Diversas denuncias han puesto nuevamente en el tapete el problema de calidad de las viviendas sociales. El caso de las "viviendas de nylon" que "salen a flote" con cada crudo invierno; o la decisión del Minvu de demoler el deteriorado condominio Los Cóndores de Temuco, dan cuenta de que algunas de las soluciones habitacionales están lejos de convencer a sus moradores y a los especialistas.

Las medidas paliativas son necesarias y deben ser implementadas para corregir el menoscabo a la dignidad de sus habitantes (las propias autoridades pidieron perdón por la falta de escucha de su cartera ante las demandas), pero estos "parches", como indemnizar hasta en un 20% la deuda que mantienen con el Serviu, no corrigen las deficiencias de la política habitacional.

Salvo excepciones, desde 2002 los Serviu del país dejaron de llamar a licitaciones desde el sector público para la construcción de viviendas sociales, entregando la totalidad de las soluciones por la vía de los subsidios a la demanda. Ello implicó que durante un lapso de tiempo no se contara con una adecuada asistencia técnica a los postulantes y mínimas regulaciones para mantener y mejorar estándares. Se ha entregado al sector privado la construcción de viviendas para los sectores más pobres, pero esto no puede ni debe ser obstáculo para que el Minvu responda por su misión de velar por la calidad de las viviendas y su entorno.

Con la actual normativa, las empresas constructoras pueden organizar la demanda por este tipo de viviendas (sociales) en detrimento de otras instancias como corporaciones, municipios u ONG. Ello ha debilitado el poder negociador de los "demandantes" (allegados, sin techo, etc.) de tal manera que las empresas funcionan como juez y parte. Una medida insoslayable, entonces, es hacer efectiva legalmente la incompatibilidad de empresas constructoras para identificar y asociar a estas personas con el fin de que accedan a soluciones habitacionales por medio del Fondo Solidario de la Vivienda.

Otra medida clave se relaciona con la implementación de sistemas de certificación para la adjudicación de los proyectos habitacionales que garanticen la utilización de patrones constructivos adecuados. Como actualmente nadie fiscaliza la calidad de las viviendas que se construyen, un sistema de certificación de carácter técnico e independiente es fundamental para salvaguardar los intereses de los potenciales moradores de estas viviendas.

Por otra parte, existe el problema de la localización y devaluación de las viviendas, factores que profundizan la exclusión social de quienes las habitan. Este tipo de viviendas se ubica, además, en sectores que sufren la mayor cantidad de externalidades negativas relacionadas a inundaciones, contaminación y rellenos sanitarios.

La solución a lo anterior pasa inexorablemente por normas regulatorias más estrictas que permitan al Estado evitar el poblamiento "extramuros", remodelar el segundo cinturón urbano de las grandes ciudades y recuperar zonas deterioradas. Además se debe exigir a los municipios mayor control y planificación, determinando mínimas condiciones de equipamiento comunitario, servicios sociales, conectividad, seguridad, etc.

La vivienda es uno de los activos más relevantes para el desarrollo humano y social de las personas, sin embargo, acceder a una adecuada es caro y difícil. Por eso, los programas habitacionales ocupan un lugar destacado en las estrategias de superación de pobreza, aunque, como ocurre en la mayoría de las dimensiones del bienestar, no cualquier solución habitacional supera la pobreza.

Representa un enorme paso el hecho de que nuestro país pueda hacerse estas exigencias. Indudablemente, esto es fruto del nivel de desarrollo que hemos logrado. Es por eso que tales medidas, nacidas de las lecciones aprendidas en estos años, constituyen desafíos para la futura política social y habitacional de nuestro país. Hoy no basta con entregar más viviendas, el desafío es que éstas sean instrumento para la superación de la pobreza y la integración social.