La Corte Suprema confirmó ayer el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y desaforó al ex comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte por cuatro de los seis delitos que originalmente se le imputaron en el marco del caso Riggs. Esta resolución se presenta como la más dura contra el general (R), ya que al no pedir expresamente exámenes médicos faculta al juez que tome el caso para dictar como primera diligencia el procesamiento de Pinochet.

Aunque el fallo no estará redactado hasta la próxima semana, debido a que aún faltan los votos de los ministros José Benquis y Adalis Oyarzún, que no integraron ayer el pleno, voceros del máximo tribunal adelantaron que el delito que concitó mayor consenso fue el de declaración de renta maliciosamente incompleta desde 1980 a 2004 (evasión tributaria). Según estableció el ahora supremo Sergio Muñoz, Pinochet evadió entre 1998 y 2004 la suma de $ 1.552 millones, la que fue cancelada hace unos meses con parte del dinero embargado.

Los supremos también restaron inmunidad al ex senador vitalicio por los delitos de falsificación de pasaportes y uso de los mismos. Según Muñoz, Pinochet utilizó al menos dos de estos documentos para abrir cuentas en el extranjero bajo un nombre distinto. También se le desafora por adulteración de un certificado de la Subsecretaría de Guerra para acreditar renta y adulteración de su declaración de bienes ante notario, de 1989. En esta última -y que presentó tras abandonar La Moneda- el general (R) dijo tener bienes por $ 127 millones y US$ 469 mil en ahorros.

El máximo tribunal desestimó el eludir el embargo de los bienes decretado por el juez español Baltasar Garzón en 1998. El argumento fue que en la detención de Pinochet en Londres la Suprema rechazó la solicitud de Garzón, por lo que se consideró cosa juzgada.

A los cuatro delitos que ahora se pueden indagar, podría sumársele un quinto debido a la nueva solicitud de desafuero que hizo Muñoz -minutos antes de jurar el martes como supremo- por malversación de caudales públicos, por el presunto desvío de dineros de la Casa Militar a sus cuentas personales y que ascendería a poco más de US$ 2 millones

Exámenes

A diferencia de los últimos fallos de la Suprema, esta vez los exámenes médicos no fueron incluidos en el debate. Fuentes cercanas al máximo tribunal argumentaron que a la fecha son demasiados los solicitados y que no existe ánimo de pedírselos cada vez que vean una causa en que esté involucrado.

De cualquier modo, el ministro que reemplace a Muñoz en el Riggs -algo que no fue aclarado ayer por la Suprema, por lo que por ahora sigue Jorge Zepeda por turno- puede pedir que se le practiquen exámenes antes de dictar la encargatoria de reo o puede hacerlo sin ellos. Muñoz tenía un cuaderno llamado "sobreseimiento", con todos los peritajes realizados al general (R) desde Caravana de la Muerte, como también un detalle de sus actividades diarias y sus últimas apariciones públicas.

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Ordenan prontuariar a Lucía Hiriart y a su hijo

El martes antes de pedir un nuevo desafuero de Augusto Pinochet, el juez Sergio Muñoz dio un plazo de cinco días, bajo orden de arresto, para que la esposa del general (R), Lucía Hiriart, y su hijo Marco Antonio fueran prontuariados.

Luis Pacull, abogado de Marco Antonio, dijo que el apercibimiento es "injustificado, desmedido y atentatorio". Esto, según el abogado, porque Muñoz recién envió el oficio necesario el 13 de octubre y él pidió la suspensión de la diligencia en el plazo establecido. "El mismo 18 pedimos la suspensión y el mismo día fue denegada y dictó el apercibimiento", señaló Pacull. El abogado agregó que tanto la defensa de Marco Antonio como la de su madre, Lucía Hiriart, presentarán un recurso de reposición. Esto quiere decir que si en los próximos tres días el ministro Jorge Zepeda, que reemplaza temporalmente a Muñoz, insiste en prontuariarlos, el recurso debería verse inmediatamente en Apelaciones.

Antes de partir, Muñoz también rechazó la solicitud de la defensa de Oscar Aitken para cerrar el sumario por evasión tributaria.