Informe Rettig

INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION
Presidente de la Comisión: Raúl Rettig Guissen. Miembros de la Comisión: Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jimenez de La Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo Vial Correa, José Luis Zalaquet Daher. Secretario de la Comisión: Jorge Correa Sutil. Santiago de Chile, 4 de  marzo de 1991
____________________________VOLUME 1

TERCERA   PARTE

 CAPITULO I

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 1973

 A.- VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR AGENTES DEL ESTADO O PERSONAS A SU SERVICIO

1. VISION GENERAL

a) INTRODUCCION

El presente capítulo comprende sólo las violaciones de derechos humanos de responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio, con resultado de muerte o desaparición, ocurridas durante el período de consolidación del régimen militar, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1973. Naturalmente, esta fecha - como todas las que se emplean para delimitar períodos - es arbitraria. Algunos casos que, por sus características, corresponden al período, pero que son cronológicamente posteriores a la fecha precitada, se tratan en el capítulo siguiente, con indicación de que en él resultan anómalos.

b) EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO

Ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden lograron su objetivo más inmediato - control efectivo del país, sin focos de acciones armadas de los partidarios del régimen depuesto - en muy pocos días. Se puede decir, en verdad, que dicha acción fue mínima; irregular respecto a su ubicación, forma y armamento empleado; descordinada, y sin la menor probabilidad de éxito, ni siquiera en el nivel local. De tal modo, de las trece regiones en que después fue dividido el país, sólo en tres se pueden anotar episodios relevantes de acciones armadas y de oposición al nuevo régimen; la VII, la X y la Metropolitana.

Tocante a la VII Región, el incidente - cuyo escenario fue la precordillera, Paso Nevado -constituyó más bien un intento de un grupo de partidarios armados del régimen depuesto, en orden a refugiarse en la República Argentina, atravesando los Andes, y no una acción de resistencia al nuevo régimen; murió aquí un carabinero. En la X Región, actual provincia de Valdivia, Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, se produjo una tentativa fracasada de asalto al retén de Neltume. La realizaron elementos de izquierda extrema de aquel complejo, especialmente miembros del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), rama del MIR, que tras su fracaso y sin que hubiera víctimas, se dispersaron sin efectuar nuevas operaciones. Finalmente, y como era de esperarse, fue en la Región Metropolitana, y específicamente en Santiago, donde hubo acciones armadas en número considerable. Ellas mostraron su mayor ímpetu el día 11, para declinar luego hasta desaparecer rápidamente. El día 11 los enfrentamientos, con fuego muy nutrido, tuvieron por escenario el centro de la capital, especialmente, con víctimas fatales del Ejército y Carabineros alrededor del Palacio de La Moneda; algunas poblaciones periféricas, v.gr. La Legua donde también murieron carabineros; y ciertas fábricas de la conocida como "área social", donde actuaron - con la baja fuerza y efectividad ya dichas, pero con muerte de uniformados - los "cordones industriales" que habían establecido ciertos sectores de la Unidad Popular y afines. Mas toda acción armada había cesado en Santiago y su Región a las 48 horas, si se descuenta el fuego disperso y ocasional de francotiradores, o incidentes de otra índole, todavía menos significativos y numerosos.

Se producen,en los escasos episodios referidos, las víctimas del primer período, a quienes esta Comisión ha considerado como tales por haber caído en los enfrentamientos, ya porque participaron desde uno u otro bando en ellos, ya porque fueron personas alcanzadas por las balas en esos mismos incidentes.

Es de notar, igualmente, que en todo el país la regla general fue que las autoridades depuestas entregaran sus cargos a las nuevas, sin dificultad, e incluso de manera formal; y que los requeridos por bando a constituirse detenidos lo hicieran, en gran número, voluntariamente.

Controlado el país, concluida cualquier acción armada, las Fuerzas Armadas y de Orden, bajo el mando centralizado de la Junta de Gobierno instituida en Santiago, dieron una organización provisional a todo el territorio, unificando en ellas mismas el poder político, administrativo y militar, y "repartiendo" aquel territorio entre las distintas ramas uniformadas.

A los fines del "reparto" señalado y - tomando como base la división administrativa entonces imperante, de "provincias" divididas en "gobernaciones", a cargo respectivamente de "Intendentes" y "Gobernadores" -, en cada capital de provincia asumió la Intendencia el uniformado que allí tenía mayor rango; lo mismo sucedió con los gobernadores de los departamentos. Así, por la naturaleza misma de los hechos, el máximo jefe militar de cada lugar fue igualmente su máximo jefe político, gubernativo y administrativo. Además el Intendente, cabeza de la provincia, fue jefe de zona del estado de emergencia y juez militar. En este último papel, por delegación de la Junta, según se explica al tratar de los Consejos de Guerra en el Capítulo III de la Segunda Parte, tuvo asimismo el poder de ratificar sentencias de muerte dictadas en Consejo de Guerra, que antes correspondía en exclusividad a la Comandancia en Jefe.

En seguida, e igualmente por la naturaleza misma de los hechos - amén de otras consideraciones -, el "reparto" condujo a que las máximas autoridades provinciales, con el abanico de poderes ya descritos, fuesen fundamentalmente del Ejército, salvo en las provincias de Valparaíso (Armada) y Llanquihue (Fuerza Aérea). Tocante a las Gobernaciones, sus cabezas fueron asimismo, en su mayoría, del Ejército, seguido por Carabineros, y - con representación sensiblemente menor - de la Armada y la Fuerza Aérea.

El caso de la "Junta Provincial Militar" de Punta Arenas, constituyó una excepción pronto terminada.

La Comisión, por falta de antecedentes, no pudo determinar con exactitud el papel jugado, en este período y en las diversas provincias por los distintos servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, ni cómo dicho papel se coordinaba con el de las otras autoridades descritas. Pero hay indicios de que esos servicios tuvieron, o en la práctica se tomaron -atendida la emergencia, y la fluidez inicial de la organización del país -, atribuciones muy amplias, inclusive supeditando de hecho, en ocasiones, a aquellas autoridades, especialmente en regiones. Esto, por lo menos, fue notorio en el aspecto represivo, que es el que interesa a la Comisión, a medida que avanzaba el mes de Octubre. En cuanto al "grupo DINA", referido en el Capítulo II de esta Segunda Parte, - ya constituído desde noviembre de 1973 como "Comisión DINA" -, desempeñó aparentemente un rol relevante en el endurecimiento de la represión, según se explica más abajo.

