Domingo 10 de octubre de 2004
La Tercera
En dos semanas estará listo un documento gubernamental que establece que la aplicación
de torturas fue una política sistemática e institucional de las FF.AA.
El informe que remecerá a las FF.AA.
Francisco Artaza
A Lagos y a Cheyre les preocupa el impacto que tendrá la próxima divulgación del
informe de la comisión sobre la tortura. Los integrantes de esta entidad, que encabeza el
obispo Sergio Valech, ya informaron al gobierno que el documento será extremadamente
duro.
En forma reservada, el 25 de octubre próximo la Comisión Nacional sobre la Detención
Política y la Tortura, que encabeza el obispo católico Sergio Valech, le entregará el
informe final al Presidente Ricardo Lagos sobre los casos de aplicación de tormentos a
detenidos ocurridos durante los 17 años del régimen militar.
El documento, que ha generado gran inquietud en las Fuerzas Armadas, dará a conocer la
historia de más de 30 mil chilenos que fueron torturados mientras permanecieron recluidos
en más de 1.200 centros de detención a lo largo del país. Tal como ocurrió en 1991 con
el Informe Rettig respecto de los casos de desaparecidos y ejecutados políticos.
El Mandatario, sin embargo, no dará a conocer el documento sino hasta después de las
elecciones municipales, para -según dicen en La Moneda- no contaminar el impacto del
trabajo de la comisión con el clima electoral. La demora en divulgarlo tiene, además,
otra finalidad. La Moneda deberá evaluar cuidadosamente las propuestas de reparación
económicas y morales que dará a las víctimas, como también las medidas legislativas
tendientes a evitar que estos hechos puedan repetirse.
Lagos ha sido informado de los avances que registra la comisión desde que se
constituyó en noviembre del año pasado con la misión de establecer quiénes habían
sufrido torturas por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1990. Se trata de una de las iniciativas lanzadas por La Moneda en agosto del año
pasado, en el marco de la propuesta global sobre derechos humanos a 30 años del golpe de
Estado.
"Informe duro"
Fuentes de gobierno admiten que existe preocupación en La Moneda sobre los alcances
que pueda tener este informe y, especialmente, sobre el impacto que tendrá en las Fuerzas
Armadas. "El informe será muy duro", fue el mensaje que recibió el Ejecutivo
el martes pasado, poco después de que finalizara la revisión de borradores del documento
por parte de la comisión, que integran, además de monseñor Valech, la asistente social
María Luisa Sepúlveda -quien asesora al Mandatario en DD.HH. y coordinó el proceso de
verificación de datos de la Mesa de Diálogo-, el ex ministro José Antonio Gómez, los
abogados Luciano Fouillioux, Miguel Luis Amunátegui, Lucas Sierra y Alvaro Varela, y la
sicóloga Elizabeth Lira.
El informe, que aún está en etapa de elaboración, entregará un relato histórico
exhaustivo de lo que pasó en Chile tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y
torturados, una realidad que se había soslayado hasta hoy, luego que el Estado buscara
vías de reparación para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, incluso
para los exonerados políticos.
Métodos de tortura
"Se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los
lugares. Y aunque no va a haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la
gravedad de lo que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas
Armadas, porque va a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra a todas
las instituciones castrenses y no a casos aislados como se ha mostrado hasta ahora las
violaciones a los derechos humanos", afirmó un miembro de la comisión.
En el gobierno saben que el impacto del informe al interior de las FF.AA. se sumará al
revuelo que provocó el reciente alegato ante la Corte Suprema del abogado Luis Valentín
Ferrada, defensor del coronel (R) de Ejército y ex agente de la Dina Miguel Krasnoff,
sobre la responsabilidad de la institución en la enseñanza de métodos de tortura. Al
igual que Krasnoff, otros suboficiales y oficiales de baja graduación procesados por
casos de derechos humanos han planteado en el último tiempo la responsabilidad del alto
mando militar en los crímenes que se les imputan.
Las Fuerzas Armadas, añaden fuentes de la comisión, están conscientes del golpe que
se les avecina. A diferencia del Informe Rettig, cuando se restaron de la iniciativa y la
criticaron abiertamente (ver recuadro), los mandos castrenses han colaborado con la
comisión. Han respondido diversos oficios en los que se les pide precisar centros de
detención y tortura, como también admitir la detención de determinadas personas.
Incluso se les ha preguntado directamente sobre memorándum internos e instructivos
reservados en que se ordenaba la forma de proceder con los detenidos políticos.
Los contactos entre los jefes castrenses con la instancia gubernamental no se han
limitado a los oficios. También se han reunido con algunos de sus miembros a fin de
plantear sus puntos de vista. Según una fuente de la comisión, al menos en una ocasión
Cheyre pidió reunirse con monseñor Valech. El sacerdote no pudo recibirlo, pero se le
encomendó a María Luisa Sepúlveda concurrir a la cita. El jefe castrense le habría
solicitado que el informe también reflejara el cambio de doctrina que ha experimentado el
Ejército en los últimos años. Le entregó copia de las modificaciones hechas a la malla
curricular del Ejército en las que se refuerza la defensa de los derechos fundamentales
de las personas.
Trabajo exhaustivo
El informe incluirá los nombres de las más de 30.000 víctimas que fueron
acreditadas, sin explicitar sus testimonios, y las propuestas de reparación.
Recabar y verificar todos estos datos no fue fácil. Casi un centenar de personas han
estado trabajando durante los últimos 11 meses en la recepción y chequeo de los
testimonios, divididos en dos turnos de 12 horas de trabajo continuo.
Más de 35.000 personas se presentaron a contar su testimonio en las dependencias de la
comisión, en el piso 7 de Moneda 1025. Muchos quedaron fuera por haber entregado fuera de
plazo su caso. "Ha sido brutal enfrentarse a personas que vivieron cosas horribles y
que hasta el día de hoy están marcadas por ese episodio", cuenta uno de los
funcionarios a cargo de la recepción de testimonios. Casos escalofriantes, como el de
bebés nacidos en centros de detención clandestinos y que fueron torturados delante de
sus madres para que ellas delataran a sus compañeros. "El detalle de los métodos de
tortura será extremadamente crudo, porque la sociedad debe formarse una idea cabal de lo
que ocurrió y las víctimas se vean reflejadas en ese relato", señala un miembro de
la comisión. |