El informe que está pronto a entregar la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura, pone al Ejército y especialmente a la Armada en el trance
histórico más difícil desde que en marzo de 1991 se conoció el Informe Rettig. El
texto es tan duro, no por su lenguaje sino por lo que revela su contenido, que las Fuerzas
Armadas, y principalmente estas dos instituciones, no tienen aún muy claro cómo
enfrentarán la presión que se les viene encima.
El punto que más las inquieta es que el informe estableció que
la tortura fue una forma institucional de operar durante la dictadura militar en todo el
país, y no fueron actos de individuos que se arrancaron de los mandos. Luego de recibir
los testimonios de 35 mil personas, la Comisión estableció que la tortura fue una
política de Estado.
Enfrentadas a estas dramáticas conclusiones, el conflicto para el
Ejército y la Armada es cuál será su respuesta. Para la Fuerza Aérea y Carabineros lo
será en menor grado, por lo que ha sido su pasar en los últimos años respecto de estos
asuntos. Las alternativas son escasas. O admiten que así ocurrió y aprovechan la gran
oportunidad que tendrán para pedir perdón, o lo niegan, rechazan y descalifican como lo
hicieron con el Informe Rettig.
El problema es que hoy el tiempo es distinto al de 1991, con la
figura de Augusto Pinochet todavía como comandante en jefe del Ejército, y con el
continuador de la implacable línea Merino al mando de la Armada, el almirante Jorge
Martínez Busch, actual senador institucional.
Pero la preocupación del Ejército y la Armada va más allá.
Porque si admiten que efectivamente la tortura fue una política de Estado y por lo tanto
un método institucional aplicado por las Fuerzas Armadas, apenas medio metro más allá
tendrán que reconocer que el exterminio de opositores con más de 3 mil víctimas,
también fue una política de Estado. Lo que no aceptaron en la Mesa de Dialogo sobre
Derechos Humanos de 2000, donde tuvieron otra valiosa oportunidad de hacerlo para pedir
perdón por los crímenes.
Marinos sin vacilar
El informe en cuestión, que consta de unos ocho capítulos,
establece que los detenidos fueron torturados en cada lugar donde permanecieron detenidos,
de Arica a Magallanes. La redacción es detallada. Explica y menciona cada lugar de
tortura región por región y ciudad por ciudad. Relata los tipos de tormentos aplicados.
Y se extiende acerca de los efectos que la tortura dejó en las víctimas, en sus familias
y en la sociedad chilena. Como la Comisión no tiene ámbito jurisdiccional, el informe no
entrega nombres de los torturadores ni de quienes dieron las órdenes.
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Que el texto revele una detallada cantidad de cuarteles y recintos en los que se
torturó afectará principalmente a la Armada. Porque de todas las ramas uniformadas,
ésta es la que, hasta ahora, ha sido menos imputada por delitos cometidos. Si bien la
Armada cuenta con una cuota baja de detenidos desaparecidos y ejecutados (en el informe de
las Fuerzas Armadas sobre el destino de 200 desaparecidos emitido en enero de 2001
después de la Mesa de Diálogo, a la Armada sólo se le asignaron cuatro casos), la
tortura se aplicó en muchos de sus recintos. En verdad, la Armada fue, después de la
DINA y el Ejército, la institución que más torturó y se caracterizó por la crueldad
de los tormentos, la mayoría de las veces muy refinados. Los testimonios recibidos por la
Comisión así lo establecen, aunque ya se conocía desde antes por quienes fueron sus
víctimas.
Incluso la Armada torturó antes del golpe militar, como fue el
caso de los cerca de cien marineros, cabos y un suboficial constitucionalistas acusados de
planear apoderarse de los barcos de la Escuadra para tratar de parar el golpe militar,
detenidos a partir del 5 de agosto de 1973. Una parte importante de ellos concurrió a la
Comisión a prestar su testimonio, mientras otros todavía permanecen en el extranjero
después de exiliarse.