El "reparto" del territorio nacional para el ejercicio del poder político, administrativo y militar, que se ha referido en los párrafos anteriores, sólo debe entenderse como una mejor forma de operar el mando, y no como una absoluta autonomía, ya que todas las autoridades dependían de y respondían al poder central. No obstante lo anterior, sobre todo en el primer período, lo ocurrido en cada Región en materia de control del orden público y de violaciones a los derechos humanos tuvo sustanciales diferencias que dependieron, en medida importante, de la realidad que ellas presentaban y de la actitud que asumió cada uno de los Jefes de Zona. Así, en algunos lugares, incluso las máximas autoridades del Gobierno depuesto fueron avisadas, hasta telefónicamente en una ocasión, para que se entregaran voluntariamente a las nuevas; mientras en otros se ejerció un control férreo y drástico del orden público desde los primeros días. El poder central, sin embargo, se hizo sentir fuertemente en el mes de octubre, especialmente en aquellas zonas en las cuales se estimó que se había actuado "con mano blanda". No obstante estas diferencias, que pueden apreciarse en las diversas regiones, fue común la detención y prisión de las autoridades nacionales y regionales del Gobierno depuesto así como de los principales líderes, militantes o activistas de los grupos políticos y sociales que lo sustentaban. Ello nos lleva, en la próxima sección, a narrar suscintamente lo que fueron esos procedimientos de detención y reclusión.

c) DETENCION Y RECLUSION

c.1) Métodos de detención

Las detenciones asumieron numerosísimas formas. Algunas fueron producto de ser requeridos los afectados, por bando, a presentarse ante la autoridad militar en general, o específicamente a un lugar preciso; al cumplir los requeridos con este llamado, se les detenía.

Hubo también detenciones por búsqueda particular de una persona, en su casa o lugar de trabajo; frecuentemente - para pueblos o ciudades pequeñas - en la vía pública.

Se hicieron habituales las "redadas" en zonas rurales, y los allanamientos en las grandes industrias de ciudades importantes y en los centros mineros de relevancia. En Santiago se allanaron masivamente las más importantes poblaciones populares.

Efectuaban corrientemente las detenciones patrullas de Carabineros, a veces ayudadas por efectivos de Investigaciones y civiles. Cuando éstas eran masivas, como en los allanamientos o redadas, las practicaron los efectivos de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces actuaban tropas más numerosas y con mayores elementos, v.gr. varios vehículos, a veces verdaderos convoys, y el operativo podía durar algunos días. Las redadas suponían una preparación más cuidadosa y la confección previa de listas, con las cuales se iba procediendo metódicamente. Solía no existir correspondencia entre la rama institucional cuyos efectivos detenían, y aquella que había solicitado la detención y, en definitiva, recibía al afectado.

Estas detenciones se efectuaron a lo largo y ancho del país. En los pueblos más pequeños, Carabineros detuvo a alcaldes y regidores municipales, dirigentes locales de partidos políticos y todos quienes se consideraba como "agitadores". En las grandes ciudades las detenciones alcanzaron a miles de personas.

Cuando se hacían en los domicilios, ellas iban habitualmente acompañadas de allanamientos violentos a los hogares, normalmente en busca de armas.

En estos allanamientos o detenciones selectivas no se opuso resistencia.

c.2) Los recintos de detención

Fueron los Regimientos, las Comisarías de Carabineros, las Cárceles y los Cuarteles de Investigaciones. Estos y las Comisarías, en las ciudades más pobladas, eran generalmente lugares de tránsito. Desde allí se pasaba al Regimiento, para una reclusión más prolongada, pues constituía el lugar donde se interrogaba, fuere formalmente (Fiscales Militares y su personal), fuere irregularmente. Agotado el interrogatorio previo, de cualquiera de estos tipos, los detenidos podían ser dejados en libertad; mantenidos en reclusión o, si se decidía someterlos a Consejos de Guerra, se les enviaba, para aguardarlo, principalmente a las Cárceles. Se habilitaron algunos recintos especiales como ser los de Pisagua (Primera Región); Campamento de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes (Quinta Región); Isla Quiriquina (Octava Región), Isla Dawson (Décimo Segunda Región) y otros. Su traslado a ellos no necesariamente significaba el final del período de interrogación. Podía éste reanudarse al acercarse el Consejo, o por la imputación de nuevos delitos, o para fundamentar el caso contra nuevos detenidos. En tal evento, el preso era interrogado yendo y viniendo entre el Regimiento y la Cárcel (casi nunca en ésta), o en el campamento mismo, demasiado distante como para permitir fácilmente los traslados.

Lo que venimos especificando, correspondió al campo y a los pequeños pueblos y ciudades. En las más importantes de éstas últimas, hubo variaciones significativas.

Así, en Valparaíso, la Armada utilizó buques como lugares de detención, algunos propios y otros requisados al efecto.

Se usaron igualmente para los fines de detención o interrogatorio, aprovechando la falta de clases por la emergencia, y durante períodos más o menos prolongados, los establecimientos educacionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, como ser, en Valparaíso, la Academia de Guerra Naval, y en Santiago la Escuela Militar y la Academia de Guerra Aérea.

De los más notorios lugares de detención inicial en la capital, incluso internacionalmente, fueron dos recintos deportivos: el Estadio Nacional y el Estadio Chile. Mayores detalles al respecto se hallarán en los análisis regionales.

Salvo por lo que toca a las Comisarías, y a un solo campo de prisioneros, los restantes no eran lugares habilitados para recibir prisioneros. El alto número de detenidos obligó a improvisar lugares de detención. Por lo mismo, en ellos reinaba el hacinamiento, se dormía generalmente a suelo raso y los servicios sanitarios, la alimentación, y otros servicios de primera necesidad dejaban mucho que desear. En estos lugares los detenidos estaban sometidos a un régimen absoluto de incomunicación con el exterior, no existía regularidad de vida, y el nivel de incertidumbre que sufrían respecto a la suerte que correrían era absoluto. No se sabía cuando serían trasladados a otros lugares, sometidos a proceso o dejados en libertad.

En las afueras de estos recintos esperan sus familias. Ellas saben, o les han dicho, que han sido detenidos, que están aquí o allá, en un recinto de reclusión. Aún, suelen llevarles a ese recinto ropa, comida. Luego, un mal día... ya no se encuentran allí. A veces les dicen que nunca han estado allí. Otras, que les han trasladado a tal o cual parte, donde también se los niegan. Otra, que los han puesto en libertad. Otras, la respuesta es una burla, una amenaza, una alusión siniestra. En algunos casos no reaparecerán jamás.

Con posterioridad se inauguraron nuevos campamentos de prisioneros (Ritoque, Puchuncaví), a los cuales algunos detenidos fueron trasladados; a medida que pasaba el tiempo; en ellos las condiciones de vida resultaban más aceptables. Sin perjuicio de la obligación de realizar trabajos, a veces pesados, estos campamentos permitieron a los detenidos llevar una vida más sistemática y regular. La incertidumbre respecto de sus suertes era menos aguda y se fue permitiendo un régimen de visitas que les posibilitó contacto con sus familiares y el mundo exterior. En algún campamento, por ejemplo Chacabuco, se consiguió un nivel de vida tolerable, con la efectiva cooperación de la autoridad militar. Solieron aceptarse las actividades deportivas y culturales. Los detenidos, por su parte, se organizaron internamente para mejorar sus condiciones de existencia, estableciendo, por ejemplo, servicios médicos atendidos por quienes - entre ellos mismos - tenían tal profesión.

