José Carrasco

En memoria de José Carrasco Tapia:

En Chile tampoco hay justicia para los periodistas asesinados o desaparecidos

por Ernesto Carmona - Septiembre 2005
(especial para Argenpress.org)

Una vez más se cumplió en este septiembre con el triste ritual de un homenaje a la memoria de los periodistas asesinados y desaparecidos personificados en José Carrasco Tapia, ultimado el 8 de septiembre de 1986, un día después del atentado fallido contra Augusto Pinochet. Como todos los años, la convocatoria del Colegio de Periodistas fue atendida por un centenar de colegas, amigos, familiares y compañeros de trabajo de "Peppone" en un sencillo acto en el mismo lugar en que fue acribillado con 23 impactos de bala en venganza por la acción no lograda contra el dictador, hoy una estrecha vereda contigua al muro sur del Cementerio Parque del Recuerdo, al borde del intenso tráfico de la nueva autopista Av. Américo Vespucio Norte, en Huechuraba, Santiago.

José Carrasco es el emblema de todas las víctimas del periodismo cuyos asesinos suelen llevar una vida normal y hasta parecen personas "respetables". En los pocos casos acogidos por los tribunales, los victimarios están siendo favorecidos por la justicia, pero si llegan a ser condenados apenas reciben penas leves. Pero lo poco que hace el Poder Judicial lo deshace el Presidente, y así "las instituciones funcionan", como dice el jefe del Estado, con la puerta del indulto presidencial abierta y ahora, la amenaza de generalizar la indulgencia mediante una ley especial introducida en el Senado por la extrema derecha pinochetista, una iniciativa "valorada" por Ricardo Lagos, quien después enfrió su apoyo.

El periodista José Carrasco no tuvo nada que ver con el atentado fallido a Pinochet, pero fue asesinado en represalia junto a otros tres opositores a la dictadura que tampoco estuvieron involucrados en la acción –Abraham Muskablit, Felipe Rivera y Gastón Vidaurrázaga–, cuyo recuerdo se va sepultando lentamente en el olvido, en casi veinte años de impunidad fortalecida por el propósito encubierto –pero irrenunciable– de gran parte de la clase política de poner un "punto final" a todos los crímenes contra los derechos humanos acaecidos durante la dictadura (1973-1990) para "cerrar definitivamente las heridas" a más de tres décadas del golpe. Todas estas cosas ocurren de preferencia en septiembre, "mes de la patria" en que ocurrieron todos los golpes de estado, en que antaño se realizaban las elecciones presidenciales y se conmemora toda suerte de efemérides, incluida la fiesta nacional del 18 y la parada militar del 19.

Septiembre es el mes en que una gran parte de Chile recuerda a sus muertos y desaparecidos victimados por la dictadura, mientras centenares de autores victimarios circulan libremente por las calles. Jorge Vargas Bories, el principal asesino de Carrasco, llegó a ser entrevistado –en 2003– como "padre ejemplar" de una concursante exitosa de la televisión pública, más influida por los partidos de derecha que por el Estado, merced a la voluntad suprema del Presidente Ricardo Lagos expresada cada vez que designa al directorio de TVN, "la televisión de todos los chilenos". Los jueces que han estado a cargo del caso Carrasco saben desde hace años quiénes fueron sus asesinos, que son los mismos que intervinieron en "Operación Albania" y otros grandes crímenes masivos y emblemáticos. Pero nada ocurre, sólo pasa el tiempo...

