No es un tema nuevo -y lo escuchamos sobre todo en época de elecciones- que la desigualdad de oportunidades que se genera entre personas que nacen en hogares con diferentes condiciones económicas y sociales determinará las oportunidades de éstas durante su vida. Sin embargo, poco o nada hemos escuchado acerca de cómo esa desigualdad se reproduce también en la relación entre las pequeñas y las grandes empresas.

Un estudio que estamos realizando en la facultad está dando resultados que indican de manera empírica y dramática cómo muchas grandes empresas, en forma sistemática, abusan de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que les prestan servicios claves en la realización de su negocio. Esto, en muchos casos, no es más que una expropiación de una parte de las ganancias que las Pymes generan por un servicio prestado a una gran empresa, en donde la existencia de un contrato avala el perjuicio que el grande provoca al más pequeño.

En muchos casos, estas pequeñas empresas prestan servicios que desde el punto de vista del negocio de la gran empresa son fundamentales en el proceso de agregación de valor. Por lo tanto, son proveedores estratégicos, entregando, por ejemplo, servicios de venta para empresas donde la venta es un aspecto clave del negocio. Estas Pymes sufren, además, la particularidad de no poder entregar servicios similares a otras empresas, lo que evidentemente les hace perder eficiencia, no pueden asociarse entre ellas, de modo que pierden todo poder negociador, y muchas veces sus contratos son cambiados en forma arbitraria sin que ello implique ningún tipo de compensación.

Lo anterior no es lo más grave cuando observamos que las prácticas más complejas, y que deberían llamar a la reflexión en el sector empresarial y a los distintos candidatos presidenciales, son otras que rayan en lo abusivo. Esto, porque son las Pymes las que muchas veces se llevan los costos de las malas decisiones que se toman en las grandes empresas para las que trabajan. Es decir, en forma arbitraria se les hace pagar a ellas por malas decisiones que jamás han tomado y, además, sobre las que jamás se les ha consultado.

Para dar sólo un ejemplo: en muchas grandes empresas donde la venta está externalizada los procesos de control y aprobación de un cliente están centralizados, así que las Pymes que venden por ellos obedecen a sus políticas y reglas de decisión respecto a cuándo vender y cuándo no. Sin embargo, observamos empíricamente que quienes pagan por un error en este proceso no son quienes tomaron la decisión incorrecta, sino las pequeñas o medianas empresas, a las que simplemente se les retiene o castigan sus pagos. Eso significa costos que muchas veces superan el 50% de la rentabilidad del negocio que el pequeño pierde y el grande gana.

Esta situación, que se debe revisar, me hace creer que en países como el nuestro la autoridad debería participar de manera activa en la relación contractual que norma muchas actividades comerciales. Se tiene que generar un mecanismo permanente de supervisión -que hoy día insólitamente no existe- al cual los pequeños empresarios puedan acudir para minimizar los abusos y que eliminen estas distorsiones que son siempre aprovechadas en benficio del más grande.

Una sociedad donde existe igualdad de verdad y un crecimiento equitativo debe considerar también un desarrollo de las Pymes donde éstas no sólo sean importantes para el país por el nivel de empleo generado, sino también deberían ser parte importante de las ganancias que se generan. Sólo de esa forma el nivel de salario de un empleado de una Pyme podrá mejorar y con ello estaremos contribuyendo a reducir la brecha entre los que ganan más, que generalmente trabajan en las empresas grandes, y los que ganan menos, que generalmente trabajan en las Pymes y las microempresas.