En Estados Unidos juzgarán los crímenes de Pinochet:
Hoy designan al jurado que procesará a la Caravana de la Muerte
por Ernesto Carmona

 22 Septiembre 2003

La Corte Federal del Distrito Sur de Florida, División Miami, designará hoy lunes 22 al jurado que podría castigar al ex capitán del Ejército chileno Armando Fernández Larios por la muerte con torturas del economista Winston Dwight Cabello Bravo, 28 años, asesinado en Copiapó –norte de Chile– el 17 de octubre de 1973 por la "Caravana de la Muerte" que comandó el general Sergio Arellano Stark.

El tribunal no sólo sentará en el banquillo al ex capitán de Ejército, sino a todo el régimen de Augusto Pinochet y, en particular, a la conducta ética de los militares que protagonizaron viles matanzas emblematizadas por el séquito de Arellano Stark. Esta histórica causa será posible por una ley del tiempo de los piratas –siglo 18– y otra de los años 90. Hay expectación por el comienzo de las audiencias públicas, mañana martes, porque se conjetura cómo y por dónde ingresara al tribunal un acusado que vivía secretamente en EE.UU, aunque rehusó acogerse a la inmunidad que otorga a sus colaboradores el sistema de protección de testigos del Departamento de Justicia. Fernández Larios desertó del Ejército en los años 80 y se entregó en Estados Unidos al fiscal Eugene Propper, a cargo de la investigación del asesinato de Orlando Letelier, acaecido en Washington, en 1976.

Víctimas de la Caravana
"La Caravana de la Muerte" asesinó a un centenar de civiles en todo el país –71 en la zona Norte–, durante un recorrido en helicóptero de 2.700 km en 3 semanas, iniciado el 30 de septiembre en dirección sur, tres semanas después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Entre sus víctimas también se encuentran el periodista Carlos Berger Guralnik, 30 años, asesinado el 19 de octubre, faltándole menos de un mes para concluir una pena de 60 días de cárcel en Calama, 1.574 km al norte de Santiago, el economista Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, 26 años, primo del ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, muerto el 19 de octubre en Antofagasta, 1.360 km al norte, y el joven Claudio Lavín Loyola, primo de Joaquín Lavín, el candidato presidencial derechista que compitió con Ricardo Lagos, asesinado en Cauquenes, 400 km al sur de Santiago, el 3 de octubre y por las manos del mismo verdugo, Fernández Larios.

El conocimiento público sobre esta gran carnicería se concentró durante 25 años en los 2.000 km que distan entre Calama y Cauquenes, pero a partir de 1998 el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia –el mismo que procesa a Pinochet– estableció que la comitiva de muerte llegó mucho más al sur (Valdivia-Neltume) y también más al norte (Iquique-Pisagua), para completar un recorrido de 2.700 km a lo largo del país. En la causa 2182-98, que instruye Tapia, hasta hoy figuran 91 víctimas directas: 12 en Valdivia-Neltume, 4 en Cauquenes, 4 en Linares, 15 en La Serena, 16 en Copiapó, 26 en Calama/Chuquicamata y 14 en Antofagasta.

"Misión" de Arellano Stark
La presencia física del entonces poderoso general Arellano Stark en diferentes ciudades coincidió con otras ejecuciones ordenadas por supuestos "consejos de guerra", asesinatos considerados "legales", aunque Guzmán no encuentre todavía las actas de esos "juicios", que probablemente nunca existieron. Arellano Stark dice que presenció ejecuciones no ordenadas por él, sino dispuestas por "consejos de guerra". Las contempló deportivamente, con la naturalidad con que puede observarse un partido de fútbol, como la ejecución del dirigente juvenil campesino Jose Gregorio Liendo Vera, llamado Comandante Pepe, acacida el 3 de octubre de 1973 en Valdivia.

En el léxico oficial del régimen y de la prensa de la época, Arellano Stark "aceleró los juicios", según instrucciones y poderes otorgados directamente por Pinochet en un papel que cargaba en la manga de su chaqueta para mejor mostrárselo una y otra vez a los jefes militares locales. Después se conocieron las ejecuciones y sus detalles sanguinarios.