Y el tiempo transcurre a favor de los autores de los crímenes, vistan o no algún uniforme. Los juicios demoran tanto que los victimarios mueren... pero de viejos, como ocurrió en agosto con el general de ejército Carlos Forrestier Haensgen, el suegro del comandante en jefe que se fue al otro mundo cargando a sus espaldas por lo menos 23 muertes y desapariciones conocidas por los tribunales. Y una vez fallecidos y despedidos con "dolor" en un funeral de honor, el aparato de propaganda del Ejército y las declaraciones de los próceres políticos presentan a estos personajes como "víctimas" ...de una mortificante justicia que lesionó sus "derechos humanos" con largos procesos judiciales donde no alcanzaron a probar su "inocencia" para pasar a la historia militar inmaculados –como "próceres"–, pero igual admirados por sus pares y la opinión pública que escucha los dichos de los barones de la política que aparecen en la televisión. Hace tiempo que este país vive el "revés", la otra dimensión de la realidad –contraria al anverso–, en un "reality show" interminable, con abundantes premios y donde los medios y los dichos públicos imponen la realidad virtual hasta desaparecer a la real. Y se vende al mundo una imagen virtual de plena democracia y prosperidad bajo el slogan "todos somos chilenos"... Chile no es lo que parece ser, pero no importa...

Procesos sin grandes avances

En 17 años (1973-2000), la dictadura asesinó o hizo desaparecer a 23 periodistas, 9 estudiantes que estaban terminando la carrera, 20 fotógrafos, radiodifusores, documentalistas y trabajadores de muchos otros oficios ligados a la comunicación y a tareas afines, como los obreros gráficos, que suman en total más un centenar de secuestrados y desaparecidos o asesinados, sobre un total nacional de 2.905 víctimas documentadas oficialmente, por la Comisión Rettig y otras instancias.

Los periodistas y trabajadores afines suman 101, según el libro Morir es la Noticia, es decir, el 3,5% de un total nacional de 2.905 víctimas, donde hay 1.720 ejecutados (59,2%) y 1.185 desaparecidos (40,8%), de acuerdo a la Comisión Nacional de Reparación. En treinta años, se han dictado setencias en escasos 18 asesinatos, apenas el 1,05% de los 1.720 ejecutados, y sólo están en la cárcel los responsables de una sola desaparición, el 0,08% de 1.185 casos –la de Miguel Angel Sandoval Rodríguez–. La virtual expulsión del Poder Judicial del magistrado Juan Guzmán Tapia, el único que se atrevió a juzgar a Pinochet, ha sido un duro golpe a la justicia de verdad, una maniobra que allanó el camino a las intenciones de indultos y de "punto final" que hoy se sustentan abiertamente. Todos los casos de periodistas y trabajadores de la comunicación fueron registrados en el libro Morir es la Noticia (1997), que se encuentra gratis y completo, con sus 432 páginas de papel y centenares de fotografías en http://shop.logos.it/users/carmona/index y otros sitios de Internet.

Según la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), apenas hay 46 uniformados condenados como "reos rematados", por lo tanto "técnicamente" habilitados para recibir el indulto que Ricardo Lagos le otorgó en estos días a Manuel Contreras Donaire –el asesino del sindicalista Tucapel Jiménez–, pero 24 de esos condenados ya están en libertad porque las penas fueron demasiado suaves. Entre esos 46 que visten uniforme, hay 20 del Ejército, 23 de Carabineros y tres civiles, incluyendo a tres generales del ejército que cumplen tranquilamente en sus casas las penas "remitidas" de escasos 800 días, Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Hald y Hernán Ramírez Rurango.

Hay un cuarto general, Augusto Pinochet, a quien la justicia pelotea como balón de fútbol –o una papa caliente–, que por años viene quitándole la inmunidad de "ex Presidente", por la vía del "desafuero", para declararlo "loco" inmediatamente después, condición de "salud" que lo exime de ser procesado. Precisamente, esta semana Pinochet fue desaforado para ser procesado por el caso de "Los 119", llamado también "Operación Colombo", una acción de "inteligencia periodística" enmarcada en la "Operación Cóndor" que intentó justificar la desaparición en Chile de 119 personas que fueron presentadas a la opinión pública como asesinadas por sí mismas, durante grandes batallas por "el botín del MIR" en "las ensangrentadas pampas argentinas", todo esto gracias a la edición de diarios y revistas que jamás volvieron a imprimirse, fabricados sólo para dar esta "noticia" en Buenos Aires y Curitiba. Pero al día siguiente, el jueves 15, la Corte Suprema rechazó otra petición de desafuero contra Pinochet para ser procesado por la "Operación Cóndor". El siguiente paso del sainete serán los exámenes médicos que volverán a declararlo "loco". Y "el show debe continuar".

