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Comandante en jefe del Ejército, a quien le quedan 18 meses en el cargo, pretende imponer el tema en la agenda pública con ocasión de Fiestas Patrias

Cheyre lanza nueva ofensiva por DD.HH. y se queja de civiles de 1973


El general ha manifestado su decepción porque considera que los sectores civiles que promovieron la crisis de 1973 han eludido su responsabilidad.
Publicado en La Tercera, edición: 18-09-2004
José Miguel Wilson

Esta Parada Militar tendrá un sabor amargo para el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre. Ya comenzó la cuenta regresiva de los 18 meses que le quedan al mando de la rama castrense, pero el alto oficial aún no ha podido cumplir con uno de sus mayores anhelos: liberar a su institución de la "mochila" de los derechos humanos, palabra que emplean en círculos uniformados para referirse al peso que les significa ser vinculados con ese tema.

Cheyre -quien ayer participó en una actividad con generales de Colombia y Ecuador- se encuentra decepcionado por lo que considera un lento avance en tribunales de las causas contra militares en retiro. A esto se suman el reflote del caso del general (R) Augusto Pinochet a raíz de su desafuero por la Operación Cóndor y el entrampamiento del proyecto de ley sobre derechos humanos en el Congreso.

Pero, sobre todo, le inquieta que -a su juicio- el Ejército ha sido el único en pagar los costos de lo ocurrido en Chile a partir de los años 70, a diferencia de lo que sucede con aquellos civiles que, según ha comentado a sus cercanos, tuvieron tanta o mayor responsabilidad que los uniformados.

En el gobierno están al tanto del sentimiento que embarga a Cheyre por estos días, y que el propio comandante en jefe se encargaría de poner en la agenda pública en una entrevista que tiene agendada con TVN para mañana.

Uno de sus grandes focos de preocupación es el fallo que dictará la Corte Suprema en los próximos días sobre si aplica o no la Ley de Amnistía en la causa del detenido desaparecido Miguel Angel Sandoval. El caso es emblemático, ya que por primera vez el tribunal se pronuncia sobre una condena por secuestro calificado, un delito inamnistiable e imprescriptible que ha servido para mantener abiertos los casos de DD.HH.

Según cercanos al general, éste sentiría frustración debido a que tiene prácticamente asumido que la Suprema no aplicará la amnistía (cree que ni el mundo político ni el judicial quieren asumir los costos) y porque, de hacerlo, está consciente de que el paso lógico es una presentación de los querellantes ante la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA, que volvería todo a fojas cero.

Cheyre ha criticado públicamente la figura del secuestro calificado: "Es tremendamente preocupante que un familiar crea que (su pariente) está secuestrado permanentemente o que alguien sea juzgado por tener secuestrada a una persona que se sabe que no está secuestrada", ha dicho. Según fuentes uniformadas, el que estos juicios se eternicen y se mantenga el desfile de "cientos" de militares en tribunales no complica el trabajo profesional de la institución, pero sí los afecta "en lo humano".

El torito

Pero las quejas de Cheyre no apuntan sólo a tribunales. Particularmente molesto está con los sectores civiles que promovieron la crisis de 1973 y que, a juicio del uniformado, han eludido su responsabilidad.

Ya ha dado señales. Su discurso más duro en este sentido lo emitió el 9 de julio en la ceremonia de Juramento a la Bandera, cuando apuntó a la clase política afirmando que "¿no erraron aquellos que con criterios rupturistas generaron la peor crisis del siglo pasado?".

Y es que el tema de las responsabilidades de los civiles que impulsaron la intervención militar del '73 y que luego participaron del gobierno de Pinochet es algo que ha obsesionado a Cheyre desde que asumió el mando. "Yo no les echo la culpa a quienes provocaron la crisis, no les echo la culpa a quienes aplaudieron cuando sucedió. Tampoco a los actores indiferentes que tomaron palco. Ese torito lo estamos toreando solitos", dijo el 13 de julio.

Las declaraciones de Cheyre le han significado un costo, ya que mientras el 2003 los aplausos al general eran prácticamente unánimes en la clase política, el 2004 comenzaron a surgir las primeras voces discordantes con su gestión. No obstante, en el Ejército están satisfechos con las actuaciones del jefe castrense, pues sienten que han servido para mejorar la percepción de los militares en la ciudadanía y estiman que, en su último año, el general podrá, al menos, alivianar la "mochila" de su sucesor.

El general se impacienta

El 2003, con motivo de los 30 años del golpe militar, Cheyre lanzó una ofensiva comunicacional con miras a distanciar al Ejército de los conflictos del pasado. Consciente de la frustración de su antecesor, Ricardo Izurieta, por no haber podido cerrar este tema, en enero de ese año publicó una carta en La Tercera en la que afirmó que la institución armada no es heredera del gobierno militar. En junio anunció su "nunca más" a las violaciones a los DD.HH. y criticó a los políticos "que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron". Y en julio consiguió que ocho ex vicecomandantes de Pinochet firmaran un documento condenando las exhumaciones ilegales.

Sus gestos se vieron recompensados con la propuesta de DD.HH. que elaboró el Presidente Lagos para acelerar los juicios y obtener información sobre los desaparecidos. La iniciativa fue celebrada por la rama castrense, pero criticada por los familiares de las víctimas.

Sin embargo, el 2004 el jefe militar comenzó a impacientarse al no ver resultados inmediatos de su estrategia de desprenderse de la "mochila" de los DD.HH. Por eso, periódicamente ha mandado públicas y duras quejas al Poder Judicial y al mundo político.

Sus reclamos comenzaron el 15 de enero cuando, tras una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, criticó la labor del Congreso señalando que "estoy desesperanzado que una propuesta (de derechos humanos) surgida en agosto esté entrabada". Cheyre fue más allá y agregó que "hay desde sectores indiferentes hasta grupos de presión", que impiden el despacho del proyecto. En abril, tras el desafuero a Pinochet, dijo que "provoca desazón y congoja que como sociedad no nos desentrampemos".

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(Dr. Róbinson Rojas, 1ro. de mayo, 2003)
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