El flanco que Guzmán abrió a los civiles de Pinochet

Procesamiento de los generales (R) César Benavides y Enrique Montero Marx por los crímenes de la Operación Colombo, apunta a responsabilidad política en violaciones a los derechos humanos, pues magistrado argumenta que como ministros no podían ignorar “el régimen de privaciones de libertad ilegales que se estaba perpetrando”.

-Lea parte de la resolución del juez Guzmán

En una decisión judicial que enciende una nueva luz de alerta entre los civiles que ejercieron altos cargos durante el régimen militar, el ministro Juan Guzmán Tapia procesó como cómplices de secuestro calificado y reiterado de las víctimas de la Operación Colombo a los ex ministros del Interior del régimen militar, César Benavides Escobar y Enrique Montero Marx.

Aunque se trata de dos generales en retiro –uno de la FACH y el otro del Ejército-, de fructificar esta resolución en las instancias superiores del Poder Judicial, marcará un importante precedente en otras causas que persiguen responsabilidades políticas en las violaciones de los derechos humanos registradas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet.

Ello, debido a que Guzmán fundamentó sus procesamientos en el rol que desempeñaban en el gabinete del gobernante de facto, resaltando que “atendidas las funciones que realizaban era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando, y no obstante a ello informaran que no se tenía antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados por actos simultáneos”.

Los mismos argumentos fueron ocupados por Guzmán para añadir un nuevo encausamiento contra Benavides, esta vez en el marco de la Operación Cóndor, en su calidad de cómplice en el caso de cinco miristas desparecidos en Argentina en 1976, entre ellos Edgardo Enríquez.

Por ello, el abogado querellante en Operación Colombo, Hernán Quezada, valoró la decisión de Guzmán de apuntar la responsabilidad de los colaboradores de Pinochet, tanto en materia militar como civil.

“El ministro Guzmán ha concluido que estas personas tuvieron responsabilidad en la operación que se montó para encubrir estos desaparecimientos de más de cien personas en nuestro país. Desde ese punto de vista, no sólo tienen responsabilidad política administrativa, sino que eventualmente responsabilidad criminal también”, expresó el jurista.

Quezada agregó que “consideramos que el ministro Guzmán está culminando una fase de esta investigación judicial, esclareciendo las responsabilidades de quienes participaron en estos hechos y nos parece que es altamente positivo”.

Fantasmas para Fernández

La explicación de Guzmán para dictar estos procesamientos contra altos cargos políticos de la dictadura es similar a los fundamentos expuestos por los abogados Alfredo Morgado y Julia Urquieta en la querella que, a días de difundirse el informe sobre prisión política y tortura, interpusieron en contra del ex dictador Augusto Pinochet y su otrora ministro del Interior Sergio Fernández, en representación de veinte personas que sufrieron apremios ilegítimos durante el régimen militar.

En el escrito, que ahora se encuentra en manos del juez Joaquín Billard, se indica que hay antecedentes de que ambos fueron “cómplices” de los apremios sufridos por 28 mil torturados. “Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centros de detención, no se informaba a los familiares y tampoco cuando se recurría a los tribunales; pareciera que había oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas, que ordenaban a los organismos de seguridad no dar información”, argumentó el abogado del PPD Alfredo Morgado.

De allí la importancia de la resolución emitida ayer por Guzmán, pues hasta ahora las condenas y procesamientos por violaciones a los derechos humanos se han centrado en los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, y no en quienes como Fernández, Benavides y Montero ocuparon altos cargos en ese gobierno de facto, y tuvieron en esa calidad conocimiento del accionar de los organismos represivos.

César Benavides.

No en vano, el ex subsecretario del Interior, y actual presidente de la UDI Jovino Novoa se sorprendió ayer con la resolución del magistrado, y declaró que “la justicia está ignorando hechos fundamentales como la prescripción, la Ley de Amnistía, y sin conocer los antecedentes me cuesta creer que haya argumentos jurídicos para este procesamiento”.

La responsabilidad de Interior

De hecho, la declaración que Montero Marx efectuó ante Guzmán en el caso de la Operación Colombo detalla que los informes sobre detenidos desaparecidos que emitió durante su paso por La Moneda se rigieron por una normativa dictada por el general Oscar Bonilla en 1973, que exigía informar al Ministerio del Interior de cualquier detención ordenada en el marco del Estado de Sitio, correspondiéndole a esa cartera dictar un decreto exento que especificara la autoridad responsable del arresto y del detenido.

Enrique Montero Marx.

Por ello, el Poder Judicial solicitaba a Interior ese decreto exento cuando se interponía un recurso de amparo, y aunque Montero Marx argumenta que la DINA no siempre se atenía a este procedimiento -por lo que el ministerio respondía a las cortes que no tenía conocimiento de su detención-, el magistrado lo procesó ayer por el secuestro de Juan Rosendo Chacón Olivares, Carlos Gajardo Wolf, Jorge Hernán Müller Silva y Juan Carlos Perelman Ide.

Lo mismo vale para César Raúl Benavides, encausado como cómplice de los crímenes de secuestro calificados de 16 personas: Francisco Eduardo Aedo Carrasco, Rubén Arroyo Padilla, Jaime Buzzio Lorca, Antonio Cabezas Quijada, Juan Rosendo Chacón Olivares, Luis Eduardo Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, Eduardo Francisco Miranda Lobos, Jorge Alejandro Olivares Graindorge Benítez, Carlos Freddy Pérez Vargas, Sergio Reyes Navarrete, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Segundo Toro Romero, Víctor Manuel Villarroel Gangas y Héctor Zúñiga Tapia.