por Ernesto Carmona

Revista Rocinante, enero 2005

Los periodistas iniciaron un saludable debate interno sobre su propia responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos sacadas a luz por el Informe de la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura. Al igual que el Poder Judicial, la prensa también jugó su rol en el sufrimiento inflingido por la dictadura.

Los periodistas forman parte de una profesión, no de una mafia. Si algunos periodistas tuvieron lamentables posturas pro-dictadura solo usufructuaron de una "libertad de opinión" negada a "los otros", aquellos que estuvieron presos y fueron torturados. Pero hoy deben explicar su pasado ante la ciudadanía, no sólo ante sus pares.

Hubo periodistas cómplices y otros protagonistas de la dictadura. En el crimen del obrero Jorge Tomás Henríquez González (el 18/03/1973), cuidador de equipos relacionados con Canal 5 (filial del 13), los tribunales involucraron a Michael Townley y a gente de medios. Más tarde hubo delaciones que causaron desempleo, prisión y tortura.

Los periodistas cometemos errores. Pero otra cosa es escribir mentiras y levantar calumnias. En Canal 13 y en TVN se hicieron "listas negras" de gente de izquierda supuestamente involucrada en el Plan Zeta, un mito CIA vitoreado en libros y artículos de distinguidos periodistas. Algunos aportes fueron Anatomía de un fracaso (Zigzag, 1973) de Emilio Filippi y Hernán Millas; Martes 11, auge y caída de Allende (Triunfo, 1973), de Abraham Santibáñez, Luis Alvarez Baltierra y Francisco Castillo; y muchos otros. Fueron textos lamentables, que probablemente avergüenzan a sus autores, pero evocarlos hoy constituye, para algunos, "cacería de brujas" y "justicia popular".

En 1973, el 36,6% de la prensa escrita nacional era de izquierda. La dictadura eliminó 312.000 ejemplares diarios identificados con el gobierno de Salvador Allende: Clarín (220.000), El Siglo (29.000), Puro Chile (25.000), La Nación (21.000) y Las Noticias de Última Hora (17.000). Los diarios que apoyaron el golpe también padecieron después control y censura: La Tercera (220.000), El Mercurio (126.000), Las Últimas Noticias (81.000), La Segunda (55.000), Tribuna (40.000) y La Prensa (29.000), con un total de 541.000 ejemplares diarios. En estos medios también trabajó gente que no comulgó con el totalitarismo de los dueños.

Se cerraron unas 40 radioemisoras allendistas (contra 115 partidarias del golpe), 11 periódicos provinciales y un centenar de revistas publicadas por Quimantú (la editorial ZigZag estatizada, que hoy es de Ricardo Claro), Horizonte (PC), Prensa Latinoamericana (PS) y otras empresas desaparecidas junto a su maquinaria e inmuebles. Decenas de revistas anti-Allende apoyaron con fervor el nuevo régimen.

El entonces presidente del Colegio de Periodistas, Carlos Sepúlveda Vergara (DC, fallecido), devino en director de La Patria, el nuevo diario de gobierno, rebautizado después como El Cronista y más tarde vuelto a llamarse La Nación. Pocos periodistas opuestos (o simplemente críticos) a la dictadura continuaron trabajando discretamente en los medios permitidos por el régimen, pasaron información a las redes clandestinas anti-dictadura, mientras otros mantuvieron una actitud decente sin llegar necesariamente al heroísmo. Hubo también periodistas de izquierda que saltaron la valla pero no hicieron todavía ningún "mea culpa" como el de María Angélica de Luigi (The Clinic 9 de diciembre). Unos cuantos pasaron agachados, a la sombra de la memoria frágil.

Los medios encubrieron toda clase de crímenes, fusilamientos de estudiantes "extremistas", "fugas" falsas y asesinatos de periodistas. Difundieron como verdad los mitos del Plan Zeta y de una "guerra" interna unilateral que tampoco respetaba los tratados de Ginebra (tal como lo han consignado el Informe Rettig y hoy el Informe Valech). Se hicieron grandes esfuerzos mediáticos por convencer a los chilenos de que vivían en "la copia feliz del Edén". La televisión mostró cientos de reportajes tan controvertidos como la burlona filmación de Claudio Sánchez, de Canal 13, en el Estadio Nacional, con presos cantando "El Patito chiquito..." de los Quincheros. Abel Esquivel describía en Ercilla (octubre de 1973) una suerte de spa resort que sería el inhóspito penal de Dawson cuyos huéspedes no tenían conciencia de estar recuperando la salud y reponiéndose del stress. Los archivos conservan muchísimos reportajes olvidados de diarios, revistas y televisión efectuados por otros afines a esta línea Sánchez-Esquivel.

Distinguidos profesionales de ayer y hoy parecieron convencerse del país de fantasía que edificaron con sus medios. Muchos periodistas demócratacristianos revirtieron después esa postura, cuando su partido se alejó del gobierno militar que contribuyó a instalar. Pero también hubo profesionales que se abstuvieron de servir de comparsa en los montajes o escribir en contra de su conciencia, en contraste con aquellos menos competentes excusados en el "yo no sabía".

Hubo periodistas que contribuyeron a presentar asesinatos de colegas acribillados por la espalda, como el de Augusto Carmona en 1977, como "enfrentamientos". Los fallecidos Silvia Pinto y Jaime Valdés colaboraron en la llamada Operación Colombo, un montaje DINA destinado a "demostrar" que 119 detenidos desaparecidos (incluido el periodista Mario Calderón Tapia, de La Unión de Valparaíso) se habían matado entre ellos en Argentina, en 1975, según las portadas de La Segunda ("Exterminados como ratones"), La Tercera ("El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres") y otros medios.

