“Adolfo Zaldívar trafica con influencias”, es parte de algunas de las fuertes declaraciones hechas por el retirado juez Juan Guzmán Tapia quien entregó detalles de su denuncia de presiones en contra de algunos parlamentarios, funcionarios de Gobierno y mandos medios castrenses, en medio de causas por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura que le tocó conocer.

Al presidente DC lo acusó de haber intercedido en favor del general (r) Sergio Arellano Stark en el caso Caravana de la Muerte, además de precisar diversas situaciones que debió enfrentar principalmente en las investigaciones referidas al rol de Augusto Pinochet en tales crímenes.

En el marco del lanzamiento en España de su libro “En el borde del mundo. Memorias del juez que procesó a Pinochet”, el ex magistrado sostuvo un extenso diálogo con el diario local “El País” en el que reiteró, con nombre y apellido, las denuncias de presiones en su trabajo.

Entre ellas, la más fuerte apunta al timonel falangista, senador Adolfo Zaldívar, a quien lo cita en un incidente ocurrido en 1999, cuando estaba ad portas de procesar a Arellano Stark, por 75 crímenes (57 ejecuciones y 18 secuestros permanentes) en el caso Caravana de la Muerte.

"El senador Adolfo Zaldívar, actual presidente de la Democracia Cristiana, intentó persuadirme con los argumentos de que Arellano era muy católico y de que se trataba de un hombre honorable, afín a la tendencia política democristiana, y a que había llegado a ser edecán del presidente Eduardo Frei Montalva en 1970”, parte el jubilado juez.

“Según Zaldívar, Arellano, a quien se le conoce como El Lobo, no podía estar implicado en los delitos que yo le estaba imputando tras tomarle declaración y someterle a varios careos. Me explicó que según la jurisprudencia de la Corte Suprema, la ley de Amnistía cubría las acciones de Arellano. Zaldívar vino dos veces a mi casa del barrio de Providencia. Y quedó en venir una tercera, en compañía del entonces senador Enrique Krauss (ex ministro y actual embajador en España). Me anunció esa visita, pero finalmente no acudió. Adolfo Zaldívar trafica con influencias”, agregó.

El mes pasado, Zaldívar, requerido por los rumores que lo señalaban como una de las personas a quien Guzmán consignaba entre quienes lo habían intentado presionar, dijo que "Esta fue una cosa muy antigua y me sorprende que la hayan sacado ahora".

"Yo no pedí ninguna reunión, fue el magistrado el que me la pidió en octubre de 1998 y se realizó en la oficina de abogado de mi hermano y el abogado Sergio Arellano -hijo de Arellano Stark- y es todo lo que puedo decir", enfatizó el Senador en esa ocasión.

Otras presiones desde Valparaíso

En el Parlamento también identifica al ex vicecomandante en jefe del Ejército, entonces Senador designado, Santiago Sinclair, quien, a través de un abogado, le insinuó “las posibilidades de lograr el retorno de Pinochet a Chile”, cuando este último permanecía detenido en Londres.

“Quién llevó la conversación fue el abogado. Me propuso dictar una orden de detención contra Pinochet. Esta medida lograría, explicó, el apoyo incluso de los abogados querellantes en las causas contra Pinochet. Y la defensa no se opondría. El Reino Unido, ante una petición así, seguía el razonamiento, daría prioridad a Chile frente a España. Una vez Pinochet aquí, razonó en voz alta el letrado, la justicia chilena encontraría la manera de evitar su procesamiento. Este abogado pensaba que yo estaba en el juego de protección. El senador Sinclair hacía de testigo. Fueron muy amables. Les dije que no procedía”, aseguró.

Presiones desde el Gobierno

Respecto de la suerte de Pinochet, afirma que “todas las presiones que recibía en Santiago iban, en 1999, hacia una dirección. Yo debía olvidarme del texto de la ley”, que le exigía efectuar exámenes mentales al ex dictador.

“La ley es muy precisa cuando ordena que a las personas mayores de 70 años se les debe practicar exámenes mentales para conocer su estado. El consejo, por así decir, que me daban Jorge Rodríguez, a cargo del Instituto Médico Legal, o el ex ministro del Interior del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Figueroa Serrano, era que se podía ayudar a Pinochet en este punto. Esto es: evitar exámenes psicológicos”, precisa.

A partir de lo anterior, complementa, “no había que hacerle un examen sobre sus facultades mentales, sino sólo sobre su estado físico. Esto era contrario a lo que establece el Código de Procedimiento Penal chileno”.

Miembros de la Concertación vuelven a aparecer en el relato del ex juez Guzmán, al recordar que “tras dictar el primer auto de procesamiento de Pinochet me llamó Luis Horacio Rojas, jefe del gabinete del ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Me dijo que anulara el auto de procesamiento. Fue, francamente, insolente. Era evidente que los compromisos adoptados durante la transición entre los partidos políticos y los militares estaban en peligro. Se le había asegurado al Ejército con ocasión del plebiscito de 1988 que Pinochet sería intocable”.

Consultado si, a su parecer, “¿el Gobierno del presidente Lagos quería sólo una justicia simbólica?”, respondió, enfático: “Desde luego. Los políticos de la Concertación podían aguantar todos los juicios del mundo menos uno: Pinochet”.

Presiones desde el Ejército

Guzmán, también apunta al ex comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, quien le habría señalado el interés de que un encuentro con el Alto Mando de la institución, a través, de uno de los abogados de Pinochet, antes de su primer procesamiento.

“El Alto Mando del Ejército quería reunirse conmigo. El general Patricio Chacón, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, cuando Ricardo Izurieta era comandante en jefe, me envió un mensaje a través de uno de los abogados de Pinochet, el jurídico militar Gustavo Collao. El general Izurieta, o el alto mando, quería reunirse conmigo. Pero no acepté”.