En total, el poder judicial procesa hoy a 372 uniformados que son candidatos a los nuevos indultos que propicia un proyecto de ley introducido en el Senado con apoyo inicial de dos senadores del gobierno y el respaldo inicial del Presidente –para "cerrar heridas"–, quien decidió aguardar qué ocurrirá en la Cámara Alta. Según el FASIC, de los 372 uniformados procesados por los tribunales, 64 están involucrados en más de un caso, ya que los crímenes más crueles y emblemáticos fueron cometidos por un mismo grupo de personas (http://www.fasic.org).

La causa de José Carrasco ha tenido por lo menos tres jueces en casi 20 años. El actual insructor del proceso, el ministro Hugo Dolmetsch, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en agosto de 2004 aseguró al Colegio de Periodistas que dictaría sentencia a más tardar en octubre, pero ha transcurrido un año sin que haya novedades. Sin embargo, abundan las malas noticias en numerosas otras causas que atañen a periodistas o trabajadores de la comunicación que escasamente fueron reseñadas por la prensa, de acuerdo al Informe FASIC para el primer semestre 2005, preparado por la periodista Nancy Guzmán.

El caso Diana Aron

En la causa de la desaparecida periodista del MIR Diana Aron Svigilsky, la Corte de Apelaciones aplicó el 1 de junio de 2005 la Ley de Amnistía de 1978. La víctima fue baleada en la calle el 18 de noviembre de 1974 y, herida como estaba, la trasladaron al centro de torturas Villa Grimaldi, de donde desapareció paa siempre. La llamada Ley de Amnistía de 1978 –que no fue aprobada en ningún parlamento sino literamente "dictada por el dictador"– otorgó impunidad a los autores de violaciones de derechos humanos ocurridas desde el golpe de estado del 11 septiembre de 1973 hasta que fue llamado a retiro el director de la DINA, general Manuel Contreras, el 27 de marzo de 1978. Votaron a favor de este fallo el ministro Víctor Montiglio y la abogada integrante Ángela Radovic, mientras el voto disidente correspondió al magistrado Carlos Gajardo.

Los beneficiados por esta amnistía a sentencias de primera instancia son el general (r) Juan Manuel Contreras Sepúlveda, condenado a 15 años; el brigadier (r) de ejército Miguel Krassnoff Martchenko, sentenciado a 10 años de presidio; el coronel (r) del ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, 10 años por el delito de secuestro calificado; el coronel (r) del ejército Marcelo Luis Morén Brito, 10 años como autor de secuestro calificado; el civil adscrito al ejército Osvaldo Enrique Mena Bravo, condenado a 10 años por secuestro calificado.

El abogado querellante de FASIC Nelson Caucoto, que también representa a la familia en la causa de José Carrasco Tapia, consideró el fallo como una lamentable involución y dijo que "en Chile solamente puede suceder una situación de esta naturaleza, en que jurídicamente se da la aplicación de un decreto-ley que es absolutamente espurio, que es inmoral y que no podría ser aplicado ni aquí ni en ninguna parte". El abogado de Manuel Contreras calificó el fallo como "correcta aplicación del derecho".

Este fallo causó indignación entre los abogados de derechos humanos, puesto que redactó la sentencia el ministro Víctor Montiglio, el sustituto del juez Juan Guzmán en estas causas. Montiglio ha rechazado todas las peticiones de desafuero contra Pinochet, siempre ha favorecido con su voto a los militares procesados y hoy está a cargo de las causas conocidas como "Operación Colombo", "Operación Cóndor", "Conferencia" y "Caravana de la Muerte".