Condenado el detenido, por Consejo de Guerra, a alguna pena privativa de libertad, la cumplía en cárceles, o presidios.

No es posible olvidar que tampoco, siempre la detención llevaba a un centro de detenidos como los descritos. A veces, especialmente en las zonas rurales, sólo era el preludio de una ejecución fulminante.

d) MALTRATOS Y TORTURAS

Casi universalmente se presentaron en estos meses, los malos tratos y las torturas, en distintos grados y formas.

Las golpizas y vejaciones al ser detenida una persona, en el vehículo de su traslado, en las comisarías y al ingresar a su lugar definitivo de reclusión, fueron usuales.

También fue usual la tortura en los interrogatorios. Numerosos testimonios relacionan éstos con la tortura. Cuando el detenido se mostraba "duro" para confesar, lo interrogaban bajo apremio. No estuvieron exentos de este procedimiento los procesados por Consejos de Guerra. Un ex-fiscal de importancia en procesos de guerra del Norte, reconoció ante miembros de la Comisión la habitualidad de la tortura, como método para conformar las "evidencias" después presentadas a los Consejos.

Los métodos de tortura fueron variadísimos. Los golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre se usaron casi universalmente. También el agravar, hasta constituir tortura, la rigurosidad de la detención. Por ejemplo: permanecer los detenidos tendidos boca abajo en el suelo, o al revés de pie, largas horas sin moverse; permanecer horas o días desnudos, bajo luz constante o, al contrario, enceguecidos por vendas o capuchas, o amarrados; alojar en cubículos tan estrechos, a veces fabricados ad hoc, que era imposible moverse; incomunicación en algunas de estas condiciones, o varias; negación de alimentos o agua, o de abrigo, o de facilidades sanitarias. Asimismo fue común el colgar a los detenidos de los brazos, sin que sus pies tocaran suelo, por espacios de tiempo prolongadísimo. Se emplearon diversas formas de semi asfixia, en agua, en sustancias malolientes, en excrementos. Las vejaciones sexuales y violaciones son denunciadas con frecuencia. Igualmente la aplicación de electricidad y quemaduras. Muy usado fue el simulacro de fusilamiento. En algunos centros se empleaban refinamientos de torturas, como el pau de arará, perros y apremios de los detenidos ante sus familiares, o viceversa.

Sería imposible resumir aquí todos los lugares de tortura que hubo en el país durante el período que analizamos. Fueron numerosísimos. Por otra parte, no en todos los centros de detención se torturó, aunque sí, estos meses, en la mayoría; de los más exentos de apremios serían las cárceles, en su mayor parte. De siniestra memoria para quienes pasaron por allí, son los que se detallarán más abajo para ejemplificar, y además el antiguo aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; barcos de la Armada o bajo su control, en Valparaíso; el Estadio Nacional, el Estadio Chile y la Academia de Guerra Aérea, en Santiago; la Isla Mariquina y el Fuerte Borgoño, en Concepción; la Base Aérea de Maquehua, en Temuco y diversos regimientos, comisarías, retenes y centros aéreos y aeronavales en todo el país.

En el Campamento de Prisioneros de Pisagua, todos los detenidos eran interrogados, y todos los interrogatorios estaban precedidos o acompañados por golpe y aplicación de electricidad. Diariamente, algunos detenidos eran escogidos para tratos degradante, trabajos pesadísimos durante largas horas o ejercicios físicos de extenuación como correr por suelos con desnivel con la vista vendada, o intentar subir a la carrera una escala, mientras sus guardias hacían fuerzas para empujarlos hacia abajo. Concluído un día de interrogatorio, se solía dejar a veinte o treinta reclusos que lo habían sufrido, tendidos a la intemperie por hasta 48 horas, bajo el calor diurno y el hielo nocturno. Uno de los así apremiados, Nelson Márquez, cuyo caso se cuenta más en detalle páginas adelante, terminó con ello de enloquecer, e intentó fugarse; recapturado a los pocos minutos bajo el muelle, fue muerto a tiros de inmediato.

En la Comisaría de Rahue, Osorno, se da cuenta de violaciones, golpes sostenidos con las culatas de las armas, aplicación de electricidad, simulacros de ahorcamiento, ser colgados los detenidos, por los brazos de vigas, etc. Fue un centro habitual de desapariciones, a efecto de las cuales se empleaba el puente sobre el río Pilmaiquén, como lugar de fusilamiento y para la disposición de los cadáveres en las aguas de dicho río.

Especial relevancia, en este período y con posterioridad, tuvieron el Campamento de Prisioneros Nº 2 de la Escuela de Ingenieros Militares del Regimiento de Tejas Verdes, y la Escuela misma, ambos estrechamente relacionados, después, con la DINA.

Funcionó este complejo desde el 11 de septiembre de 1973, y hay abundantes testimonios sobre su modus operandi desde esa fecha hasta mediados de 1974.

Aunque centrado en la zona de San Antonio -importante por su puerto, y potencialmente conflictiva por su larga tradición sindical y política de izquierda , al parecer el complejo Campamento-Escuela sirvió asimismo para recluir e interrogar personas venidas de otros puntos, en una especie de embrión de lo que sería la DINA. Después, parece, lo tomaría la propia DINA. Dichas personas provenían de distintos centros de reclusión de Santiago.

Los detenidos, que en algunos momentos alcanzaron a cien, permanecían habitualmente en el Campamento, y sólo eran llevados a la Escuela para interrogarlos, cuando de ésta así se solicitaba por teléfono. El traslado se efectuaba en camiones-frigoríficos proporcionados por empresas pesqueras del puerto, o requisados a ellas. Desde su salida y hasta su regreso al Campamento, los detenidos iban con la vista vendada o encapuchados.

En la Escuela, eran llevados - para el interrogatorio - al subterráneo del casino de oficiales, o bien al segundo piso. Allí el detenido, desnudo, era atado a una silla, o a un sommier metálico, y objeto de golpes, que incluso solían causar fracturas, y de aplicación de electricidad en la boca, genitales, etc. Existían otras formas de tortura, como colgar a la víctima de los brazos, sin que sus pies tocasen el suelo, por horas, hasta que perdía el conocimiento. Para las mujeres detenidas, la tortura era sexual y revestía múltiples y aberrantes formas.

Concluida la sesión de tortura, el detenido era devuelto de la Escuela al Campamento.