Las torturas
Estos marinos sufrieron la tortura desde las primeras horas
después de su detención, fundamentalmente en el Destacamento Miller y la Escuela de la
Infantería de Marina en el Fuerte Vergara en Las Salinas, en Viña del Mar; en el Cuartel
de Orden y Seguridad Silva Palma en el cerro Playa Ancha en Valparaíso; y en el Fuerte
Borgoño de la Infantería de Marina en Concepción.
Cuando todavía gobernaba el Presidente Allende, a los marinos se les colgó desnudos a
la intemperie en cruces de madera por días, donde se les golpeó, aplicó electricidad y
se les privó de alimentos y agua. Fueron encerrados desnudos en tambores bencineros y
echados a rodar por pendientes. Desnudos, obligados a reptar punta y codo por
espacios techados con alambres de púa a no más de cuarenta centímetros de altura, sobre
piedras filudas y vidrio molido.
Colgados de helicópteros por las noches, se les sacó mar adentro
en Valparaíso para sumergirlos en el agua hasta que sintieran los primeros síntomas de
la muerte por inmersión. Se les perforaron los tímpanos con golpes de manos
aplicándoles el teléfono. Desnudos, se les obligó a permanecer sobre el
canto de una banca por horas, mientras se les sentaban encima. Sus extremidades superiores
e inferiores fueron torcidas en sentido distinto para causarles la asfixia
(tirabuzón). Se les amarró el pene a las muñecas con alambre, mientras se
les puso electricidad en los testículos y el ano para que se causaran heridas en el
miembro al abrir los brazos por el dolor. Fueron obligados a comer sus propios excrementos
y tomar su orina, cuando ya no pudieron controlar el esfínter por el dolor y el terror.
Simulacros de fusilamiento, lamer las botas de los oficiales o golpizas de diez o más
contra un solo individuo desnudo y amarrado, fue lo más suave. Los autores de estas
torturas fueron, principalmente, oficiales jóvenes: tenientes, capitanes y en muy menor
grado suboficiales o clases. Fueron casi los mismos tipos de tortura que los oficiales de
la Armada aplicaron después del golpe, en forma masiva, a los prisioneros en múltiples
recintos de la institución.
Por ello, el informe de la Comisión dejará al descubierto como
evidencia oficial, que en la Armada se torturó a los detenidos en muchos más lugares de
los ya conocidos, como son el buque escuela Esmeralda, el cuartel Silva Palma
o la base aérea El Belloto en la Quinta Región, y la Isla Quiriquina en la Octava.
Respecto del Ejército, el informe pondrá en evidencia que no
sólo torturó la DINA y la CNI en sus centros clandestinos más renombrados en Santiago y
provincias, sino que también se aplicó tormentos en cada cuartel y regimiento de
regiones de sur a norte donde se mantuvo personas detenidas. Por lo tanto, el resultado de
la Comisión sacará a la tortura del exclusivo ámbito de la DINA y la CNI, para ubicarla
ahora en todos los recintos donde hubo prisioneros y no operaban estos servicios de
inteligencia, pero sí personal de Ejército.
Dimensión internacional
La expectación que existe a nivel internacional respecto de este
informe es tan grande, que los miembros de la Comisión y autoridades de gobierno han
recibido constantes visitas y llamados de organismos defensores de los derechos humanos.
No se conoce una experiencia similar en América donde se haya sistematizado en detalle
exclusivamente la aplicación de la tortura en la efervescencia político-social de este
continente. Incluso para Europa, existiendo documentos que dan cuenta de estas situaciones
en períodos de convulsión o guerras, se estima que el informe chileno constituirá una
revelación.
Prisioneros en el
Estadio Nacional. |
Si para el Ejército y la Armada el asunto será inmensamente complicado de enfrentar,
para el gobierno tampoco será fácil. Se sabe que el Presidente Ricardo Lagos ya tomó la
decisión de no hacerlo público antes de las elecciones municipales del próximo 31 de
octubre. Y permanece la duda si lo hará antes de la reunión cumbre de Presidentes de la
APEC que se efectuará en Santiago el próximo 19 de noviembre. Aunque algunos creen que
sí lo hará. No está aún resuelto cómo el Presidente lo dará a conocer al país. Lo
que sí está claro, es que el informe será público, porque no puede ser de otra forma.