Diana Aron aparece en las listas entregadas por Manuel Contreras a la Corte Suprema como "colaboración" personal, una sarta de mentiras en que la hace aparecer "muerta en combate" por la "Unidad DINA". El abogado Caucoto presentó a la Corte Suprema un recurso de casación en la forma y en el fondo.

Novedades en otras causas

José Tohá

En la causa por José Tohá González, socialista, ex director del diario Las Noticias de Ultima Hora y ministro de Defensa de Salvador Allende –cuando el general Carlos Prats dirigía el Ejército–, el juez Jorge Zepeda Arancibia sometió a proceso a los coroneles Ramón Pedro Cáceres Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejía, de la Fuerza Aérea (FACH), como autores del delito de torturas mientras estuvo preso en el Hospital Militar de Santiago, donde fue estrangulado el 15 de marzo de 1974 pero su asesinato se disfrazó como "suicidio" por ahorcamiento, según el testimonio del médico Alfonso Chelén, hoy de 77 años, perito de la policía que examinó el cadáver todavía fresco en 1974 y fue botado de su trabajo por no prestarse a la farsa firmando la causa de muerte que le habían preparado. El magistrado aplicó el Artículo 150 del Código Penal: "El empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormento o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere su aplicación..." Según nuevos testimonios, el ex ministro Tohá era trasladado desde el Hospital Militar a la Academia de Guerra de la FACH para ser sometido sistemáticamente a torturas.

En el caso de José Sampsom Ocaranza, trabajador de prensa izquierdista de Iquique, víctima de "secuestro calificado" –después de fusilado jamás apareció su cuerpo, al igual que los de otras nueve personas– el principal inculpado, el general de ejército Carlos Forrestier Haensgen, suegro del comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, murió en agosto 2005, a los 85 años. En mayo, su defensa solicitó el sobreseimiento, alegando isuficiencia física para "guiar correctamente su defensa ante los tribunales de justicia". De este modo, 23 crímenes quedaron impunes, porque también fue responsable de otros 14 fusilamientos que quedaron como "homicidios calificados" por haber aparecido los restos.

José Leonardo Pérez

En el caso del articulista no vidente y socialista José Leonardo Pérez Hermosilla, del diario del gobierno allendista La Nación, el ministro Alejandro Solís sometió a proceso el 7 de marzo a siete miembros en retiro del ejército y a uno de la Policía de Investigaciones por la desaparición de la víctima, secuestrada el 3 de enero de 1974 por la FACH en la Plaza de la Constitución, frente al palacio La Moneda, y trasladada –para su posterior desaparición– al centro de detención y torturas de Tejas Verdes, donde era jefe el entonces coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el fatídico fundador de la DINA. Los procesados por "secuestro calificado" son este sujeto –que llegó a general del ejército–, el coronel (r) del ejército David Adolfo Miranda Monardes, el médico coronel (r) del ejército Vitorio Orvieto Teplinzki, el teniente coronel (r) de ejército Raúl Pablo Quintana Salazar, los mayores (r) del ejército Mario Alejandro Jara Seguel y Klaudio Erich Kosiel Horning, el prefecto (r) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo y el suboficial mayor (r) del ejército Patricio Laureano Carranca Saavedra.

Gabriel Vergara

En la causa del radiodifusor del MIR Fernando Gabriel Vergara Vargas, fundador de radioemisoras clandestinas asesinado en la calle el 15 de diciembre de 1984, el 10 de febrero 2005 la jueza Raquel Lermanda, del 9º Juzgado del Crimen de Santiago, notificó las acusaciones por delito de homicidio calificado contra 6 ex agentes de la CNI, el coronel (r) del ejército Aquiles Mauricio González Cortés, el mayor (r) del ejército Alvaro Julio Corbalán Castilla, el capitán (r) del ejército Luis Arturo Sanhueza Ros, los suboficiales Luis Hernán Gálvez Navarro y Francisco Javier Orellana Seguel y el empleado civil del ejército (r) Jorge Fernando Ramírez Romero. Tres de los acusados testimoniaron que Francisco Javier Cuadra, actual rector de la Universidad Diego Portales y ministro Secretario General de Gobierno al ocurrir el crimen, concurrió hasta el lugar en que Vergara yacía acribillado, en compañía de Álvaro Corbalán Castilla, también jefe de los sicarios del periodista José Carrasco Tapia, asesinado una madrugada en que este mismo ministro Cuadra –de Pinochet– estaba de turno en el palacio de gobierno.