Criminalidad psicópata
La norma estándar fue que antes de las ráfagas sobre los moribundos –o simplemente, cadáveres– se ejecutaron viles torturas, pasaron uno a uno a los indefensos detenidos a corvo (el puñal oficial del Ejército). Hubo una "conducta militar" que deshizo el mito del honor castrense. Por ejemplo, a Eugenio Ruiz Tagle le arrancaron los ojos estando aún vivo, según constató en 1973 una enfermera amiga suya que trabajaba en el hospital de Antofagasta, quien reconoció el cadáver y testificó ante la justicia.

Tal carnicería irritó a algunos oficiales todavía decentes, como el general Joaquín Lagos Osorio, jefe de la primera División asentada en Antofagasta –fallecido este año 2003–, el único jefe castrense provincial que entregó los cuerpos a los familiares, aunque en urnas metálicas soldadas imposibles de abrir.

Otro estándar fue sepultar los restos lejos de las ciudades. En 1978 hubo una segunda Caravana, en que dos equipos se dirigieron al norte y al sur para desenterrar los restos, arrasar el terreno con máquinas y hacerlos desaparecer esparciéndolos. Por eso, en Calama se han encontrado e identificado sólo unos pocos huesos sueltos.

Guzmán sabe armar rompecabezas
En el paso hasta ahora poco conocido de la Caravana por el sur de Chile, hoy se sabe que también paró en Rancagua, Curicó, Talca, San Javier, Concepción, Victoria y Temuco. La laboriosidad del juez Guzmán hace presumir un probable incremento futuro del número de víctimas. La causa tiene 6 procesados, entre ellos dos generales, Arellano Stark y Héctor Bravo Muñoz, la novena antigüedad castrense al producirse el golpe. Arellano era el 19° más antiguo entre los 25 generales del Ejército de 1973.

Entre los nuevos encausados figura ahora el brigadier (R) Carlos López Tapia, de quien no se sabía que integró la Caravana por el sur como jefe del estado mayor de Arellano Stark, el mismo rol que desempeñó en el tramo norte el teniente coronel Sergio Arredondo González. Tapia también asistió a la ejecución de Liendo y junto a Armando Fernández Larios y Pedro Espinoza "cumplió la orden" de matar, el 4 de octubre de 1973, a cuatro jóvenes en Cauquenes, entre ellos a Claudio Lavín Loyola, primo de Joaquín Lavín, el candidato presidencial derechista que compitió con Ricardo Lagos.

Los medios de la época, encabezados por El Mercurio, explicaron que la gira "aceleraba los procesos". El método de aceleración del séquito de Arellano Stark sacrificó a víctimas jóvenes, profesionales universitarios, ingenieros, economistas, artistas, músicos –como Jorge Peña, de La Serena– y estudiantes –como el truncado periodista Luis Alaníz, de Antofagasta.

Curriculum de un criminal
Fernández Larios, que también estuvo involucrado en el asesinato en Washington de Orlando Letelier, ex embajador en EE.UU. y ex ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa del Dr. Salvador Allende, reside en Florida con otra identidad por lo menos desde 1987, acogido al programa de protección de testigos tras su acuerdo de colaboración con Eugene Propper, el ex fiscal del Distrito Columbia que investigó en los años 80 el asesinato de Letelier en Washington, DC.

El enjuiciado también tiene responsabilidad directa en los asesinatos del ingeniero David Silberman,  ejecutivo de la Corporación del Cobre (Codelco) muerto en Calama/Chuquicamata; y del general Carlos Prats González, ultimado en Buenos Aires, entre muchos otros crímenes. La noche en que murió Cabello, "la Caravana" abatió a 12 detenidos más pasados a cuchillo en las afueras de Copiapó, tras sacarlos de la cárcel local; durante el día, una "corte marcial" dio muerte a otros tres ciudadanos y asesinó a tres más cuyos restos todavía no se encuentran.

