Por la muerte de Winston Cabello, un crimen de la Caravana de la Muerte:

Asesinato extrajudicial, torturas, crueldad –física y mental– y crímenes contra la humanidad

por Ernesto Carmona

El jurado de un tribunal civil de Miami halló culpable al ex oficial del Ejército chileno Armando Fernández Larios, encausado por el asesinato del economista Winston Cabello Bravo, 28 años, ocurrido hace tres décadas en Copiapó, 800 km al norte de Santiago. La corte de la jueza Joan Lenard fijó el castigo pecuniario en 4 millones de dólares, al darse a conocer el veredicto a las 12, hora local. Se supone que el acusado deberá sufragar, además, los gastos del juicio, del orden del millón de dólares.

Los 8 miembros del jurado entregaron un veredicto de "responsable legal" contra el ex oficial de la policía confidencial DINA en los cuatro cargos formulados por la acusación: asesinato extrajudicial, torturas, crueldad –física y mental– y crímenes contra la humanidad, dando fin a un proceso iniciado el 22 de septiembre en la corte federal civil del condado Dade, Florida. Esta es la primera vez que un tribunal juzga y condena a violadores chilenos de derechos humanos fuera del territorio en que se cometieron los crímenes.

El abogado defensor Steven Davis anunció que apelará ante un tribunal superior, aunque aseguró que respetaba el fallo de un jurado que tardó dos días en discernir su veredicto. Dijo que en un contexto militar no se podía establecer "culpabilidad" porque es muy difícil establecer cuando existió o no algún grado de conspiración.

Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense los tribunales civiles no establecen culpabilidad o inocencia en un crimen, sino "responsabilidad legal". En un caso reciente, muy difundido por la prensa amarilla, el actor y futbolista O.J. Simpson salió indemne de los cargos criminales en la justicia penal, pero un tribunal civil lo habló "responsable legal" (lawle) del asesinato de su ex esposa y debió para una indemnización a la familia.

Al darse a conocer el veredicto, en la sala se encontraban todos los parientes de la víctima que residen en Estados Unidos, más su viuda y sus dos hijas que viajaron desde Chile para presenciar el juicio que se prolongó más de tres semanas. El acusado, como era previsible, declaró no tener un centavo. Además,  previamente puso sus bienes a nombre de terceros. Sin embargo, todos sus ingresos legales serán gravados de por vida con la carga del gasto judicial. Sólo podrá disfrutar dinero percibido ilegalmente, en el mercado negro.

Protección estadounidense a un terrorista

El sistema jurídico de Estados Unidos impide castigar penal –o criminalmente– los asesinatos cometidos en Chile y Argentina por un terrorista confeso aunque tenga la talla de Fernández Larios. La familia de la víctima valora el juicio civil como una condena moral a los crímenes cometidos por Augusto Pinochet durante su dictadura de 17 años, en particular el cuasi centenar de asesinatos acreditados en la justicia chilena por la Caravana de la Muerte que presidió el general Sergio Arellano Stark por instrucciones expresas del dictador para "agilizar los juicios" inexistentes de 92 ciudadanos civiles encarcelados por sus opiniónes políticas.

El veredicto de "crimen contra la humanidad" también colmó las esperanzas expresadas antes por la familia Cabello Bravo. "De una manera ética se hizo justicia por todas las víctimas", piensa Zita Cabello. La familia Cabello vivió tres semanas de fuerte carga emocional agudizada por el suspenso del veredicto que tardó más de 24 horas, más el receso judicial del fin de semana. "Hubo abrazos entre ellos y algunos llantos", comentó un periodista que estuvo en la sala del tribunal.

"El veredicto debe enviar un mensaje a los torturadores que buscan refugio en EE.UU.", reflexionó el abogado acusador Leo Cunningham, en sus argumentos finales del juicio. Es necesario que se entienda "que no se pueden cometer atrocidades y después venir a este país a vivir en paz y a esconder el pasado", dijo.

Fernández Larios confesó antes su participación en el asesinato de dos personas en el centro de Washington; fue reclamado en Buenos Aires por la muerte de un general del Ejército chileno; y tiene 20 causas judiciales en Santiago por su responsabilidad en otros tantos asesinatos de civiles encarcelados por sus ideas políticas. Los abogados de la acusación piensan que el veredicto de culpabilidad debería abrir las puertas para que el ex militar sea extraditado a A]rgentina o Chile, donde está solicitado por numerosos juicios criminales.

Buenos Aires, primer asesinato internacional

La campaña antiterrorista de Washington hasta hoy no surtió efecto para el ex mayor del Ejército chileno que cometió su primer delito internacional al coadyuvar al estallido del automóvil del general Carlos Prats Gonzalez, ex comandante en Jefe del Ejército de su país asesinado en la capital argentina junto a su esposa Sofía Cuthber, el 30 de septiembre de 1974. Michael Townley, el principal inculpado en este crimen, le declaró a la jueza argentina María Servini de Cubría que cometió el atentado con la ayuda de Fernández Larios, durante un interrogatorio-entrevista celebrado en Washington hace tres años con autorización del departamento de Defensa. Tonwley vive libre en su país con protección federal.

