El ministro José Benquis cree que seguir debatiendo lo que pudo o no hacer el Poder Judicial durante el régimen militar es una discusión que, a estas alturas, es inconducente. Por eso, asegura, emitió un voto disidente frente al acuerdo del pleno de la Corte Suprema sobre el Informe Valech, el mismo que sus pares no quisieron incluir. Su postura es que ahora los tribunales sólo deben investigar y sancionar a los violadores a los derechos humanos y no entramparse en cuestionamientos.

"Mi prevención está sustentada en el hecho de no encontrar interpretado mi pensamiento en lo que la mayoría del tribunal había acordado. Basta confrontar la redacción que se dio al acuerdo, con lo que yo expreso en mi constancia. En un tribunal colegiado sucede con frecuencia que un juez discrepe de la opinión de otros que pueden constituir mayoría, y en ese evento, deja constancia de sus puntos de vista. Eso es lo normal y nadie puede molestarse por ello. La democracia interna que la ley consagra para el funcionamiento de un tribunal pluripersonal está fundada en el respeto a todas las opiniones. Y el ordenamiento jurídico entrega justamente a los jueces la misión de velar porque en el país se respeten las garantías que la Constitución Política asegura, entre ellas, la libertad de conciencia y de emitir opinión.

¿Por qué era partidario que el pleno no se pronunciara ?

Por una razón que yo considero elemental: los hechos narrados resultan ser espeluznantes y horrorosos para quienes los leen. Son indignos de un país que se dice civilizado y cristiano. Ejercitemos la memoria para recordar que, por regla general, siempre fueron negados por quienes ejercían el poder. Y por último, cuando en algún caso se hicieron evidentes, se atribuyeron a individuos aislados y descontrolados. Recuerdo que se persiguió criminalmente a los periodistas que se atrevían a publicar que en Chile se torturaba y se clausuraron medios de comunicación que lo revelaban. Ahora nos encontramos en otro escenario. Se da a conocer el contenido de lo investigado, el que ya no puede ser negado, porque allí están las víctimas presentes narrando lo que hicieron en sus cuerpos y en sus mentes. Los que negaron la masividad de esas conductas, ahora las consideran ciertas.

¿Piensa que hay un avance con respecto al Informe Rettig?

Evidentemente, ello constituye un notable avance en parangón con lo acaecido con el Informe Rettig. En efecto, por razones obvias, los ejecutados políticos y los detenidos desaparecidos estaban impedidos de enfrentar a sus victimarios. Ante esta nueva realidad, me pregunto si puede tener alguna importancia que nos enfrasquemos en una discusión eterna en a cuanto a "si son galgos o son podencos" en relación con conductas de personeros del Poder Judicial de hace 30 años, que están en su inmensa mayoría fallecidos. He escuchado reiteradamente que, luego de recuperada la democracia, los jueces chilenos han tenido un comportamiento que se puede calificar como casi impecable, en relación con el respeto a los derechos humanos y la investigación de las violaciones a ellos ocurridas durante la dictadura encabezada por el general Pinochet.

¿Qué considera importante hoy?

A mi juicio, eso es lo que realmente importa y lo que corresponde es avocarnos a la tarea de sancionar a los que se demuestre que participaron en delitos de tortura. Lo demás, pienso, es dejarse llevar por el sospechoso y habitual juego de distraer a la gente atribuyendo a personas conductas esperadas o presumibles.

El estado de crispación política que vivía nuestra sociedad y la crisis que desembocó en el golpe no fue provocada por los jueces. El comportamiento exigible a los jueces tiene directa relación con el sistema de gobierno imperante. Si ejercen sus funciones en un régimen dictatorial, no pueden los jueces garantizar a nadie, seria y responsablemente, que sus derechos elementales les serán respetados.

¿Por qué la Corte no hizo un mea culpa?

Yo no soy "la Corte Suprema" y por eso no me cabe responder por ella. Sin embargo, no quiero escabullir una respuesta que atañe a mi situación individual como persona. El reconocimiento de culpabilidad y el subsiguiente cumplimiento del castigo aplicado por la falta cometida, tiene como efecto primordial aliviar la conciencia afectada. Se trata de un acto personalísimo e indelegable. Reviso mi memoria y, en relación con mi desempeño funcionario en materia de protección a los derechos humanos, en lo que se refiere a cumplimiento de mis deberes, la verdad es que no tengo muchas cosas de que arrepentirme. Por el contrario, de bastantes personas conocedoras de mi desempeño, he recibido agradecimientos y reconocimientos, entre ellas la ex senadora María Elena Carrera.

¿Se siente distante de la Corte Suprema de ese tiempo?

Desde 1974 a 1979 fui relator de ese tribunal. Siempre recibí de todos sus integrantes un trato respetuoso y cariñoso, que me inhabilita para efectuarles juzgamientos públicos. Aunque cabe mencionar que, en su ocasión, fui sancionado disciplinariamente junto a los ministros Hernán Correa de la Cerda y Germán Hermosilla, por haber concurrido al domicilio del juez García Villegas a manifestarle mi pesar ante la medida disciplinaria de suspensión que dicha Corte le aplicó, con motivo de haberse acogido un reclamo que en su contra interpuso, si mal no recuerdo, el director de la CNI.

¿Qué problemas enfrentaron con las policías o el régimen cuando pedían información?

El habeas corpus (recurso de amparo) tiene como finalidad poner término a una privación de libertad ilegal o arbitraria. En un régimen normal -democrático- la resistencia a cumplir la orden judicial tiene gravísimas consecuencias (desacatos, acusación constitucional, etc.). Pero si la autoridad niega tener detenido al individuo, situación de frecuente ocurrencia en la dictadura, la Corte de Apelaciones podía designar a uno de sus miembros para que se constituyera en el sitio donde se denunciaba estaba el detenido. Resultado: siempre era un recinto militar y se le impedía el acceso al juez. En otras ocasiones se informaba que el afectado se encontraba sujeto a la jurisdicción militar y se trasladaba el recurso a la Corte Marcial o Naval, según el caso. Con la experiencia acumulada se nos fue haciendo patente que el modus operandi tenía algunas macabras particularidades que permitían vaticinar destinos. Un informe que reconocía la aprehensión, cualquiera fuese la excusa que se daba, permitía vaticinar la sobrevivencia. Recordar esos sucesos es angustiante, por la impotencia de que el recurso de amparo resultaba totalmente ineficaz.

¿Qué experiencia recuerda?

Una desagradable. Me correspondió constituirme en un domicilio donde el recurso de amparo mencionaba que individuos desconocidos, que resultaron ser de organismos de seguridad, se habían llevado al dueño de casa y mantenían detenida a la familia. Se me proporcionaron las llaves y procuré ingresar, pero se me impidió entrar, haciéndoseme amenazadoras exhibiciones de metralletas a escasa distancia de mi cuerpo.