En éste las condiciones de hacinamiento, sanitarias y de alimentación revestían el carácter de verdaderos malos tratos. Una forma de incomunicación era en containers, sólo con algo de comida y sin ninguna facilidad sanitaria. Otra forma: los llamados nichos bajo las torres de vigilancia. Confeccionados con las estructuras metálicas de los portones, y destinados a los detenidos que se juzgaban más peligrosos, los nichos les inmovilizaban - asimismo sin ninguna facilidad sanitaria y además, aquí, sin alimentos - durante días .

Fue característica del complejo la presencia de médicos, también encapuchados, que controlaban la tortura (de modo que no fuese mortal) y atendían de urgencia a las víctimas más dañadas por ella.

En la rutina habitual, el detenido cuyo interrogatorio no ofrecía ya posibilidades de nuevas revelaciones, era remitido o devuelto - generalmente en estado lamentable - a la Cárcel Pública de San Antonio.

El informe de un organismo humanitario, a fines de 1973 y comienzos de 1974, hace ver el alto número de atenciones médicas que requerían los prisioneros de la cárcel, número cinco o seis veces superior en porcentaje a los de otras cárceles visitadas. Señala asimismo las insuficiencias habitacionales y sanitarias del complejo. Deja constancia de las torturas practicadas, entre ellas de "violaciones varias". Reclama del engaño sufrido en el Campamento, donde les dijeron que ya no había prisioneros que entrevistar, en circunstancias de que los existentes habían sido hacinados y encerrados en camiones-frigoríficos hasta la noche, esperando que los visitantes se retirasen.

Como se comprobará en la relación de los casos particulares concernientes al complejo Tejas Verdes, muchas personas murieron en él, o salidas de él a la muerte, algunas condenadas por Consejos de Guerra, otras ejecutadas sin proceso alguno, otras a consecuencia de la tortura. Las muertes de estas últimas, y de los ejecutados sin juicio previo, o bien se encubrieron con falsos Consejos de Guerra; o bien con certificados de defunción que adolecían, por lo menos, de falsedad intelectual en cuanto a la causa del deceso; o bien no se explicó a la familia en forma alguna lo sucedido, devolviéndole el cadáver en urna sellada transportada por un camión-frigorífico. Este fue el caso, por ejemplo, de Oscar Gómez Farías, quien - torturado hasta enloquecer, y mostrando en su cuerpo las huellas visibles y terribles del apremio sufrido - atacó desnudo a un guardia armado, el cual le dio muerte en el acto, el 27 de diciembre de 1973.

Los casos individuales de centros de tortura que hemos relatado, puede que no sean enteramente los comunes de Chile en este período. Las denuncias recogidas, y que en gran parte son la fuente de las descripciones que preceden, es asimismo posible que adolezcan de inexactitudes. La Comisión no ha recibido colaboración para desvirtuarlas o atenuarlas, de parte de quienes -desde el otro lado - deberían también conocer los mismos hechos. Pero el conjunto de datos reunidos le parece conformar, por su inmenso número y virtual uniformidad una realidad de tortura indiscutible y que, como expiación y enseñanza, no se puede dejar en el secreto ni en el olvido.

e) LAS MUERTES Y DESAPARICIONES

e.1) Las víctimas.

El grueso de las muertes y detenciones seguidas de desaparición durante el período, fue fruto de actos que se enderezaron contra funcionarios destacados del régimen depuesto, especialmente de sus más altas autoridades y de los "mandos medios" en áreas sensibles de la anterior agitación social, como ser CORA, INDAP, Salud, de la habitación, de las Intendencias y Gobernaciones, regidores y alcaldes municipales, comunicadores sociales, etc. También contra jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales (Juntas de Vecinos, Centros de Madres, JAP), poblacionales, indígenas y estudiantiles, estos últimos tanto de la enseñanza superior como de la media. Naturalmente, el rasgo distintivo de todos tales jefes, dirigentes y funcionarios, fue el haber sido partidarios o simpatizantes del gobierno caído, de la Unidad Popular, o de la extrema izquierda afin a aquélla, por ejemplo del MIR. Muchas veces, no obstante, dichas relaciones políticas se deducían de la conducta "conflictiva" de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.

En la indicación de quiénes eran "conflictivos", jugaron algún papel elementos civiles, en especial agricultores, comerciantes, transportistas, etc., y un número menor de ellos proporcionó elementos para las detenciones - vehículos, lugares de interrogatorios - o aún participó en la ejecuciones. Se registran casos significativos de éstos en las regiones: IV (localidad de Salamanca), VIII (Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco y Mulchén), X (Liquiñe, Entre Lagos) y Metropolitana (Paine). En las demás regiones o localidades la intervención de civiles en las detenciones o ejecuciones resulta esporádica.

Caracterizar a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos resulta difícil. Sin embargo, las muertes y desapariciones tuvieron diversas magnitud, características y periodificación en las distintas regiones estudiadas. En algunas, esta Comisión da por acreditadas cerca de 500, como es el caso de la Metropolitana. La siguen la VIII Región con poco más de 200, y la IX y X con entre 100 y 150 víctimas cada una. Las demás, por lo general, no alcanzan a 50, y hay algunas de 10 o menos.

En algunas regiones las muertes se concentran en los primeros días después del 11 de septiembre de 1973. En otras, como se verá, prácticamente no las hay hasta que comienzan las "órdenes de endurecimiento" que se aludirán al final de esta parte, a mediados de octubre de ese año. En todo el país, las muertes y desapariciones declinan a partir del mes de noviembre. Difícil resulta por ende dar un panorama nacional de las mismas. No obstante, se intenta a continuación una clasificación de estas muertes y desapariciones, conforme a las razones que pueden haber llevado a los agentes del Estado a efectuarlas.

Debemos considerar, en primer lugar, las ejecuciones selectivas de carácter político. Un muy apreciable número de las muertes de este período son de este tipo y afectan a las autoridades nacionales y locales del régimen depuesto y a los líderes y militantes más activos de los partidos que lo sustentaban. Ellas se insertan dentro del clima reinante - inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 - de hacer una "limpieza" de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual "amenaza". Esta idea pudo derivar de uniformados afectos a las teorías de la contrainsurgencia que analiza el Capítulo I de esta Segunda Parte (es decir, las mismas concepciones que sustentara el llamado, en ese capítulo, "grupo DINA", que en esta etapa no operaba aún a nivel nacional). También la idea de la "limpieza" pudo derivar del extremo, y destructivo pasionalismo político y social a que había llegado el país en aquellas fechas, tema abordado igualmente en el referido Capítulo. Cualesquiera causas que haya tenido, es probable que ella haya sido - en gran medida - espontánea en los primeros días. Ninguna de estas características, por cierto, la justifica, ni menos justifica que sus consecuencias de muerte y otras violaciones de los derechos humanos quedaran sin castigo. Todavía más, la falta de sanción, es probable, estimuló e hizo permanentes los excesos.

