Archivos secretos
Graves acusaciones sobre jefe del Ejército chileno
Pascale Bonnefoy
(Publicado originalmente en Noticias Aliadas,
el 3 de junio de 2002)
La hermana de Boris Weisfeiler, el único
estadounidense desaparecido durante la dictadura militar, ha invocado al nuevo comandante
en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, y a la ministra de Defensa,
Michelle Bachelet, a cooperar en la investigación judicial, abriendo los archivos
secretos de las Fuerzas Armadas y de la disuelta policía secreta.
Olga Weisfelier envió una carta en abril a Bachelet y Cheyre -quien
asumió el cargo el 10 de marzo solicitándoles colaboración en la investigación
judicial iniciada en junio del 2000 sobre la desaparición de su hermano Boris, un físico
ruso-estadunidense, profesor de Pennsylvania State University (PSU), visto por última vez
en enero de 1985 mientras acampaba en el sur de Chile, cerca del enclave alemán llamado
Colonia Dignidad, ahora Villa Baviera.
En su misiva, Olga pide a Bachelet y a Cheyre cooperar en la
investigación que lleva el juez Juan Guzmán, entregando los archivos del Ejército y de
la Central Nacional de Informaciones (CNI) que pudieran contener información sobre el
caso.
Los más de 250 documentos sobre Weisfeiler desclasificados por el
gobierno de EEUU en junio del 2000 demuestran que el académico de 43 años fue
secuestrado por una patrulla militar y llevado a Colonia Dignidad, que sirvió de centro
de detención y torturas durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-90) (NA, Mayo 21,
1998). Uno de los documentos relata que un informante asegura haber visto a Weisfeiler
dentro de Colonia Dignidad viviendo en "condiciones de animal" dos años
después de su desaparición.
"Los documentos desclasificados de EEUU dejan pocas dudas de que
Boris Weisfeiler fue arrestado por una patrulla militar por el "crimen" de estar
de excursión cerca de Colonia Dignidad; que fue abusado severamente, llevado al enclave y
hecho desaparecer desde ahí. Tampoco dejan dudas de que los oficiales militares
intentaron encubrir las verdaderas circunstancias de su caso, como continúan haciéndolo
hasta hoy", afirmó Peter Kornbluh, del National Security Archive, organización no
gubernamental con sede en Washington, dedicada a lograr la desclasificación y difusión
de documentación secreta del gobierno estadounidense.
En esa época, el gobierno militar afirmó que Boris había muerto
tratando de cruzar el río Ouble. Sin embargo, los documentos desclasificados, muchos de
ellos de la Embajada de EEUU en Santiago, contienen evidencias de sucesos muy distintos.
"Yo nunca creí que Boris 'simplemente' se ahogó, y siempre supe
que algo terrible le había pasado. Los documentos desclasificados describen esas cosas
terribles: brutales interrogatorios, torturas en Colonia Dignidad, y su vida como
prisionero bajo condiciones bestiales. No obstante, durante estos largos 17 años, nunca
creí que Boris había muerto o había sido asesinado. Y aún hoy, todavía guardo la
esperanza de que mi hermano pueda estar vivo en Colonia Dignidad", aseguró Olga
Weisfeiler.
Aunque Bachelet pida la colaboración del Ejército, no se sabe cuánto
podría efectivamente lograr con ello.
Meses atrás, cuando los tribunales solicitaron al Ejército entregar
los expedientes de un Consejo de Guerra efectuado a un detenido desaparecido en 1973, el
ex comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, simplemente dijo que no
existían, porque habían sido destruidos en un incendio presuntamente provocado por un
atentado de grupos izquierdistas.
Cheyre, por su parte, no tendría ningún interés en que se conozca el
contenido de esos archivos dado su oscuro pasado. Aunque el gobierno se niega a abordar o
responder a las acusaciones contra Cheyre, es sabida la participación de éste en
violaciones a los derechos humanos en 1973, cuando era un joven oficial en La Serena, en
el norte del país.
Como parte de sus antecedentes, Cheyre se negó a entregar en 1985 la
lista de oficiales asignados a la CNI a un juez que investigaba el asesinato ese mismo
año de Paulina Aguirre Tobar, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En 1988, siendo Intendente de la III Región -la máxima autoridad política regional- el
entonces teniente coronel Cheyre es mencionado como encubridor de torturas infligidas por
agentes de la CNI a una docena de militantes de izquierda, cuya detención fue negada por
Cheyre.
También está imputado como "inculpado" en una querella
criminal presentada en julio del 2001 por la muerte de dos niños de siete y ocho años,
asesinados por el Ejército el 24 de diciembre de 1973 en el norteño puerto de Coquimbo,
mientras jugaban cerca de un gasoducto custodiado por militares. El abogado querellante,
Hugo Gutiérrez, ha pedido al juez Guzmán que tome declaración al entonces comandante
del regimiento, Ariosto Lapostol, y su oficial ayudante, el entonces teniente Cheyre.
Como ayudante de Lapostol en La Serena, Cheyre también participó en
la muerte de 15 prisioneros, que fueron sacados de la cárcel local por la comitiva que
llegó desde Santiago comandado por el general Sergio Arellano Stark en octubre de 1973,
conocida como la Caravana de la Muerte (NA, Dic. 11, 2000). Los 15 detenidos fueron
llevados al regimiento y fusilados por los miembros de la comitiva. Los oficiales del
regimiento, entre ellos Cheyre, les dispararon el tiro de gracia.
Uno de los testimonios más desgarradores de la actuación de Cheyre
apareció en el periódico El Siglo. En él, Eliana Rodríguez Dubó lo acusa de encabezar
el piquete de soldados que en octubre de 1973 la detuvo, allanó su casa, la golpeó, la
tomó prisionera, y después, en el Regimiento Arica de La Serena, la torturó y violó
por más de un mes.
"Fui violada para que confesara mi militancia política y los
nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en
los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina... El teniente Cheyre dio
orden para que se me fusilara 'en vista que no delataba a nadie'. El falso fusilamiento se
efectuó. Cheyre dijo 'saquen a esta maraca afuera y mátenla', relató Rodríguez en El
Siglo.
Aunque al asumir el cargo Cheyre comprometió públicamente el apoyo de
su institución para resolver los casos de derechos humanos, a principios de abril su tono
cambió. En una visita a regimientos al sur de Chile, Cheyre reclamó que "quienes
están siendo demandados frecuentemente se sienten víctimas de un proceso
traumático", y que esos "continuos requerimientos [judiciales] exigen una carga
de trabajo muy grande".
En mayo, la ministra Bachelet respondió a Olga Weisfeiler, expresando
su solidaridad e intención de colaborar con el Poder Judicial. Sin embargo, lo más
probable es que Olga espere inútilmente una respuesta de Cheyre.