De La Tercera: 08-11-2004

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, María Luisa Sepúlveda, dijo hoy que el informe que será dado a conocer el próximo miércoles por el Presidente Ricardo Lagos "es representativo por la magnitud y los lugares que abarcó".
Sepúlveda reveló que la comisión trabajó "de Arica a Punta Arenas, en 42 gobernaciones, 110 localidades y reunió cerca de 35.000 testimonios. El informe representa lo que pasó, aunque no están todas las personas. De las que participaron, algunas llegaron desde lugares muy apartados".
La comisionada insistió en que la muestra es "suficientemente representativa" y consideró que "en términos globales en la información que se entregó se da cuenta que pasaron situaciones similares a lo largo del país".
Además, Sepúlveda indicó que las torturas fueron cometidas por uniformados miembros "de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y por personal de los organismos de seguridad. También hubo alguna participación de civiles".
Respecto del apoyo que prestaron las Fuerzas Armadas, la funcionaria señaló que "hubo alguna colaboración, pero fue disímil entre los diferentes organismos".
La vicepresidenta de la comisión opinó que es "difícil" que se cierre para Chile lo que significaron las violaciones a los derechos humanos, pero destacó que es "un paso importantísimo".
Sobre este punto, subrayó la reacción que ha tenido el Ejército: "Es diferente lo que ha sucedido ahora a cuando se dio a conocer el Informe Rettig. Con e reconocimiento del Ejército, sobre que hubo una acción institucionalizada, no me cabe duda de que habrá una mejor recepción al documento".
En cuanto a una posible reparación a las víctimas de la tortura, Sepúlveda afirmó a Radio Cooperativa que se hará una recomendación al gobierno.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en noviembre de 2003, después de que el Presidente Lagos se dirigiera al país para asegurar que en el tema de los derechos humanos “no hay mañana sin ayer”.
La entidad gubernamental buscó establecer quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas y fueron víctimas de agentes del Estado o personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990.
Además, la comisión debe proponer medidas de reparación.