuartel de Investigaciones en la calle General Mackenna. Por eso, cuando el ministro le dijo que iba a someterla a proceso y que sería detenida, estuvo a punto de desmayarse. Mientras Muñoz aceptaba que fuese recluida, en virtud de su estado nervioso y sus 82 años, en el Hospital Militar, Augusto Pinochet Ugarte ignoraba la suerte de su esposa y de su hijo Marco Antonio, que a esa misma hora se enteraba de que sería encarcelado en Capuchinos. Pinochet estaba en su casa en La Dehesa, recién despertándose, sin saber que esa mañana sufriría una de sus peores derrotas, la que siempre había hecho todo lo posible por evitar: habían golpeado, por primera vez, al corazón de su familia.

Hasta esa semana era común oír que Pinochet había pagado todos los costos posibles. Que después de ser desaforado en tres ocasiones, de caer bajo arresto domiciliario dos veces, y de que se descubrieran sus cuentas secretas por, según Muñoz, 26,9 millones de dólares, nada podría alterar cualitativamente su situación política ni hacer más evidente aún su soledad y pérdida de poder.

Pero de la mano del juez Muñoz, que procesó a su esposa y su hijo menor como cómplices de evasión tributaria aún antes de que se resolviera su desafuero, Pinochet vio materializarse dos fantasmas que siempre había intentado mantener lejos: que su familia siguiera su misma suerte frente a la justicia, y que las circunstancias lo obligaran a asumir su responsabilidad sobre los hechos condenables de su gobierno. En un mismo día, esos dos temores se hicieron realidad.

La familia siempre ha sido el principal flanco de Pinochet. Así lo admiten sus hombres más próximos, y lo demuestran, por lo demás, varios capítulos de la transición. Esta semana muchos recordaron la jornada del miércoles 19 de diciembre de 1990, cuando el general, siendo aún comandante en jefe, activó el "ejercicio de enlace", el eufemismo para el acuartelamiento ordenado justo cuando Augusto Pinochet Hiriart, su hijo mayor, debía declarar ante una comisión de la Cámara de Diputados que investigaba por qué el Ejército le había pagado $ 971 millones por la compra de la empresa Valmoval.

Aunque esa operación fue justificada por otras inquietudes, ninguno de sus ex colaboradores duda que sus mayores desafíos al gobierno no fueron en función de temas relacionados con el Ejército, sino con ese caso familiar. El general volvió a repetir la maniobra tres años después, con el "boinazo", otro acuartelamiento desplegado sólo cuatro días después de que el Consejo de Defensa del Estado reabriera esa investigación, y en 1995, cuando en plena crisis por el encarcelamiento de Manuel Contreras en Punta Peuco presionara hasta forzar al ex Presidente Eduardo Frei a pedirle al CDE que abandonara la causa, aduciendo "razones de Estado".

Hoy, desprovisto del poder que le confería el mando del Ejército y abandonado por la derecha, sólo pudo aceptar el peso de los hechos. Ese mismo miércoles partió al hospital a ver a su esposa, detenida y sedada por los fármacos que le habían suministrado para calmarla. Y allí, acompañado por sus nietos, sus hijos y un escaso número de amigos, firmó también una controvertida declaración que había redactado su abogado Pablo Rodríguez, y que Pinochet sólo leyó antes de estampar su rúbrica.

"Asumo toda la responsabilidad por los hechos que investiga el ministro Muñoz y niego la participación que en ellos pueda corresponder a mi cónyuge, mis hijos y mis colaboradores más próximos", dice el texto. Y aunque más abajo Pinochet reitera su inocencia, su círculo no desconocía el efecto que esa afirmación produciría.

El motivo del documento era judicial: concentrar la investigación sobre Pinochet, para evitar que sus derivaciones traspasen los problemas judiciales a su esposa y sus hijos. Una jugada que estaba en línea con la estrategia jurídica de impugnar que exista la figura de cómplice para el delito de evasión tributaria, la que justamente les aplicó Muñoz y sobre la cual existen razonables dudas, planteadas por abogados ajenos a Pinochet, como el penalista Claudio Feller.

Pero esa fórmula implicaba también debilitar fuertemente la tesis esgrimida en todos los otros casos de que el general (R) no está en condiciones mentales de enfrentar un juicio. Pero ese argumento había sido descartado previamente durante los juicios de desafuero del caso Cóndor en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, otra vez por responsabilidad de la familia: los ministros no pasaron por alto una entrevista de Pinochet a un canal de Miami, concertada por su hija Jacqueline, y en la que había demostrado, con juicios políticos e históricos, que estaba plenamente lúcido.

Pero la polémica frase de Pinochet -como no desconocían sus abogados- tenía también un componente simbólico: ¿Por qué estaba dispuesto a asumir su responsabilidad cuando se trataba de su familia, pero no a aceptar su responsabilidad de mando? Con casi 360 causas abiertas y más de 400 procesados, esa era una demanda que no sólo sus adversarios, sino también muchos altos oficiales que habían servido bajo sus órdenes le reclamaban desde hace años. Al menos desde junio de 1999, cuando el ex juez Juan Guzmán, con Pinochet detenido en Londres, procesó al general Sergio Arellano en el caso Caravana, basándose en la doctrina del "secuestro permanente" y desencandenando una cascada de encausamientos de oficiales (R).

Poder y prestigio

Hay distintas interpretaciones sobre cuándo Pinochet comenzó a perder el poder y verse expuesto a la acción de los tribunales. Algunos indican que fue en 1995, cuando no tuvo más alternativa que permitir que el general (R) Contreras -el símbolo de las violaciones a los DD.HH.- entrase a Punta Peuco a cumplir su condena por el caso Letelier. Hay quienes creen que fue el 10 de marzo de 1998, cuando entregó la Comandancia en Jefe del Ejército. Otros mencionan el 16 de octubre de ese mismo año, cuando fue detenido en Londres. Pero la pregunta que aún no tiene respuesta es cuándo perdió ya no el poder, sino el afecto de sus propios colaboradores y partidarios, y comenzó su evidente soledad.

