El ministro de fuero Sergio Muñoz acogió ayer a tramitación la denuncia presentada en contra de Augusto Pinochet para que se investiguen las cuentas que el general (R) mantuvo en el Banco Riggs entre 1994 y 1998, y que registran movimientos que oscilan entre los US$ 4 millones y US$ 8 millones.

La determinación la adoptó el magistrado tras conocer las acciones judiciales presentadas el martes por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por los abogados de derechos humanos Carmen Hertz y Alfonso Insunza, quienes solicitan que se investiguen las cuentas y el origen de los dineros, que eran desconocidos hasta que el Senado de Estados Unidos dio a conocer su informe sobre el Riggs.

Con la apertura de la investigación criminal, el ministro Muñoz ya se encuentra en condiciones de dictar las primeras diligencias del proceso, que deberá tramitar paralelamente con otras nueve causas que instruye, entre las que se cuenta la red de Claudio Spiniak.

Los abogados Hertz e Insunza le solicitaron a Muñoz que practique una serie de diligencias; entre ellas, que oficie a la Cancillería para que le envíe el informe del Senado norteamericano en español, ya que ellos le hicieron llegar una copia en inglés.

También le pidieron que oficie al Servicio de Impuestos Internos para que este organismo le haga llegar las declaraciones de renta del general (R) Pinochet durante los años que se desempeñó como comandante en jefe del Ejército.

El objetivo de los abogados es demostrar que los ingresos que percibía en la época no dicen relación con los millonarios depósitos que mantenía en el Riggs.

El CDE también solicitaría en los próximos días la realización de diligencias a Muñoz, ya que en el escrito de la denuncia el organismo se limitó a pedir que se investiguen los hechos.

Indemnizaciones

En tanto, las partes querellantes en los procesos Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y Calle Conferencia, que instruye el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, solicitaron ayer al magistrado que decrete medidas precautorias en relación con los bienes del general (R).

La abogada Julia Urquieta explicó que se ha conocido la existencia de cuentas millonarias a nombre de Pinochet, por lo que corresponde que se resguarden tales dineros para que el ex comandante en jefe responda civilmente por sus responsabilidades penales.

Urquieta solicitó, además, que se le prohíba a Pinochet celebrar actos y contratos, vender, traspasar o dar uso a dichas platas. "Ahora que se sabe que (Pinochet) tiene una fortuna, debe ponerse a resguardo" para las futuras indemnizaciones, manifestó la abogada.

CDE: presunto lavado de dinero

En tanto, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, dijo que la revelación de las cuentas secretas de Pinochet en Washington configurarían el delito de presunto "lavado de dinero".

En entrevista a radio Cooperativa, la abogada señaló que "desgraciadamente, los hechos, en este minuto, se presentan como lavado de dinero, y de dinero ilícito. Así es lo que resulta del informe de EE.UU. Ahora, por supuesto, él puede probar el origen".

A juicio de la jurista, las operaciones utilizadas para encubrir al titular de los fondos "son propias, típicas, ordinarias maniobras de lavado de dinero. El lavado de dinero se hace, en el caso de las organizaciones criminales, para desconectar al titular de los fondos de los respectivos fondos, entonces eso transforma esto en una operación sospechosa".