Otras muertes afectaron a personas simpatizantes del gobierno depuesto, muchas veces sin militancia política, y generalmente de sectores modestos, de aquellos a quienes se consideraba "conflictivos", según hemos explicado arriba.

Cooperó al ambiente de venganza política, y a las muertes indicadas en los dos acápites anteriores, la profusa difusión del llamado "Plan Z", del cual la opinión pública sólo conoció un facsímil publicado en el Libro Blanco del Gobierno de Chile, el año 1973. El documento reproducido allí es general, no específico ni detallado, no parece - por lo menos a los ojos de hoy día - realista ni fácilmente realizable, se refiere sólo a Santiago, y no hay mayor información sobre su autor o autores, ni sobre el grado de avance en materializarlo. Sin embargo, el Plan Z - por la vía del rumor y de la noticia intencionada - se convirtió en una minuciosa lista de personas opositoras a la Unidad Popular, que debían ser eliminadas, con variantes regionales y locales, y nuevas nóminas de esas personas, ya para cada pueblo, por pequeño que fuese. Se alimentó así una justificación interna de matar, o permitir o por lo menos condonar la muerte del adversario, atribuyéndole iguales intenciones.

También ha conocido la Comisión de casos de ejecuciones selectivas de pretendidos delincuentes. La "eliminación" de supuestos antisociales es otra forma de "limpieza", que interesa recordar para el análisis del fenómeno de ésta. El paralelismo con los ejecutados políticos es evidente: los unos - según idea de sus verdugos - dañan a la sociedad por sus doctrinas y actividades político-sociales, los otros por acciones criminales de tipo común; éstos y aquéllos son delincuentes por igual, y la sociedad se libra de todos quitándoles la vida.

Caso relevante es el de algunas de las personas que aparecieron inhumadas clandestinamente en la fosa colectiva de Pisagua, descubierta en 1990; su ejecución fue igualmente clandestina, (pues nunca se había reconocido su asesinato). No tenían vinculaciones políticas, sino que pretendidos lazos - no comprobados o comprobadamente falsos - con el tráfico de droga. Pero el ejemplo de Pisagua se repite a lo largo del país, en las grandes ciudades como en los villorios rurales: delincuentes habituales; alcohólicos consuetudinarios; hombres violentos que golpean a sus mujeres o protagonizan incidentes con los vecinos; jóvenes drogadictos, o que inician una carrera de pequeños delitos; etc., aparecen muertos en la calle; o a la vera del camino; o, misteriosamente, en la Morgue, de dos o tres disparos. O, al revés, "desaparecieron".

En todos estos casos, está implícita la idea perversa de que la sociedad se ha liberado, drásticamente, de un elemento indeseable y perjudicial.

También la Comisión ha conocido en este período casos de muertes que perpetran agentes del Estado, haciendo un uso innecesario o excesivo de la fuerza. Este tipo de muertes no es deliberado, sino producto de la ostentación de la fuerza, o del descuido o exceso culpable en su empleo, propios de quienes la detentan cuando a ello se une la conciencia de circunstancias que cabe que les proporcionen impunidad. El caso típico es la persona muerta por circular en horas de toque de queda, no existiendo motivo para suponerle una especial peligrosidad y habiendo otras formas de reducirlo y de sancionarlo por la infracción.

Por último la Comisión ha detectado algunos casos de ejecuciones selectivas de venganza personal. Muertes violatorias de derechos humanos, en esta época, son ajustes de cuentas personales, que pueden tener origen político, pero también no tenerlo, sino otro de muy distinta índole. Algunas cuentas se saldaron con la muerte a fines de 1973, por quienes tenían la fuerza y contra quienes no la tenían. Y los primeros no fueron sola, ni siquiera principalmente militares, sino también y quizás en buena mayoría civiles, que podían disponer en ese instante de apoyo armado por obra de autoridad, amistad, falsas denuncias o intrigas políticas.

e.2) Los procedimientos empleados

Múltiples formas presentaron las muertes que hemos descrito en el acápite anterior. Algunas revisten la apariencia de una legalidad que no existe o es discutible, como los Consejos de Guerra. Otras intentan explicarse como aplicación de la llamada "Ley de Fuga", o publicitando que se trataba de extremistas que habían intentado atacar alguna unidad o recinto policial o militar. En otras, se certificó la muerte sin dar explicación alguna. Otras víctimas permanecen hasta la fecha como desaparecidos. Las principales fueron:

e.2.1) Consejos de Guerra

La mayoría de ellos tuvo lugar en el presente período. Presentan un carácter muy dispar. Respecto de más de algunas de las muertes que se anunció su decisión de un Consejo de Guerra, la Comisión ha concluído en que éste, presumiblemente, nunca se efectuó, y no fue más que el modo de explicar una ejecución ilegal. Otros, en cambio, se efectuaron con mediana sujeción a la legalidad vigente; aún cuando, en ninguno de aquellos en que se condenó y ejecutó a alguien, se respetaron plenamente las reglas de un debido proceso.

Los Consejos, y sus irregularidades de fondo y forma - por las cuales la Comisión ha considerado que las muertes resultantes de ellos fueron siempre violatorias de los derechos humanos de las víctimas -, se analizan in extenso en el Capítulo III de la Segunda Parte. Sería redundante repetir aquí ese análisis. En las secciones dedicadas a cada región, que siguen, se agregan otros pormenores que refuerzan la convicción indicada. A todo ello, sólo cabría aquí añadir dos antecedentes más. Primero; la Comisión ha comprobado los graves efectos que surtieron, en los Consejos, tanto la pobre asesoría jurídica de que dispusieron, no ya las víctimas solamente, sino también sus jueces, como el nivel insatisfactorio de que estos últimos adolecían en cuanto a conocimiento de los principios elementales del derecho, aún descontando que en su mayoría no eran abogados. Se pudo creer por estos jueces - incluso, originalmente, de buena fe - que determinadas personas "merecían" la muerte, y que así lo habían resuelto la superioridad; en consecuencia, ellos no hacían sino cumplir con su deber al refrendar una decisión que estaba tomada de antemano y en un nivel, por decirlo así, administrativo-militar. Por ende, el Consejo era, respecto de esas personas, sólo una manera de legalizar o formalizar la decisión previa ya referida.

El segundo antecedente que es menester consignar, y que incide en los Consejos de Guerra, se refiere a los interrogatorios. La Comisión según adelantamos ha comprobado que, en esta etapa, todos ellos - o por lo menos una proporción abrumadora de ellos - fueron precedidos por diversas formas de amedrentamiento físico y psíquico, cuando no por la tortura pura y simple. En tales circunstancias, la Comisión se encuentra moralmente impedida para aceptar que en ningún Consejo de Guerra de 1973 los interrogados, encausados y condenados hayan tenido, verdaderamente, un "debido proceso". El derecho a defensa fue también, por lo general, suprimido o severamente restringido.

e.2.2) Las ejecuciones al margen de todo proceso

La Ejecución: Métodos y lugares

Por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. Varios ha debido conocer esta Comisión, especialmente en las regiones del Sur en que la persona, sometida ya al control de sus captores fue ejecutada en presencia de su familia.