Fernández Larios también fue uno de los primeros en ingresar al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Su jefe de entonces, el general Javier Palacios, afirma hoy que debió frenar sus ímpetus criminales porque quiso asesinar "in situ" a todos los "prisioneros de guerra" que se rindieron vivos, quienes igual terminaron muertos o desaparecidos después de su traslado al regimiento Tacna de Santiago.
 
Cruzada familiar
El juicio civil federal contra Fernández-Larios marcará la primera vez en que un miembro de la Caravana de la Muerte sea procesado –casi simbólicamente– en una causa civil por su responsabilidad en los asesinatos perpetrados por los sicarios de Arellano Stark. Los cargos contra Augusto Pinochet en tribunales de España y Chile se basaron también en su responsabilidad por el sanguinario cometido de "la Caravana de la Muerte".   
 
Los demandantes –la madre de Winston Cabello, su hermana Zita y otros familiares– tratarán de establecer que Fernández Larios participó activamente en el asesinato de Winston Cabello, perpetrado en la mañana del 17 de octubre de 1973 –hará exactamente 30 años– en Copiapó, 800 km al norte de Santiago. Asimismo, aspiran a que la corte federal tipifique los asesinatos de "la Caravana" como crímenes contra la humanidad. Tres familiares son ahora ciudadanos estadounidenses y uno tiene residencia permanente legal. Todos abandonaron Chile durante los años 70, para establecerse en el Área de la Bahía de San Francisco después de la muerte de Winston.

Zita, Antígona del siglo 21
La jueza Lenard no tendría un caso, ni Fernández Larios tendría un juicio si no existiera Zita Cabello, hermana de Winston, Ph D en economía, docente en la Universidad de California, sede Santa Cruz, y residente en San Mateo, otra ciudad de la Bahía. Zita descubrió y cazó a Fernández en territorio de EE.UU., aunque éste vivía con identidad falsa y protegido por el Departamento de Justicia por su condición de testigo del caso Letelier. Probablemente, Zita contará los detalles de esta apasionante historia de misterio después que gane el juicio. Por el momento, debe ser discreta en beneficio de la causa, pero evidentemente lo halló en Florida porque en ese estado lo juzgará una corte federal.

Junto a su marido Patricio Barrueto, Zita ha luchado incansable por obtener este juicio, siempre cargando abundantes papeles y documentación, entre otros un enorme aviso de media página publicado en la página 3 del cuerpo C de El Mercurio del 20 de octubre de 2002. "Nos costó 8 millones de pesos (US$ 11.000) llamar la atención en Chile sobre este juicio", señaló. Dijo saber que la publicación fue conocida por el general Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército.

Toda la familia Cabello terminó de trasladarse íntegra a Miami el sábado 20 de septiembre. Desde Estados Unidos viajaron Elsa, la mamá de 86 años; Manuel, el hermano mayor; Aldo, otro hermano; y, por supuesto, Zita, el alma mater de este grupo familiar ansioso de justicia desde hace 30 años. Zita se instaló en Miami el 18 de septiembre, Karen y otros 4 hermanos prepararon sus maletas en Chile. Hijos, sobrinos y nietos también presenciarán el gran acontecimiento. "Desde 1999 aspiramos a este juicio. A todos se nos va a trastornar la vida, a hijos, parientes, amigos, gente de Chile y de El Salvador; todos asistirán a presenciar el juicio", explicó Cabello. "Tenemos muchas esperanzas que la justicia seguirá su justo camino".

Precedente auspicioso  
Una ley de amnistía promulgada por la dictadura de Pinochet protege a Fernández Larios de eventuales juicios en Chile. Las leyes estadounidenses tampoco permiten incoar juicios por matanzas o torturas acaecidas en el extranjero antes de 1994. Sin embargo, dos estatutos federales estadounidenses permiten demandas civiles de las víctimas de derechos humanos –o de sus familiares sobrevivientes– cuando se encuentra a los autores de los crímenes refugiados en territorio de Estados Unidos. 
 