A pesar de que desde el Ejército y la Armada se han enviado mensajes sobre la
inconveniencia de hacerlo público, o al menos no tan pronto para postergarlo un tiempo
más. Pero para el gobierno y especialmente para el Presidente, este punto no está en
discusión. Lagos sabe que ésta será recordada como una de sus grandes obras en materia
de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y sobre todo,
respecto de un sector hasta ahora postergado como son las víctimas vivas, o
sobrevivientes de la tortura y la prisión. Muchas de ellas, después de veinte o treinta
años todavía no terminan de rearmar sus vidas ni saldan cuentas con el dolor físico,
síquico y el horror vivido. En este sentido, no existe ninguna alternativa para postergar
la entrega del informe y menos esconderlo de los ojos de los chilenos y el mundo.
Frente al Rettig
El informe será tan minucioso y demoledor, que para las Fuerzas
Armadas y primordialmente para el Ejército y la Armada, no existirá posibilidad de
desvirtuarlo, negarlo o desacreditar a la comisión que lo preparó, como sí lo hicieron
con el Informe Rettig. Aunque, sin aventurar reacciones, siempre cabe la posibilidad de
empatar el informe que vendrá por la recurrida vía de los marxistas
que sembraron el odio durante la Unidad Popular o hubo víctimas por lado y
lado, lo que todavía argumenta el ex dictador Augusto Pinochet para justificar los
crímenes que ordenó cometer. Pero porque hoy corren otros vientos, la expectación crece
acerca de cuál será esta vez la reacción de las Fuerzas Armadas frente a esta nueva
verdad.
El oficial Miguel
Krasnoff Martchenko y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. El informe concluye que el
Ejército en su conjunto fue el que torturó. |
El Ejército no acepta asumir la responsabilidad de hechos que no han sido
probados, menos si las respectivas imputaciones atentan contra su tradición de honor. La
institución y su alto mando, jamás han dejado de hacerse responsables ante la patria de
las acciones que han debido emprender a lo largo de su honrosa historia, dijo la
institución al descalificar el Informe Rettig. Y agregó por lo tanto, el Ejército
rechaza potenciales actos e iniciativas que pretendan reivindicar a personas o grupos que
han sido y siguen siendo negativos para una sana convivencia entre los chilenos.
Esta última parte cobra hoy importante validez ante lo que será la respuesta que tendrá
ahora el comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre. Y lo mismo para la Armada, la
Fach y Carabineros, que también descalificaron en 1991 el Informe Rettig.
La falta de un procedimiento idóneo y debidamente
bilateral, y las apreciaciones, juicios y conclusiones del Informe, desfiguran de tal modo
este proceso que la convicción o verdad que proclama, no pasa de
ser una simple opinión que puede ser compartida o rechazada, dijo la Armada en su
respuesta de 1991. Es muy probable que una parte importante de los testimonios
estén inspirados en propósitos de carácter político o de venganza personal,
añadió la Marina. Otro tanto hizo la Fach y Carabineros.
Por otro lado, se estima que la posición del Ejército y la
Armada estará también marcada porque difícilmente hoy aparecerán políticos o
empresarios (salvo Hermógenes Pérez de Arce y el grupo de ex ministros de Pinochet que
lo acompaña), que desvirtúen o rechacen el contenido del informe. Y menos con la
próxima elección presidencial en la puerta. El líder Pinochet ya no es el
mismo, y hoy incluso está cuestionada su calidad moral y de honor al adquirir una oscura
fortuna vistiendo uniforme.
Sin embargo, se conoce que en la Armada se trabaja en la línea
de, al menos, rebatir el informe sobre algunos lugares donde se dirá que se torturó. En
este sentido, es en la Armada donde se comienzan a visualizar líneas de respuesta
crítica al documento. Pues, como lo reconoció una fuente de esa institución a La
Nación Domingo, la Marina nunca baldeará la cubierta de el
Esmeralda como símbolo para lavar la sangre de los detenidos que, según se
dice, corrió por allí.
