por Ana Verónica Peña
Fuente:...PrimeraLínea

En medio de la polémica surgida en torno a la credibilidad de los informes entregados por las FF.AA. sobre los detenidos desaparecidos, el Presidente Lagos advirtió que a finales de año, cuando le toque nominar entre la quina de oro al sucesor del general Ricardo Izurieta, considerará, entre otros antecedentes, "el pasado" de los candidatos.

El escueto mensaje posicionó por primera vez una variable que los otros mandatarios concertacionistas no se habían atrevido a reconocer en público.

Ya es conocido el cuestionamiento que han sufrido, en menor o mayor grado, algunos integrantes del actual alto mando con relación a "su pasado" en materia de derechos humanos. Entre ellos, la segunda antigüedad de la institución, Juan Emilio Cheyre, sindicado en un testimonio judicial como partícipe de un Consejo de Guerra en el Regimiento Arica de La Serena, en 1974.

A pesar que se reconoce al interior del Ejecutivo que, en esos tiempos, ningún teniente -cargo que ostentaba entonces Cheyre- podía negarse a participar en uno de estos juicios sumarios sin arriesgar su propia vida, igual el antecedente será un duro escollo por salvar para el más idóneo sucesor de Izurieta, al menos desde el punto de vista del proyecto institucional que se quiere preservar.

Complicada también es la situación del Director Nacional de Inteligencia del Ejército, Roberto Arancibia Clavel, sobre quien pesó recientemente una solicitud de procesamiento por "obstrucción a la justicia" en el caso Tucapel Jiménez. Se le acusaba de haber tenido conocimiento de intentos de subalternos por impedir que algunos agentes de la CNI confesaran ante la justicia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la negativa del ministro Sergio Muñoz a encausarlo, pero le dirigió a todos ellos una "censura" a su actuación.

Una situación más compleja, por cierto, enfrentan los actuales generales de la República en cuyo currículum figura su destinación a la DINA. Más que mal, la propia Corte Suprema, en su fallo condenatorio en el caso Letelier, la consagró como "un organismo criminal". En esta situación están Julio Cerda Carrasco, Mariano Peppi Onetto, Alvaro Guzmán Valenzuela y Oscar Izurieta Ferrer, primo del actual comandante en jefe.

Los tres últimos coinciden también en adjuntar en su currículum el ser graduados de la tristemente célebre Escuela de Las Américas, semillero de los más sangrientos dictadores latinoamericanos y formadora de los más ilustres torturadores. El caso del primo del comandante en jefe es el más sintomático, pues no fue una, sino dos veces a instruirse en guerra antisuvbersiva al país del norte, en 1970 y en 1975.

Entre centenares de oficiales chilenos graduados de esa escuela, figuran también los ex directores de la CNI Humberto Gordon Rubio y Odlanier Mena; el asesino de Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez; los destacados agentes de seguridad Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani y Armando Fernández Larios; además del coronel José Zara, el de los corvos acerados, y el propio hijo mayor del dictador, Augusto Pinochet Hiriart.

La décima antigüedad del Ejército, Carlos Molina Johnson, no fue a estudiar pero sí a dar clases a la Escuela de las Américas, entre el 6 de enero de 1992 y el 18 de marzo de 1993.

De los 41 integrantes del actual mando, no han sido relacionados a casos polémicos, ni cargan con su paso por la DINA o la Escuela de Las Américas, sólo 10 generales. Entre ellos el jefe de sanidad, el auditor general y el obispo castrense, que no corren la carrera por la comandancia en jefe. En los restantes, se encuentra el general Adolfo Vásquez Moreno, ex fiscal militar que absolvió en primera instancia al agente de la CNI Osvaldo Romo y sobreseyó el proceso por la desaparición del amigo personal de Lagos, Arsenio Puopin que hoy figura en las listas entregas a la mesa de diálogo como lanzado al mar.

Con todo, sólo seis generales cuentan con su hoja de vida impecable en materia de derechos humanos como para integrar la quina de Lagos. En orden de antigüedad: Hernán Reyes Santelices (3ª), Alejandro Martin Junemann (4ª), Hugo Arias Sáez (5ª), Juan Carlos Salgado (12ª), Gonzalo Jara Padilla (13ª) y Enrique Slater Escanilla (33ª).

Todos ellos tienen menos de 38 años de servicios, por lo que su permanencia en el Ejército es absolutamente viable. De todas maneras, más allá de los intereses presidenciales, Lagos deberá contar también con la colaboración de Izurieta para tan osado cometido que demandaría la llamada a retiro este año de al menos 11 generales.



Sábado 27 de enero 2001