Por cuestiones de forma, sin entrar en el fondo del asunto, la Corte Suprema rechazó -por 14 votos a 4- desaforar al general (R) Augusto Pinochet, para que se investigue su responsabilidad criminal en el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. La resolución fue calificada de “esquizofrenia jurídica” y “decepcionante” por la parte querellante. Y muy celebrada por la defensa del ex dictador.

La decisión del pleno tomó por sorpresa a los abogados querellantes Carlos Quezada y Pamela Pereira, y a las hijas del matrimonio ejecutado por la DINA el 30 de septiembre 1974 en Buenos Aires, puesto que, por las últimas señales de la Corte Suprema en las causas de derechos humanos, esperaban un dictamen que confirmara el desafuero que por 14 votos a 9 ya había concedido el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 5 de enero de 2005.

No obstante, el pleno de la Suprema, sin pronunciarse si en el proceso que instruye en Chile el ministro Alejandro Solís hay antecedentes que acrediten la responsabilidad criminal de Pinochet en el doble homicidio, optó por argumentar que como ya una primera vez en octubre de 2002 el pleno de la Corte de Apelaciones denegó el desafuero respecto de una solicitud de la jueza argentina María Servini, esto constituyó lo que en derecho se conoce como el principio de la “cosa juzgada”, y consideró que el desafuero de Pinochet “nunca pudo” volver a pedirse en la causa Prats-Cuthbert.

“Conforme a la recta inteligencia (del artículo 617 del Código de Procedimiento Penal), rechazado un desafuero no puede éste volver a solicitarse, en la medida en que lo procedente en tal caso es el pronunciamiento de una resolución que sobresea definitivamente respecto del aforado”, argumentó la mayoría del pleno de la Corte Suprema. Por ello, ordenó al juez Solís que sobresea definitivamente al ex dictador en este proceso.

El pleno sostuvo que el nuevo desafuero de Pinochet solicitado el año pasado por la parte querellante, esta vez en el marco de la investigación del juez Solís en Chile, dice relación “con los mismos hechos” que en Argentina investiga todavía la jueza Servini. Por ello, afirma el fallo, “debe concluirse que los tribunales superiores chilenos, respecto de los mismos hechos investigados por el ministro señor Solís, ya resolvieron rechazar el desafuero del imputado Augusto Pinochet, sin que interesen ahora las razones jurídicas o de hecho invocadas”.

“Grave contradicción”

Pero a juicio de los querellantes esta decisión del pleno de la Corte Suprema adolece de una “grave contradicción”, puesto que fue la misma Sala Penal de esta corte la que -dos meses después que el pleno de la Corte de Apelaciones rechazó el primer desafuero en octubre de 2002- dictó una resolución por la cual ordenó que el doble crimen se investigara por primera vez en Chile, razón por la cual se abrió el proceso que hoy instruye el juez Solís.

Y eso implicaba, según los querellantes, que era obvio que se pediría un nuevo desafuero, puesto que el objetivo era incluir a Pinochet en el juicio, además de los otros seis ex agentes DINA que ya se encuentran procesados por el juez Solís, incluido el ex jefe de la DINA Manuel Contreras.

Sin entrar en comentarios sobre estas contradicciones, el abogado jefe de la defensa de Pinochet, Pablo Rodríguez, interpretó el fallo como una decisión que liberó a Pinochet de responsabilidad criminal en estos hechos. “Este fallo establece que no existe ningún antecedente para encausar al general Pinochet en una causa tan horrible y espantosa, como lo que se conoció a través de la investigación en Argentina y luego en Chile”, dijo Rodríguez.