Los métodos de ejecución fueron muy variados. En ocasiones el detenido era muerto de un solo, o dos tiros en el cráneo. A veces era acribillado. Algunas veces se le hacía correr con la ilusión ( o sin ella) de que tenía alguna posibilidad de librar con vida, para de inmediato dispararle por detrás. En ocasiones, v.gr. durante el viaje aéreo de la comitiva santiaguina que se describirá luego, se usó el arma blanca. No faltan tampoco las mutilaciones previas, o de los cadáveres.

La Comisión se ve en la necesidad de dejar constancia de que, en numerosas ocasiones, la muerte fue aplicada junto con torturas y ensañamientos que no buscaban, aparentemente, más objetivo que agravar hasta lo indecible el sufrimiento de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Eugenio Ruiz-Tagle, muerto en Calama el 19 de octubre de 1973, su madre, que pudo ver un momento el cadáver, lo describe así: "le faltaba un ojo, tenía la nariz arrancada, una oreja que se le veía unida y separada abajo, unas huellas de quemaduras muy profundas, como de cautín, en el cuello y la cara, la boca muy hinchada, quemaduras de cigarrillos, por la postura de la cabeza tenía el cuello quebrado, muchos tajos y hematomas". Otros casos son los del cantante Víctor Jara y del Director de Prisiones del régimen caído, Littré Quiroga, ambos largamente torturados en el Estadio Chile. El cadáver de Jara, con manos y rostro muy desfigurados, presentaba 44 orificios de disparos. Quiroga, golpeado de modo incesante, fue visto por un testigo "literalmente agónico", "con dificultades para respirar", "casi no podía hablar". Por lo que parece, las torturas se debían en gran parte a su cargo público, persiguiendo como finalidad principal hacerlo sufrir. Su cadáver presentaba, asimismo, múltiples heridas de bala. Ambos cuerpos, el de Jara y el de Quiroga, fueron abandonados en el Zanjón de la Aguada, habiendo ocurrido la muerte el 12 ó 13 de septiembre de 1973. Todos estos casos se describen más adelante para los efectos de la convicción, pero hemos querido destacarlos aquí como ejemplos de ensañamiento en la ejecución.

Las explicaciones oficiales frente a estas muertes

Algunas de estas ejecuciones se publicitaron e intentaron justificarse como aplicaciones de la llamada "ley de la fuga", es decir, la muerte de los detenidos que - según las autoridades - intentaron huir o evadirse y no obedecieron las intimaciones previas a no hacerlo, formuladas mediante la voz, disparos de advertencia al aire, etc.

Una variante común, a veces individualizada como "ley de la fuga", a veces no, es que la víctima -según las autoridades - hubiera agredido a sus captores, o interrogadores, o hubiese intentado quitarles sus armas de servicio.

En todos estos casos, la Comisión ha visto claramente un intento de justificar, sin respeto por la verdad, fatales violaciones de los derechos humanos.

En primer término, el sentido común, cualquiera noción básica de derecho que se tenga, y los expertos que consultó, han hecho que la Comisión concluya que no existe la "ley de la fuga" en los términos colacionados. No es "per se" justo ni legal que el captor de un detenido, o su custodio, por el solo hecho de intentar evadirse aquél, y aunque hayan precedido toda suerte de advertencias, le dé muerte. En cada caso específico deberán sopesarse sus restantes circunstancias: peligrosidad del detenido; otros métodos posibles para interrumpir su fuga, menos drásticos que matarlo; facilidad de recapturarlo aunque se fugue, etc. Lo último era especialmente relevante en Chile y para este período, con el país férreamente controlado por las Fuerzas Armadas y de Orden, con estado de sitio, toque de queda, etc. Y más relevante todavía en lugares donde, por la naturaleza del entorno físico, la fuga era una verdadera locura, como ser el Campamento de Prisioneros de Pisagua. En fin, si debido a una fuga era necesario a la postre - después de ponderado todo lo que precede - disparar contra el evadido, se imponía no hacerlo, de partida, a matar.

En la especie la Comisión encontró, sin embargo, que la autoridad - en sus versiones oficiales de estos hechos - no probó, ni siquiera enunció, ninguna de tan imprescindibles circunstancias; más aún, en ningún caso de "ley de la fuga" la Comisión pudo hallar rastro de investigación judicial (que era de absoluto rigor, habiendo muertos) ni interno-institucional sobre los sucesos, pese a múltiples indagaciones y requerimientos al respecto. Ni hubo sobreviviente alguno, en los casos alegados, a la supuesta aplicación de la "ley de la fuga".

Más aún, y prescindiendo de lo anterior, en ninguno de los casos que la Comisión estudió, la pretendida "fuga" le pareció ni aún mínimamente verosímil. Aparecen intentando fugarse personas inermes, custodiadas por un contingente numeroso y bien armado; personas amarradas, engrilladas o encadenadas; personas heridas, o en precario estado físico por obra de largas detenciones y de torturas, personas que se han presentado voluntariamente, etc.

Otra explicación comunmente dada a través de la prensa por las autoridades e igualmente inverosímil, por las mismas razones anotadas fue que las personas habrían muerto al oponer resistencia a sus detenciones o al haber intentado atacar una unidad militar o policial.

Al hablar de enfrentamientos, no se quiere decir que no los hubo reales, sino que también se les inventó como encubrimiento de estas ejecuciones,conforme, - en cada caso en que ello ocurre - ha comprobado esta Comisión.

Puede aventurarse que estos modos de explicación no fueron espontáneos. Resulta indiciario que las excusas del primer tipo - leyes de fuga - se concentren en algunos días del mes de octubre de 1973, en tanto que las de supuesta oposición o resistencia aparezcan entre el 18 de septiembre y fines de ese mismo mes.

La mayoría de las ejecuciones del período no han recibido explicación alguna dada por la autoridad, ni dada a la prensa en aquel período ni a esta Comisión durante su funcionamiento, a pesar de los requerimientos que se hizo al respecto.

En una proporción de las muertes de este período, ellas se encuentran oficialmente consignada en el Registro Civil. En los restantes casos, los cuerpos fueron ocultados; y, hasta la fecha, las víctimas figuran como detenidos desaparecidos.

e.2.3) Las muertes por tortura

Ya en un acápite anterior hemos dado cuenta de los malos tratos con que habitualmente se practicaban las detenciones, y el modo sistemático con que se ejerció la tortura en diversos centros de reclusión. Algunas de esas víctimas no las resistieron y murieron en medio de ellas.