Pero no sólo el informe confirmará que la Armada sí torturó en
la Esmeralda, sino que además entregará nombres de otros recintos menos conocidos, o
desconocidos hasta ahora, y ratificará que los tormentos se aplicaron en otros lugares ya
conocidos, pero que la institución continúa negando.
El informe que se entregará al Presidente Lagos antes de que
finalice este mes de octubre y que en un apartado especial incluirá los nombres de las
cerca de 35 mil víctimas de la prisión y la tortura que calificaron en la Comisión,
propondrá también algunas medidas de reparación. Entre ellas, las principales apuntan a
establecer reparaciones morales de variadas formas; asistencia en salud; y una reparación
económica.
Efectos de la tortura
La Comisión también incluirá en su informe un capítulo
sobre los efectos que en los individuos dejó la tortura, muchos de los cuales persisten
en algunos hasta hoy. Aunque acerca de estas secuelas ya después del nazismo se
destacaron sicoanalistas que, sobreviviendo a la experiencia de los campos de
concentración, dedicaron su vida a sistematizar esta vivencia y enseñar sobre ello con
el fin de proteger al ser humano ante futuras situaciones similares. Uno de ellos, el
austríaco Bruno Bettelheim, recluido en los campos de Dachau y Buchenwald, fue quien
acuñó para referirse a la tortura el término de la traumatización extrema
ante una situación límite.
Sus conclusiones están contenidas en su maravillosa obra
Sobrevivir. En ella Bettelheim expone que, de quienes no murieron, aquellos
que mejor lograron sobrellevar el trauma síquico de la tortura, tanto durante la prisión
como después, fueron quienes tenían una formación valórica firme y definida. A ello,
el sicoanalista austríaco Víctor Frankel, que también sobrevivió a Auschwitz y cuya
experiencia está registrada en el libro El hombre en busca de sentido,
agregó que quienes mejor sobrellevaron esta situación límite traumática, fueron
aquellos que encontraron un sentido para seguir viviendo, cualquiera que éste fuera.
Aún en dictadura, en Santiago en 1989 se realizó el seminario
internacional Tortura, aspectos médicos, sicológicos y sociales. Prevención y
Tratamiento. En él se estableció que para destruir el cuerpo social, fue
necesario destruir el cuerpo individual, parafraseando al filósofo argentino León
Rozitchner. De este modo, el objetivo esencial en la práctica de la tortura es
trascender la perversión del acto individual, e instalarse como sistema de horror en lo
inconsciente social, sabiduría siniestra del poder represivo para lograr imponerse como
tal, según escribieron en sus trabajos expuestos en este encuentro las
profesionales chilenas del Instituto Latinoamericano de Salud Mental, ILAS, María Isabel
Castillo, Elena Gómez y Juana Kovalskys.
Otro de los resultados fundamentales de este encuentro fue que, de
acuerdo al seguimiento terapéutico de las víctimas de la tortura en Chile, la mayoría
de ellas enfermó, a veces seriamente, no ya de las secuelas físicas, sino por trastornos
somáticos severos en el aparato digestivo, alteraciones dermatológicas complejas y
crónicas, cuadros de hipertensión y otras enfermedades. Las causas fueron por cierto la
tortura, pero estrechamente vinculado a los efectos de no poder contar en palabras el
sufrimiento y la humillación, silencio tanto o más tortuoso que el dolor físico vivido
que terminó por enfermar el cuerpo y agravar el estado del alma.
Agregan las sicólogas del ILAS en su trabajo la tortura
como experiencia traumática extrema en lo sicológico, somático y social que
el cuerpo social como metáfora del cuerpo individual está dañado de una manera
invisible. Así, la convivencia con lo siniestro durante años se constituye en un modo
habitual de vida, conformando un seudo equilibrio adaptativo donde el horror y lo ominoso
quedaron encapsulados e ignorados en el registro síquico social (...) Los argumentos que
surgen tales como: trascender el dolor, olvidar o perdonar, están íntimamente ligados a
los mecanismos de renegación, aún cuando su inspiración pueda ser muy noble. |