La acción civil iniciada por la familia de Cabello, por consiguiente, es la única vía transitable para reclamar justicia contra Fernández Larios en EE.UU., aunque sea de manera simbólica. Los demandantes no han exigido ninguna reparación monetaria específica, pero si el jurado lo declara culpable, el acusado deberá asumir los gastos del juicio, que bordearán el millón de dólares. La protección federal de testigos tampoco pudo invocarse para eludir esta causa civil.

En Miami existe un precedente que ya sentó jurisprudencia y entusiasma a la familia Cabello. Un grupo de generales y altos oficiales salvadoreños fue hallado culpable anteriormente –por la misma corte federal– precisamente por su condición de torturadores residentes en Miami. Fueron condenados a pagar las costas judiciales de un millón de dólares con cargo a cualquier ingreso legalmente percibido, es decir, sólo pueden trabajar "negro" –en empleos ilegales– para evitar un castigo que les duele hondo, ...en el bolsillo. No se les condenó a reparación económica porque alegaron ser "pobres de solemnidad".

Zita cree que "la condena a pagar de por vida" es un castigo perpetuo, mucho más significativo y eficaz para el criminal que una simple sanción ética, dada la catadura moral del personaje. "El dinero le dolerá hondo, la sanción moral no le quitaría ni el sueño". Fernández Larios estuvo poniendo sus bienes a nombre de terceros desde que fue notificado que tendrá un juicio.

"Resquicios legales"
La familia Cabello está asistida –gratuitamente– por el Centro pro Justicia & Responsabilidad (Center for Justice & Accountability), organización de derechos humanos de San Francisco. Sus prestigiados abogados luchan por acabar con la impunidad de perpetradores de crímenes de derechos humanos –refugiados en Estados Unidos– utilizando la vía de los juicios civiles. Ya lograron una primera victoria el 20 de octubre de 2002, cuando la corte acogió el caso.

Los juristas son los mismos que lograron encauzar antes a los militares salvadoreños. En el equipo participan Robert Kerrigan, de la firma Kerrigan, Estess, Rankin & McLeod, de Pensacola, Forida; y Leo Cunningham, de la empresa Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, del Valle de Silicón, California. "Por este antecedente fue que buscamos el apoyo del Center for Justice...", explicó Zita Cabello.

La demanda se ampara en una ley de 1789, el Alien Tort Claims Act (Acta para Demandas por Delitos en el Extranjero), concebida para combatir crímenes de los piratas, y otra disposición federal de 1991, el Torture Victim Protection Act (Acta de Protección a Víctimas de Tortura), las únicas leyes de Estados Unidos que abren un camino a ciudadanos estadounidenses –y no-ciudadanos– para reclamaciones civiles por crímenes emblemáticos contra derechos humanos que violen la ley internacional.   Ambas leyes se usaron con éxito para castigar –en las últimas dos décadas– delitos de tortura (incluso violación), matanza extrajudicial, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y detención arbitraria. 

¿Quién es Arellano Stark?
El tribunal estadounidense, en el fondo, también juzgará a la Caravana de la Muerte y a su jefe. Hoy Arellano Stark, 82 años, demócratacristiano en 1973 y ex edecán del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), junto con reclamar "inocencia" proclama que "fui el jefe principal" del golpe de estado, pero fue derrotado en la contienda interna de la cúpula castrense cuando Augusto Pinochet logró concentrar todo el poder desde los primeros días de la dictadura de 17 años. Otro influyente general demócratacristiano, Oscar Bonilla, que llegó a ser ministro del Interior, murió en un extraño accidente de helicóptero en marzo de 1975.

