Los privilegios de la antigua reclusión
Punta Peuco fue construido en 1995 como un penal "a la medida" para que
Manuel Contreras y Pedro Espinoza cumplieran sus condenas por el homicidio del canciller
Orlando Letelier. Su creación originó una crisis en la Concertación, luego de que el
entonces ministro de OO.PP., Ricardo Lagos, se negara a firmar el decreto para construir
un presidio especial.
Actualmente, al máximo de su capacidad para 60 personas, ha sufrido una serie de
modificaciones. Uno de ellas fue quitarle el carácter de penal exclusivo para ex agentes
de servicios de seguridad. De hecho, entre sus 23 inquilinos están el mayor (R) José
Luis Aguilera, implicado en el caso Spiniak y Lenin Guardia, ex informante del Ministerio
del Interior.
Otro de los simbólicos cambios es que a ninguno de los ex oficiales condenados se les
trata por su rango, como se acostumbraba en los tiempos de Contreras. También está
prohibido tener conexión a internet. Tampoco pueden ingresar licor, a diferencia de
Contreras, quien tenía un bar bien abastecido, además de un perro alemán de mascota.
Asimismo, se puso término a la conflictiva custodia mixta entre Gendarmería y efectivos
militares, quedando a cargo de la primera institución. |
|
En 1998, un abogado de un ex uniformado procesado calificó la serie de citaciones que
ese año comenzaron a dictar los primeros jueces de causas de derechos humanos como
"un desfile militar en los tribunales".
La frase fue acuñada inmediatamente por las defensas de los encausados, que preveían
que su escenario judicial sería cada vez más complicado, sobre todo porque Augusto
Pinochet ya estaba querellado en Chile y detenido en Londres. En ese tiempo, los
procesados eran apenas una veintena. Siete años después son 160 y las causas en sumario
356.
Ayer, ese "desfile militar" se materializó en un solo día, cuando los
tribunales dictaron resoluciones en contra de dos jefes emblemáticos de la Dina y la CNI,
los generales (R) Manuel Contreras y Hugo Salas Wenzel, quienes fueron notificados de su
nuevo destino: el primero ingresó ayer a cumplir condena de 12 años al Penal Cordillera
-aunque a la fuerza- por el secuestro calificado del mirista Miguel Angel Sandoval
y, el segundo, sentenciado en primera instancia a pena perpetua por la muerte de 12
frentistas en 1987 en el caso Operación Albania.
Junto a Salas Wenzel, también fue condenado otro ex agente de la CNI, el ex jefe del
Cuartel Borgoño, Alvaro Corbalán Castilla. El mayor (R) es uno de los ex uniformados con
más procesamientos. Incluso, ya cumple plena perpetua por el caso del carpintero Juan
Alegría Mundaca, asesinado en 1983 para encubrir el crimen de Tucapel Jiménez, que
perpetró la Dirección de Inteligencia del Ejército, Dine.
Además, en Operación Albania el ministro Hugo Dolmestch condenó a 10 años y un día
al oficial de Carabineros Iván Quiroz. Otros 12 ex agentes también fueron condenados a
penas entre cinco y tres años de presidio, mientras que otros 12 ex CNI quedaron
absueltos de todos los cargos. Entre ellos los oficiales (R) de Ejército Kranz Bauer y
Jorge Vargas Bories, dos conocidos ex miembros de ese servicio de inteligencia y que se
encuentran procesados, además, por el homicidio del periodista José Carrasco y otros
cuatro profesionales.
Sin amnistía
Las dos últimas sentencias contra ex uniformados se producen en la misma semana del
polémico acuerdo del pleno de la Corte Suprema que, para acelerar las causas de DD.HH.,
ordenó el cierre de los casos en seis meses, con o sin investigación.
El ingreso a la cárcel de Contreras y Krassnoff y la condena a Salas y Corbalán
coincide, además, con la impugnación que las agrupaciones de DD.HH. están haciendo a la
Suprema, acusándola de dictar un "punto final".
A la vez, el fallo de la Suprema del caso Sandoval -por el que desde ayer cumplen
condena Contreras, el brigadier Miguel Krassnoff y otros tres ex Dina-, sepultó las
pretensiones de los ex agentes de que se aplicara la amnistía para los casos de
desaparecidos.
En noviembre, la Sala Penal de la Suprema dio la señal: si no aparecen los cuerpos, no
hay amnistía y dictó la primera condena por secuestro calificado, un hecho que hace
suponer a los ex uniformados procesados por ese delito que correrán la misma suerte.
Dentro de este contexto se produjo la semana pasada el suicidio del coronel (R) y ex
miembro de la Dina, Germán Barriga, procesado en varias causas de DD.HH.
El caso Albania, en cambio, no tenía posibilidad de amnistía, pues los homicidios
fueron cometidos en 1987. Por esa razón, varios de los procesados -menos Salas Wenzel-
rompieron en 2000 el pacto de silencio que había entre los agentes y decidieron colaborar
con Dolmestch. La razón: esperaban rebajas en sus penas.
La rudeza de Contreras
Contreras fue ayer notificado de su ingreso a la cárcel cerca de las 14 horas en el
Palacio de los Tribunales. El trámite pudo haber sido sin incidentes, si no fuera porque
el ex jefe de la Dina, tal como lo hizo en 1995 cuando debía ingresar a Punta Peuco por
el caso Letelier, se negó a ir a los tribunales.
Según versiones de tribunales, Contreras se opuso a su detención en su casa de
Peñalolén junto a sus hijas y yernos, y llegó, incluso, a sacar un arma ante el
subcomisario Sandro Gaete. "¡Soy un general!, ¡traidores!", gritaba mientras
entraba a su escritorio, señalan las versiones.
Los demás condenados, en cambio, siguieron la orden del juez Alejandro Solís, quien
los citó antes de las ocho de la mañana. Unos de traje, otros de sport, los ex
Dina Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani y Gerardo Godoy, se presentaron uno
a uno a su notificación.
|