Para algunos fue hace poco más de un año, cuando una investigación del Senado de EE.UU. destapó sus cuentas secretas en el Riggs y derrumbó la imagen de austeridad militar que intentaba proyectar. Pero, como señalan militares activos y en retiro, ese proceso había empezado antes, aunque en forma subterránea, justamente en función de su negativa a asumir la responsabilidad del mando en los casos por violaciones a los DDHH.

Esta semana ese sentimiento salió a la luz pública con nitidez en las declaraciones de varios de sus ex colaboradores, como el senador, almirante (R) y ex edecán de Pinochet Jorge Arancibia, o el general Guillermo Toro, presidente del círculo de generales en retiro. "Históricamente es atrasado. Habría sido un gesto importante para los generales (R), un apoyo para los procesados", dijo el ex oficial.

¿Habría sido distinta la suerte de Pinochet si hubiese admitido su responsabilidad de mando en las violaciones a los DD.HH.? Muy probablemente no habría tenido efecto sobre los juicios, porque la responsabilidad penal es individual, pero la declaración de Pinochet esta semana revivió el debate sobre ese gesto que nunca quiso hacer, y que para muchos ex oficiales le habría permitido retener al menos el aprecio de sus propios hombres, que comenzaron a distanciarse de él antes del caso Riggs.

"Esta semana fue el jaque mate", afirma un ex ministro civil del régimen militar, para describir cómo, al mismo tiempo, primero vio caer a su esposa y su hijo en el laberinto judicial, y luego dejó en evidencia la ausencia de ese gesto.

Londres

¿Cuándo comenzó a surgir la idea de que Pinochet asumiera su responsabilidad? Varios ex colaboradores afirman que fue durante los 503 días que permaneció recluido en Londres, mientras en Chile cientos de oficiales eran sometidos a proceso. Un ex ministro recuerda que se le planteó la idea de que él, como un hombre público, no podía preocuparse únicamente de su propia situación judicial, sino defender el peso de su figura histórica. "Yo no pude estar con mis hijos, ahora quiero estar con mis nietos", solía responder Pinochet, argumentando que quería pasar sus últimos años en paz, alejado de los problemas legales y políticos. No lo hizo en su "carta a los chilenos" de diciembre del '98, ni tampoco en un segundo documento, del 18 de septiembre del '99, donde sí afirmó que "el dolor de quienes han sufrido no me fue ajeno", y dijo lamentar "todas las situaciones de beligerancia y violencia que lo causaron". El único comentario que aludía a una eventual responsabilidad surgió el 25 de noviembre del 2000, día de su 84 cumpleaños, cuando dijo: "Acepto, como ex presidente de la República, todo lo cometido por el Ejército y las FF.AA.".

Su estrategia fue, más bien, por el camino contrario: apelar en el caso Caravana, y en todos los demás, a su incapacidad para enfrentar un juicio, un argumento que acogió la Corte Suprema, pero sólo después de que Guzmán lo procesara y detuviera. Al apelar a que no era capaz de comprender cabalmente los cargos en su contra, ni dirigir a sus abogados, cerraba la puerta no sólo a la posibilidad de probar su inocencia, sino también a cualquier gesto político, porque hacer alguno tenía el riesgo de contradecir la piedra angular de su defensa.

"Nunca más"

Paralizado por las razones de salud, aislado, alejado de toda figuración, Pinochet vio llegar a la Comandancia en Jefe del Ejército al general Juan Emilio Cheyre. Este fue uno de los protagonistas del "boinazo" de 1993 -y cuya distancia del general (R) comenzó precisamente ahí, al observar cómo movilizaba a la institución para defender a su hijo-, asumió el mando consciente de que su éxito dependería de separar al Ejército de Pinochet.

"Son dos siameses que no pueden sobrevivir unidos", solía decir Cheyre. Para separarlos, publicó un documento en enero de 2003, en el que afirmó que el Ejército no era el responsable de defender al régimen militar. Meses después, hizo un histórico "nunca más", condenando las violaciones a los DD.HH., y el 2004, antes de la publicación del informe de la tortura, reconoció la "responsabilidad institucional" del Ejército en esos delitos.

Durante esa cadena de gestos, que incluyeron una polémica declaración de ocho ex vicecomandantes en jefe respaldando la línea de Cheyre, Pinochet guardó silencio. Esta semana, el comportamiento de uno de esos generales (R), Carlos Forestier, fue recordado.

Se trata del suegro de Cheyre, actualmente procesado por 15 homicidios calificados y 10 casos de detenidos desaparecidos. Forestier era el comandante de la VI División en 1973, en la que tras el golpe milfueron ejecutadas 26 personas. Aunque él afirma que fueron resultado de condenas en consejos de guerra, que los hechos están prescritos y que se debe aplicar la Ley de Amnistía, Forestier no ha negado nunca los hechos ni transferido la responsabilidad a sus subalternos, y ha dicho que todos los actos bajo su jurisdicción son de su responsabilidad, porque él tenía el mando. Forestier (84 años) sufre de cáncer a la garganta y decidió, en octubre del año pasado, rechazar la aplicación de quimioterapia, para evitar el deterioro físico que le acarrearía el tratamiento. Su situación es, según fuentes del Ejército, agónica, y es casi un hecho, por los tiempos de la Justicia, que morirá procesado. El contraste de su caso no pasó inadvertido esta semana en el mundo militar.