A enfrentar la justicia

DE FUJIMORI A PINOCHET: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Frida Modak

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Chile que concedió la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori a su país, algunos han evocado el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pero más allá de algunas coincidencias circunstanciales hay diferencias importantes. La primera de ellas es que Fujimori llegó a la primera magistratura al ganar las elecciones presidenciales de 1990 y no a través de un golpe de estado como el militar chileno. Aunque en 1992 protagonizó un autogolpe, eso le permitió dictar una nueva constitución, ser elegido otra vez y obtener la elección de un parlamento con una mayoría a su favor. En 1995 fue reelecto y así fue legitimado en su país y también por la comunidad internacional.

Su gestión gubernativa se caracterizó por la imposición del modelo neoliberal y por la confrontación con las organizaciones guerrileras que con distintas denominaciones y liderazgos han estado presentes en la historia del Perú. Fujimori logró desarticular a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru cuando éste ocupó la embajada de Japón, episodio muy controvertido tanto porque la muerte de los ocupantes tuvo características de ejecución como por la actitud de samurai que adoptó el entonces mandatario ante sus cadáveres.

Al intentar su segunda reelección la suerte lo abandonó, se generó una situación caótica y huyó a Japón en noviembre de 2000, desde donde renunció al cargo pero no abandonó la idea de reiniciar su actividad política en Perú, donde el fujimorismo es una realidad, su poderío electoral se calcula en un 20 por ciento y su hija Keiko  obtuvo la primera mayoría nacional en las últimas elecciones parlamentarias.

¿TODO PLANEADO?

En la perspectiva de regresar a Perú, Fujimori salió de Japón en un vuelo privado, lo que le permitió no ser detectado en las escalas realizadas y sobrevolar territorio peruano porque el plan de vuelo lo permitía. Así llegó a la capital chilena en noviembre de 2005 y entró legalmente al país porque aún cuando había orden de detención en su contra, la policía del aeropuerto, curiosamente, no se enteró de quien era el personaje, asunto que fue reparado horas después marcando el comienzo de un proceso de extradición que duró casi dos años. Y aquí se da la otra diferencia importante con el caso Pinochet, quien debía ser extraditado a España, donde había un juicio en su contra por violaciones a los derechos humanos y se había dictado la orden de detención que se hizo efectiva cuando llegó a Londres. Aunque se establecieron las causales para extraditarlo, se supone que hubo un arreglo político entre los gobiernos británico y chileno que determinó, después de dos años, que el ex dictador fuera enviado a la nación sudamericana por consideraciones humanitarias y sin cargo alguno. Otros mandatarios han sido juzgados por tribunales internacionales y no porque no se pudiera hacerlo en sus países de origen sino más bien por convenir a los intereses estadunidenses. Esto convierte a Fujimori en el primer presidente extraditado al país que gobernó, para ser juzgado allí, lo cual no es un título del que se pueda presumir.

Al conocer el fallo dijo a un periódico chileno "Para empezar, he venido consciente y voluntariamente a Chile, como una escala para mi viaje de retorno al Perú a fin de que sean examinados mis casos. Por supuesto que habría preferido ser extraditado por uno o dos casos; la expectativa no llegaba a siete. Pero el objetivo de reducir drásticamente el número de acusaciones se ha conseguido. Pero ahora voy hacia Perú con un blindaje legal que me otorga el tratado de extradición y esta sentencia de la Corte Suprema".

De los siete casos, dos son por derechos humanos, pero están tipificados como homicidio calificado y lesiones graves, que son las ejecuciones extrajudiciales de La Cantuta y Barrios Altos, los otros cinco casos son por peculado, pago de sobornos a políticos, intercepción telefónica y allanamiento ilegal. No hay, según la Fiscal de la Nación de Perú, ninguna acusación por delitos de lesa humanidad como sostienen organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este punto también hay una diferencia con los cargos que se le formularon a Pinochet en Chile, que sí fueron de lesa humanidad.

LA REPERCUSIÓN POLÍTICA

Aunque el gobierno del presidente Alan García cumplió con  la obligación de gestionar la extradición de Fujimori, el asunto le complica el panorama político porque los 14 parlamentarios fujimoristas le dan la mayoría en el parlamento, en lo que podría considerarse una alianza tácita, que al escribir estas líneas estaba a prueba en la inminente votación de una interpelación pendiente al ministro del Interior (Gobernación), del que depende todo lo relacionado con el trato que reciba el acusado. Esta alianza tácita ha caracterizado la relación entre estos dos personajes, García inclinó la balanza a favor de Fujimori al darle el apoyo del APRA en la segunda ronda electoral en 1990 y aunque Fujimori enjuició en 1992 a García y lo forzó al exilio, éste fue avisado oportunamente cuando lo iban a detener.

El fujimorismo es una realidad y un proyecto, el ex mandatario no ha sido desconocido por quienes lo apoyaron, como sucedió con Pinochet. Su hija, que lidera esa corriente, reclama que sea tratado como corresponde a un ex presidente de la república y ha declarado que su padre ha sido y es una opción presidencial. Alan García, por su parte, promete un juicio sin  odio, ensañamiento y venganza, apuntando que podría aprovecharse de la situación porque mi casa fue asaltada, fui privado de la nacionalidad durante nueve años, pero, afirmó, eso no lo voy a hacer, agregando que como Jefe de Estado me toca cumplir y hacer cumplir la Constitución y las resoluciones judiciales.

Fujimori ya ha empezado a declarar en el proceso por allanamiento ilegal, en el que él mismo participó, efectuado a la casa de la ex esposa de su  jefe de seguridad nacional, Vladimiro Montesinos, quien se encuentra preso. De esa casa el ex presidente sacó cuatro maletas con videos de sobornos a políticos y empresarios, que podrían ser usados en su defensa. Pero el asunto tiene también una vertiente internacional, que se refiere a las relaciones con Chile, que se desarrollan con altibajos como consecuencia de la guerra de 1879. Algunos medios fujimoristas han sostenido que con la extradición  Chile divide a los peruanos.

El gobierno de García ha anunciado que pedirá  a la justicia chilena la ampliación de los cargos por los que se puede juzgar a Fujimori, a fin de incluir la matanza de 42 presos pertenecientes a Sendero Luminoso, cometida en un penal de máxima seguridad en 1992. El procedimiento podría determinar que tuviera que ser el gobierno chileno el que decidiera, cuestión que lo pondría en una situación no deseada. Por otro lado ha llamado la atención que se quiera incluir este caso, que podría poner nuevamente sobre el tapete la ejecución de más de 200 miembros de Sendero Luminoso en 1986, en una acción del ejército durante el primer gobierno de Alan García.