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Ofensiva
de Bush en el terreno jurídico
Una demanda federal amenaza el juicio en Miami
contra el ex oficial chileno Armando Fernández Larios
El Departamento de Justicia intenta bloquear la ley que permite juicios contra
violaciones cometidas fuera de los Estados Unidos, sea por multinacionales o ex-militares
que residen en el país del Norte, como el torturador chileno que reside en Miami.
por Fernando A. Torres y Ernesto Carmona
Centro de Periodismo e Investigación (CEPEI)
Protegiendo los intereses de la compañía multinacional UNOCOL, el Departamento de
Justicia presentó una demanda en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial de
San Francisco, California, que podría impedir a ciudadanos de otros países solicitar
juicios en Estados Unidos contra corporaciones multinacionales e individuos responsables
de torturas en otras partes del mundo. Para el gobierno de EE.UU., la aplicación de la
norma llamada Alien Torts Claims Act amenaza su política exterior y su "lucha contra
el terrorismo".
El Departamento de Justicia se pronunció contra un juicio solicitado a una corte por
ciudadanos de Birmania contra violaciones de derechos humanos cometidas por la compañía
petrolera de Los Angeles UNOCOL en la instalación de redes de gas natural con mano de
obra esclavizada, al amparo del régimen militar de Burma. Si la corte rechaza el
"Acta Tort" para continuar este juicio, amenazaría también la causa contra el
ex militar chileno Armando Fernández Larios, que deberá comenzar en un tribunal de Miami
el 16 de junio, y le crearía una contradicción judicial, una suerte de vacío legal, a
otra corte de Nueva York que ya reconoció el derecho de ciudadanos extranjeros a invocar
esta norma jurídica.
Temor por los presos afganos de Guantánamo
Por más de dos décadas, el acta Alien Torts Claims permitió que víctimas de torturas
lograran juicios en EE.UU. contra militares de otros países. Así ocurrió con un
policía paraguayo, con militares salvadoreños acusados de torturas y asesinatos y en el
juicio masivo contra el ex dictador de Filipinas Ferdinando Marcos o, más recientemente,
en los casos del serbio Radovan Karadzic, el saudita Osama bin Laden y numerosas
corporaciones transnacionales bancarias acusadas de profitar de crímenes de guerra nazis.
La familia de Winston Cabello Bravo, víctima de la Caravana de la Muerte de Pinochet,
también recurrió al Acta para que la justicia caiga en Florida sobre el ex oficial
chileno Armando Fernandez Larios.
La prensa estadounidense revela el temor del gobierno a que el acta sea utilizada como
arma contra sus intereses geopolíticos, principalmente porque está invocándose en favor
de los detenidos afganos en la base-prisión de Guantánamo. Para los defensores de
derechos humanos, el Tort Act garantiza que las víctimas de la represión se acogan a
acuerdos internacionales de protección como el convenio internacional Covenant on Civil
and Political Rights (Tratado sobre derechos civiles y políticos), suscrito por Estados
Unidos. Sin embargo la Administración Bush se propone liquidar este histórico
antecedente judicial para la protección de los derechos humanos.
6 de junio, 2003 |
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