En un notorio contraste, el reportero policial Rodolfo Sesnic, de La Segunda, cuestionó la versión oficial sobre el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, investigó por su cuenta y publicó un libro en plena dictadura. En castigo, la empresa lo puso en hípica y, lamentablemente, falleció de cáncer al comenzar los ‘90.

La DINA/CNI seleccionó a periodistas de la fuente policial para formarlos en "Inteligencia de la Información", asignatura impartida en su Escuela de La Rinconada de Maipú. De acuerdo al testimonio de un "ex alumno", algunos avezados estudiantes se encuentran entre los firmantes de una carta en apoyo a Claudio Sánchez difundida en estos días en la prensa.

Abraham Santibáñez eligió a El Mercurio del 2 de diciembre para sostener (en una carta al Director) que por sacar a la luz estos trapos sucios del periodismo "podríamos estar peligrosamente cerca" de una "la justicia popular" (...), "a veces expedita y cruel". Lamentablemente, el diario nunca publicó la réplica del ex presidente de la Orden, Guillermo Torres, quien cuestionó su argumentación "para justificar el que no se cumpla con el deber de analizar en las instancias gremiales adecuadas, el comportamiento de periodistas que faltaron a sus compromisos y se prestaron para graves conductas antiéticas". Recordando, además, que Santibáñez forma parte del Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas.

El Colegio expulsó en 1999 a Manuel Fuentes Wendling, director de la revista Tiempos del Mundo, del Reverendo Moon, por delatar en La Segunda en 1975 la militancia comunista de Felidor Contreras, dirigente del Colegio, y declarar "marxista" a Fernando Reyes Matta, entonces exiliado, cuando ambos epítetos costaban la vida. Fuentes hizo notar que Contreras "caminaba tranquilamente por las calles".

El entonces diputado DC Andrés Aylwin, afirmó en 1997 que un mínimo libertad de prensa hubiera frenado el crimen de los detenidos desaparecidos, tal como muy pocos jueces salvaron la vida de numerosos presos con solo acoger un hábeas corpus aceptados o visitar una prisión de la DINA.

Manuel Cabieses, director de Punto Final y ex dirigente del Colegio, llevó al Tribunal Ético a su "colega" Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, por haber recibido fondos estadounidenses para derrocar a Salvador Allende y tergiversar la verdad durante décadas, pero su libelo no prosperó. Fernando Paulsen reclamó en Chilevisión un "mea culpa" de los medios ante el Informe Valech. El Colegio recogió también el guante y se propuso realizar su propio debate interno, a través de todo el país, para culminar (quizás en enero) con un Plenario nacional, instancia estatutaria similar al Congreso. Lo hará internamente, por la salud de la profesión, porque considera que es una obligación ante la sociedad y por los miles de jóvenes que estudian para ser periodistas.

En 1973 era director de la Radio Nacional del MIR, pero no fui detenido luego del golpe gracias al rigor de la clandestinidad y la suerte de no toparme en la calle con la Flaca Alejandra, que me reconoció en 1993 siendo un guatón pelao muy distinto al del 73.

Me fui a Buenos Aires a trabajar en El Cronista, cuyo logotipo inspiró a la agregada de prensa Silvia Pinto para cambiarle el nombre a La Patria. La colega Pinto hizo campaña pública en mi contra cuando me encontré preso después de asistir a un encuentro latinoamericano de periodistas realizado en Caracas en octubre de 1974. El director y propietario del diario, Rafael Perrota, me mostró la carta que envió la diplomática solicitando mi despido. Hoy Perrota forma parte de los periodistas desaparecidos de la Argentina. Emigré a Perú y Venezuela, donde recibí la solidaridad de los colegas, conseguí trabajo y continué mi vida familiar.

Preso bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, me enteré que existía una coordinación represiva sudamericana que más tarde se conoció como la Operación Cóndor. En 1975 acudí a un Relator de DD.HH. de Naciones Unidas para informar cómo perseguían a los chilenos en Argentina utilizando un llamado "Convenio Sudamericano de Policías" para multiplicar las huellas dactilares y fotos de los detenidos a fin de llenar carpetas destinadas a casi todos los países del Cono Sur.

Ahora revivo cómo el golpe y la sevicia arruinaron tantas vidas. Hoy podemos sentarnos en el Consejo Nacional del Colegio frente a María Eugenia Oyarzún y el resto del Tribunal Nacional de Ética para debatir libremente lo ocurrido y recibir la legítima comprensión de personas que trabajan en El Mercurio. No es que algo ande mal sino que la gente y las circunstancias cambiaron.

Por cierto, en una mañana de Copiapó de 1997, después de la presentación de Morir es la noticia, un periodista me "confesó" haber participado junto a otros reporteros de la fuente policía/tribunales en los cursos "Inteligencia de la Información" que impartía la DINA a un grupo selecto. Algunos de los nombres (Coya, Ruiz, Honorato) aparecieron en The Clinic nº50 de mayo 2001, pero no hubo reacción, ni siquiera una querella donde un juez me pidiera pruebas. Esa conversación a tres bandas, que fue en calzoncillos –olvidé llevar mi pijama y el dueño de casa parece que tampoco lo usaba– y tomando nescafé en la casa de Osmán Cortés (anfitrión, presidente del Consejo Regional), ocurrió muy temprano, después que a medianoche le tiré sobre la mesa del restaurante donde cenábamos la pregunta ¿por qué colaboraste con la Dina? Valoro que este periodista llegara tempranísimo, bañado, afeitado y con anteojos oscuros para entregarme una "confesión" como ante un cura. Por eso protejo su nombre. Pero ante un juez no podría hacerlo. De todos modos, ahora pienso que tendría que hablarle para persuadirlo de que salga honestamente al pizarrón, como lo hizo María Angélica De Luigi.