En un documento oficial que puede consultarse en los archivos oficiales, el trato de la Fiscalía también le prometió a Fernández Larios, nacido en EE.UU. cuando su padre fue diplomático, que nunca sería extraditado a Chile, pero no excluye la extradición a otro país en relación con crímenes ajenos al caso Letelier. "Pudieran enviarlo a Argentina", dijo Joshua Sondheimer, abogado del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), organización que respalda la demanda de la familia Cabello y que brega por negar refugio en EEUU a torturadores y asesinos. Zita Cabello declaró que cualquier pago eventual de Fernández Larios irá en beneficio de las actividades de esta organización, cuyos abogados la apoyaron "pro bono", o sea, sin cobrar honorarios.

El ex miembro de la policía secreta chilena, quien tiene ahora 54 años, se mantuvo impasible durante el juicio, en que los miembros del jurado no oyeron su historial posterior a la "Caravana de la Muerte" por orden expresa de la jueza Joan Lenard. Fernández Larios insistió en que nunca vio a las víctimas, ni menos las interrogó o castigó a golpes.
 
Washington, segundo crimen

Después de su desempeño en "la Caravana" en octubre de 1973, Fernández Larios pasó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta creada en 1974, y llegó a Washington en 1976, con pasaporte falso, para seguir los pasos al ex canciller y ex embajador chileno en EE.UU. Orlando Letelier. Dos años después del asesinato de Prats y de su esposa, intervino en la preparación de otra explosión de automóvil, el 21 de septiembre de 1976, esta vez contra la vida de Letelier y de su asistente Ronni Moffitt, cuando ambos circulaban por la céntrica plaza Sheridan Circle, en la capital estadunidense.

Once años después del atentado, Fernández Larios dijo a los fiscales estadounidenses que siguió extensamente a Letelier e informó de todo a su compañero de la DINA Michael Townley, también principal ejecutor de este crimen. Gracias a la "colaboración" de su testimonio, sólo cumplió 7 meses de prisión.

El entonces mayor Fernández Larios desertó del Ejército chileno en 1987, a fin de confesar y "colaborar" con la justicia de EE.UU. Su participación en el doble asesinato Letelier-Moffit fue establecida a fines de los '70 en la investigación del fiscal Eugene Propper. Además de la breve condena recibió el premio de la residencia legal en EE.UU. bajo la protección del departamento de Justicia, pero rehusó cambiar su identidad, pensando, quizás, "¿qué me va a pasar aquí"?.

Juicio civil en Miami

Fernández Larios, que reside desde entonces en el condado Dade, ahora fue procesado por el tribunal civil por delitos de tortura y asesinato cometidos en Chile. El crimen del economista chileno Winston Cabello Bravo, cuya familia reside en California, ocurrió el 17 de octubre de 1973 en Copiapó, 800 km al norte de Santiago, cuando la víctima fue pasada a cuchillo junto con otros 12 prisioneros políticos civiles ultimados por la llamada "Caravana de la Muerte", que practicó casi un centenar de asesinatos en 3 semanas. El entonces teniente Fernández Larios, de 24 años, se desempeñaba como asistente del general Sergio Arellano Stark. Además del caso Cabello, Fernández Larios enfrenta otras 19 causas judiciales instruidas en Chile por el magistrado Juan Guzmán.

Steven Davis, el abogado de Fernández Larios en el juicio de Miami, alegó que Townley y otros culparon inmerecidamente a su cliente por tratarse de "un blanco fácil" que "está lejos de Chile y Argentina". Pero acortar las distancias fue precisamente lo que pretendió el juez Guzmán cuando quiso extraditarlo por 19 cargos de ejecuciones ilegales y desapariciones en "el caso Caravana". El ex militar tiene otra causa en Chile por la desaparición en 1974 de David Silberman, administrador de la mina de cobre Chuquicamata. Guzmán solicitó la extradición de Fernández Larios a fines de 1999, pero EE.UU. no responde hasta el día de hoy.

"No hay información que pueda proporcionar sobre ese caso", dijo Casey J. Stavropoulos, del departamento de Justicia, en una conversación telefónica difundida esta semana por la agencia española EFE. Consultado si la aparente protección a un presunto terrorista internacional resultaba poco consistente con el llamado de Washington para luchar "orbe et urbi" contra el terrorismo, Stavropoulos declaró a EFE: "Oigo lo que me dice, pero no hay nada público que pueda divulgar sobre este caso".

Sólo "dolor monetario"

"Deberían devolverlo a Chile para que se enfrente a la Justicia allá", dijo Karin Cabello Moriarty, hermana de Winston y una de los demandantes en el juicio de Miami. Fernández Larios pudo ser encausado y condenado civilmente en Estados Unidos porque la familia de Cabello reside en ese país y porque los crímenes de que está acusado son castigados –en lo civil– por una ley centenaria –siglo 18– contra crueldades propias de la antigua piratería marítima cometidas fuera del territorio estadounidense. La acusación también invocó una ley especial más reciente –siglo 20– que castiga crímenes de tortura cuando los ejecutores viven refugiados en Estados Unidos.

Sin embargo, por tratarse de una causa civil, la única acción permitida por la ley estadounidense, no hubo un castigo penal o criminal, sino pecuniario y más bien simbólico –considera la familia–, que no reclamó una reparación específica. Al resultar hallado culpable hoy por el jurado, Fernández Larios deberá pagar un millón de dólares por cada uno de los cuatro cargos, más los costos del juicio de casi 4 semanas que podrían ascender a un millón de dólares. El pago de 5 millones de dólares es un castigo simbólico a "la Caravana completa y a todo el régimen de Pinochet", piensa Zita Cabello.