Las muertes por torturas pueden considerarse simplemente una forma o especie de la ejecución. Sin embargo, se les da tratamiento aparte por cuanto la tortura, comunmente - cuando no es sólo una manera de hacer más dolorosa la sanción o la muerte, caso menos frecuente al que ya nos hemos referido -, busca extraer del torturado alguna información. En esta época, la información buscada es cualquiera que se estime necesaria o útil para los fines de la "limpieza". Pero hay una indagación que se repite incesante y monótonamente en los casos particulares de tortura: la de todo cuanto conduzca a ubicar depósitos de armas ocultadas por el régimen caído o sus partidarios.

A este respecto, conviene hacer notar que, si bien esos depósitos existían, y muchos de ellos fueron hallados en el curso de 1973 y aún de 1974, su importancia era muchísimo menor de lo que las Fuerzas Armadas y de Orden suponían, inducidas por la propaganda sobre ello - de ambos bandos - anterior al 11 de septiembre.

Al no encontrar lo que se presumía en materia de armamento, los uniformados multiplicaban los esfuerzos de búsqueda, y este fue uno de los motivos más usuales - y más inútiles - de la tortura, a fines de 1973. Es lógico pensar que muchos de los muertos por tortura figuren asimismo como "desaparecidos".

f) DISPOSICION DE LOS CADAVERES

Los hallazgos posteriores de restos en los más diversos y distantes puntos del país, correspondientes a ejecutados del período que se analiza - Lonquén, Pisagua, Calama, Chihuío, Paine, etc. - ilustran uno de los aspectos más dolorosos de estas muertes: la tendencia a no entregar los cadáveres, ocultándolos de distintas maneras: en fosas clandestinas o piques de minas, arrojándolos a ríos o al mar, dinamitándolos. Incluso de combina, en un solo acto, la ejecución y la eliminación del cuerpo; así, en Santiago y el Sur se practica con amplitud el fusilamiento en puentes fluviales, de modo que el cadáver caiga al agua y sea arrastrado por la corriente. Se dan casos extremos de inhumanidad en este sentido. Gente piadosa rescata cadáveres que flotan en un río, para que luego los agentes del Estado los lancen nuevamente a aquél. A las familias de algunos inhumados de Pisagua, se les dijo oficialmente y bajo firma oficial que sus deudos estaban vivos y libres bajo fianza; que los urgieran a firmar semanalmente en la comisaría respectiva, pues de lo contrario sí que corrían peligro de prisión; y que los motivos por los cuales no regresaban al hogar sólo la familia podía colegirlos, y no eran de incumbencia de las autoridades.

La negación y ocultamiento de los cadáveres de los ejecutados se repetirá, como veremos, en el período que sigue (1974- 1977). Pero en éste tendrá un carácter sistemático. En el período que analizaremos es un proceder anárquico e irracional. A veces presenta, sí, la finalidad de no responder sus ejecutores del crimen, de ningún modo. A veces, la de esconder los maltratos previos o póstumos de los cuerpos. Pero otras veces no es imaginable ninguna razón. Por ejemplo, que no se entregaran y en cambio se inhumaran clandestinamente los restos de los fusilados en Pisagua por sentencia de Consejos de Guerra, reales o supuestos, pero fusilamientos a los cuales las autoridades habían dado amplia difusión.

 g) TRATAMIENTO A LAS FAMILIAS

Lo anteriormente señalado respecto de la disposición de cadáveres es sólo un ejemplo del maltrato que se dio a las familias de los detenidos, las cuales - aún suponiendo que las víctimas hubieren incurrido en algún delito - no tenían ninguna parte en ello. Como prácticas que se reiteran monótonamente, podemos enumerar las que siguen:

- Negar a la familia el hecho de la detención;

- Negarle el lugar de la misma, o aquel al cual el detenido ha sido trasladado;

- Negarle la visita, o permitírsela sólo por breves momentos y en presencia de guardianes, aún después de concluídos larguísimos lapsos de incomunicación y duros interrogatorios;

- Ocultarle la muerte del detenido;

- Entregarle el cadáver en urna sellada, con prohibición de abrirla; prohibición de velatorio o de funeral público; orden de enterrar de inmediato y sin acompañamiento; orden de enterrar en otra parte;

- larguísimas esperas para recibir alguna noticia de los detenidos, las más de las veces de pie, tratados - los parientes que aguardan - con grosería o crueldad verbal, ocasionalmente con violencia física, y casi siempre con prepotencia;

- destrucción o robo de objetos y muebles en los allanamientos;

- extorsiones a las familias, bajo falsas y torturantes promesas de libertad; en alguna parte, la familia debía manifestar su buena disposición depositando dinero en una cuenta del Banco del Estado;

- orden perentoria de dejar la ciudad o pueblo en un plazo brevísimo, etc. etc.

No sería exacto decir que en todas partes las familias de los detenidos fueron tratada de esta manera, pero en muchos lugares así fue, y por un tiempo excesivamente prolongado.

Frente a ello, resulta admirable la paciencia, pertinacia y dignidad con que las familias se empeñaron, primero, en mantener el contacto con los detenidos; segundo, en auxiliarlos y consolarlos; tercero, en defenderlos legalmente; y cuarto, ya muertos o desaparecidos, en buscar sus restos para honrarlos.

h) EL ENDURECIMIENTO DE OCTUBRE

Según la Comisión pudo concluir, a las pocas semanas del 11 de Septiembre, la superioridad del mando central llegó a convencerse de que era distinto el enfoque dado a la intervención militar por ella misma, del que presumiblemente le daban las autoridades uniformadas de algunas provincias.

Estas - pensaba dicha superioridad -, salvo excepciones, no habrían sufrido la dura resistencia encontrada en Santiago por el movimiento militar, y antes de éste a menudo habrían cultivado relaciones amistosas, o por lo menos de convivencia, con los correspondientes jerarcas o funcionarios provinciales del régimen depuesto. Como consecuencia de todo ello, se habrían vivido en algunas provincias y continuarían viviéndose situaciones de "blandura", y aún de lenidad, que podrían estimular un renacer de la resistencia opositora y que era necesario y urgente corregir.

Se dieron en la práctica algunos hechos en provincias que, en el concepto de los altos mandos, justificaban las aprensiones indicadas y hacían necesario adoptar medidas para poner pronto atajo a una situación que a todas luces convenía evitar.

De estos hechos y consideraciones, al parecer nació la idea de instruir a las autoridades provinciales, en orden a uniformar y hacer más rápido y severo el castigo de los delitos de carácter político, juzgando en Consejos de Guerra a numerosos detenidos por ese concepto.

