En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI, recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Ramsés Alvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado "Boccacio" por sus prominentes labios, debía incorporarse al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo operativo de esa Dirección, dirigido por el comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una "operación especial".

Desde hacía unos dos años, la Brigada del Trabajo de la CNI y la Secretaría Nacional de los Gremios, a cargo de Misael Galleguillos, y dependiente de la Dirección de Organizaciones Civiles del gobierno militar, venían insistiendo sobre la necesidad de dar un fuerte golpe al renaciente movimiento sindical opositor.

El líder indiscutido de esa oleada de descontento era el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, el social demócrata Tucapel Jiménez Alfaro.

En otras instancias del régimen militar se aseguraba que el dirigente laboral estaba conspirando con algunos ex oficiales de la Fuerza Aérea y de Carabineros, para intentar desestabilizar al gobierno.

Se ordenaron vigilancias y seguimientos, se interceptaron sus líneas telefónicas, se intentó grabar las reuniones a las que asistía, se pagó a un auxiliar de la ANEF para que informara de sus actividades.

Todos los datos recabados fueron engrosando una carpeta que se actualizaba periódicamente, carpeta que en los inicios de 1982 había llegado a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

"Boccacio", junto a un número hasta hoy impreciso de colaboradores, se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situadas en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como "Cuartel Coihueco", en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald.

Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: "Boccacio" y dos suboficiales de Ejército, identificados hoy como.....

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores.

Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte.

Perico Palote, conocido del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al sindicalista a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera dispara entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior.

Cinco balazos impactan sobre el costado derecho de la cabeza del presidente de la ANEF, quien se resiste a morir.

"Bocaccio" lo sujeta con una mano y con la otra le infiere tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato proceden a limpiar el automóvil y sustraer diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales serían destinados muy pronto a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera volvería a la CNI

El encubrimiento

Casi un año después del crimen de Tucapel Jiménez, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso.

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que se hubiera suicidado de esa manera. Tenía los tendones cercenados.

El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero no las dos.

Su muerte era una nueva operación especial, ordenada esta vez por el alto mando de la CNI, para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez, crimen que tenía sumido al gobierno militar en un mar de recriminaciones.

El capitán de Ejército Alvaro Corbalán Castilla, jefe de la Unidad de Búsqueda de Información Antisubversiva, con sede en el Cuartel Borgoño, bajo dependencia directa del comandante de la División Metropolitana de la CNI, Roberto Schmied Sanzi, había recibido la orden para proceder.

Una noche a comienzos de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Corbalán en la CNI, el capitán ( R) de Carabineros Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y los otros conjurados, entre ellos el jefe operativo de la CNI en Viña del Mar, el mayor Carlos Herrera Jiménez, y el suboficial ( R) de Carabineros Armando Cabrera Aguilar, uno de sus lugartenientes, lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez.

El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron llevar desde Santiago a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti intentó intentó hipnotizar o hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se seguía resistiendo.

Optaron entonces por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Corbalán, Herrera y Cabrera, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Querían comprobar que nadie lo habitaba y preparar el escenario para el último acto de la operación de encubrimiento.

Los confiados agentes de la CNI no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban cinco hombres de la CNI.

Corbalán intentó quedarse en la puerta.

-¡Entra p’os huevón! ¡Tenís que mojarte el poto!-, lo increpó "Bocaccio" mientras colocaba la fecha en la carta: 22 de julio de 1983.

Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos.

Ese exceso fue una de las acciones que los perdería.

Redes protectoras

La investigación de los asesinatos de Tucapel Jiménez y del carpintero Alegría Mundaca se transformó en una de las más largas y apasionantes de la historia procesal chilena.

Los principales autores de ambos crímenes utilizaron durante casi una década las redes protectoras tejidas por los aparatos represivos para ocultar los excesos de sus agentes.

Corbalán, Herrera y Zúñiga, entre otros muchos, figuran en decenas de juicios de diversas índoles, seguidos en los tribunales de justicia del país.

Carlos Herrera, conocido también como "Mauro" en los servicios de seguridad del régimen militar, cumplió un papel relevante en el ocultamiento del químico de la DINA Eugenio Berríos, desaparecido en Uruguay en los prímeros años de la década pasada.

Hasta ahora, pese a los esfuerzos de los magistrados, esos episodios aún permanecen en las penumbras.