El ministro Sergio Muñoz asestó un nuevo y fuerte golpe en su investigación en contra de Augusto Pinochet al someter a proceso en calidad de cómplice de fraude tributario a su esposa Lucía Hiriart y a su hijo Marco Antonio Pinochet. Sin embargo, el magistrado decidió conceder la libertad bajo fianza de dos millones de pesos a cada uno, aunque esta resolución es con consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Así Hiriart igual tendrá que permanecer una noche detenida en el Hospital Militar, recinto en donde se encuentra privada de libertad debido a problemas de salud que arguyó su defensa para impedir que fuera a un penal.

En el caso de Marco Antonio su mejor opción es permanecer en el Ánexo Cárcel de Capuchinos, pues se trata de ilícitos económicos. Los dos deberán esperar hasta mañana que el tribunal de alzada revise su caso y eventualmente confirme su libertad provisional.

Esta mañana el ministro Muñoz habría tomado nuevamente testimonio al hijo del matrimonio Pinochet-Hiriart e incluso se comenta que en la misma diligencia le informó sobre su procesamiento.

La decisión de Muñoz se produce a horas que concluya su período de investigación para comprobar la existencia de ilícitos tributarios plazo fijado por el Servicio de Impuestos Internos. Este sábado se cumplen los 120 días que cuenta el juez para indagar este caso que comenzó al descubrirse que Pinochet tenía cuentas con millonarios fondos en el Banco Riggs de Estados Unidos, a partir de este hecho el magistrado comenzó a indagar diversas líneas que en la práctica terminaron con su desafuero concedido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por el delito de fraude tributario, el ministro Muñoz encausó en abril pasado al ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken y a su secretaria privada, Mónica Ananías, quienes eran hasta ahora los únicos reos en esta causa.

En los últimos días Muñoz ha intensificado su trabajo en la causa, prueba de ello es que el lunes recién pasado interrogó a los generales (r) Guillermo Garín, Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivanovic y Jorge Zincke; al ex oficial Gustavo Collao y al oficial en servicio, Gabriel Vergara. La diligencia se enmarcaría en conocer el origen de recursos de la Casa Militar y también los fondos que utilizaron algunos agregados militares durante la dictadura.

A raíz de los fondos en el Riggs el ministro Muñoz pudo determinar al menos cuatro irregularidades cometidas por Pinochet, las que fueron acogidas por el tribunal de alzada capitalino en su desafuero. El primero de ellos corresponde al capítulo de fraude tributario, en donde estaría involucrada parte de su familia, además de Aitken y Ananías. El segundo es la falsificación de documento público, relativo a la declaración jurada de bienes ante notario, realizada por Pinochet el 19 de octubre de 1989. En tercer lugar se ubica la falsificación de pasaporte para abrir sus cuentas en el Riggs, como también la confección de un documento con el membrete de la Subsecretaría de Guerra, con el cual intentó justificar su fortuna ante esa entidad financiera. Y por último, el capítulo relacionado con la querella presentada por la Fundación Presidente Allende y tramitada por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Sólo no fue acogido el capítulo referido a la casa de Lo Curro.

En el caso de Lucía Hiriart los antecedentes sostienen que en los interrogatorios preliminares que Muñoz efectuó a la esposa del ex dictador apuntaron básicamente a las cuentas que mantenía el clan Pinochet en EEUU desde 1984. Otro de los puntos aludidos era el origen del dinero, el que aún no ha sido establecido en el proceso, pese a las diversas versiones que ha entregado la defensa de Pinochet que apuntan a que serían donaciones y “ahorros de toda una vida”. Un tercer punto que habría tocado el ministro Muñoz dice relación con el destino que se les dio a estos fondos y quiénes lo recibieron en Chile. En tanto, se conoce que el testimonio prestado posteriormente por Hiriart ante el equipo de detectives se centró en la relación de la mujer con la Fundación Cema Chile, el monto de los recursos y bienes administrados por el organismo y el destino de su patrimonio.