La Comisión ha reunido un conjunto de antecedentes que la llevan al convencimiento de que en semejante propósito se insertó la misión encomendada a un alto oficial del Ejército, quien recorrió el país por vía aérea entre Septiembre y Octubre de 1973, con el objeto abierto, y al parecer oficial, de acelerar y hacer más severos los procesos de los detenidos políticos, instruyendo al efecto a las autoridades locales. La legalidad de esta misión oficial era muy dudosa, según se ha podido apreciar. Hasta el punto de que incluía instruir al Intendente de Coquimbo para que citara a un nuevo Consejo de Guerra, a fin de que éste condenara a muerte a una persona que había sido sancionada con pena menor por un Consejo anterior y en sentencia ya dictada. Pero no se hablaba de ejecuciones sin proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados.

Se puede entonces - con las limitaciones y advertencias que preceden - afirmar que esta misión del más alto nivel llevó al Norte y al Sur del país - y puntualmente a todos los lugares donde, según la autoridad, se habían dado por las respectivas autoridades muestras de "blandura" - un mensaje abierto u oficial de celeridad y severidad en los juicios de guerra, pero con relativo respeto de los marcos jurídicos. Y decimos "relativo respeto" por algunas alternativas del viaje (como la que se relató sobre el Consejo de Guerra de La Serena) y porque de todos modos el "mensaje abierto" de la comitiva significaba ya, de por sí, interferir de algún modo en la labor e independencia de los tribunales de guerra, por encima de la jurisdicción delegada de los jefes militares de las provincias y departamentos visitados y aunque la misión no tuviese propiamente funciones de tribunal.

A estas alturas, conviene precisar que el alto oficial delegado se trasladó a los distintos lugares del país que debía visitar en compañía de otras personas, también oficiales de Ejército, que aparecían a simple vista como integrantes de un grupo oficial, para apoyo del delegado principal y bajo su autoridad. Sin embargo la Comisión ha podido establecer que ello no fue necesariamente así, pues casi todos los demás integrantes de la comitiva provenían de distintos estamentos y unidades del Ejército, donde no estaban supeditados ordinariamente a la jerarquía única y exclusiva del alto oficial delegado. Un elemento de juicio adicional, e importante, es que todas estas personas, salvo el jefe superior, pertenecerán después a la DINA, y varias de ellas con cargos destacados en dicho organismo e intervención relevante en ejecuciones irregulares.

La comitiva visitó numerosas ciudades: Valdivia, Temuco, Linares, Cauquenes, Talca, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, principalmente.

Paralelo al "endurecimiento" abierto y hasta cierto punto regular que el alto oficial delegado debería obtener en su recorrido, se dio - en aquella misma comitiva y en parte de su seguidilla de viajes - otro "endurecimiento" muy distinto.

Algunas de las breves estadías de la comitiva en viaje, efectivamente, coinciden con ejecuciones sin proceso; a menudo, como se ha visto, agravadas por la sevicia; disimuladas con versiones falsas; y que en muchos de los casos conllevan la no entrega y el ocultamiento de los cadáveres, e incluso su destrucción, presumiblemente para ocultar la saña empleada en el crimen.

Estas ejecuciones, que ocurrieron en octubre de 1973, con mayor detalle en las secciones regionales de este mismo capítulo, que siguen. Pero su resumen es: 72 muertes que se distribuyen en 4 ejecuciones en Cauquenes (4 de octubre), 15 en La Serena (16 de octubre), 13 en Copiapó (17 de octubre), 14 en Antofagasta (19 de octubre) y 26 en Calama (19 de octubre).

Conviene ahora examinar la relación de la comitiva de alto nivel venida de Santiago, con estas ejecuciones.

La comitiva estuvo físicamente presente en las ciudades y horas de todas ellas.

En todas, se pretextó la "ley de fuga"; hace excepción el caso de Antofagasta, donde en algunos de los casos se inventaron (según parece) Consejos de Guerra para los fines de ocultamiento de la verdad, y de regularización formal de la documentación pertinente.

Por último, las ejecuciones todas fueron selectivas, de socialistas, comunistas y miristas, con énfasis sobre los primeros. Se advierte que, de 72 ejecutados, 40 son socialistas.

De las coincidencias anteriores, se desprende una fuerte posibilidad de que miembros de la comitiva hayan intervenido en los cinco grupos de ejecuciones indicados. Sin embargo, la Comisión no ha podido convencerse de que tales personas hayan actuado en Cauquenes, donde no hay ninguna prueba concreta de que así fuese; donde no coincide el número relativamente reducido de las víctimas, con el muy superior de las otras ejecuciones; y donde la comitiva estuvo muy pocas horas.

En cambio, la comisión se ha acercado más al convencimiento pleno en el caso de las muertes pretextadas como ley de fuga en Copiapó, sin alcanzar ese convencimiento, no obstante, con absoluta cabalidad. Los hechos de Copiapó son similares como dos gotas de agua a los de La Serena, Antofagasta o Calama. Quien, de la oficialidad local, de Copiapó realizó materialmente los crímenes, es inverosímil que lo haya hecho sin orden superior. Y no hay explicación que haga plausible que fuese el jefe local quien diese esa orden, hallándose en la plaza un superior con facultades máximas delegadas, u oficiales de su comitiva que pudieran atribuírse la representación de este Superior, o una autoridad paralela a la de éste. Pero los antecedentes aportados hacen improbable que miembros de la comitiva hayan efectivamente actuado esa noche del 16 al 17 de Octubre en Copiapó, aunque no puede descartarse por entero la posibilidad de que, al menos, los hechores locales hayan sido instigados o inducidos por esos miembros.

Distinto es el caso de La Serena, Antofagasta y Calama.

Aquí es absolutamente cierto e indiscutible, con pruebas definitivas, que por lo menos tres miembros de la comitiva participaron de manera directa en los crímenes. Y como éstos se fueron produciendo, sucesivamente, a medida que aquélla llegaba - en etapas también sucesivas de un mismo viaje - a dichas tres ciudades, es inescapable la conclusión de que no sólo participaron en las ejecuciones, sino que las organizaron e indujeron a las oficialidades locales a participar en ellas. Pues para las referidas tres ciudades se presenta esta última característica común (que se halla comprobada, aunque no integralmente, para Cauquenes y Copiapó): a saber, que coprotagonizan los crímenes oficiales de la comitiva y oficiales de la ciudad respectiva, usando tropas y otros elementos (v.g. vehículos) de ésta, y en toda apariencia sin saberlo el superior local, y mientras este se encontraba relevado del mando, según resulta de los antecedentes reunidos a este respecto por la Comisión. En cuanto al jefe formal de la comitiva, los remitimos a lo dicho al tratar el caso de Copiapó.

Cualquiera alternativa que se haya dado, no cabe discutir que este viaje al Norte, con su carácter oficial y extraordinario, con la altísima autoridad - emanada de la Comandancia en Jefe - que lo presidía, con su secuela de impactantes ejecuciones sin proceso, y con su ostentosa impunidad, no pudo dar a los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden sino una sola señal: que el mando era uno solo y había que ejercerlo duramente.

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                El Libro Negro de la Justicia Chilena