Cinco oficios firmados en 1987 y 1988 por el entonces ministro del Interior y actual senador UDI, Sergio Fernández, en los que negó a los tribunales que cinco desaparecidos del FPMR se encontrasen detenidos por los servicios de seguridad, son casi idénticos a los documentos por los cuales el ministro Juan Guzmán procesó al ex ministro del Interior, general (R) César Benavides y al ex subsecretario de esa cartera, general (R) Enrique Montero.

Surgen de tres coincidencias entre los cinco oficios firmados por Fernández –cuyo desafuero fue pedido ayer- y los que llevaron al encausamiento de Benavides y Montero. Primero, que los cinco frentistas fueron detenidos por la CNI y desaparecieron entre el 8 y el 10 de septiembre de 1987, siendo Fernández ministro del Interior.

Segundo que, como ministro del Interior, Fernández responde al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago (en uno de los cinco oficios) y al presidente de la Corte de Apelaciones de la época (en los otros cuatro), que los frentistas José Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete (los oficios no se refieren al quinto militante Julio Muñoz), no se encuentran detenidos.

Y tercero, que cuatro de los cinco oficios responden a requerimientos de la Corte de Apelaciones de Santiago por recursos de amparo interpuestos por familiares de las víctimas.

La conjugación de estos tres elementos permitieron finalmente al juez Guzmán obtener los antecedentes suficientes, largamente buscados, para procesar a Benavides y Montero.

Uno de los oficios de fecha 22 de octubre de 1987, Nº 3028, dirigido por Fernández al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago dice: “Esta secretaría de Estado no ha dictado orden o resolución alguna que afecte a los amparados José Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete. Asimismo, consultados los Servicios de Seguridad, han informado no haber detenido a las personas mencionadas”.

En este oficio, como en otros dos de los cinco, Fernández, además de decir a la Corte que su ministerio “no ha dictado orden o resolución alguna” en contra de los frentistas, agrega además la frase que inculpó a Benavides y Montero: “consultados los Servicios de Seguridad, han informado no haber detenido a las personas mencionadas”. El punto es importante para las precisiones del derecho penal al momento en que un juez resuelve.

En el caso del entonces subsecretario del Interior de la época, el actual diputado RN Alberto Cardemil, si bien los abogados querellantes no pidieron ayer su desafuero, iniciaron la búsqueda de los oficios que reúnan los mismos elementos conjugatorios que se dieron en los documentos firmados por Benavides, Montero y ahora Fernández. Cabe recordar que Montero fue procesado por el juez Guzmán al firmar estos oficios como ministro del Interior subrogante, lo que se sospecha pudiera haber hecho también Cardemil.

En el proceso por los cinco frentistas que instruye el ministro Hugo Dolmetsch, quien debiera en este caso resolver el desafuero de Fernández pedido ayer al ministro Guzmán en la causa Operación Cóndor, está determinado que éstos fueron detenidos por un comando CNI que lideró el agente Kranz Bauer, encausado en este juicio, entre otros, junto al ex jefe de la CNI Hugo Salas Wenzel y Alvaro Corbalán.

El abogado Eduardo Contreras, quien pidió el desafuero de Fernández ayer además de una serie de diligencias relacionadas, incluyó en la petición el caso de los cinco frentistas.