Jaime Aldoney

En la causa por desaparición del periodista y concejal de Limache, Jaime Aldoney Vargas, la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Gabriela Corti se inhabilitó el 28 de junio para seguir investigando el caso. Aldoney fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y trasladado a la Base Naval El Belloto, desde donde desapareció. La jueza adoptó su decisión tras manifestarse de acuerdo con el sobreseimiento definitivo, argumentando que ya estaba prescrita la causa que involucra a siete miembros de la marina. La Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá decidir si acoge la medida para nombrar a un nuevo ministro que siga instruyendo el caso.

Charles Horman

Leonardo Henrichsen

Hay otros juicios que siguen activos gracias al tesón de los abogados y familiares, pero que últimamente no han registrado novedades, como el del periodista estadounidense Charles Horman, a cargo de la abogada Fabiola Letelier e incoado por su viuda, Joyce, quien vive en Nuea York, otra de las causas que atendía el juez Juan Guzmán Tapia, defenestrado por jubilación, después de negársele el ascenso a ministro de la Corte Suprema y cortarle su carrera profesional. En otros asesinatos, los familiares nunca reclamaron justicia, como es el caso del cmarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, de la Radio y TV de Suecia, ultimado por el ejército en las calles céntricas de Santiago, el 29 de junio de 1973, en un conato de alzamiento castrense poco antes del golpe militar definitivo del 11 de septiembre de 1973.

La ceremonia por José Carrasco

El homenaje a José Carrasco fue, por tanto, un acto por todos los periodistas y trabajadores de la comunicación victimados, cuyos retratos colgaban de la pared exterior del cementerio, frente a la autopista. La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Lucía Sepúlveda, del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas. El Consejero Nacional Luis Conejeros leyó un saludo de Olivia Mora Campos, madre de los hijos de Carrasco, y a la vez, expresó palabras emotivas en recuerdo de Carrasco y su trayectoria, pese a que no lo conoció, en tanto Ernesto Carmona dio a conocer un mensaje de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) suscrito por el Tesorero, Guillermo Torres Gaona, e indicó que se trataba de otro crímen impune.

También intervinieron Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio; María Verónica Martínez, presidenta del Círculo de Periodistas de Santiago; Fernando Sagredo, del colectivo Agrupación de Periodistas Jóvenes; Héctor Rolla, por la Asociación de Periodistas Jubilados; Marcia Scantlebury, a nombre de los compañeros de trabajo de la víctima en revista Análisis; y Francisco Olea, concejal socialista de La Reina, amigo de Pepe Carrasco.

Entre los presentes se encontraba Graciela Orellana, prima de Carrasco, y Luisa Martínez, familiar; además de Cecilia Alzamora, Secretaria General del Colegio; Patricio Martínez, Secretario General del Consejo Metropolitano; Nancy Ortiz, Consejera Metropolitana; Luis Arnez, director del Círculo y consejero metropolitano; las periodistas Juanita Rojas, Patricia Collyer, Rosse Marie Graep, Bernardita Aguirre, José Luis Córdova, Mirtha de Vargas, Hugo Olate, Carlos Antonio Vergara, Rubén Andino, Manuel Julio, Jorge Cárcamo, Gustavo Medina, Enrique Rojas y numerosos otros amigos y colegas de José Carrasco.

Todas las personas que intervinieron coincidieron en reclamar justicia por este asesinato y se manifestaron contrarias al proyecto de imponer una legislación de "punto final", mediante el consenso político entre legisladores de la extrema derecha y algunos de la coalición de gobierno, no todos.