El "acelerador de procesos judiciales", Arellano Stark, comenzó a conspirar contra Salvador Allende, con otros 4 generales demócratacristianos de mayor antigüedad, desde mucho antes que el Presidente designara al general Augusto Pinochet comandante en Jefe del Ejército, convencidos de que ellos tendrían "el control". Pero el astuto Pinochet, el último general del Ejército en involucrarse con el golpe, supo sacudírselos uno a uno: Manuel Torres de la Cruz, el más agresivo de los jefes de División –con sede en Punta Arenas– y 3ª antigüedad, salió al retiro en febrero de 1974; Ernesto Baeza debió conformarse con la dirección de Investigaciones esa misma fecha, como general en retiro; Augusto Lutz, ex jefe de inteligencia y responsable del asesinato del periodista estadounidense Charles Horman, salió de la Secretaría de la Junta de Gobierno también en febrero de 1974, fue destinado a Punta Arenas, se enfermó y murió de una extraña septicemia en el Hospital Militar en noviembre del mismo año (hoy su familia alega que también fue víctima de derechos humanos).

Oscar Bonilla fue quien más duró en el generalato. Siendo el primer ministro del Interior del régimen, con las purgas de febrero de 1974 se encumbró a la segunda antigüedad, inmediatamente detrás de Pinochet. Salió de ese puesto "político" en julio de 1974 –quizás por su adicción a los "actos de masa" con pobladores pobres de los suburbios de Santiago–, mantuvo su rango de ministro en Defensa, la segunda cartera más importante, hasta que en marzo de 1975... "se cayó" su helicóptero francés (después capotó otra máquina gemela con expertos galos que investigaban el primer accidente). Para esa fecha, el partido demócratacristiano ordenaba a sus cuadros abandonar el gobierno. Juan Villarzú, el actual jefe de la Corporación del Cobre (Codelco), abandonó la dirección de Presupuesto en marzo. No todos hicieron caso. El ex senador demócrata cristiano Renán Fuentealba fue expulsado del país. En octubre trataron de asesinar en Roma a Bernardo Leighton, otro demócratacristiano opuesto públicamente al golpe militar desde el 13 de septiembre de 1973.

El Lobo tiene piel de oveja...
Arellano Stark, llamado El Lobo, sobrevivió en la penumbra. Disfrutó la mitología de "forjador del golpe", cultivada entre una admirativa oficialidad golpista, y del trabajo sucio de la Caravana, que hizo convencido del imperativo de eliminar a ese centenar de jóvenes "peligrosos", conveniente hasta en la primera hipótesis –truncada– de que volvería a gobernar Eduardo Frei Montalva. Pero tuvo que irse a su casa en octubre de 1975, después de rechazar la salida honrosa –y discreta– de una embajada, como lo hicieran antes sin bulla los generales Héctor Bravo y Sergio Nuño.

El Lobo supo mantener cerrada la boca por 30 años. En una entrevista con Raquel Correa en El Mercurio del pasado 7 de septiembre, arrellanado de espalda a un retrato autografiado de Eduardo Frei Montalva, aseguró que la Caravana tuvo "un mando paralelo", o sea, que nunca se enteró de los crímenes que cometieron sus subalternos con quienes convivió tres semanas. Casi un mes de matanzas sin conocimiento del jefe. "Una masacre", "viles asesinatos", dice hoy con desgano este ex general.

Los oficiales Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito y Armando Fernández Larios –"yo diría que un psicópata"– actuaron por cuenta propia y a sus espaldas, asegura ahora El Lobo, como si fuera un "cándido" ex general... con piel de oveja. La abogada de derechos humanos Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger –cuyos restos todavía no aparecen, excepto un pequeño hueso– suele decir que Arellano Stark no es más que un mentiroso y un cobarde.

¿Quiénes juzgarán? 
El tribunal de Miami será presidido por Joan Lenard, jueza federal de los Estados Unidos para la Corte del Distrito Sur de Florida, División Miami.  El caso se rotula "Cabello, et al. v. Fernández Larios, Case No.: 99-0528-CIV-LENARD". La selección del jurado comenzará el lunes 22 de septiembre y se espera que tomará un día, para que el martes comience a oír a los abogados demandantes, en un juicio que debería tardar dos semanas, con audiencias de lunes a viernes, entre 9 am y 2 pm,   en la sala del tribunal de la jueza Lenard, piso 7 del Palacio de Justicia Federal, 301 North Miami Avenue, Miami, Florida.   
 
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